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C. Constitucional anula creación del Instituto de
Donación de Órganos
La Corte Constitucional tumbó la creación del Instituto Nacional de Donación y
Trasplante de Órganos y Tejidos (INDTOT) al declarar como inexequible el
artículo 162 de la Ley 2294 de 2023, al considerar que el Congreso de la
República incumplió los principios fundamentales del trámite legislativo al
incluir la norma dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
"Declarar la inexequibilidad del artículo 162 de la Ley 2294 por la cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de
Vida”", señaló la Corte Constitucional.
En el fallo, el alto tribunal consideró que el Congreso "desconoció los
principios de consecutividad e identidad flexible, que dotan de racionalidad y
coherencia al trámite legislativo, al incluir la creación del Instituto Nacional
de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos mediante una proposición para los
debates de las plenarias de Senado y Cámara".
Agregando que la Sala logró verificar que el principio de unidad de materia fue
desconocido al momento de incluir la norma en el PND, resaltando que la ley no
resulta de carácter instrumental para conseguir lo proyectado y planeado dentro
del Plan, sino que lo que busca es una transformación nacional.
De la misma forma, el magistrado Antonio José Lizarazo aclaró que su voto en la
decisión tomada por la Corte Constitucional se basa en su propósito de insistir
en el que el Alto Tribunal debe ser más estricto en el proceso de análisis y
valoración del cumplimiento de las normas.
Benedetti no debería ocupar altos cargos públicos:
Iris Marín
La Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, expresó su enérgico rechazo al
posible
nombramiento de Armando Benedetti
como asesor del gobierno, argumentando que su historial de comportamientos
cuestionables lo descalifica para ocupar altos cargos públicos.
En un reciente pronunciamiento, Marín instó al presidente de la República a no
considerar a Benedetti para este tipo de posiciones, subrayando que tal decisión
sería un paso coherente con la promoción de la igualdad de género que el actual
gobierno dice defender.
Marín enfatizó que Benedetti debería asumir la responsabilidad por sus acciones
pasadas y renunciar a cualquier aspiración política.
"El señor Armando Benedetti debería asumir su responsabilidad por
comportamientos pasados y renunciar a la posibilidad de ocupar altos cargos
públicos", afirmó, haciendo eco de una creciente preocupación social sobre el
impacto que tendría su nombramiento en la percepción pública de la
administración actual.
Los comentarios de Marín se producen
en un contexto donde Benedetti ha sido objeto de críticas por presuntas
conductas inapropiadas, incluyendo acusaciones de violencia intrafamiliar. Estas
alegaciones han generado un debate público sobre la idoneidad de figuras
políticas con antecedentes controvertidos en posiciones de poder.
Las
acusaciones contra Benedetti incluyen un incidente reportado por su esposa,
Adelina Guerrero, quien lo denunció por violencia de género en España. Según
informes,
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durante una discusión en junio, Benedetti presuntamente la amenazó con un
cuchillo, lo que llevó a la intervención policial.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, Benedetti invocó su condición de
diplomático para evitar detenciones inmediatas. Este hecho ha sido objeto de una
investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación en Colombia.
Fiscalía apela absolución por paramilitarismo de Santiago Uribe
La fiscalía General de la Nación presentó recurso de apelación frente al fallo
absolutorio del juez primero del Circuito Especializado de Antioquia, en favor
de Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe, e
investigado por presunto paramilitarismo en relación con la conformación del
grupo armado denominado como “los doce apóstoles”, bajo los delitos de homicidio
agravado y concierto para delinquir agravado.
El recurso judicial fue presentado
ante el Tribunal Superior de Antioquia, bajo la sustentación del fiscal décimo
delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Néstor Millán. Solicitando que se
revoque el fallo proferido en primera instancia al considerar que el procesado
tiene relación con los hechos mencionados en la investigación”. Sin embargo, en
el fallo de primera instancia se explica que la Fiscalía no logró demostrar la
responsabilidad de Santiago Uribe en los delitos que el ente investigador
mencionaba y que no existía suficiente evidencia para emitir sentencia
condenatoria.
De igual manera, el ente acusador advierte que el juez Primero Penal del
Circuito Especializado de Antioquia no tomó en cuenta todas las pruebas
presentadas por la parte demandante, por lo que “solicita a la magistratura
proceder a la revocatoria de la sentencia de primera instancia”. Además, el ente
también exige, cuando menos, la obligación de señalar en concreto las razones de
disenso con lo decidido, para cuyo efecto el discurso no puede ser diferente al
de la providencia misma.
Por su parte, la Procuraduría
Delegada, presentó la misma solicitud y pidió la revocatoria de la absolución de
manera inmediata, luego de señalar que existen evidencias claras que vinculan al
señor Santiago Uribe Vélez entre las que se incluyen pruebas documentales y
testimoniales con acciones armadas en varios municipios ubicados en el norte del
Departamento de Antioquia y que estaban vinculadas a grupos de “exterminio
social”.
Al respecto, el funcionario del Ministerio Público explicó que “en primera
instancia el juez negó la petición de la Procuraduría y determinó absolver al
procesado tras una decisión que como lo demostramos fue fruto de una valoración
errónea de la prueba practicada. Con la equivocada determinación, el funcionario
judicial se apartó de la veracidad sobre el
material probatorio y afectó los
derechos de las víctimas determinadas e indeterminadas que por años han esperado
justicia en cada uno de los procesos”.
Ahora, la determinación queda en manos del Tribunal Superior de Antioquia y a la
espera de conocer sí se procede a revocar el fallo inicial y retomar el proceso
o, por el contrario, las investigaciones se cierran en segunda instancia. Los
hechos sobre los cuales se investiga a Santiago Uribe se relacionan con un grupo
armado financiado por presuntamente ganaderos y otras personas en Antioquia para
hacer limpieza social entre 1994 y 1998, en total murieron 533 personas durante
la existencia de ese grupo armado.
Ley de financiamiento continúa haciendo agua en el
Congreso
A puerta cerrada se reunieron los
coordinadores y ponentes del proyecto de
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ley de financiamiento que fue
presentado por el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda Ricardo Bonilla,
en ese sentido el presidente del Senado Efraín Cepeda explicó que “la ley de
financiamiento está en trámite, las comisiones económicas ya nombraron ponentes,
y se aprobaron las audiencias para debate. El proyecto se está sesionando en
forma conjunta las comisiones económicas, se darán todas las garantías de
debate. una vez se surtan las audiencias tendremos ponencia y se discutirán en
esas comisiones.
A su turno, el senador Miguel Uribe del Centro Democrático explicó que “el
Gobierno, de manera irresponsable, hizo cuentas alegres, como alrededor del
recaudo por concepto de arbitramento de litigios de la DIAN que esperaban fuera
de 10 billones de pesos y de esa proyección no hubo recaudo. Además, por
concepto de la no deducibilidad de regalías tumbado por la Corte Constitucional,
se dejaron de recaudar 6,7 billones de pesos. Es hora de tomar medidas reales y
efectivas para que el país no caiga en una crisis fiscal sin precedentes”.
Así mismo, el senador Carlos Julio González del Partido Cambio Radical, señaló
que esa bancada no va a respaldar la ley de financiamiento que propone el
Gobierno nacional y que espera recaudar cerca de $12 billones de pesos, una de
las razones principales es que, en 2022, ya se le aprobó a este Gobierno una
primera reforma tributaria y presentar otra adicional no es bueno para el país.
Desde esa bancada, la iniciativa se considera lesiva para la economía nacional y
los ciudadanos de a pie no pueden asumir más impuestos.
Además, este Diario conoció que la bancada liberal de la senadora Karina
Espinosa en la Comisión Tercera del Senado, tampoco va a acompañar la iniciativa
de financiamiento. Esto, teniendo en cuenta que el impuesto al carbono y al
carbón, afectarían a un grupo importante de ciudadanos. Según esta colectividad,
una de las propuestas que fueron presentadas al Gobierno es bajar la cifra de
$12 a $6 billones de pesos. Sin embargo, y aunque esta proposición prospere, el
Partido Liberal en el Senado no tendría pensado apoyar la ley de financiamiento
que presentó el Ministerio de Hacienda al Congreso.
En la Cámara de Representantes
Frente a este particular, el representante de la Alianza Verde, Wilmer
Castellanos, explicó que “nos reunimos coordinadores y ponentes en el Ministerio
de Hacienda a través de una mesa de trabajo para estudiar y discutir la ley de
financiamiento. Insistimos en la necesidad de revisar con lupa las implicaciones
de su articulado en el bolsillo de los colombianos, no estamos de acuerdo con
más Impuestos a las personas naturales ni a las pequeñas y medianas empresas”.
Para partidos como Cambio Radical el escepticismo sobre el proyecto de reforma
tributaria está a la orden de día, pues inicialmente la representante Lina María
Garrido manifestó que “si las discusiones se llevan con la misma prepotencia y
falta de garantías por parte del Gobierno nacional creo que la ley de
financiamiento va a tener el mismo resultado que el presupuesto general. Sin
embargo, ya hay una solicitud de encuentro entre las comisiones económicas y el
presidente Petro al respecto. Desde Cambio Radical nos mantenemos en la posición
de que esto no es conveniente para los colombianos, al contrario, e inclusive la
misma reforma laboral que impone mayor carga tributaria a quienes generan empleo
y más carga tributaria, van a asfixiar a quienes hoy están sosteniendo la
economía”.
A su turno, el representante Víctor Salcedo del Partido de La U, explicó que “se
hacen todas las cosas al revés, porque presentar un presupuesto e incluida una
reforma tributaria vestida de ley de financiamiento que ni siquiera ha sido
sometida al Congreso, me parece que desde ahí hay una prevención de los
legisladores frente a la ley de financiamiento. Siempre he dicho que más
reformas tributarias a donde le vamos a meter más la mano al bolsillo de los
colombianos, no debemos tener en cuenta eso, además la reforma tributaria que
debía presentar este Gobierno ya se aprobó”.
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