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Juez ordena a Miguel Polo Polo ofrecer disculpas
públicas a madres de falsos positivos
El juzgado 30 civil del circuito de Bogotá emitió el día de ayer una orden que
obliga al congresista Miguel Polo Polo a ofrecer disculpas públicas a las Madres
de Soacha y los familiares de las víctimas de los falsos positivos, tras un
video publicado por el legislador el pasado 6 de noviembre. En este material,
Polo Polo revictimizó a las madres de las víctimas, lo que el tribunal consideró
como "una grave falta de respeto y vulneración a la dignidad de las víctimas".
El video fue grabado durante una instalación artística realizada por las Madres
de Soacha en la Plaza Rafael Núñez del Congreso de la República, donde las
madres colocaron botas intervenidas como símbolo de los crímenes cometidos en
los falsos positivos. Polo Polo no solo cuestionó la instalación, sino que
también arrojó las botas en una bolsa de basura, generando un gran rechazo entre
los asistentes y diversas organizaciones.
El congresista aseguró en el video: “Yo le quiero preguntar quién le habrá
pagado a esos presuntos campesinos que vinieron aquí al Congreso a ensuciar la
Plaza Rafael Núñez para poner estas botas”. Estas palabras desataron la
indignación de las madres y familiares de las víctimas, quienes no tardaron en
presentar una acción judicial.
El tribunal ordenó que Polo Polo se disculpara públicamente en un medio de
comunicación de alcance nacional y que restituyera la obra artística "Mujeres
con las botas bien puestas", que había sido objeto de su ataque. Además, la
decisión enfatizó que el comportamiento del congresista vulneró los derechos de
las víctimas y agrandó el dolor de quienes han sufrido la pérdida de sus seres
queridos en medio del conflicto armado.
La resolución también recibió apoyo por parte de instituciones como la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Centro Nacional de Memoria Histórica
(CNMH) y el Ministerio de Cultura, que condenaron el acto de intolerancia.
Desde el equipo de Polo Polo, sin embargo, se anunció que se impugnará el fallo.
La controversia sigue siendo tema de debate en el país, donde la memoria
histórica y el respeto por las víctimas continúan siendo puntos clave en la
discusión pública.
Informe preliminar de la ONU sobre cuerpos no
identificados en Colombia genera incertidumbre
El informe preliminar del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU,
presentado recientemente tras su tercera visita a
Colombia, ha desatado una ola de reacciones y cuestionamientos sobre la
situación de los desaparecidos en el país. El documento, que no es definitivo y
será discutido en Ginebra en 2025, menciona una cifra alarmante: alrededor de
20.000 cuerpos no identificados en un hangar del Aeropuerto El Dorado de Bogotá.
Sin embargo, esta información ha sido objeto de controversia, tanto por su falta
de precisión como por la contradicción con las investigaciones locales.
El Comité, a través de la experta
Carmen Rosa Villa, aseguró que la información sobre los 20.000 cuerpos provino
de fuentes confiables, específicamente del Instituto de Medicina Legal. Villa
aclaró que estos cuerpos no habían sido hallados en el aeropuerto, sino que se
encontraban resguardados allí debido a la falta de espacio adecuado en otras
instalaciones. El Comité expresó preocupación por las condiciones de los restos
humanos y la incapacidad de las instituciones responsables de su identificación.
Sin embargo, tras la publicación del informe
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preliminar, la Procuraduría General
de la Nación realizó una revisión exhaustiva de los hangares en El Dorado y no
encontró evidencia de los cuerpos mencionados. El Ministerio Público, luego de
inspeccionar durante más de cuatro horas, concluyó que los espacios visitados
son áreas destinadas a la operación aeroportuaria y no a la conservación de
restos humanos. La noticia ha generado incertidumbre y desconfianza en la
veracidad del informe, dado que las autoridades colombianas no han podido
corroborar los datos proporcionados por el Comité.
En medio de este escenario, el embajador de Colombia ante la ONU, Gustavo
Gallón, ofreció declaraciones en las que trató de aclarar la situación. Según
Gallón, el Comité había recibido información de una entidad estatal sobre la
presencia de los cuerpos, pero no especificó si fue el Instituto de Medicina
Legal el responsable de proporcionar los datos. En su conversación con la
presidenta del Comité, Gallón fue informado de que la visita había incluido
reuniones con varias entidades del Estado, como la Fiscalía, la JEP y el propio
Medicina Legal, pero no se realizaron observaciones durante esos encuentros.
Aunque el embajador reconoció que la falta de un informe definitivo deja abierta
la posibilidad de aclaraciones, también enfatizó que el número exacto de cuerpos
y su ubicación no son lo más relevante. En su opinión, lo crucial es que existen
cuerpos sin identificar, lo que representa una violación grave a los derechos
humanos. Según el informe final de la Comisión de la Verdad, hay más de 25.000
personas desaparecidas cuyas identidades aún no han sido determinadas, muchas de
ellas bajo circunstancias que involucran a agentes del Estado y paramilitares.
Gallón también destacó que, a pesar de las dificultades en la identificación de
los restos, el gobierno colombiano ha mostrado un compromiso renovado con la
resolución de estos casos. Aunque las políticas en esta área aún no han
producido resultados inmediatos, el embajador expresó que el actual gobierno ha
fortalecido los esfuerzos para abordar las violaciones a los derechos humanos
del pasado y ha establecido diversas estrategias para la búsqueda de justicia.
Desde una perspectiva más amplia, Gallón señaló que existen varios factores que
contribuyen a la magnitud del fenómeno de las desapariciones forzadas. En primer
lugar, mencionó la responsabilidad directa del Estado en muchas de estas
desapariciones, ya sea por acción o por encubrimiento. En segundo lugar, destacó
la impunidad, que según los informes de la Comisión de la Verdad, supera el 90%
en casos de derechos humanos, lo que dificulta la resolución de estos crímenes.
A esto se suman la naturaleza del delito, que a menudo implica ocultar los
cuerpos, y la magnitud del fenómeno, que hace difícil rastrear y identificar
todos los restos encontrados.
Para el embajador, uno de los
aspectos más importantes es que, más allá de la polémica sobre los cuerpos en el
aeropuerto, existe una voluntad real de encontrar a los familiares de las
víctimas. Aunque los avances no han sido inmediatos, los esfuerzos para superar
las violaciones de derechos humanos en Colombia continúan siendo una prioridad.
Según Gallón, informes como el del Comité pueden ayudar a fortalecer las
políticas gubernamentales y acelerar el proceso de justicia para las víctimas de
desapariciones forzadas.
El debate sobre la desaparición forzada y la identificación de cuerpos no
identificados en Colombia sigue siendo un tema candente. Mientras las
autoridades colombianas y las organizaciones internacionales continúan
trabajando en la verifi
cación de los hechos, el país
enfrenta un desafío complejo en su búsqueda por hacer justicia a las víctimas de
décadas de violencia y desapariciones, un proceso que, aunque largo y doloroso,
es esencial para sanar las heridas del pasado y avanzar hacia un futuro más
justo.
Capturan a madre implicada en tentativa de homicidio de su hija en Risaralda
La Policía de Risaralda informó la captura de
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una mujer de 19 años, de
nacionalidad venezolana, por estar implicada en la tentativa de homicidio de su
hija de un año. La menor, que ingresó hace aproximadamente diez días a la Unidad
de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario San Jorge, presentó signos
graves de maltrato físico que pusieron en peligro su vida.
Los hechos se habrían registrado el pasado 24 de noviembre, cuando la madre
llevó a su hija al Hospital de Balboa, asegurando a los médicos que la niña se
había caído. Sin embargo, tras un examen médico más detallado, los profesionales
detectaron signos evidentes de violencia, incluyendo hematomas en varias partes
del cuerpo y un trauma craneoencefálico severo que aún mantiene a la pequeña
bajo cuidados intensivos y sedada.
Ante la gravedad de las lesiones, la niña fue trasladada al Hospital
Universitario San Jorge en Pereira, donde los médicos confirmaron que las
heridas no coincidían con la versión de la caída accidental que había dado la
madre. A través de entrevistas, análisis forenses y labores de vecindario, las
autoridades lograron desmentir la declaración inicial y concluyeron que las
lesiones solo podían haber sido causadas por una violencia física significativa.
Con esta evidencia, la Fiscalía solicitó la captura de la madre, quien fue
arrestada en Balboa y puesta a disposición de la justicia. La mujer enfrenta
cargos por violencia intrafamiliar y tentativa de homicidio. El caso ha generado
conmoción en la comunidad, que ahora espera que se haga justicia por este cruel
acto de violencia contra una niña indefensa.
La investigación continúa, y las autoridades han reiterado su compromiso de
proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar, especialmente a los más
vulnerables, como los niños.
Envían a la cárcel a hombre señalado por el
secuestro, tortura y homicidio de ganadero en Antioquia
Un hombre señalado de ser el presunto responsable del secuestro, tortura y
posterior asesinato de un joven ganadero en Antioquia fue enviado a prisión tras
la decisión de un juez en Medellín. Juan David Royero Salgado, de 26 años, fue
arrestado en el barrio Laureles de la ciudad luego de una minuciosa
investigación liderada por la Fiscalía y el Gaula Militar.
El crimen que ha sacudido a las comunidades de Dabeiba y Santa Fe de Antioquia
ocurrió el pasado 25 de enero, cuando Manuel Antonio Causil Sandoval, un
ganadero de 23 años, fue citado bajo falsas promesas de negociar una finca en
una zona rural de Santa Fe de Antioquia. Al llegar al lugar, Causil fue
interceptado por un grupo armado que se identificó como miembros del Clan del
Golfo, quienes lo secuestraron y lo torturaron antes de asesinarlo.
El arresto de Royero se produjo luego de que se encontrara en su posesión una
suma significativa de dinero, más de 760 millones de pesos, junto con una
pistola calibre 9 milímetros, cartuchos, y varias tarjetas SIM, elementos que
han sido considerados como parte de las evidencias en el caso. La detención de
Royero fue el resultado de un operativo conjunto entre el Cuerpo Técnico de
Investigación (CTI) de la Fiscalía y el Gaula Militar, que tras una exhaustiva
investigación, lograron vincularlo directamente con el crimen.
Royero enfrenta una serie de cargos graves, incluidos secuestro extorsivo
agravado, homicidio agravado, tortura, hurto calificado, y lavado de activos.
Aunque el acusado no aceptó los cargos en su contra, un juez de control de
garantías aprobó la solicitud de la Fiscalía para imponerle la medida de
aseguramiento intramural.
Este caso ha generado gran consternación en la región, no solo por la brutalidad
del crimen, sino también por el nivel de violencia involucrado, lo que pone de
relieve la creciente preocupación por la presencia de grupos armados ilegales en
el occidente de Antioquia. La investigación continúa en busca de más detalles y
posibles cómplices.
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