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Publican hoja de vida de Diego Guevara para
MinHacienda
La Presidencia de la República publicó la hoja de vida de Diego Guevara, quien
asumirá el cargo de Ministro de Hacienda en reemplazo de Ricardo Bonilla, tras
su salida del gobierno en medio de un escándalo de corrupción relacionado con la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Se presume que el viceministro tomará posesión formal del cargo ante el
presidente una vez transcurran tres días hábiles desde la publicación de sus
documentos, aunque se espera que asuma funciones de inmediato, incluso antes de
la ceremonia oficial.
Gustavo Petro, desde Montevideo, anunció el nombramiento de Guevara, quien hasta
ahora se desempeñaba como viceministro de Hacienda. El mandatario defendió la
gestión de Bonilla, destacando el trabajo realizado en la lucha contra la
asfixia de los fondos de la deuda pública interna y externa, y la reducción del
déficit heredado del gobierno anterior.
El nuevo MinHacienda, se enfrentará a desafíos como el trámite de la ley de
financiamiento en el Congreso, también deberá afrontar la tarea de mantener la
estabilidad económica y gestionar el presupuesto nacional, mientras impulsa
políticas de austeridad fiscal y reactivación económica.
¿Quién es Diego Guevara?
Nacido en Bogotá en 1985, Guevara es ingeniero mecatrónico con un magíster y
doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Su carrera
académica incluye una larga trayectoria como profesor e investigador en varias
universidades colombianas, entre ellas la Universidad Nacional. También fue
consultor para la Agencia Francesa para el Desarrollo en temas de macroeconomía
y cambio climático.
Su incursión en el sector público comenzó en el gobierno de Gustavo Petro,
cuando asumió el cargo de viceministro de Hacienda en 2022, durante la gestión
del entonces ministro José Antonio Ocampo. Es un firme defensor de las políticas
económicas del gobierno actual, con un enfoque en impuestos a la tierra y
grandes capitales, y es conocido por su visión económica de escuela keynesiana,
que promueve políticas contracíclicas y el papel activo del Estado en la
redistribución de la riqueza.
Uno de sus mayores mentores es Stanley Malinowitz, y su pensamiento político se
ha alineado con figuras como Yanis Varoufakis, el exministro de Finanzas de
Grecia, quien se opuso al plan de austeridad fiscal encabezado por Alemania. Su
nombramiento como Ministro de Hacienda, además de marcar un hito por su
juventud, representa un desafío significativo en un contexto político y
económico complejo para el gobierno de Petro.
Guevara será el ministro de Hacienda más joven del siglo XXI en Colombia, y su
llegada al cargo coincide con una coyuntura crítica para el gobierno,
particularmente en lo relacionado con la ley de financiamiento, que enfrenta
grandes obstáculos tanto en el Congreso como en la opinión pública.
Caso Ungrd: Julián Peinado guardó
silencio ante la Corte Suprema
El representante a la Cámara por el Partido Liberal, Julián Peinado, compareció
este lunes ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema
de Justicia en el marco de la indagatoria vinculada al escándalo de corrupción
relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Durante la diligencia, el representante decidió guardar silencio, aduciendo que
estaba a la espera de la resolución de diversas solicitudes realizadas por su
defensa.
Este proceso involucra a varios congresistas de la Comisión Interparlamentaria
de Crédito Público por presuntos vínculos con el favorecimiento en contratos a
cambio de apoyo político.
Al finalizar la diligencia, Peinado explicó que toma la medida debido a que
"hemos guardado silencio en tanto se resuelvan algunas inquietudes que tenemos
que están en trámite de algunas solicitudes realizadas por mi abogada".
Además, aclaró que el magistrado investigador le había informado que, en caso de
ser necesario, se podría "complementar la información a través de la iniciación
nuevamente de la indagatoria".
El congresista rechazó las acusaciones que lo vinculan con Olmedo López y
Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, respectivamente,
quienes son parte de los principales involucrados en el escándalo.
Aseguró: "Ya hay documentos de
amplio conocimiento de los listados de ingresos a la Unidad de Riesgo y
efectivamente se puede constatar que en ningún momento he asistido allí. Lo he
dicho en declaraciones públicas y en mis comunicados públicos: no conozco al
señor Olmedo, no conozco al señor Sneyder, nunca he tenido comunicación con
ninguno de ellos, nunca he tenido un chat, un mensaje, un correo ni tampoco he
ido a tramitar ningún tipo de gestión en esta institución".
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El representante también mencionó que, más adelante, su defensa pedirá que se
comparezcan nuevos testigos en el proceso. "Por supuesto que más adelante
solicitaremos también la comparecencia de algunos testigos en su momento
procesal", afirmó Peinado.
Este caso ha salpicado a otros congresistas, como Karen Manrique, Wadith Manzur
y Liliana Bittar, quienes, al igual que Peinado, decidieron guardar silencio
durante sus respectivas diligencias. Según los testimonios de Olmedo López,
exdirector de la UNGRD, algunos de estos congresistas habrían sido beneficiarios
de contratos gestionados desde la entidad.
Mientras tanto, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla también está vinculado
al caso, debido a las presuntas maniobras para asegurar los contratos a cambio
de apoyo para la aprobación de iniciativas clave dentro de la Comisión
Interparlamentaria de Crédito Público.
El 2024, un año traumático para la
jurisdicción electoral
Las elecciones del 2026 tienen en su antesala en 2024 un año traumático en la
jurisdicción electoral, con hechos como la caída en la Corte de la reforma al
respectivo Código; los señalamientos del presidente Petro al Consejo Electoral
por la investigación a él y su campaña porque presuntamente sobrepasó topes de
gastos; y por la apertura de un expediente en la Superintendencia de Industria a
funcionarios de la Registraduría por obstrucción a su actuación por eventual
afectación a la libre competencia en la contratación.
También en el Consejo Nacional Electoral (CNE) en este periodo hubo
incertidumbre por la permanencia del magistrado Altus Baquero, pues el Consejo
de Estado declaró la nulidad de su elección, al determinar que no cumple el
requisito de 15 años de experiencia en el ejercicio de la profesión de abogado;
sin embargo, luego de más de dos meses fuera del cargo, fue restituido por un
fallo de la Corte Constitucional.
Ello sin olvidar que sigue encendido
el debate, que atizó nuevamente el propio presidente Petro por la investigación
a él y su campaña, sobre la necesidad que ven algunos de reformar el CNE,
especialmente por el origen político de los nueve magistrados que lo componen,
pues son elegidos por el Congreso en pleno de listas que presentan, en solitario
o en coalición, las bancadas de los distintos partidos allí presentes.
Incluso, hay quienes consideran que se debería suprimir el CNE y ser reemplazado
por un tribunal electoral.
Otro aspecto fundamental para tener en cuenta de cara a los comicios del 2026,
es que se realizarán en el marco de la normatividad que ha imperado en los
últimos ejercicios en las urnas, pues, como se dijo, se cayó en la Corte
Constitucional la reforma del Código Electoral, y varios proyectos de ley en
aspectos puntuales, como la regulación de las encuestas políticas, no han tenido
eco hasta el momento en el Congreso.
Choque con el presidente
Como es conocido, el presidente Petro rechazó la investigación que abrió el CNE
el pasado 8 de octubre a él y a su campaña porque encontró que la misma superó
en más de $5 mil millones los límites de gastos para primera y segunda vueltas
en los comicios del 2022. Según el organismo, omitieron reportar varios aportes,
así como también porque se habrían recibido donaciones de fuentes prohibidas.
El jefe de Estado ha puesto de
presente que el CNE no tiene competencia para adelantar este proceso, porque
esta solo le corresponde a la Comisión de Acusación de la Cámara.
Entonces, en este caso como se plantean dos situaciones de extrema importancia
en el orden constitucional y legal, pues por un lado Petro sostiene que con la
investigación “se ha roto el fuero integral del presidente de la República de
Colombia, que defiende la Constitución. Hoy se ha dado el primer paso de un
golpe de Estado contra mí como presidente”. En tanto que, por el otro lado, hay
quienes piensan que el fuero que tiene el jefe de Estado no puede ser usado como
una especie de patente de corso para evadir la jurisdicción electoral, pues la
normatividad existente establece que los candidatos y el gerente de campaña
tienen responsabilidad, no solo administrativa sino también penal, por
irregularidades que se presenten en la financiación, como es superar los topes
de gastos.
En esta discusión el Consejo de Estado ya hizo claridad al señalar que el CNE sí
tiene competencia para investigar administrativamente al presidente, pues las
investigaciones que adelanta contra las campañas electorales
presidenciales de la Coalición Pacto Histórico del año 2022 “incluyen de manera
inescindible al entonces candidato presidencial”.
Al tiempo que advierte el alto tribunal que “lo anterior, sin desconocer el
fuero constitucional del presidente de la República para ser investigado y
eventualmente sancionado con la pérdida del cargo por causales de indignidad
política, exclusivamente, por el Congreso”.
A pesar de ello, el presidente Petro
optó por defenderse solo en las investigaciones que adelanta la Comisión de
Acusación de la Cámara por este asunto y desconocer la jurisdicción del CNE.
El abogado Héctor Carvajal dirigió una carta al CNE en donde anuncia que no
responderán al pliego de cargos en contra del mandatario.
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También vale anotar que este año se presentó inestabilidad en la presidencia del
CNE, algo no visto hasta el momento, porque es un proceso que por lo general se
lleva a cabo sin traumatismos, en donde el presidente es escogido por consenso
para un periodo de un año.
En abril pasado fue elegida como presidenta la magistrada Maritza Martínez, del
Partido de la U, quien apenas estuvo cinco meses en el cargo pues el 26 de
septiembre la reemplazó César Lorduy, de Cambio Radical.
La semana anterior nuevamente se movió la presidencia del CNE, porque Lorduy
renunció a la corporación, aparentemente para no inhabilitarse y poder aspirar
al Congreso en 2026. Fue reemplazado por Álvaro Prada, del Centro Democrático.
Fallida reforma al Código Electoral
La Corte Constitucional declaró inexequible en agosto pasado la reforma al
Código Electoral por errores en su trámite en el Congreso, el cual establecía
varios ajustes significativos, como la doble instancia y separación de funciones
en algunos de los procedimientos administrativos ante el CNE; la creación de
tribunales electorales; la adopción también del voto anticipado y la ampliación
hasta las 5 de la tarde de la jornada de votaciones.
La Corte encontró en su estudio a esta ley estatutaria que no tuvo análisis de
impacto fiscal, no hubo consulta previa de los artículos relacionados con la
circunscripción indígena ni se dio el suficiente debate.
Encontronazo Registraduría y Superindustria
La Superintendencia de Industria y Comercio abrió en marzo pasado un expediente
sobre contratación en la Registraduría Nacional para establecer si cumple con la
libre competencia económica. Con ese propósito hizo visitas a esta entidad,
encargada no solo de administrar todo lo que tiene que ver con la identidad de
los colombianos, sino de la logística para las elecciones.
La inspección que adelanta esta Superintendencia en la Registraduría se produjo
después de que el presidente Petro cuestionara en X que “lo que se está
construyendo en Colombia puede afectar definitivamente la democracia. En el
último año han logrado que Thomas Greg & Sons, propiedad de los hermanos
Bautista y con lobby de políticos muy pero muy poderosos, pueda controlar toda
la base de datos de los colombianos en la Registraduría y al mismo tiempo
controlan el escrutinio de las elecciones. Tienen el control de las dos palancas
de la elección. Una empresa privada, Thomas Greg & Sons, controla por completo
las elecciones y puede hacer un fraude monumental”.
Agregó el mandatario que “se pasaron por la faja la orden del Consejo de Estado
de cambiar el software en la Registraduría y ahora tienen toda la cedulación y
quieren completar con los pasaportes”.
Sin embargo, el registrador nacional, Hernán Penagos, dijo que “hay que respetar
las entidades autónomas y es lo que exigimos y vamos a defender. La
Registraduría es un órgano neutro y descalificar de manera temeraria a
funcionarios o las actuaciones futuras de esta entidad no es justo y es
inaceptable”.
Al respecto, la Corporación Excelencia en la Justicia dijo que “la desafortunada
decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio invade de forma
injustificada la órbita de competencia de un organismo con plena autonomía”.
Reforma tributaria: 11 de los 15
senadores de Comisión Tercera están contra
De los proyectos económicos que tiene al Gobierno nacional en vilo es la ley de
financiamiento que presentó el saliente ministro de Hacienda Ricardo Bonilla en
septiembre pasado cuando se discutía el proyecto del Presupuesto General de la
Nación. En este punto, el accionar del Gobierno para ese momento causó un punto
de inflexión en la discusión de la reforma tributaria y dejó un mal ambiente
político para el debate.
Se consulto con coordinadores y ponentes de las comisiones económicas de Cámara
y Senado con la certeza que la discusión está firme en cuanto al aspecto clave
de la iniciativa en que no hay un acuerdo para presentar el informe de ponencia,
sumado a esto, el proyecto afronta un clima político adverso por el solo hecho
de tratarse de una propuesta que genera nuevos impuestos.
Pero sin lugar a dudas, uno de los escollos más fuertes que no ha logrado
sobrepasar es el hecho que fue presentado en medio de la discusión del proyecto
del presupuesto general para 2025, esa propuesta que advertía $523 billones para
gastos fue negada por el Congreso al considerarla desfinanciada. Así las cosas,
y con la llegada de la ley de financiamiento en medio de ese debate, en el
Congreso al parecer no existe la posibilidad de aprobar otra reforma tributaria
al Gobierno, y más cuando el presupuesto general va por decreto presidencial.
En la Cámara de Representantes el congresista Mauricio Parodi de Cambio Radical
señaló que “se nota un mal ambiente por parte de varios sectores porque se
piensa que es una reforma tributaria inoportuna e innecesaria. Por el momento
avanzamos en las reuniones entre coordinadores y ponentes para presentar una
ponencia sobre el proyecto”.
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