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Redada en 124 cárceles logra varias incautaciones
y muestra corrupción en el INPEC
El Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario (INPEC) realizó el 19 de diciembre una intervención simultánea en
124 cárceles del país, movilizando a 3.165 funcionarios de custodia y vigilancia
para requisar 146 pabellones y patios. Durante el operativo, que involucró a
23.845 personas privadas de la libertad, se incautaron numerosos elementos
ilegales, que señalan el alcance del contrabando y la corrupción al interior de
los centros penitenciarios.
Según el balance oficial, las autoridades decomisaron 1.078 celulares, 2.263
accesorios para teléfonos, 475 tarjetas SIM, 15 módems Wi-Fi, 18,8 kilos de
estupefacientes, 720 armas artesanales y un millón de pesos en efectivo. En la
cárcel de Santa Rosa de Cabal, fue descubierta una caleta que contenía parte de
los elementos ilícitos incautados.
El coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, destacó que esta redada masiva
es parte de las estrategias para combatir la corrupción y el crimen dentro de
los establecimientos penitenciarios. A lo largo de 2024, el INPEC reportó la
captura de 73 funcionarios vinculados a actividades ilegales, y actualmente, uno
de cada cinco empleados de la institución está bajo investigación por posibles
faltas disciplinarias.
Corrupción y desafíos estructurales
En su informe de cierre de año, el coronel Gutiérrez reveló que 3.751 de los
17.129 funcionarios activos del INPEC enfrentan investigaciones, lo que
evidencia un alto nivel de corrupción en la entidad. En total, durante 2024, se
han registrado 5.245 investigaciones activas, que incluyen a 135 directores y
exdirectores de cárceles. De estas, se ordenaron 65 destituciones, 102
suspensiones, nueve multas y seis amonestaciones, además de la apertura de 551
procesos por corrupción directa.
En paralelo, este año se reportaron 1.773 operativos de incautación en los que
se decomisaron 9.615 celulares y se realizaron 120 traslados de internos que
habían generado conflictos o amenazas contra guardias y directores de los
penales. Los internos más peligrosos han sido ubicados en pabellones de alta
seguridad en cárceles como La Picota, La Picaleña, La Tramacúa, El Barne y
Girón, en Santander.
Hace pocos días, las autoridades realizaron una redada en la cárcel La Picota,
en Bogotá, en colaboración con la Fiscalía y la Policía. Como resultado, fueron
capturadas 15 personas, entre ellas siete guardias activos y ocho familiares de
internos, acusados de distribuir drogas y licor al interior del penal. Este
operativo subraya la penetración de redes criminales en el sistema
penitenciario.
El coronel Gutiérrez reiteró el compromiso del INPEC con la lucha contra la
corrupción y aseguró que las acciones continuarán en 2025 para recuperar el
control de los establecimientos carcelarios y garantizar la transparencia en la
entidad.
Testimonio en caso del asesinato de Roberto Franco
podría cambiar el rumbo de la investigación
Un nuevo testimonio que llegó a la
Fiscalía podría alterar el curso de la investigación sobre el asesinato del
empresario Roberto Franco Charry, ocurrido el pasado 21 de febrero en un
parqueadero del Parque de la 93, al norte de Bogotá. Este testimonio apunta
hacia posibles intereses familiares y empresariales que estarían detrás del
crimen del consultor de El Arrozal & Cía.
Franco, quien también era hermano
del exdirector de la DIAN, Óscar Franco, fue asesinado con un arma con
silenciador, un crimen que hasta el momento no ha revelado con claridad quién
fue el autor intelectual. Sin embargo, el testigo que se presentó ante la
Fiscalía aseguró tener información clave que vincula a miembros de la familia
Romero, herederos del conglomerado empresarial El Arrozal & Cía, con el
homicidio.
La Fiscalía recibió la declaración
de este hombre que asegura haber sido intermediario entre Jonathan Romero, uno
de los principales herederos de El Arrozal, y otras personas involucradas en las
tensiones familiares que habrían llevado al asesinato. Según el testigo, la
relación entre los hermanos Romero y Franco Charry se deterioró debido a
desacuerdos por un contrato que Franco había elaborado, el
cual ellos consideraban perjudicial para sus intereses.
El testigo, quien también tiene
vínculos con
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el entorno de los Romero, narró que a finales de
2023 fue contactado por el abogado Josué
Peñaloza para que intercediera en
favor de Jonathan Romero, con el fin de resolver un conflicto relacionado con la
sucesión de El Arrozal. En ese momento, Franco Charry no estaba involucrado
directamente, pero pronto se conocieron detalles de un enfrentamiento entre los
Romero y el empresario Pedro Bastidas, quien se convirtió en un actor clave en
esta trama.
Bastidas, un empresario de Nariño, era cercano a Franco y, según el testigo,
estaba interesado en adquirir acciones de El Arrozal. De acuerdo con documentos
de la Superintendencia de Sociedades, el paquete accionario terminó en manos de
Bastidas, lo que habría causado malestar en los hermanos Romero. La situación se
habría agravado cuando Franco comenzó a asesorar a Bastidas, un giro que pudo
haber generado los conflictos que, según el testimonio, llevaron al asesinato.
Además de los relatos del testigo, los documentos oficiales y un proceso de
arbitraje apuntan a irregularidades en la administración de las acciones de El
Arrozal, lo que habría alimentado la confrontación entre los miembros de la
familia Romero. Según las fuentes, el conflicto por el control de la empresa y
las tensiones por las decisiones de Franco lo habrían convertido en un blanco
para aquellos con intereses económicos en juego.
El testimonio también menciona la presunta implicación de Jean Carlo Bermúdez,
quien fue el conductor de la moto utilizada por el sicario para escapar del
lugar del crimen. Bermúdez ya ha aceptado cargos por su participación en el
asesinato y se encuentra cumpliendo una condena en prisión. El testigo afirmó
que incluso estuvo involucrado en el envío de dinero desde Jonathan Romero hacia
una persona vinculada con Bermúdez, lo que añade más complejidad a la
investigación.
Por el momento, la Fiscalía se encuentra evaluando la veracidad de este nuevo
testimonio y las pruebas que el testigo ha ofrecido. Sin embargo, el caso sigue
siendo un rompecabezas complicado, con poderosos intereses en juego, y las
autoridades no han descartado ninguna línea de investigación. La versión del
testigo, que podría ser clave para esclarecer quién ordenó la muerte de Roberto
Franco, está siendo cuidadosamente revisada. Mientras tanto, tanto los
familiares de Franco como los Romero se mantienen en silencio frente a los
nuevos desarrollos.
Juez confirmó medida carcelaria contra el
exalcalde de Pereira, Carlos Maya
El exalcalde de Pereira, Carlos
Alberto Maya, permanecerá bajo medida de aseguramiento intramural luego de que
el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira
negara la petición de sustituir su reclusión en centro penitenciario por
detención domiciliaria.
La decisión fue tomada tras la audiencia celebrada el jueves, 19 de diciembre,
en la que la defensa argumentó la dependencia que su madre, una adulta mayor con
condiciones de salud delicadas, tiene hacia el exmandatario.
La abogada de Maya presentó como principal argumento que el exalcalde es el
único hijo capaz de cuidar a su madre, quien padece alzhéimer y un trastorno
bipolar, condiciones “que la han dejado postrada en una silla de ruedas y en
constante necesidad de atención especializada”.
Además, se explicó que los dos hermanos de Maya no están en condiciones de
asumir esta responsabilidad.
Uno reside fuera del país y el otro, radicado en Medellín, tiene compromisos
económicos con su propia familia y los suegros. Según declaraciones de los
familiares, la adulta mayor reconoce únicamente al exalcalde como su cuidador
debido a su deterioro cognitivo.
El representante de la Procuraduría se mostró en
desacuerdo con la solicitud, señalando que las obligaciones de cuidado deben ser
compartidas por todos los hijos, independientemente de sus situaciones
personales.
Por su parte, el fiscal cuestionó la coherencia del argumento de la defensa,
citando pruebas obtenidas mediante interceptaciones telefónicas. Estas
evidencian pagos significativos realizados por Maya para trámites de visas con
fines migratorios hacia Canadá, lo que, según el fiscal, pone en duda su
disponibilidad para asumir el cuidado exclusivo de su madre.
“Si los planes de Maya eran residir en el
extranjero, ¿quién quedaría a cargo de su madre?”, preguntó el fiscal durante la
audiencia, subrayando el principio de solidaridad que los demás hijos deben
ejercer en este caso.
Maya decidió romper su silencio. Durante
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una intervención breve y emotiva, afirmó que siempre ha priorizado el bienestar
de su madre, incluso durante su periodo como alcalde. Aclaró que los pagos a la
empresa de trámites fueron para un curso de inglés en línea, con fines
migratorios proyectados a largo plazo.
Entre lágrimas, Maya criticó la exposición mediática del caso y pidió
comprensión ante la complejidad de su situación familiar.
La juez encargada del caso rechazó la solicitud de la defensa al considerar que
el cuidado de la adulta mayor debe ser asumido de manera colectiva por los hijos
y otros miembros de la familia. Además, señaló que Maya no cumple con los
requisitos para ser reconocido como padre cabeza de hogar, figura contemplada
para casos excepcionales.
Al término de la audiencia, Maya manifestó su desacuerdo con el fallo, aunque
expresó respeto por la determinación de la juez. Mientras tanto, el proceso en
su contra sigue avanzando, con delitos que incluyen prevaricato, peculado y
fraude procesal, entre otros.
Alias El tío aceptó haber asesinado al Dr.
Velásquez y su pareja
La Fiscalía General de la Nación
informó que Julián Alberto Quintero Agudelo, que trabajaba como mayordomo para
el productor musical Daniel Alejandro Velásquez Franco, conocido como Dr.
Velásquez, aceptó su responsabilidad en el asesinato del artista y su pareja,
identificada como Astrid Sofía Riascos Valdez.
Según informó el ente judicial, el confeso asesino se enfrenta a una condena de
24 años y 1 mes de prisión, que fueron acordados después de llegar a un
preacuerdo con las autoridades, pues el crimen tuvo lugar el 8 de junio de 2024
en una finca que se encuentra ubicada en el municipio de Envigado, al sur del
Valle de Aburrá.
De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, el doble homicidio
se produjo durante una discusión entre Quintero Agudelo y Dr. Velásquez por
motivos personales. El mayordomo, que también es expatrullero de la Policía,
utilizó una pistola Córdova de 9 mm para disparar al productor musical en
repetidas oportunidades.
Posteriormente, el criminal se dirigió a la habitación donde la pareja
sentimental del productor musical dormía y le disparó en la cabeza. Después de
cometer los ataques, Quintero Agudelo bajó al primer piso de la vivienda y
contactó al vigilante de la parcelación Acuarela para que llamara a la Policía
Nacional, con el fin de que nadie sospechara de él.
El fiscal que lleva el caso detalló que el arma utilizada en el crimen no
contaba con los permisos legales necesarios y, durante la audiencia de
imputación de cargos, explicó que Quintero Agudelo había agredido a Velásquez
después de que este regresara de un lugar conocido como ‘El Parche’, donde había
estado reunido con amigos hasta altas horas de la noche.
Inicialmente, el mayordomo no aceptó los cargos por el delito de homicidio
agravado y porte ilegal de armas de fuego, que se impusieron en su contra y la
defensa solicitó el aplazamiento de la audiencia de solicitud de medida de
aseguramiento para reunir más pruebas.
Del mismo modo, se informó que la audiencia de lectura de fallo fue programada
para el 14 de febrero de 2025 y que el caso generó conmoción debido a la
relación laboral y familiar entre el acusado y las víctimas, debido a que
Quintero Agudelo es tío de la exesposa de Dr. Velásquez.
Cabe mencionar que, el productor musical era conocido por su trabajo con
artistas como Blessd y El Clooy, que se pronunciaron lamentando el caso y
también esperan justicia por este hecho que alertó a la comunidad de artistas.
Ante la gravedad de esta situación, las autoridades colombianas recordaron la
importancia de abordar los conflictos personales de manera pacífica y legal,
evitando que situaciones de tensión terminen en actos de violencia extrema como
el ocurrido en la finca donde fue asesinado el reconocido Dr. Velásquez y su
pareja sentimental. Entre tanto, la Fiscalía resaltó que la sentencia en contra
de Quintero Agudelo busca hacer justicia por los delitos cometidos.
Cabe mencionar que, los familiares entregaron testimonios sobre lo ocurrido que
fueron difundidos por el medio El Colombiano, en los que se aclara lo siguiente:
“No solamente hubo manipulación física de las cámaras, sino también hubo un
acceso al software de vigilancia. Así mismo, en la autopsia de Daniel
encontraron en su cuerpo un somnífero”. Además, cuestionan el ataque en contra
de la compañera sentimental de su primera víctima: “Si fue un momento de ira,
¿por qué Quintero mató también a Sofía al mucho rato después? Eso no lo hace
alguien en un momento así. Todo eso fue premeditado”, relató uno de los
allegados a la víctima.
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