6-El Imparcial

 

JUDICIAL

 

Pereira, Colombia - Edición: 13.388-968

Fecha: Martes 24-12-2024

 

Oferta de recompensa por asesinato de Diego Valencia en Pereira: Las autoridades buscan al principal sospechoso

 

 

La tragedia que golpeó a la familia de Diego Valencia Camayo, un niño de tan solo 11 años, sigue sumida en la desesperación y el dolor. El menor fue encontrado sin vida el pasado viernes 20 de diciembre, cuatro días después de su desaparición, en una zona boscosa del corregimiento de Caimalito, Pereira. Las autoridades han revelado un cartel con imágenes del presunto asesino, un hombre que, según las primeras investigaciones, podría ser un habitante de calle que estuvo cerca de Diego en los últimos momentos de su vida.

El 16 de diciembre, Diego salió de su hogar para preguntar sobre el horario de la novena en su sector, pero nunca regresó. La familia, desesperada por no tener noticias de él, solicitó la ayuda de la comunidad y las autoridades para su localización. Fue gracias al uso de drones con cámaras térmicas que el cuerpo del niño fue encontrado. Lamentablemente, el cadáver presentaba un alto grado de descomposición, lo que sugiere que su muerte ocurrió el mismo día de su desaparición.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona mostraron a un hombre que se acercó a Diego momentos antes de que este desapareciera. Aunque se desconocen los detalles exactos del crimen, las autoridades creen que el niño fue asesinado en un intento de robarle el celular, pues el dispositivo nunca fue encontrado. La última vez que el padre de Diego, Iván Valencia, tuvo contacto con él fue el mismo lunes en que se perdió, cuando el niño respondió el teléfono y mencionó que iba a jugar a un campo cercano. La llamada se cortó abruptamente, lo que generó aún más angustia en su familia.

 

Para acelerar el proceso de identificación y captura del responsable, las autoridades de Risaralda han ofrecido una recompensa de 30 millones de pesos. La Alcaldía de Pereira contribuyó con 20 millones, mientras que la Gobernación de Risaralda añadió 10 millones adicionales. "Hay una persona registrada en las cámaras, aparentemente un habitante de calle, que estuvo cerca del niño en los últimos momentos antes de su desaparición", explicó Israel Londoño, secretario de Gobierno de Risaralda. Las imágenes de esta persona podrían ser claves para esclarecer el caso y dar con el paradero del presunto asesino.

El padre de Diego, devastado por la pérdida de su hijo, expresó su frustración y dolor ante la falta de avances concretos en la investigación. "Pedimos justicia, que este caso no quede en la impunidad como tantos otros en este país. Mi familia y yo estamos devastados, no podemos creer que lo enterramos el sábado", manifestó Iván Valencia. En medio de su sufrimiento, la familia ha exigido que las autoridades mantengan una comunicación constante sobre el progreso del caso, que aún mantiene en vilo a la comunidad de Pereira.
 

La angustia no solo es de la familia, sino de toda la ciudadanía, que ha mostrado su solidaridad y ha expresado su rechazo al asesinato de un niño tan pequeño. A medida que se avanza en la investigación, las autoridades siguen trabajando para esclarecer las circunstancias de su muerte y garantizar que los responsables enfrenten la justicia. La incertidumbre sigue rondando, pero la recompensa ofrecida y las pruebas obtenidas podrían ser el primer paso hacia la resolución de este crimen que ha conmocionado a toda la región.

 

 

 

Golpe a la banda “Los Costeños”: Incautan 1.700 kilos de marihuana en Barranquilla

 

 

Un importante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla y la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) resultó en la incautación de 1.773 kilogramos de marihuana tipo 'Cripy', presuntamente perteneciente a la banda delincuencial “Los Costeños”. La operación, realizada en el barrio Carrizal de la ciudad, representa un fuerte golpe a las finanzas de este grupo criminal, pues el cargamento incautado tendría un valor comercial cercano a los 7.600 millones de pesos.

La marihuana, que se distribuía en Barranquilla, formaba parte de las actividades ilícitas relacionadas con el microtráfico y la extorsión, delitos por los cuales "Los Costeños" han mantenido su influencia en la región. Las autoridades destacan que este operativo, además de frenar la circulación de drogas en la capital del Atlántico, fortalece la lucha contra el tráfico de estupefacientes en la zona.

“El decomiso de esta cantidad de droga es un duro golpe a la estructura criminal, que verá reducidas sus finanzas y su capacidad de operar en Barranquilla”, señaló la Policía Metropolitana de Barranquilla. Con esta incautación, se busca minimizar el impacto del narcotráfico y proteger a la comunidad de los efectos devastadores de las sustancias ilegales.

Este operativo se suma a otras recientes acciones exitosas en la región Caribe. Poco después de esta incautación, la Dijin, la Armada Nacional y la Fiscalía General desmantelaron una red de contrabando de mercancías, capturando a 17 personas, entre ellas seis funcionarios de la Policía Nacional y un empleado de la DIAN. La red traficaba productos de diversas índoles, como cigarrillos, licores y alimentos, con un valor cercano a los 1.600 millones de pesos.

Estas operaciones reflejan el esfuerzo constante de las autoridades para frenar el crimen organizado y sus diversas manifestaciones en la región Caribe.

 

Asesinan a líder comunitario en Buga: Ya son 86 las víctimas de violencia en Valle del Cauca en 2024

 

 

La violencia en el Valle del Cauca sigue cobrándose vidas, incluso durante la temporada navideña. El sábado 21 de diciembre, en la zona rural de Buga, fue asesinado Diego Tulande Acosta, líder comunitario y Fiscal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Cerro Rico. Según versiones preliminares, el cuerpo de Tulande fue hallado en la vía que conecta con su comunidad, con varios impactos de arma de fuego en su cuerpo.

 

Diego Tulande era reconocido por su arduo trabajo en beneficio de la comunidad, lo que ha causado gran consternación entre los habitantes locales. La noticia de su muerte ha generado un llamado urgente a las autoridades para dar con los responsables

 

 

 

de este crimen, mientras los pobladores expresan su temor y preocupación por la seguridad de los líderes sociales en la región.

La Defensoría del Pueblo condenó el asesinato y reiteró la necesidad de medidas inmediatas para proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. A través de un mensaje en su cuenta de X, la entidad instó al Gobierno a garantizar la seguridad de quienes trabajan por el bienestar de sus comunidades. "Lamentamos el asesinato de Diego Tulande, líder comunitario de Buga", señaló la Defensoría, que también destacó que, en lo que va del año 2024, ya han sido asesinados 19 líderes sociales en el Valle del Cauca, sumando un total de 86 víctimas de violencia armada en el departamento.

Este crimen subraya la creciente inseguridad que afecta a los defensores de derechos humanos en Colombia, especialmente en regiones como el Valle del Cauca, donde la violencia no cesa.

 

Polémica en audiencia penal: Fiscalía pide investigar a fiscal y juez por posible "trampa"

 

 

Un incidente en una audiencia penal en Sogamoso, Boyacá, ha generado controversia y críticas dentro del sistema judicial colombiano. Carmen Beatriz González Herrera, fiscal 28 de la región, es la protagonista de un polémico suceso que ha llevado a la Fiscalía a pedir una investigación disciplinaria tanto contra ella como contra el juez que presidió el caso.

 

Durante el interrogatorio a un procesado, la fiscal hizo un comentario que fue interpretado como una maniobra engañosa. En pleno interrogatorio, y en un claro intento de guiar la respuesta del testigo, González Herrera se acercó al oído del interrogado, cubriéndose la boca con la mano, y le susurró la respuesta que debía dar: “Fiscalía”. El testigo, tras recibir la indirecta, respondió confirmando que había solicitado protección ante esa entidad.

 

La situación no pasó desapercibida. Un miembro de la audiencia, identificado como José Vicente Díaz, quien aparentemente es el procesado, alertó al juez sobre lo sucedido. “Su señoría, con todo el respeto, le sugiero que mire la grabación. La fiscal acabó de formular la pregunta y le hizo la mímica de la palabra ‘Fiscalía’”, expresó Díaz. Sin embargo, el juez no prestó mayor atención a la denuncia y continuó con la diligencia, rechazando la intervención del procesado al señalar que no estaba facultado para hacer ese tipo de observaciones.

La situación generó una rápida reacción en las redes sociales, donde fue compartida por el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. En respuesta, la Fiscalía, a través de un comunicado fechado el 21 de diciembre, solicitó una revisión para determinar si existieron méritos suficientes para abrir una investigación disciplinaria contra la fiscal involucrada. Además, se pidió investigar al juez, ya que, a pesar de haber sido advertido de la "trampa", no tomó medidas al respecto.

El caso ha provocado un intenso debate sobre la integridad de las audiencias penales en Colombia, especialmente sobre la validez de las prácticas presenciales frente a los avances tecnológicos. Varios abogados han cuestionado tanto la actitud de la fiscal como la indiferencia del juez, argumentando que el procesado tenía el derecho a denunciar la conducta inapropiada. Los cuestionamientos sobre la transparencia y la ética en los procesos judiciales siguen creciendo, lo que podría llevar a un cambio en la forma en que se gestionan las audiencias en el futuro.

 

 

 

Submit

 

 © El Imparcial Editores S.A.S  |   Contacto 57 606 347 7079  

    © 1948-2009 - 2024 - El Imparcial - La idea y concepto de este periódico fue hecho en Online Periodical Format (OPF) que es un Copyright de ZahurK.

    Queda prohibido el uso de este formato e idea (OPF) sin previa autorización escrita de ZahurK