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Dos delegados de la SIC habrían renunciado por
sanción a Alberto Alcocer
Dos delegados de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) habrían
presentado su carta de renuncia debido a descontentos con el caso de Alberto
Merlano Alcocer, tío de primera dama y por consiguiente, un hombre cercano al
presidente Petro.
La controversia gira en torno a una sanción que la SIC busca revocar, lo que ha
llevado a estos funcionarios a expresar su desacuerdo y, en consecuencia, a
presentar su renuncia.
Alexander Sánchez, delegado para asuntos jurisdiccionales, y Grenfieth de Jesús
Sierra, delegado para protección de datos, han manifestado su inconformidad con
el manejo del caso Merlano. Este desacuerdo parece estar vinculado a presiones
externas y a la percepción de que las decisiones tomadas podrían estar
influenciadas por intereses políticos.
La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque solicitó a todos los
directores y delegados renuncias protocolarias, lo que ha sido interpretado como
un intento de reorganizar su equipo en medio de la controversia. Tras conocer
las posturas de los delegados en el Comité de Conciliación sobre el caso Merlano,
Rusinque habría pedido informes detallados sobre su gestión, lo que algunos
interpretan como una presión para que los funcionarios.
El caso Alberto Merlano Alcocer:
El 3 de noviembre de 2024, Merlano solicitó formalmente a la SIC la revocación
de una sanción impuesta en 2012 con una multa de aproximadamente 240 millones de
pesos, argumentando presuntas violaciones al debido proceso.
La sanción se debió a su participación como miembro principal de la junta
directiva del Acueducto de Bogotá (EAB), donde se determinó que había colaborado
en prácticas restrictivas de competencia, violando así la Ley 155 de 1959.
La situación ha desatado un debate sobre la independencia y la integridad del
sistema regulador en Colombia. Las renuncias han sido vistas como un acto de
resistencia ante lo que algunos consideran un intento del gobierno por influir
en decisiones administrativas.
No cambiaría nada en la regulación de las
encuestas en elecciones del 2026
Las encuestas para las elecciones presidenciales y legislativas del 2026 se
realizarían con las mismas reglas que han imperado en las últimas décadas. Hay
un proyecto de ley en el Senado, aprobado en primer debate, que establece
medidas en la divulgación de estos estudios para garantizar su calidad y
confiabilidad, sin embargo, aplicarlas en estos comicios no solo depende de que
se convierta en ley, sino el tiempo que ello tome, pues si ocurre después del
segundo semestre del 2025, es poco probable porque no faltará el que diga que se
cambian las reglas del juego.
Entre los principales cambios que hacía esta reforma a las encuestas electorales
es que cuando son comicios de tipo nacional, debería incluir municipios o
distritos con una población igual o superior a 800.000 habitantes, tal y como un
subconjunto de municipios pequeños, medianos y grandes de todas las regiones.
Igualmente, que cuando se tratara de investigaciones sobre preferencias
políticas relacionadas con procesos electorales de carácter regional, la muestra
debería incluir a la capital departamental y como mínimo el 20% de los
municipios.
Así mismo, contemplaba esta reforma que las firmas con 24
horas de anticipación a la publicación de las encuestas deberían presentar ante
el Consejo Nacional Electoral la ficha técnica, tal y como sería entregada a la
persona natural o jurídica que encomendó el estudio, así como habría de ser
publicada en los medios de comunicación.
Estos estudios tienen un papel fundamental en la democracia, pues miden qué
tanta es la favorabilidad del presidente y el gobierno, así como de la gestión
que desarrollan. En tanto que en las elecciones toman el pulso del nivel de
aceptación de un candidato y con base en ello el electorado infiere qué tanta
posibilidad tiene de ganar.
No obstante, los resultados de las encuestas siempre generan polémica, ya que
muchos de los aspirantes que no marcan bien se quejan, por ejemplo, por la
muestra porque esperaban que se consultara a un número mayor de personas, porque
no se tuvieron en cuenta todos los estratos sociales o faltó un grupo etario,
entre otros motivos.
Incluso se ha visto en anteriores
elecciones aspirantes que cuestionan el resultado de las encuestas en plena
campaña, no por aspectos técnicos en su elaboración, sino porque sostienen que
no corresponde con la cantidad de personas que los sigue en los mítines en la
plaza pública.
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Por ello se ha vuelto costumbre en
las distintas elecciones las protestas de algunos candidatos y sus seguidores,
incluso con señalamientos sobre presuntos estudios amañados, más teniendo en
cuenta que la realización de las encuestas es pagada por medios de comunicación
e incluso por las colectividades políticas.
Por su parte, las firmas encuestadoras se defienden señalando que sus estudios
tienen un carácter técnico y netamente probabilístico, no predictivo. Además, de
que se realizan con base en la normatividad establecida en la ley y en
resoluciones del Consejo Nacional Electoral.
Se habla de la Ley 130 de 1994; las
resoluciones 23 y 50 del Consejo Nacional Electoral, la primera del año 1996 y
la segunda de 1997; y la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales).
Vale recordar que la reforma al Código Electoral, que aprobó este Congreso, hizo
más precisas las encuestas, teniendo en cuenta que la normatividad existente es
antigua y muy general, ya que apenas recoge los elementos básicos que se
consideran a nivel internacional para este tipo de estudios.
Sin embargo, en agosto pasado, la Corte Constitucional tumbó por segunda vez la
reforma al Código Electoral, argumentando varios vicios de procedimiento en el
trámite durante su estudio en el Congreso, según se explicó por no superar el
análisis de impacto fiscal, la falta de consulta previa en algunos de sus
artículos y la elusión de debate.
¿Qué dicen los encuestadores?
Carlos Lemoine, socio fundador del Centro Nacional de Consultoría, indicó que
“es importante decir que las encuestas no son actores principales en el proceso
electoral, las encuestas son una parte importante del paisaje democrático. Me
parece que ponerle tanto énfasis a la regulación de las encuestas es hacer mucho
énfasis en el mensajero y no en el mensaje. Somos mensajeros de lo que piensa la
gente”.
En tanto que César Caballero, gerente general de Cifras y Conceptos, dijo a este
Diario sobre la iniciativa de ley que discute el Senado, que “es un proyecto que
incorporó Clara López y Angélica Lozano, que de alguna manera recoge lo que
había presentado Rodrigo Lara al final del pasado Congreso en 2022. Eso fue
aprobado una ley estatutaria, pero como fue aprobada en sesiones extras eso se
cayó”.
Agregó que “me parece que el proyecto que tenía Rodrigo Lara estaba bien
encaminado y me parece que Colombia sí debería tener una regulación sobre el
tema de encuestas que permita regular mejor el mercado”.
Añadió que el primero y más esencial es “la posibilidad de hacer auditorías
serias y reales. La ley dice hoy que se deberían hacer, pero no hay un mecanismo
en el cual se puede hacer. Entonces sí es importante que las firmas que
publicamos encuestas tengamos un certificado de gestión de calidad, frente al
cual alguien externo pueda hacer una auditoría. Y en ese caso el Consejo
Nacional Electoral debería tener unos recursos para contratar unos expertos para
que hagan la auditoría a las firmas encuestadoras”.
Este año el Congreso tramitó ocho mociones de
censura contra ministros
En medio de las diferencias entre los partidos de Gobierno y la oposición, las
mociones de censura han protagonizado la agenda en el Congreso de la República y
bajo ese orden de ideas el desarrollo del recurso administrativo se realizó de
la siguiente manera:
En la plenaria de la Cámara de Representantes los ministros que afrontaron
debate fueron, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo quien en el mes
de marzo afrontó un primer debate por presunta corrupción, en esa oportunidad el
recurso fue negado con 36 votos a favor por 96 en contra por presuntas
irregularidades que causaron un desabastecimiento de medicamentos, posibles
prácticas indebidas en la contratación y el cuestionamiento a la gestión de
recursos en el sistema de salud.
Luego para el mes de junio, el funcionario volvió a ser citado por la plenaria
tras la crisis en el servicio de salud de los profesores. Sin embargo, y para
esa oportunidad Jaramillo no respondió el cuestionario de la Cámara por
considerar que el debate fue citado de manera irregular. Como se sabe, en agosto
el pleno de la corporación citó al ministro de Minas Andrés Camacho por las
alarmas que generaron una presunta escasez de gas natural y la determinación del
Gobierno para traerlo de Venezuela, pese a que el debate apuntaba a la moción,
el recurso fue negado con 106 votos por el No y 18 por el Sí.
Asimismo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez fue llamado a moción de censura
por el deterioro del orden público en Cauca y Valle del Cauca, pero la propuesta
no prosperó y la plenaria negó la aplicación del recurso con 99 votos en contra
y 97 a favor. Lo que significa que, entre el cierre de la segunda legislatura en
los meses de enero a junio, y el inicio de la tercera que se dio entre julio y
diciembre la Cámara adelantó cuatro mociones de censura a funcionarios del
Gobierno.
Por otra parte, en el Senado de la República la agenda fue un poco más intensa
sobre el particular; no obstante, las mociones tampoco prosperaron en esa célula
legislativa, coincidencialmente hubo varios repitentes entre los funcionarios
del Gobierno que
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pasaron de nuevo por estos debates.
Mociones de Censura en el Senado de la República
La primera cartera en afrontar un debate de moción fue la de Deportes, cuando la
entonces titular de esa cartera Astrid González fue citada por el Senado para el
mes de febrero, luego de que Colombia perdiera la sede de los Juegos
Panamericanos 2027, pese a ello la votación fue de 58 votos por el no y 22
por el sí, con lo cual fue negada la moción, sin embargo, la renuncia de
González se conoció antes de las votaciones.
Posteriormente, la plenaria negó con 55 votos a favor y 28 en contra la moción
de censura al ministro de Defensa Iván Velásquez por el reclutamiento ilegal de
grupos armados en el Cauca y los ataques de comunidades indígenas contra la
Fuerza Pública; No obstante, el funcionario aseguró que se trabaja desde el
ministerio para afrontar los graves hechos de orden público y mejorar la
seguridad.
Luego, para el mes de septiembre la plenaria llamó a Ricardo Bonilla, exministro
de Hacienda a debate de moción al ser relacionado con los hechos de corrupción
en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), escándalo que le costó el
puesto en noviembre pasado, la plenaria negó la moción con 59 por el no y 19 por
el sí.
Consecuentemente, y para el mes de octubre y por la baja ejecución en el
Ministerio de la Igualdad se realizó una moción a Francia Márquez y la directora
del Dapre Laura Sarabia. Sin embargo, para los citantes Jota Pe Hernández y
Carlos Fernando Motoa el debate fue fallido en razón a las respuestas que
entregaron las dos funcionarias al reconocer que sí hay una baja ejecución, pero
que es el Gobierno el encargado de asignar los recursos a esa cartera. Sobre el
particular el senador Motoa señaló que el debate será citado de nuevo. Así las
cosas, el Senado también deja un balance muy corto en mociones de censura
efectivas con únicamente cuatro diligencias realizadas.
Avanza en Senado proyecto que evitaría crisis energética en Colombia
En un paso clave para garantizar la estabilidad energética de Colombia, la
Comisión Quinta del Senado aprobó por unanimidad en primer debate el proyecto de
ley que busca implementar la Licencia Ambiental Diferenciada para proyectos de
transmisión y distribución de energía eléctrica y transporte de gas natural.
La iniciativa, liderada por el senador Miguel Ángel Barreto, del Partido
Conservador, tiene como objetivo optimizar los procesos de licenciamiento
ambiental y evitar racionamientos eléctricos en el país. El proyecto, propone
reducir los tiempos de respuesta de las autoridades ambientales de 90 a 60 días
hábiles, actualizar la normativa existente y ofrecer herramientas más efectivas
para agilizar proyectos críticos de infraestructura energética.
“Este es un gran avance para destrabar proyectos estratégicos que hoy enfrentan
demoras injustificadas. Con esta ley no solo aceleraremos la construcción de
obras claves, sino que también aseguraremos que los colombianos tengan acceso a
una energía estable, oportuna y sostenible”, afirmó el senador Barreto.
“Es el momento de ponernos de acuerdo en lo fundamental, como lo decía Álvaro
Gómez Hurtado. Este proyecto no solo es una respuesta a los cuellos de botella
que frenan el desarrollo energético del país, sino también un compromiso con un
futuro sostenible y próspero para todos”, añadió el senador, al referirse a la
decisión unánime que dio paso a la aprobación del proyecto.
Durante la discusión se destacó la importancia de atender los riesgos actuales
en la red de transmisión eléctrica del país, especialmente en zonas difíciles
como Bogotá y el centro del país, donde proyectos fundamentales como las redes
de Chivor y Sogamoso aún enfrentan importantes retrasos. Además, se busca que
otros proyectos energéticos y de gas natural cobren mayor relevancia y que se
facilite su licenciamiento ambiental, por la vitalidad que tienen para Colombia
aumentar la exploración y explotación de gas natural.
La Licencia Ambiental Diferenciada busca adaptar los requisitos según el impacto
ambiental de cada proyecto, permitiendo mayor agilidad en autorizaciones
relacionadas con sustracción de áreas de reserva forestal y aprovechamiento
forestal. Esto permitirá que los proyectos en operación puedan resolver sus
obligaciones ambientales en un plazo de hasta cinco años, sin detener su
funcionamiento y dando vía libre a los trabajos que ya se encuentran en etapa
preliminar.
“Con este proyecto estamos dando un paso firme hacia un marco normativo moderno,
que garantice la soberanía energética de Colombia y evite una crisis que afecte
a millones de ciudadanos. La energía debe llegar sin trabas a quienes más la
necesitan”, dijo Miguel Barreto quien también destacó que la iniciativa
facilitará la conexión de nuevas fuentes de energía renovable como parte de una
transición energética justa. El proyecto de ley continuará su curso ahora en la
plenaria del Senado para garantizar que el país cuente con la infraestructura
necesaria para enfrentar los desafíos energéticos actuales y futuros.
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