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Petro ordena proyectar plan de austeridad para
2025 ante déficit fiscal
El presidente Gustavo Petro solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
la elaboración de una estrategia de austeridad del gasto para el año 2025, en
respuesta al fracaso de la ley de financiamiento en el Congreso de la República.
Esta iniciativa, que se enmarca en las facultades del artículo 19 de la Ley 2155
de 2021, busca garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos
públicos en un contexto de restricciones fiscales.
En una Directiva Presidencial emitida el 20 de diciembre, se instruye a las
entidades del gobierno nacional a presentar antes del 24 de diciembre sus
propuestas para ajustar la estrategia de austeridad del gasto. Este enfoque se
implementará a partir de enero de 2025, con el objetivo de optimizar el
presupuesto y reducir el gasto público en sectores no esenciales, sin
comprometer los programas prioritarios como salud, educación y protección
social.
Se afirma: "El Gobierno Nacional en virtud de la facultad establecida en el
artículo 19 de la ley 2155 de 2021, reglamenta anualmente, mediante decreto, una
estrategia de austeridad del gasto para cada vigencia fiscal, aplicable a los
órganos que hacen parte del presupuesto general, con el compromiso de reducir el
gasto público".
La falta de aprobación de la reforma tributaria, que según el mandatario hubiese
generado nuevas fuentes de financiamiento, intensificó la presión sobre el
gobierno para mantener la estabilidad fiscal. Según fuentes del Ministerio de
Hacienda, la estrategia tiene como objetivo priorizar el gasto en áreas clave y
garantizar la eficiencia en las inversiones, especialmente en un año marcado por
un déficit fiscal de 12 billones de pesos.
El presidente destacó la importancia de la medida al señalar que “la estrategia
de austeridad busca priorizar el gasto en áreas esenciales sin comprometer el
funcionamiento de la administración pública”.
Entre las principales medidas contempladas en la política de austeridad se
incluyen: la optimización del gasto operativo, la creación de planes internos de
ahorro por parte de cada entidad, y la implementación de políticas de compras y
contratación pública para reducir costos. Este esfuerzo se considera fundamental
para enfrentar las dificultades económicas y asegurar la sostenibilidad del
presupuesto en 2025.
El presidente Petro, quien firmará el decreto de austeridad en la primera semana
de enero, subrayó que, aunque los recortes afectarán programas no esenciales, el
objetivo es mitigar el impacto en sectores clave. La medida responde a la
necesidad urgente de ajustar las finanzas del país ante la ausencia de los
recursos esperados de la reforma tributaria y el déficit que esto ha generado.
Finalmente, en la directiva también se hace un llamado a las otras ramas del
poder público para adoptar las medidas propuestas, en cumplimiento del principio
de colaboración armónica de la Constitución, con el fin de garantizar una
gestión fiscal más eficiente y austera durante el próximo año.
Crece polémica por propuesta para crear
nuevo viceministerio en Cancillería
Una vez más desde el Gobierno nacional se ha deslizado la idea para la creación
de una subdirección ministerial, en este caso desde
el Ministerio de Relaciones Exteriores que dirige Luis Gilberto Murillo. El jefe
diplomático de Colombia, en su balance final de este año, propuso la idea de una
nueva oficina que sea la dedicada a la solución de problemas para los
colombianos en el exterior, medida que ya
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acapara críticas ante la ambigüedad
del discurso frente a estas iniciativas y los problemas fiscales que atraviesa
el país.
Murillo, a quien muchos apuntan
podría dejar su cargo a principios de 2025, aseguró inicialmente que “Colombia
requiere transformar su institucionalidad de política y de gestión exterior. Eso
es muy importante, es central, lo que incluye reformar el sector de relaciones
exteriores, que tiene varios componentes”.
“El primero, la estructura y el fortalecimiento de Migración Colombia. Y ahí
hemos avanzado. Este gobierno ha hecho un enorme esfuerzo en vincular más de 700
personas, nuevos empleados, a este ente”, hecho que celebró, y que pidió mayor
enfoque para aumentar su capacidad de atención a los casos tanto nacionales como
internacionales.
Asimismo, este agregó a su propuesta que “el proceso también requiere del
fortalecimiento de la Cancillería. Eso incluye la creación de un nuevo
viceministerio que se encargue de todos los asuntos que tienen que ver con la
diáspora en términos de políticas públicas. Pero, además, un instituto
específico que se encargue de los servicios que requieren los colombianos y
colombianas en el exterior para que atienda a esa Colombia extendida”.
No obstante, la medida no fue bien aceptada ante interrogantes claves expuestos
por actores políticos y sociales en el país. En primera instancia está el
aspecto económico sumado a la creación de puestos burocráticos. Y es que según
el propio canciller reconoció, “esto tiene implicaciones para la planta de
personal, que tendrá, obviamente, que revisarse”. A la fecha, el Ministerio de
Relaciones Exteriores cuenta con 70 embajadas en el mundo, y otros 111
consulados, lo que representa una carga fiscal importante para el país cercana a
los 500.000 millones de pesos anualmente.
El segundo interrogante que surge es la necesidad del viceministerio y los roles
que tendría, ya que estos se asemejan a los que cumplen los entes mencionados.
Si bien, este ayudaría a la atención de los casi 5 millones de colombianos en el
exterior, siendo los residentes en México, España y Estados Unidos los de
mayores problemas, “la apertura de estos cargos, que según expresaron en las
comisiones de relaciones internacionales, son necesarios por cargas laborales,
vemos con preocupación cómo el déficit fiscal crece en temas de gastos de
funcionamiento”, dijo la representante a la Cámara Luz Ayda Pastrana.
La congresista apuntó que “es entendible la necesidad de atención para los
connacionales en el exterior, sin embargo, estamos preocupados por las acciones
del Gobierno nacional por el aumento constante de los gastos de funcionamiento”.
Y es que para el funcionamiento de los diversos acuerdos diplomáticos acordados
en la Administración Petro, se han generado más de 1.000 cargos, tanto a nivel
nacional como internacional, que cuestan al país de manera anual más de 200.000
millones de pesos.
Del mismo modo, colombianos en el exterior también se siembran las dudas sobre
la efectividad de este nuevo viceministerio reflejando los problemas que se
viven en regiones estratégicas para el país y con alto flujo de colombianos. Por
ejemplo, en México no cesan las denuncias de abuso por parte de autoridades
migratorias, mismo problema que se refleja en España, Estados Unidos,
adicionados a los nuevos requerimientos para ingresos al Reino Unido y Alemania,
y en donde los esfuerzos de Cancillería y Presidencia no han sido suficientes
para mejorar las condiciones, trato y atención en estos países.
En adición a lo anterior, no hay una garantía para que cesen este tipo de casos
o las deportaciones que, por ejemplo, desde Estados Unidos reportaron 14.268
casos, hasta el cierre de año fiscal en ese país al 30 de septiembre o los miles
de ciudadanos a
los que se les negó el ingreso a
países en donde Colombia, según los entes políticos, tienen fuertes lazos
bilaterales.
Termina otro año sin que la JEP dicte la
primera sanción a ex FARC
Termina el 2024 y por segundo año
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consecutivo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
no produjo −como lo anunció− las primeras sanciones propias en los más de siete
años que lleva de entrar en vigor contra
la cúpula de la extinta guerrilla de las Farc y otros altos
mandos por graves delitos que cometieron en el conflicto armado. Algunos
consideran que esto se justifica dados los procesos tan complejos que adelanta,
como secuestro y reclutamiento de menores; sin embargo, otros piensan que se ha
tardado demasiado y que no debe seguir dando largas.
A mediados de diciembre del 2023, el entonces presidente de la JEP, el
magistrado Roberto Vidal, dijo a El Tiempo que “tenemos la aspiración de tener
la primera sentencia en el primer semestre, ojalá en el primer trimestre del año
entrante, esa es nuestra aspiración”.
Ante la JEP se sometieron 9.906 exintegrantes de las Farc producto del Acuerdo
de Paz, a lo que están obligados para responder por los graves delitos que se
cometieron en el conflicto armado, aunque la sanción a que haya lugar la
recibirán solo los máximos responsables, es decir, los que estuvieron en el
secretariado y los comandantes.
También se han sometido por su voluntad ante esta Jurisdicción de justicia
transicional, 4.321 integrantes de la Fuerza Pública que habrían incurrido en
delitos en el conflicto y 184 civiles en calidad de terceros también
comprometidos.
La JEP abrió 11 macrocasos en los que dividió la investigación de las conductas
criminales más graves como secuestro, falsos positivos, reclutamiento de menores
de edad y crímenes contra grupos étnicos.
Resultado de ello, en este tiempo de labores ha producido 5 resoluciones de
conclusión (que equivale a la acusación en la justicia ordinaria) contra los
responsables y 157 imputaciones, entre otros resultados.
La primera resolución de conclusión de la JEP fue en noviembre de 2022 en el
caso 01 contra los exintegrantes del secretariado de las Farc-EP por secuestros.
También por esos días hizo lo propio contra 12 uniformados del Batallón La Popa
por ‘falsos positivos’.
La más reciente decisión fue el pasado 13 de noviembre, cuando la JEP imputó a
seis exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP por crímenes de guerra de
reclutamiento y utilización de niñas y niños, y otros crímenes asociados.
Las resoluciones de conclusión ahora están en manos del Tribunal de Paz que debe
aplicar las primeras sanciones entre 5 y 8 años, que como se sabe no implica ir
a la cárcel, sino restricciones a la movilidad y que el responsable desarrolle
labores de reparación, como trabajo social en una zona afectada por el
conflicto.
Juan Fernando Cristo anunció periodo de
silencio en X: esto dijo
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció un periodo de silencio
en la red social X, el cual fue secundado por la directora del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Laura Sarabia, hasta
el próximo 6 de enero.
"Ni siquiera en Navidad descansan!", afirmó el ministro del Interior, quien
aseguró que su decisión se debe al cuidado de su sanidad mental y emocional,
luego de que se iniciara un periodo de violencia y agresividad cibernética a
través de la red social en su contra.
En días anteriores, Juan Fernando Cristo planteó, nuevamente, la posibilidad de
lograr un acuerdo nacional en el país, siguiendo el discurso permanente del
Gobierno del presidente Gustavo Petro, asegurando que se busca establecer un
diálogo que permita superar la polarización política.
Sin embargo, en el contexto actual y teniendo en cuenta la libertad que existe
en X, las críticas no se hicieron esperar.
Por lo pronto, el jefe de la cartera del Interior, anuncio su retiro temporal de
la red social, asegurando que se trataría de un ejercicio de desintoxicación.
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