|
Desmontar reforma tributaria del 2022
propone Centro Democrático
La propuesta del Centro Democrático para revocar la reforma tributaria de 2022,
impulsada por el presidente Gustavo Petro, se basa en la crítica a la
eliminación de la formalidad laboral y al aumento de impuestos que, según la
bancada, perjudica a los trabajadores y las pequeñas empresas si era aprobada la
Ley de Financiamiento.
La bancada cuestionó las afirmaciones del presidente sobre dicho proyecto
argumentando que esta reforma buscaba eliminar el Régimen Simple, una
herramienta crucial que ha permitido la formalización de más de 100,000 pequeños
negocios. Sin esta opción, muchos pequeños contribuyentes se verían forzados a
operar en la informalidad, lo cual es insostenible para su desarrollo.
Además, criticaron el posible aumento desproporcionado de impuestos sobre
ganancias ocasionales y dividendos, así como el intento de triplicar el impuesto
al carbono, lo que incrementaría los costos de vida y afectaría directamente a
las familias colombianas.
Otro punto destacado por el Centro Democrático es el aumento de la tarifa mínima
de tributación del 15% al 20%, lo que consideran una carga excesiva en un país
con uno de los regímenes tributarios más altos del mundo. Aunque Petro prometió
reducir la renta corporativa, el partido sostiene que tal medida podría
implementarse sin recurrir a una reforma regresiva.
Es por eso que el partido propuso la reforma tributaria de 2022 mediante la
disminución de tasas impositivas y la eliminación del impuesto al patrimonio,
acompañada de una reducción significativa del tamaño del Estado.
Lo anterior surgió como respuesta al mandatario de Colombia, en donde cuestionó
al expresidente Álvaro Uribe y su partido por hundir el proyecto de ley
mencionado.
"Lástima que su bancada Álvaro, hundió la ley de financiamiento donde reducíamos
el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia. Del 35% al 30%", escribió
en su cuenta de X.
Cabe señalar que Uribe Vélez, líder del partido, había expresado que el
incremento del salario mínimo decretado por Petro no es suficiente para mejorar
la calidad de vida de los colombianos. En su opinión, es necesario reducir los
impuestos a trabajadores y empresas para generar un impacto real en sus
ingresos.
El exsenador argumentó que para lograr un salario mínimo más alto y sostenible,
se deben implementar políticas que incluyan la reducción de impuestos y normas
laborales menos rígidas. Según él, estas medidas permitirían a las empresas
prosperar y, en consecuencia, ofrecer mejores salarios a sus empleados.
Presidente del Senado esquiva nuevas
críticas de Petro a gestión del Congreso
Continúan las tensiones entre el presidente del Senado Efraín Cepeda y el
presidente de la República Gustavo Petro en medio de un cruce de trinos a través
de la red social X.
Como parte de los ires y venires
entre mensajes, Cepeda recalcó que “el presidente Petro ha escrito un nuevo
mensaje en el que me menciona, pero me voy a abstener de responderle por respeto
al pueblo colombiano, que está celebrando una fiesta religiosa y próximamente un
nuevo año, que esperamos nos devuelva en algo la esperanza, confianza y
optimismo que hemos perdido”.
Esto en respuesta el presidente Gustavo Petro ha manifestado en contra de
Cepeda, luego de las determinaciones en el legislativo que “hay que denunciar
eso y no acolitarlo, como así que los representantes al Congreso de la República
votan en contra de su pueblo, y tiene nombres propios. El jefe de esa banda se
llama Efraín Cepeda Sarabia. El Gobierno pudo haber asumido las deudas de los
usuarios de la energía para que no tuvieran que pagarla, pero el congreso hundió
el proyecto”.
Como se sabe, desde el pasado 20 de
diciembre se han venido registrando una serie de comentarios por parte de Petro
en
|
|
contra del presidente del Senado,
bajo ese orden de ideas hay que recordar la responsabilidad que el primer
mandatario le endilgó a Cepeda tras el hundimiento de la ley de financiamiento a
lo cual el congresista respondió “el presidente Petro trata de convencer al país
de que todo lo que ha dejado de hacer en dos años y medio de gobierno se iba a
hacer con los $9 billones que no le aprobamos. Cómo sería de importante que el
0.0000001% de lo que ha prometido lo hiciera con los billones que tiene en
bancos y que no ha ejecutado por incapacidad del mismo gobierno”.
Desde septiembre pasado, cuando un encuentro entre el presidente de la
República, y el presidente del Legislativo no tuvo el resultado esperado.
Gustavo Petro viene culpando de Cepeda de la caída de las iniciativas
gubernamentales en el Congreso e incluso lo ha acusado de intentar un golpe de
Estado frente a lo cual las respuestas del senador Conservador han sido
contundentes “presidente, institucionalmente le pido que se serene: en todos los
congresos del mundo hay proyectos de ley que pasan y otros que no, no somatice
el proceso legislativo, lo invito a que fundamente mejor los proyectos de ley, a
que busque consensos y a que abra la posibilidad de que otros tengan razón. Deje
de lado los sesgos y por favor no trate de asesinos a sus contradictores
políticos”.
Fuertes enfrentamientos en redes sociales
Luego, el parlamentario sostuvo en otro mensaje que “presidente, si hay un
colombiano demócrata que jamás impulsaría un golpe de Estado o cualquier vía de
hecho soy yo. Jamás he empuñado un arma, ni descalificado a las otras ramas del
poder público por tomar decisiones adversas a mi querer ni mucho menos
interpretar un trámite congresional legal como un golpe de Estado”, por
solicitar apoyo sobre una reforma tributaria que el Congreso no conocía, según
explicó el jefe del Legislativo. Hay que recordar que no solo se archivó la ley
de financiamiento, sino que el Congreso negó también el Presupuesto General de
la Nación 2025.
A su turno, el presidente de la República Gustavo Petro señaló sobre el
particular que “la clase política de la región Caribe” al haber hundido la ley
de financiamiento o reforma tributaria. El presidente del Senado Efraín Cepeda
se opuso a un artículo que buscaba bajar las tarifas de energía eléctrica: “¿qué
le puede decir el senador al pueblo barranquillero?”.
Luego y por la misma red social, el primer mandatario agregó que “frenas el
debate democrático Efraín. Espero no termines tu vida parlamentaria como rémora
de la historia; si quieres ser presidente, no lo busques a través del golpe de
Estado: te odiaría el pueblo colombiano”.
Este año el Congreso tramitó ocho mociones de censura contra ministros
En medio de las diferencias entre los partidos de Gobierno y la oposición, las
mociones de censura han protagonizado la agenda en el Congreso de la República y
bajo ese orden de ideas el desarrollo del recurso administrativo se realizó de
la siguiente manera:
En la plenaria de la Cámara de Representantes los ministros que afrontaron
debate fueron, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo quien en el mes
de marzo afrontó un primer debate por presunta corrupción, en esa oportunidad el
recurso fue negado con 36 votos a favor por 96 en contra por presuntas
irregularidades que causaron un desabastecimiento de medicamentos, posibles
prácticas indebidas en la contratación y el cuestionamiento a la gestión de
recursos en el sistema de salud.
Luego para el mes de junio, el funcionario volvió a ser citado por la plenaria
tras la crisis en el servicio de salud de los profesores. Sin embargo, y para
esa oportunidad Jaramillo no respondió el cuestionario de la Cámara por
considerar que el debate fue citado de manera irregular. Como se sabe, en agosto
el pleno de la corporación citó al ministro de Minas Andrés Camacho por las
alarmas que generaron una presunta escasez de gas natural y la determinación del
Gobierno para traerlo de Venezuela, pese a que el debate apuntaba a la moción,
el recurso fue negado con 106 votos por el No y 18 por el Sí.
Asimismo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez fue llamado a moción de censura
por el deterioro del orden público en Cauca y Valle del Cauca, pero la propuesta
no prosperó y la plenaria negó la aplicación del recurso con 99 votos en contra
y 97 a favor. Lo que significa que, entre el cierre de la segunda legislatura en
los meses de enero a junio, y el inicio de la tercera que se dio entre julio y
diciembre la Cámara adelantó cuatro mociones de censura a funcionarios del
Gobierno.
|
|
Por otra parte, en el Senado de la República la agenda fue un poco más intensa
sobre el particular; no obstante, las mociones tampoco prosperaron en esa célula
legislativa, coincidencialmente hubo varios repitentes entre los funcionarios
del Gobierno que pasaron de nuevo por estos debates.
Mociones de Censura en el Senado de la República
La primera cartera en afrontar un debate de moción fue la de Deportes, cuando la
entonces titular de esa cartera Astrid González fue citada por el Senado para el
mes de febrero, luego de que Colombia perdiera la sede de los Juegos
Panamericanos 2027, pese a ello la votación fue de 58 votos por el no y 22 por
el sí, con lo cual fue negada la moción, sin embargo, la renuncia de González se
conoció antes de las votaciones.
Posteriormente, la plenaria negó con 55 votos a favor y 28 en contra la moción
de censura al ministro de Defensa Iván Velásquez por el reclutamiento ilegal de
grupos armados en el Cauca y los ataques de comunidades indígenas contra la
Fuerza Pública; No obstante, el funcionario aseguró que se trabaja desde el
ministerio para afrontar los graves hechos de orden público y mejorar la
seguridad.
Luego, para el mes de septiembre la plenaria llamó a Ricardo Bonilla, exministro
de Hacienda a debate de moción al ser relacionado con los hechos de corrupción
en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), escándalo que le costó el
puesto en noviembre pasado, la plenaria negó la moción con 59 por el no y 19 por
el sí.
Consecuentemente, y para el mes de octubre y por la baja ejecución en el
Ministerio de la Igualdad se realizó una moción a Francia Márquez y la directora
del Dapre Laura Sarabia. Sin embargo, para los citantes Jota Pe Hernández y
Carlos Fernando Motoa el debate fue fallido en razón a las respuestas que
entregaron las dos funcionarias al reconocer que sí hay una baja ejecución, pero
que es el Gobierno el encargado de asignar los recursos a esa cartera. Sobre el
particular el senador Motoa señaló que el debate será citado de nuevo. Así las
cosas, el Senado también deja un balance muy corto en mociones de censura
efectivas con únicamente cuatro diligencias realizadas.
Dos delegados de la SIC habrían
renunciado por sanción a Alberto Alcocer
Dos delegados de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) habrían
presentado su carta de renuncia debido a descontentos con el caso de Alberto
Merlano Alcocer, tío de primera dama y por consiguiente, un hombre cercano al
presidente Petro.
La controversia gira en torno a una sanción que la SIC busca revocar, lo que ha
llevado a estos funcionarios a expresar su desacuerdo y, en consecuencia, a
presentar su renuncia.
Alexander Sánchez, delegado para asuntos jurisdiccionales, y Grenfieth de Jesús
Sierra, delegado para protección de datos, han manifestado su inconformidad con
el manejo del caso Merlano. Este desacuerdo parece estar vinculado a presiones
externas y a la percepción de que las decisiones tomadas podrían estar
influenciadas por intereses políticos.
La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque solicitó a todos los
directores y delegados renuncias protocolarias, lo que ha sido interpretado como
un intento de reorganizar su equipo en medio de la controversia. Tras conocer
las posturas de los delegados en el Comité de Conciliación sobre el caso Merlano,
Rusinque habría pedido informes detallados sobre su gestión, lo que algunos
interpretan como una presión para que los funcionarios.
El caso Alberto Merlano Alcocer:
El 3 de noviembre de 2024, Merlano solicitó formalmente a la SIC la revocación
de una sanción impuesta en 2012 con una multa de aproximadamente 240 millones de
pesos, argumentando presuntas violaciones al debido proceso.
La sanción se debió a su participación como miembro principal de la junta
directiva del Acueducto de Bogotá (EAB), donde se determinó que había colaborado
en prácticas restrictivas de competencia, violando así la Ley 155 de 1959.
La situación ha desatado un debate sobre la independencia y la integridad del
sistema regulador en Colombia. Las renuncias han sido vistas como un acto de
resistencia ante lo que algunos consideran un intento del gobierno por influir
en decisiones administrativas.
|
