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Exdirector de cárcel en Tuluá sancionado tras
incendio mortal que dejó 56 muertos
El incendio ocurrido en la Cárcel y
Penitenciaría de Media Seguridad de Tuluá, Valle del Cauca, el 28 de junio de
2022, continúa generando repercusiones judiciales. Este trágico suceso, el peor
de su tipo en la historia penitenciaria de Colombia, cobró la vida de 56
personas y dejó a una decena más con heridas graves. Tras una exhaustiva
investigación, la Procuraduría General de la Nación sancionó a varios
funcionarios encargados del establecimiento en ese momento, incluyendo al
director encargado de la cárcel.
Arely Julián Fernández Torres, quien estaba al frente del penal durante el
incendio, fue suspendido por 11 meses de su cargo público. La decisión se basa
en la falta de medidas eficaces para garantizar la seguridad y disciplina dentro
de la prisión, a pesar de haber gestionado la asignación de más personal. Según
el Ministerio Público, el incidente fue provocado por una riña entre detenidos,
que luchaban por el control del microtráfico en el patio ocho. Durante la pelea,
algunos internos prendieron fuego a colchonetas, lo que provocó la rápida
propagación del incendio, afectando a gran parte del penal.
La Procuraduría detalló que, aunque Fernández Torres había solicitado más
personal de seguridad, no adoptó las medidas necesarias para evitar que la
situación se desbordara. Las disputas entre los grupos criminales al interior de
la prisión eran constantes, lo que requería una intervención urgente y más
efectiva para prevenir hechos violentos de esta magnitud.
Por otro lado, también fueron sancionados el comandante de vigilancia, Javier de
Jesús Orozco Gómez, y los dragoneantes Luis Felipe Cruz Arredondo y Edilson
Alberto Marín Marín, quienes recibieron una suspensión de 9 meses. Estos
funcionarios fueron responsables de la omisión en los servicios de orden,
seguridad y vigilancia en la prisión. La Procuraduría consideró que su
negligencia en la implementación de medidas de control contribuyó a la tragedia.
El incendio de Tuluá es un recordatorio doloroso de las deficiencias en el
sistema penitenciario colombiano, donde las condiciones de hacinamiento y la
falta de control efectivo han dado lugar a situaciones de violencia extrema. Las
autoridades señalaron que las sanciones impuestas buscan dar una respuesta a las
graves faltas cometidas, pero también abren un debate sobre las reformas
necesarias para evitar que tragedias como esta se repitan.
Récord de incautación de cocaína en Colombia, pero
la producción sigue en aumento
Colombia acaba de alcanzar un nuevo
récord en la lucha contra el narcotráfico, al incautar 848,5 toneladas de
cocaína durante 2024, un aumento del 14% respecto al año pasado. Con esta cifra,
el país supera su propio récord histórico, lo que refleja un esfuerzo
significativo de las autoridades para frenar el tráfico de
drogas. Sin embargo, a pesar de estos logros, la producción de cocaína continúa
su imparable ascenso, lo que pone de manifiesto la persistente dificultad que
enfrenta el país para reducir la oferta de esta sustancia.
El Ministerio de Defensa destacó que
las incautaciones de este año, que superan los 848.000 kilos de cocaína,
significan una disminución de más de 30.000 millones de dólares para las
organizaciones narcotraficantes que operan en Colombia. Estas cifras no solo
reflejan el arduo trabajo de la Fuerza Pública, sino que también se alinean con
la política antidrogas del gobierno del presidente Gustavo
Petro, quien ha priorizado las operaciones de interdicción. A través de
inteligencia de la Policía Nacional, en colaboración con
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autoridades internacionales, se han
logrado incautaciones notables, como las 9,5 toneladas de cocaína desmanteladas
en el Catatumbo, una de las zonas más conflictivas del país.
No obstante, el informe de Naciones Unidas sobre los cultivos ilícitos en
Colombia presentó una imagen preocupante. Según los datos del Sistema Integrado
de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), la producción de cocaína en Colombia
aumentó de 1.738 toneladas en 2022 a 2.664 toneladas en 2023, lo que representa
un aumento significativo. Este crecimiento en la producción también ha venido
acompañado de un incremento en las áreas sembradas de coca, que pasaron de
230.000 hectáreas en 2022 a 253.000 hectáreas el año pasado. Colombia sigue
siendo el principal productor de cocaína a nivel mundial, y esta tendencia al
alza subraya las dificultades de erradicar el problema desde su raíz.
En respuesta a este panorama, las autoridades han intensificado la destrucción
de laboratorios y la incautación de precursores químicos esenciales para la
producción de cocaína. En 2024, se han desmantelado 5.329 laboratorios, de los
cuales 156 eran para la producción de cocaína de alta pureza. Los operativos
también se han centrado en destruir instalaciones utilizadas para procesar
productos químicos como el permanganato de potasio y el ácido sulfúrico,
elementos clave en la producción del alcaloide.
Por otro lado, los grupos armados organizados, como el 'Clan del Golfo', siguen
siendo los principales actores detrás del tráfico de cocaína. En una reciente
operación de la Policía Antinarcóticos, se descubrió una caleta con dos
toneladas de cocaína en el mar, cerca de Cartagena, que tenía como destino final
los mercados de Centroamérica y Estados Unidos. El 'Clan del Golfo', bajo el
mando de Jovanis Ávila, alias "Chiquito Malo", ha establecido conexiones con los
cárteles mexicanos para el envío de cocaína a través del Pacífico, utilizando
lanchas rápidas y semisumergibles para evadir el control de las autoridades.
En cuanto a la estrategia de sustitución de cultivos ilícitos, el gobierno ha
impulsado programas de sustitución voluntaria en lugar de erradicación forzada.
A pesar de los desafíos y la falta de recursos para implementar a gran escala
estos programas, se ha logrado la sustitución de 9.342 hectáreas de coca. Sin
embargo, este esfuerzo sigue siendo insuficiente, dado que el país enfrenta más
de 250.000 hectáreas sembradas con coca.
A pesar de los avances, el panorama sigue siendo desafiante. La constante alza
en la producción de cocaína, sumada a las sofisticadas redes de
narcotraficantes, demuestra que, aunque las incautaciones de drogas sean
históricas, el problema persiste y se requiere una acción aún más contundente
para frenar el narcotráfico en Colombia.
Masacre en Aguachica, Cesar: Sobreviviente lucha
por su vida tras ataque sicarial a familia de pastores
El domingo 29 de diciembre de 2024,
una tragedia sacudió el municipio de Aguachica, en el Cesar, cuando tres
miembros de la familia Lora Rincón fueron asesinados en un ataque sicarial
mientras compartían en un restaurante. La familia, que vivía dedicada a la labor
religiosa, sufrió la pérdida del pastor Marlon Lora, su esposa Yorley Rincón y
su hija Ángela Lora, mientras que su hijo Santiago, de 19 años, sobrevivió, pero
se encuentra en estado crítico. Su vida sigue pendiendo de un hilo en la Clínica
de Alta Complejidad de Valledupar.
Según las autoridades locales, el ataque ocurrió alrededor del mediodía, cuando
la familia acababa de participar en una actividad religiosa en la iglesia
evangélica Príncipe de Paz. Al llegar al restaurante, sujetos armados en
motocicleta irrumpieron en el lugar y comenzaron a disparar a quemarropa. Tres
miembros de la familia fallecieron inmediatamente, mientras que Santiago, quien
recibió tres disparos en la cabeza, fue trasladado de urgencia a un hospital en
Aguachica y luego a la clínica de Valledupar. Su estado sigue siendo reservado
y, según algunos familiares, los médicos han indicado que podría tener muerte
cerebral.
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La noticia de la tragedia ha conmovido profundamente a la
comunidad de Aguachica y a muchos en todo el país. Santiago, quien también es
comunicador social, ha sido descrito como una persona comprometida con su
comunidad, habiendo trabajado en la administración municipal y como camarógrafo
durante la campaña electoral de la actual alcaldesa, Greysi Roqueme. La alcaldía
de Aguachica, a través de un comunicado, destacó el rol fundamental de Santiago
en la comunicación de propuestas y valores durante su participación en la
campaña.
El comandante de la Policía del Cesar, coronel Eduardo Chamorro, explicó que, a
pesar de los esfuerzos médicos, la condición de Santiago sigue siendo crítica. A
través de su cuenta en X, la alcaldesa Roqueme ha pedido a la comunidad que
eleve oraciones por la vida del joven, quien sigue luchando por sobrevivir.
Las investigaciones sobre el crimen
están en marcha, y las autoridades han lanzado varias hipótesis sobre los
motivos detrás de este ataque. Una de las primeras teorías sugiere que la
familia Lora Rincón no era el objetivo principal del ataque, sino que podría
haber sido un caso de "coincidencia desafortunada", donde las víctimas se
encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Se sospecha que el
ataque estaba dirigido contra otra persona en el restaurante, pero que la
familia se vio involucrada en el tiroteo.
A pesar de las primeras investigaciones, los familiares de las víctimas y la
Policía han descartado que la familia estuviera involucrada en actividades
ilícitas o en conflictos con grupos criminales, lo que hace aún más
desconcertante el ataque. En respuesta a este hecho, las autoridades han
anunciado una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que
permita la captura de los responsables de la masacre.
La alcaldesa Greysi Roqueme, junto
con la Gobernación del Cesar, ha expresado su firme compromiso para encontrar a
los culpables. “Estamos trabajando incansablemente para dar con los responsables
de esta masacre y garantizar que enfrentan la justicia”, indicó en una
entrevista.
El presidente Gustavo Petro también expresó su repudio a los hechos y solicitó a
la Policía Nacional que redoble esfuerzos para esclarecer el crimen. "Masacrada
toda una familia en Aguachica. Le pido a la Policía Nacional emplearse a fondo
en descubrir y entregar a la justicia a los criminales", afirmó el mandatario a
través de su cuenta en X.
Condena a Rubén Giraldo, exjefe de las AUC, por
asesinato y desplazamiento forzado
Rubén Giraldo Giraldo, conocido como
alias "Raúl" o "Germán", exjefe del Frente Resistencia Tayrona de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue condenado a 25 años de prisión por su
participación en el asesinato de Rafael Pinto Navarro, edil y presidente de la
Junta Administradora Local del corregimiento de Taganga, Magdalena, ocurrido el
27 de febrero de 2003.
La condena fue emitida después de que Giraldo, quien fue capturado en una
operación en la zona rural de Palomino, La Guajira, fuera encontrado responsable
de ordenar el crimen. Además del tiempo de prisión, el exlíder paramilitar
deberá pagar una multa equivalente a 1.100 salarios mínimos legales mensuales
vigentes y enfrentar una inhabilitación de diez años para ocupar cargos
públicos.
Giraldo, que lideró uno de los
grupos más notorios de las AUC, fue considerado responsable también de otros
delitos relacionados con el desplazamiento forzado en la región, lo que
contribuyó a su condena. Este caso representa un avance en la justicia por los
crímenes cometidos durante el conflicto armado interno en Colombia, que sigue
buscando reparar a las víctimas y garantizar que quienes cometieron estos
delitos enfrenten las consecuencias legales correspondientes. La captura de
Giraldo, tras años de impunidad, es un paso más en la lucha contra los actores
armados ilegales que aún persisten en el país.
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