|
Los intentos del Centro Democrático para congelar
salarios de congresistas
A puertas de elecciones presidenciales de 2026, la bancada del Centro
Democrático resaltó su liderazgo histórico en la reducción del gasto legislativo
y la disminución o congelamiento de los salarios de los congresistas.
De acuerdo con un reciente comunicado, desde 2016, el Centro Democrático ha
liderado una lucha por la congelación de los salarios de los congresistas en
Colombia. Esta iniciativa ha sido un tema recurrente en la agenda del partido,
que ha presentado cinco proyectos de Acto Legislativo (PAL) con el objetivo de
materializar este compromiso.
Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, todas estas propuestas han fracasado en
diversas ocasiones, generando críticas y cuestionamientos sobre la efectividad
de dichas iniciativas.
En orden cronológico, los intentos del Centro Democrático comenzaron con el PAL
05/16 radicado el 27 de julio de 2016, seguido por otros cuatro proyectos en los
años posteriores. Cada uno de estos intentos buscaba establecer un marco legal
que permitiera la congelación o disminución de los salarios de los congresistas.
A pesar del respaldo inicial que estas iniciativas recibieron, han encontrado
resistencia tanto dentro como fuera del Congreso. La complejidad de tocar la
estructura interna de la Corporación ha sido uno de los principales obstáculos.
Un aspecto interesante es que, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, ya
se había intentado congelar los salarios mediante un referendo en 2003. La
bancanda señaló que aunque obtuvo un amplio respaldo ciudadano, no logró superar
el umbral necesario debido a problemas estructurales en el sistema electoral.
Esta historia se repite con cada nuevo intento del Centro Democrático, que ha
visto cómo sus propuestas naufragan ante la falta de apoyo suficiente y el
escepticismo de otros sectores políticos.
El Centro Democrático continúa insistiendo en que el Colombia urge un Congreso
más productivo. "El país necesita menos populismo y más coherencia. Seguiremos
trabajando para que estas iniciativas sean una realidad, porque los colombianos
merecen un Congreso más eficiente, austero y comprometido con el bienestar de la
Nación", indicó.
MinIgualdad entregó balance de su
gestión en 2024
La Vicepresidenta y Ministra de Igualdad y Equidad Francia Elena Márquez Mina
entregó un balance de la gestión de la cartera, en la que
destacó los logros del programa Jóvenes en Paz, que hoy atiende 11.883 jóvenes
de los 100 mil que se beneficiarán durante este cuatrienio.
“Somos un gobierno que no asesina a la juventud, somos el gobierno que les
extiende la mano para construir juntos sus sueños y evitar que caigan en los
círculos de violencia”, reiteró la Vicepresiden.
Desde el Viceministerio de la Juventud, señalaron que firmaron con la
Universidad Pedagógica Nacional un convenio por 22 mil millones de pesos para la
promoción y fortalecimiento de proyectos de trabajo comunitario de las barras
populares de futbol en el marco del programa “Aguante popular por la Vida” de la
dirección de Barrismo Social.
“Desde el día cero la prioridad del gobierno nacional es la seguridad humana de
las mujeres. En ese sentido, este año que termina creamos el Sistema Nacional de
Registro, Monitoreo, Atención y Seguimiento a las violencias basadas en género y
en la segunda semana de diciembre firmamos el decreto 1476 que lo reglamenta. El
sólo hecho de ser mujer no nos puede seguir costando la vida”, dijo la ministra
Francia Márquez quien aseguró que el centro de monitoreo SALVIA, ya está en
marcha.
Con el Icetex, Minigualdad creó un
Fondo educativo por $8.300 millones en créditos condonables para garantizar el
acceso a educación superior a personas con Discapacidad y población LGBTIQ+.
Para esta última población, el
Ministerio de
|
|
Igualdad tiene listo el documento
CONPES LGBTIQ+ que en los primeros días del año será publicado para
observaciones y comentarios de la opinión pública.
Distintos sectores piden al Gobierno no asistir a posesión de Nicolás Maduro
Un nuevo llamado al Gobierno a reconocer el triunfo de Edmundo González hicieron
ayer distintos actores políticos en Colombia, tras ofrecer el régimen venezolano
100.000 dólares por su captura si regresa del asilo en España. El alcalde de
Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que el presidente Petro ni el canciller
Murillo deben asistir a la posesión que tiene prevista Nicolás Maduro el 10 de
este mes.
González dijo que volverá a Venezuela para posesionarse, pues asegura que ganó
las elecciones y que Maduro hizo fraude.
“Dictador Maduro emite orden de captura en contra del verdadero ganador de las
elecciones en Venezuela, el presidente electo Edmundo González. Rechazo
absoluto. Es un nuevo golpe a la Democracia. El Gobierno de Colombia debe
reconocer a Edmundo González como presidente. Al mismo tiempo debe rechazar esta
acción del régimen”, subrayó el alcalde Gutiérrez.
Añadió que “Gustavo Petro y su canciller Luis Murillo no deben ir al fraude de
posesión del dictador y tampoco enviar delegación diplomática como lo han
anunciado. Es una vergüenza”.
La Fiscalía imputó a González los delitos de conspiración, usurpación de
funciones y desconocimiento de las instituciones del Estado porque dio a conocer
en las redes y otros medios de acceso público, junto con otras figuras de la
oposición como María Machado, las actas de votación que demostrarían su amplio
triunfo.
Sin embargo, el Consejo Electoral de
Venezuela dio por ganador a Maduro pocas horas después de que se cerraran las
urnas el pasado 28 de julio; y el Tribunal Supremo de Justicia unos días después
ratificó su supuesto triunfo.
Empero, la mayoría de países coinciden en que el régimen hizo fraude y que el
ganador es González. El Gobierno colombiano no ha tomado parte en uno u en otro
sentido, aunque advirtió a Maduro que no reconocerá su mandato si no publica
antes las actas de votación en donde se compruebe que efectivamente ganó.
La senadora María Cabal, del Centro Democrático, dijo que “Petro usted y sus
‘camaradas’ del gobierno no pueden apoyar en nombre de Colombia al narcodictador
Nicolás Maduro. Ese genocida con el que usted se abraza cada tanto no solo se
robó las elecciones, sino que amenaza con cárcel al presidente legítimo de ese
país”.
En tanto que el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, del Centro Democrático, dijo
que “el régimen del dictador Nicolás Maduro amigo y socio político de Petro
ofrece recompensa por la captura de Edmundo González Urrutia, presidente
legítimo de Venezuela”.
Por su lado, el senador Mauricio Gómez, del Partido Liberal, dijo que “el
régimen de Nicolás Maduro sigue utilizando la persecución política como arma
para silenciar a la oposición. La justicia no puede ser un instrumento de
opresión contra quienes luchan por la libertad y la democracia en Venezuela.
Colombia debe tomar una postura contundente”.
No han tomado una decisión
En los últimos días el canciller Murillo dijo que el Gobierno estudia la
invitación que hizo el Palacio de Miraflores en Caracas al jefe de Estado para
que asista a la posesión de Maduro.
Al final del año, el canciller explicó que “esta decisión no se ha tomado. Es
una de las recomendaciones que ha recibido el presidente. La decisión de enviar
al embajador colombiano a la toma de posesión de Maduro no implicaría, bajo
ninguna circunstancia, un reconocimiento de los resultados electorales”. No
obstante, Murillo expresó que “mi preferencia como canciller es que no asista”.
Ante esta consideración que hizo el
ministro, el expresidente Andrés Pastrana dijo que “cuando no se coincide con el
presidente de la República, se renuncia. Apoyar a las dictaduras es la peor
decisión política e histórica. Aquí no hay lugar para recomendaciones técnicas”.
En diciembre pasado, la Cámara
aprobó una proposición en la que pide al Gobierno no asistir a la posesión de
Maduro.
|
|
Por enésima ocasión propondrán proyecto para bajar
salario a congresistas
Una vez más en el Congreso se buscará impulsar un proyecto de ley para la
reducción del salario a los parlamentarios, debido al impacto fiscal y los
costes de funcionamiento que tienen estos compromisos para la nación. A pesar
del déficit económico de la nación, que derivó en un recorte de 12 billones de
pesos al Presupuesto General de la Nación de este 2025, los congresistas tendrán
su aumento salarial designado, superando los 52 billones mensuales de salario.
La iniciativa fue propuesta por el senador Iván Cepeda, quien inicialmente
expuso la idea como una contramedida ante las preocupaciones de la oposición por
el déficit fiscal del país. En aquel momento Cepeda escribió en su cuenta de X:
“ya que los congresistas que hundieron la ley de financiamiento están tan
preocupados por la situación fiscal y quieren que nos apretemos el cinturón
desde el Estado, les propongo, colegas: presentemos un proyecto de ley para
reducir nuestros salarios, y pedimos mensaje de urgencia para tramitarlo lo
antes posible”.
Si bien muchos estimaron que la “idea” se quedaría solo en la enunciación, días
después el mismo Cepeda confirmó que ya cuenta con respaldo de múltiples
congresistas. De hecho, Iris Marín, defensora de Pueblo, mostró postura
favorable al proyecto, tal cual miembros de la bancada del Pacto Histórico como
Gabriel Becerra, Heráclito Landinez, Mauricio Gómez Amín, David Racero, María
José Pizarro, Alirio Uribe e incluso Jennifer Pedraza de la Alianza Verde, quien
en los últimos días ha tenido diversos encuentros con miembros de este partido.
Pero a pesar de la propuesta ¿qué tan viable es que sea aceptada en el Congreso?
Si bien es una de las banderas del Gobierno y que en más oportunidades se ha
presentado en el Legislativo, nunca ha progresado. Asimismo, cuando esta
iniciativa se extendió a las urnas, tampoco encontró la prosperidad necesaria,
ya que no fueron suficientes los votos para que pudiese progresar.
Los antecedentes
En solamente nueve años son 10 las iniciativas que buscan la reducción de los
salarios a los congresistas, o similares, las que no han logrado prosperar en el
Congreso, ya sea en la Cámara o el Senado. De hecho, la más reciente iniciativa
también tenía origen del partido de Gobierno, siendo Racero uno de los ponentes
y coautores del proyecto de ley, pero que finalmente no vio luz verde, a pesar
de encontrar impulso e incluso ganar en la votación, pero sin lograr las
mayorías necesarias.
En este proyecto, radicado como ley orgánica, eran necesarias 21 aprobaciones de
los congresistas, y aunque logró en Comisión Primera de Senado 15 votos
favorables, otros 14 impidieron su avance. Con ello, el 4 de junio de 2024 fue
la estocada final para una iniciativa que, con el mismo propósito de lograr un
ahorro de las finanzas estatales, se hundió.
Previo a esta iniciativa están los dos proyectos presentados en la
administración de Iván Duque. El primero fue presentado por Presidencia,
mientras que el otro por la oposición. En ambos casos hubo archivo para la
medida, ya que se presentaron negativas para la discusión por parte de los
congresistas, por lo que la medida no logró avanzar.
En el caso de la propuesta de Duque, su intención venía respaldada de la
propuesta que tiempo atrás había elevado Claudia López en la Consulta
Anticorrupción. Esta iniciativa buscó, entre otras, que hubiese una reducción a
estos salarios, y aunque fue el punto más votado por parte de la ciudadanía, no
logró la meta necesaria para convertirse en una ley vinculante que pudiese tener
continuidad en su discusión y, por ende, quedó nuevamente en nada.
En 2016 la medida también vio negativas en el Senado; en 2015 hubo interés en
proponerse, pero nunca llegó a la radicación final; también fue un caso similar
en los años 1997, 1999 y 2000, donde tuvo un fuerte auge la intención de
congelar o limitar los salarios, pero todas finalmente fueron hundidas por falta
de votos, mayorías negativas o por su no radicación.
Ahora, con la intención de Cepeda, es un proyecto más que dejará expectante al
país y servirá, además, como medidor para los comicios electorales del 2026,
pues como ha pasado en años previos, muchos de los opositores a las medidas
podrían verse afectados en las elecciones.
|
