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Aumento de UPC es insuficiente y amenaza sistema
de salud: Miguel Uribe
El senador Miguel Uribe cuestionó la decisión del Gobierno de Gustavo Petro de
incrementar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en apenas un 5,36% para 2025.
Según el candidato presidensial, esta decisión es técnica y financieramente
incoherente, y amenaza con agravar la crisis estructural que enfrenta el sistema
de salud en Colombia.
Expertos, como la ANDI, ANIF y ACEMI, advirtieron que, para garantizar el
adecuado financiamiento de los servicios de salud en 2025, la UPC debería
incrementarse al menos entre un 16% y 17%. Este ajuste permitiría cubrir los
costos operativos del próximo año, aunque no solucionaría el déficit acumulado
que ya asciende a $19,7 billones.
De acuerdo con proyecciones de ACEMI, el déficit del sistema de salud para 2025
será de $9 billones, una cifra alarmante que pondría en peligro la
sostenibilidad del sistema y el acceso a servicios esenciales para millones de
colombianos. Además, este aumento de la UPC resulta incoherente al compararse
con el incremento del salario mínimo decretado para 2025, lo que incrementa aún
más las presiones financieras sobre las EPS.
El senador Miguel Uribe señaló que la falta de recursos adecuados derivará en
barreras de acceso, mayores tiempos de espera y un aumento del gasto de bolsillo
para las familias colombianas. “Esta decisión no tiene justificación técnica ni
responde a las necesidades reales del sistema de salud. Es irresponsable y pone
en peligro la vida y bienestar de los pacientes más vulnerables”, afirmó.
Además, se ha evidenciado que más de la mitad de la información necesaria para
calcular la UPC debía ser proporcionada por las EPS bajo intervención estatal,
lo que añade opacidad y cuestiona la transparencia del proceso de cálculo
realizado por el Gobierno.
El senador Uribe hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, liderado por los
ministerios de Salud y Hacienda, así como al Departamento Nacional de
Planeación, para que revisen este cálculo, publiquen de manera transparente los
datos que soportan la decisión y procedan a realizar un reajuste justo de la UPC.
"Gran alianza nacional republicana" para 2026
propone Iván Duque
El expresidente Iván Duque presentó una propuesta para las elecciones
presidenciales de 2026, en la que planteó la creación de una
"Gran Alianza Nacional Republicana".
Esta iniciativa fue anunciada durante su intervención en el World Strategic
Forum, evento organizado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la
Universidad Internacional de Florida (FIU) el 11 de diciembre de 2024.
A través de su cuenta de X, difundió su mensaje, en el que destacó la necesidad
de una coalición amplia para afrontar los desafíos políticos y económicos que el
país enfrentará en las próximas elecciones.
En su intervención, señaló que la Gran Alianza Nacional Republicana tiene como
objetivo central "contrarrestar la concentración de poder y garantizar la
estabilidad democrática" en Colombia, un país que enfrenta, según el
exmandatario, serias amenazas a su sistema electoral y a la libre competencia
empresarial. También expresó su crítica hacia el gobierno del presidente Gustavo
Petro, al considerar que se trata de una administración "profundamente
ideologizada, radical y antiempresarial".
La propuesta de Duque para 2026 tiene un enfoque en superar las divisiones
internas dentro de la oposición. Según explicó, esta coalición busca generar una
convergencia de fuerzas políticas para lograr la recuperación de la confianza
del sector empresarial, fortalecer las instituciones democráticas y ofrecer
soluciones concretas a los problemas del país. En sus palabras: "Lo que yo he
venido proponiendo es que superemos lo que en algunos países se llama el
narcicismo de las pequeñas diferencias", sugiriendo que las tensiones internas
dentro de los sectores de centro-derecha deben ser superadas para hacer frente
de manera efectiva al gobierno actual.
Además, hizo un énfasis en la
importancia de dejar de lado "el ego" y las disputas internas que suelen
fragmentar a la oposición. Señaló que existen muchos "buenos candidatos" en el
espectro político, algunos de los cuales se presentan como outsiders o líderes
ajenos al sistema político tradicional. Para el exmandatario, estos candidatos,
con formación política y un discurso claro, deben integrarse en esta gran
alianza que tiene como fin asegurar la victoria en las elecciones presidenciales
de 2026.
El expresidente también manifestó su preocupación por la situación política en
Colombia, destacando que el sector empresarial se encuentra en una
"incertidumbre profunda" debido a las políticas estatistas impulsadas por el
actual gobierno. Criticó las reformas en sectores clave como la salud, la
energía y las energías renovables, afirmando que el enfoque del gobierno de
Petro en la estatización está generando un entorno adverso para la inversión
privada. "Han golpeado al sector de la salud porque quieren estatizar, han
golpeado al sector de energía, de energías renovables, la inversión cae, y todo
se convierte en una visión de estatismo versus iniciativa privada", aseguró.
Duque también hizo un llamado a la
unidad no solo dentro de Colombia, sino también en el contexto regional. Durante
el foro, destacó la necesidad urgente de que Estados Unidos asuma un papel más
activo en la lucha contra las dictaduras en América Latina, especialmente en
Venezuela, Nicaragua y Cuba. Según el expresidente, la eliminación de estos
regímenes autoritarios representa un desafío prioritario para la nueva
administración estadounidense, lo que requiere un enfoque diplomático firme, el
apoyo a líderes democráticos como Edmundo González y una estrategia combinada de
sanciones y presión internacional. También subrayó que las fuerzas militares
venezolanas deben alinearse con la Constitución para permitir una transición
democrática en Venezuela.
En cuanto al sistema electoral colombiano, expresó su preocupación por lo que
considera un intento del gobierno de "capturar" el poder electoral. Se refirió a
la situación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, señalando que el
gobierno de Petro está tratando de tumbar al registrador nacional, lo que sería
un golpe fatal para la
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democracia. "Están tratando de
tumbar al registrador nacional a través de un fallo judicial", afirmó,
resaltando la importancia de proteger y fortalecer el sistema electoral de cara
a las elecciones de 2026.
También se refirió a las posibles
reformas constitucionales, señalando que el presidente Petro ha manifestado en
varias ocasiones su interés en perpetuarse en el poder a través de una reforma
constitucional que le permita la reelección. Aunque reconoció que las
condiciones actuales no favorecen una reforma formal en esos términos, Duque
manifestó su preocupación por la posibilidad de que el gobierno busque una vía
alternativa para extender su mandato presidencial, lo que considera una amenaza
para la democracia del país.
Finalmente, recalcó la importancia de fortalecer los valores democráticos y
promover una economía de mercado libre como pilares fundamentales para el
desarrollo de Colombia y América Latina. "Tenemos que dejar de lado los egos y
las divisiones internas para construir una gran coalición que defienda la
democracia y los logros sociales alcanzados en la región," concluyó el
expresidente. En este sentido, Duque instó a Estados Unidos a adoptar un enfoque
activo y a reconocer a los líderes legítimos de la región, evitando tolerar
regímenes autoritarios.
La propuesta de la Gran Alianza Nacional Republicana será un tema central para
las elecciones de 2026, según el exJefe de Estadp, quien considera que la unidad
y la convergencia de fuerzas políticas son fundamentales para enfrentar los
desafíos actuales y asegurar un futuro democrático y próspero para Colombia.
De 1.011 proyectos radicados en Congreso
desde el 20 de julio, solo se aprobaron 7
Finalizó el año y con ello la primera parte del periodo legislativo en el
Congreso de la República con tan solo 7 leyes aprobadas de 1.011 iniciativas que
fueron radicadas entre el 20 de julio y el 16 de diciembre de 2024, según un
estudio publicado por la agencia Orza. Si bien el flujo de iniciativas tanto del
Gobierno como de los parlamentarios aumentó de manera significativa, 986
proyectos deben ser evaluados entre febrero y junio del próximo año para iniciar
carrera con miras a ser ley de la República.
Respecto al mismo periodo en 2023, el aumento fue de 28,72% en proyectos
radicados, es decir, 235 más, entre iniciativas nuevas y heredadas de la
legislatura 23-24. No obstante, el panorama si bien es positivo al evidenciar un
arduo trabajo tanto de las bancadas en el Congreso, como propiamente del
Gobierno al buscar impulsar más de una veintena de proyectos, el resultado final
se queda corto con la promulgación de tan solo siete leyes, y la discusión de
solo el 65,6% de todos los radicados, dejando en el limbo por lo menos 484
proyectos de ley para el segundo periodo legislativo.
De las siete promulgaciones, la principal aprobada en Congreso y que tiene
origen desde el Gobierno fue el Sistema General de Participaciones (SGP). Esta
iniciativa buscaba una mayor autonomía de las diferentes regiones, especialmente
en términos presupuestales y de gestión, puesto que hasta la fecha la
centralización había sido muy marcada en el país. No obstante, el reto apenas
empieza para poner en marcha esta iniciativa.
Y es que si bien el SGP encontró una fuerza opositora importante, quienes
argumentaban sobre los riesgos de más corrupción en las regiones, ciertos
consensos fueron logrados para poner en marcha una iniciativa clave de la
Administración Petro. No obstante, el diseño de las nuevas metodologías debe ser
presentado para con ello poder entender los roles, funciones y necesidades de
las diferentes entidades en las regiones.
La segunda, aunque depende aún de su discusión en plenarias de Cámara y Senado
donde seguramente tendrá ajustes, es la Jurisdicción Agraria y Rural, uno de los
puntos claves y pendientes del país en el marco de los acuerdos de paz. La
norma, tanto estatutaria como orgánica, logró avanzar gracias a los acuerdos
claves que se lograron en las Comisiones Primeras Conjuntas en las últimas
semanas del periodo legislativo en el Congreso. Aun así, esta sería finalmente
promulgada en 2025, siendo unas de las prioridades en la agenda para el Gobierno
y que Juan Fernando Cristo dará mayor impulso en el capitolio nacional.
En un balance global, los honores y normativas del sector cultura son los que
más presencia tienen para el resto del periodo, además de la aprobación de
ascensos en las diferentes Fuerzas Armadas del país. El segundo sector que más
movimiento tiene con posibles legislaturas es el medio ambiente, seguido por el
transporte, los asuntos laborales o agropecuarios, la Administración pública,
las mujeres y el género.
La segunda, aunque depende aún de su discusión en plenarias de Cámara y Senado
donde seguramente tendrá ajustes, es la Jurisdicción Agraria y Rural, uno de los
puntos claves y pendientes del país en el marco de los acuerdos de paz. La
norma, tanto estatutaria como orgánica, logró avanzar gracias a los acuerdos
claves que se lograron en las Comisiones Primeras Conjuntas en las últimas
semanas del periodo legislativo en el Congreso. Aun así, esta sería finalmente
promulgada en 2025, siendo unas de las prioridades en la agenda para el Gobierno
y que Juan Fernando Cristo dará mayor impulso en el capitolio nacional.
En un balance global, los honores y normativas del sector cultura son los que
más presencia tienen para el resto del periodo, además de la aprobación de
ascensos en las diferentes Fuerzas Armadas del país. El segundo sector que más
movimiento tiene con posibles legislaturas es el medio ambiente, seguido por el
transporte, los asuntos laborales o agropecuarios, la Administración pública,
las mujeres y el género.
La deuda del Gobierno
A pesar del avance tanto del SGP como de la Jurisdicción Agraria y Rural, además
de la definición de sus funciones, fueron más los baches que sorteó en tan solo
seis meses. Primeramente, fueron 9 los cambios en el gabinete de Petro para el
inicio de la tercera Legislatura, incluyendo el nombramiento de Luz Cristina
López como ministra del Deporte, quien asumió su cargo en marzo de 2024.
Lo segundo a destacar es el pobre avance de iniciativas del Gobierno en el
Congreso. Más de 20 propuestas fueron radicadas, hasta el 16 de diciembre, de
las cuales dos se hundieron en su camino, siendo justamente el Presupuesto
General para 2025 y la ley de financiamiento que buscaba la recaudación de 12
billones de pesos, pero que, en ambos casos, cayó en comisiones económicas.
Asimismo, otra apuesta clave es la reforma a la salud
Si bien en Cámara ya inició el debate y logró
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esquivar el archivo, el proyecto que reorganizaría todo el
sistema de salud en el país no vio su discusión total en plenaria, por lo que
debe seguir su tercer debate. Además, aún queda pendiente su paso por la
Comisión Séptima y Plenaria en Senado.
La educación también es otra deuda para el Gobierno, pues el 16 de diciembre fue
puesto en la agenda de Comisión Sexta en Senado, pero allí no logró tan siquiera
arrancar el debate, por lo que queda pendiente para 2025. En este caso, la norma
promulgada desde el Ministerio de Educación busca reformar dos artículos de la
Ley 30 para hacer ajustes en la financiación de instituciones de educación
superior de carácter público.
En el tintero
también se encuentra la norma que buscaría el desarrollo de la infraestructura
ferroviaria; la constitución de la Agencia Nacional de Seguridad Digital; la
reforma laboral; o la creación de Ecominerales, la estatal que administraría y
entraría en competencia internacional con los minerales del país. Todas estas ya
vieron alguna discusión, pero deben avanzar lo máximo en Congreso para no ser
hundidas.
Ahora bien, por radicación aún siguen pendientes otras normas claves como la
reforma del Código Minero; el Régimen Sancionatorio de Transporte; la reforma a
la Policía; el Desmonte de Vehículos; o la reforma a la Procuraduría.
Gobierno debe más de $1 billón por Matrícula Cero: Catherine Juvinao
La representante Catherine Juvinao denunció, a través de su cuenta en X, que el
Gobierno Nacional le debe más de 1 billón de pesos a las universidades públicas
colombianas por
concepto de la política de
Matrícula Cero. Además, reveló que también existen otros 160.000 millones de
pesos correspondientes a recursos para el funcionamiento de estas instituciones.
Según Congresista, esta deuda representa un grave perjuicio para miles de
estudiantes y universidades que dependen de estos fondos para garantizar el
acceso a la educación superior.
En su mensaje en la red social, precisó que su última denuncia de 2024 es que
"el Gobierno Nacional le debe más de 1 BILLÓN de pesos a las universidades
públicas por concepto de Matrícula Cero, y otros $160.000 millones de recursos
para su funcionamiento.” Esta cifra, según ella, refleja una falta de compromiso
del Gobierno con el sector educativo, a pesar de las promesas iniciales de
mejorar el acceso y la calidad de la educación.
La representante hizo un análisis crítico sobre la situación, destacando que, a
pesar de que el Congreso aprobó un presupuesto histórico para el sector
educación en 2024, el Gobierno no ha cumplido con los pagos prometidos. "El
Congreso aprobó cerca de 70 billones de pesos para el sector educación 2024, el
más alto de la historia, y aún cuando a mitad de este año el Ministerio de
Educación le quitó al ICETEX $2,2 billones de los $3,8 billones que le habían
asignado a comienzos de año, para supuestamente redireccionarlos a la política
de gratuidad," afirmó Juvinao. Sin embargo, la falta de estos recursos está
afectando directamente a las universidades públicas.
"Estos recursos NO tienen nada que ver con la ley de financiamiento
recientemente hundida: son recursos del presupuesto general debidamente
aprobados desde 2023, así que no se laven las manos," agregó Juvinao, exigiendo
transparencia sobre el destino de estos fondos y responsabilizando al gobierno
por el incumplimiento de sus compromisos.
En el video publicado en su cuenta profundizó en la gravedad de la situación:
“Este Gobierno no solamente se ha propuesto marchitar el ICETEX, sino que, ojo,
tampoco está cumpliendo con los recursos para la política de gratuidad en las
universidades públicas del país,” dijo la congresista, quien mencionó que, a
corte del 13 de diciembre, el Gobierno debía más de un billón de pesos a las
universidades públicas por concepto de gratuidad.
A lo largo del corto, Juvinao expuso casos específicos de universidades
afectadas, como la Universidad Nacional, que acumula una deuda cercana a los 325
mil millones de pesos. También mencionó otras instituciones como la Universidad
Militar Nueva Granada, con una deuda de 94 mil millones de pesos, y la
Universidad de Antioquia, que enfrenta una deuda de 16 mil millones de pesos.
Además, advirtió sobre las consecuencias de esta falta de pago, no solo para las
universidades, sino también para los estudiantes: "Esto se trata de centenares
de miles de jóvenes estudiantes, actuales y futuros, que tienen su sueño de
estudiar una carrera colgando de un hilo."
La representante también destacó el impacto que la deuda tendrá en la capacidad
del ICETEX para ofrecer créditos educativos a los estudiantes, mencionando que,
para el próximo año, el número de cupos será drásticamente reducido. “Por
primera vez en su historia, el ICETEX pasará de abrir entre 50 mil y 60 mil
nuevos cupos para cada anualidad a proyectar solo 5.100 nuevos créditos,” alertó
Juvinao. Este panorama pone en riesgo la posibilidad de que miles de jóvenes
accedan a una educación superior, y muchos se verán obligados a recurrir a la
banca privada con condiciones más desfavorables.
Además de denunciar la deuda, Juvinao exigió una respuesta clara del Ministro de
Educación, Daniel Rojas Medellín, sobre el plan de pago para las universidades y
los estudiantes afectados. “Le solicitamos al ministro Daniel Rojas Medellín
detallar cuál será el plan de pago para que decenas de universidades y
centenares de miles de jóvenes no terminen padeciendo las consecuencias de la
falta de planeación y debida ejecución de este gobierno,” enfatizó Juvinao.
En su intervención, la congresista cuestionó la efectividad de las políticas del
gobierno en términos de gratuidad y acceso a la educación: “¿Cómo se supone que
ustedes van a fortalecer la Universidad Pública en este país cuando ni siquiera
le transfieren los dineros completos del funcionamiento y menos aún lo de las
matrículas y la gratuidad?” Para Juvinao, estas deficiencias podrían terminar
agravando la crisis del sistema universitario en Colombia.
"Este angustiante panorama de la educación superior en Colombia no solamente
pone de presente estas escandalosas deudas del gobierno a la Universidad Pública
que tanto dicen defender, sino que nos lleva a una enorme preocupación por miles
de jóvenes, centenares de miles de jóvenes en Colombia que en este momento ya no
tienen ni cómo estudiar con un crédito del ICTEX pero tampoco tendrán un cupo en
la Universidad Pública," concluyó Juvinao, subrayando la urgencia de una
solución a esta crisis educativa.
Finalmente, la representante también hizo un llamado al Presidente Gustavo Petro
y al Ministro Rojas para que no permitan que “su sectarismo y radicalismo
ideológico ahogue los sueños de miles y miles de jóvenes” que solo desean
estudiar y alcanzar un futuro mejor a través de la educación superior.
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