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Continúa polémica por origen de la crisis en el
sistema de salud
El año 2025 comenzó con una nueva polémica en torno al sistema de salud y la
crisis que viene afrontando desde hace más de dos años, aproximadamente. Aunque
la controversia es reciente, sus orígenes no lo son tanto, puesto que obedecen
al aumento de 5,36 % en la UPC que hizo el Gobierno Nacional.
En esta oportunidad, el rifirrafe comenzó con las declaraciones de Carolina
Corcho, ex ministra de Salud y Protección Social, quien dio a conocer a través
de su cuenta de X tres elementos que a su juicio deben tenerse en cuenta para
comprender el tema de la financiación del sistema de salud.
“No es cierto que el gobierno del presidente Gustavo Petro haya desfinanciado la
salud. En el primer año hicimos un incremento de la UPC en 16,2 %, alrededor de
6 puntos por encima de la inflación de ese año, que fue de 9,73 %. Al siguiente
año, se aumentó la UPC en 12,01 % y la inflación terminó en 5,2 %. Este año, a
pesar del desafortunado hundimiento de la ley de financiamiento por parte del
Congreso de la República, el Gobierno mantuvo el esfuerzo fiscal en salud,
aumentando la UPC en 5,36 %, por encima de la inflación esperada, que está entre
el 3 y el 3,5 %. Es decir, no hay ninguna evidencia que demuestre que
supuestamente el Gobierno ha desfinanciado el sistema de salud”, inició Corcho.
Añadió que el cálculo de la UPC se hace a partir de información reportada por
las EPS. “De 28 EPS, ocho están intervenidas. Del total, solo 15 reportaron
información, de las cuales ocho cumplen con las certificaciones de revisores
fiscales en cuanto a los gastos. De esas ocho, tres tienen inconsistencias
internas, entre ellas la Nueva EPS, que tuvo que ser intervenida por presunto
desvío de billones de pesos del erario”, explicó.
Por último, señaló que está de acuerdo con la apertura de mesas técnicas con
diversas organizaciones de la sociedad civil para revisar a fondo el tema de la
UPC. “Pero, para que esto sea útil, la Supersalud debe exigir a las EPS la
entrega de información clara, concisa, real y transparente que permita hacer un
análisis serio. No puede abordarse esta discusión sobre la base de la
especulación, las posturas ideológicas y el chantaje con la vida de los
pacientes. Es con datos, cifras y evidencias”, concluyó.
A su turno, el presidente Gustavo Petro respaldó su decisión con un estudio del
Ministerio de Salud y la Adres en el que, al parecer, se detectaron fallos en
gestión de recursos y datos de las EPS.
“En sus datos presentaron 23.000 consultas de personas que habían fallecido
antes. La avalancha en redes y prensa contra el aumento de la UPC demuestra que
hay más una defensa corporativa de las utilidades privadas de las EPS, que una
defensa del interés general y el erario. Las mismas personas que hoy atacan la
decisión del Gobierno son las que hundieron la reforma a la salud que buscaba
restablecer el derecho universal a la salud y salvar las EPS, transformándolas
de aseguradoras financieras en gestoras en salud con ingreso pago estrictamente
por su servicio”, aseveró el jefe de Estado.
Alud de reacciones
Una de las primeras personas en reaccionar a las declaraciones de Carolina
Corcho fue el ex ministro de Salud Mauricio Santamaría. "Todo lo que dice ahí,
todo, o es mentira, o es incorrecto o genera más preguntas. Me llama mucho la
atención que ella piense que todos los que tenemos algo que ver con el sector
estamos equivocados y sólo ellos tienen la razón. Asociaciones de pacientes,
académicos, universidades, exministros, exviceministros, la ANDI, EPS, médicos y
sindicatos han dicho que el incremento de la UPC es insuficiente. Hasta las
asociaciones de hospitales públicos y privados, que han apoyado al Gobierno, lo
dijeron. Pero no, ella dice que porque creció más que el IPC. Todo es mentira.
Una actitud cínica y malintencionada que desafortunadamente costará vidas”,
aseveró.
A su turno, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció señalando que “el
propósito es destruir al Sistema de Salud, con intervenciones, con o sin
reforma, con estrangulación financiera, con una narrativa destructiva. El mayor
daño en el mediano plazo es la expulsión del aseguramiento privado en salud”,
concluyó.
Por último, la representante Catherine Juvinao afirmó que el presidente Gustavo
Petro castiga a los pacientes por la incapacidad de vigilancia y control de su
propio gobierno. “¿Ustedes estarían de acuerdo con quitarle recursos al PAE y
disminuir las raciones de alimentación de los niños, por el hecho de que en el
programa ha habido corrupción? Exacto. Así de criminal es quitarle recursos a la
UPC con el mismo argumento. Pero tal mezquindad y temeridad se les va a
devolver”, aseveró.
"Ley Sarita” avanza a segundo debate en Senado
Se aprobó en segundo debate de la Plenaria del Senado el Proyecto Ley Sarita,
que busca reducir los tiempos para que los niños, niñas y adolescentes de
Colombia reciban su cuota alimentaria sin demoras, debido a que en muchos casos
es el mínimo vital de los menores.
Cabe señalar que es una iniciativa que permite que en la actualidad se pueda
embargar hasta el 50 % del salario o la pensión de los padres demandados, para
que cumplan con las obligaciones alimentarias que tienen con sus hijos. No
obstante, en la ley procesal se evidencia una problemática: el dinero queda
congelado en el Banco Agrario hasta que termina el proceso judicial, que puede
tardar varios años, impidiendo que los menores de edad reciban la cuota para
atender sus necesidades básicas.
En este sentido, la senadora Liliana Bitar, del Partido Conservador, explicó:
“Nuestros niños no pueden seguir esperando tres o cuatro años para recibir su
cuota de alimentos. Esa dinámica es la que queremos cambiar, por eso proponemos
que el juez de familia entregue de forma anticipada el dinero embargado, mes a
mes, para que los niños reciban lo que les corresponde. El sistema no
puede premiar a los padres
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irresponsables, mientras muchos niños pasan dificultades”, dijo la
parlamentaria.
Adicionalmente, explicó la senadora Bitar, como autora del proyecto de ley, que
esta iniciativa es en honor a Sara Guiselle, una pequeña de 7 años con múltiples
discapacidades quien, como miles de niños colombianos, recurren a la demanda de
alimentos para que sus padres cumplan con sus obligaciones. Sin embargo, uno de
los obstáculos principales se encuentra en cada uno de los pasos previos que da
la justicia para buscar el cumplimiento de la ley, pero que generan más trabas
que avances, ya que en el momento de implementar los procedimientos de entrega
del dinero han transcurrido meses e incluso años.
En este sentido, Bitar también ha propuesto que se haga una modificación a los
procedimientos legales para que la aplicabilidad de la ley no sea retardante
sino restaurativa en todo sentido, es decir, que los procesos de entrega de
dinero en caso de demandas por alimentos se realicen de una manera más rápida y
efectiva. Sin embargo, por la dinámica de la actual ley no ha recibido los pagos
de manera oportuna y lleva más de un año esperando recibir la cuota alimentaria
embargada a su padre.
En medio del trámite legislativo, este proyecto de ley se trabajó de manera
conjunta con el consultorio jurídico de la Universidad Militar que, evidenciando
el alto flujo de casos similares, que a nivel nacional superan los 55 mil
procesos judiciales, propuso actualizar la norma con el liderazgo de la senadora
Liliana Bitar, que también señala modificaciones a la ley para evitar la
proliferación de este tipo de casos.
Los proyectos que hacen fila para ser
sancionados y entrar en vigencia
El cierre de la agenda legislativa en 2024, en lo referente a los proyectos
discutidos y aprobados en el primer periodo de la tercera legislatura, implica
que en las próximas semanas el presidente de la República deba sancionar estas
iniciativas como ley de la República. Entre estas se encuentran:
Proyecto de ley de divorcio unilateral: Aprobado por el Senado de la República
en segunda vuelta y ya sancionado por el presidente Gustavo Petro, este proyecto
contempla la posibilidad de que cualquiera de los cónyuges pueda solicitar el
divorcio de manera unilateral y sin necesidad de argumentar una causa
específica.
Proyecto de ley contra el ruido: Presentado por el representante Daniel Carvalho,
fue también aprobado por el Senado de la República y pasa a sanción
presidencial. La normativa permitirá la medición por decibeles sobre la
contaminación auditiva; imponer sanciones por perturbación de la tranquilidad,
pero a la vez, permitirá que cada departamento y/o alcaldía pueda aplicar la
medida en relación con las necesidades de su población.
Proyecto de ley de atención en salud mental: De la representante a la Cámara
Olga Lucía Velásquez e impulsado en el Senado de la República por el congresista
Carlos Julio González, propone que se dé una atención prioritaria a las
enfermedades mentales como estado anímico, las tendencias suicidas y los
problemas cotidianos que afectan la capacidad de raciocinio. Además, obliga a
las entidades médicas a implementar planes de prevención y atención de estas
enfermedades.
Proyecto de ley contra matrimonio infantil: A sanción presidencial pasa el
proyecto de ley que prohíbe el matrimonio de los menores de edad en Colombia y
que castiga con cárcel a los hombres que pretendan desposar jovencitas menores
de 18 años, ya que en varios casos las jovencitas son sometidas a violencia
intrafamiliar. El proyecto es de las representantes Jénnifer Pedraza y Alexandra
Vásquez, y busca que las condenas sean ejemplarizantes y con fuertes sanciones
económicas.
Proyectos de Senado que pasan a sanción
La cámara alta del Congreso se destacó en 2024 por algunas de las iniciativas,
entre las que se aprobaron proyectos de suma importancia, como los siguientes:
Vivienda al alcance de todos: De la autoría del senador Julio Alberto Elías, del
Partido de la U, propone que los bancos incluyan gastos de escrituración en los
créditos de vivienda, obliga a las notarías a no demorar los trámites de
legalización de propiedades a nombre del comprador, busca que se instalen
paneles solares en las viviendas ubicadas en zonas de problemas eléctricos por
medio de créditos flexibles, y establece avalúos digitales con alta tecnología
para propiedades a fin de facilitar el acceso a la información para los
compradores de vivienda.
Sistema General de Participaciones: El Congreso de la República aprobó en ocho
debates, cuatro en Cámara y cuatro en Senado, el proyecto de ley que permite la
descentralización de los recursos para las regiones. Se trata de una ley que les
entregará hasta el 39.5 % de los ingresos de la Nación a los entes territoriales
y cuyo destino es la inversión social. Con lo aprobado en el Congreso, el
Gobierno deberá presentar una ley de competencias a fin de establecer entidades
sin duplicidad de funciones.
Proyecto de baños públicos para discapacitados: El Senado aprobó este proyecto
para la ayuda a personas en estado de discapacidad. Una propuesta del senador
Jota Pe Hernández que tiene como objetivo permitir y facilitar el acceso de este
grupo de personas a los baños públicos, buscando además que estos adapten sus
infraestructuras para facilitar la prestación del servicio.
Ayuda social por limitaciones físicas: Carlos Julio González y Ana Carolina
Espitia fueron ponentes de la iniciativa de la liberal Laura Fortich, quien
propuso una ayuda y reconocimiento a las personas en estado de discapacidad,
además de sus cuidadores. “Es un proyecto de ley que tiene la facultad de
generar la política pública desde la disposición, o sea la voluntariedad de los
entes territoriales, la voluntariedad del Gobierno Nacional y la disposición de
fondos hasta que sean agotables”.
Reconocimiento por atentado en Escuela de Policía: Con la autoría del senador
Germán Blanco, este proyecto, que espera próxima sanción, propone el ascenso de
los cadetes sacrificados en el atentado con carrobomba a la Escuela de la
Policía General Santander en enero de 2019.
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El reconocimiento será
académico, en memoria de los estudiantes fallecidos.
La metamorfosis que tendrá en sus curules el
próximo Congreso
El congreso que se elija en 2026 tendrá cambios en comparación con el que está
actualmente por efectos del Acuerdo de La Habana, pues ya no estarán los cinco
escaños en el Senado y cinco en la Cámara que estableció durante ocho años para
el partido que surgió del paso de las Farc a la vida civil, Comunes; en tanto
que se ocuparán por segundo y último periodo las 16 curules en la Cámara por las
circunscripciones transitorias de paz.
Otro cambio que podría darse en el próximo Congreso es que se ocupe por primera
vez la curul que creó la reforma de Equilibrio de Poderes en 2015 para la
población raizal de San Andrés y Providencia. Sin embargo, ello depende de que
en el primer semestre de este año se apruebe una ley estatutaria que reglamente
esta elección, pues por la falta de la misma el escaño no se ocupó en el
Legislativo en los periodos 2018-2022 y 2022-2026.
Circunscripciones de paz
El Acto Legislativo 02 de 2021 es la reforma constitucional que establece la
creación de las
circunscripciones transitorias especiales de paz, con 16 representantes
adicionales para los períodos 2022-2026 y 2026-2030.
El propósito de los escaños transitorios es por la necesidad de conceder
representatividad
con voz y voto en el Congreso a las víctimas de las regiones más afectadas por
el conflicto armado, que para estos fines comprende 167 municipios.
La circunscripción número uno corresponde a los departamentos de Nariño, Cauca y
Valle; la dos, al departamento de Arauca; la tres, al Bajo Cauca; la cuatro, a
Catatumbo; la cinco, a Caquetá; la seis, a Chocó; la siete, al sur del Meta y
Guaviare; la ocho, a Montes de María; la nueve, a Pacífico, Valle y Cauca.
Asimismo, la circunscripción número 10 comprende a Pacífico-Nariño; la 11, a
Putumayo; la 12, a Magdalena, La Guajira y Cesar; la 13, al sur de Bolívar; la
14, al sur de Córdoba; la 15, al sur del Tolima, y la 16, a Urabá.
Sin embargo, vale anotar que hay mora en la reglamentación de la elección de
estas circunscripciones, después de que en el 2023 la Corte Constitucional tumbó
un decreto sobre el particular por determinar que el entonces presidente, Iván
Duque, omitió el deber de enviarle previamente este acto administrativo para su
revisión, pues trata varios aspectos de norma estatutaria.
Se espera que el Congreso se ocupe de llevar a cabo pronto dicha reglamentación,
en la que además se corrijan algunas fallas que se vieron en los comicios del
2022. La Misión de Observación Electoral (MOE) ha hecho hincapié en que “aún no
hay una reglamentación ni propuesta clara por parte del Legislativo sobre cómo
deben funcionar estas curules y cuáles serán las medidas para promover la
participación política de las mujeres víctimas del conflicto”.
En este sentido, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, dijo que en las
elecciones del año 2022 más de la mitad de las candidaturas correspondía a
mujeres, pero solo tres resultaron elegidas para las 16 curules previstas en la
Cámara.
“Se debe permitir la conformación de listas integradas exclusivamente por
mujeres y eliminar los requisitos que obligaban a sus organizaciones sociales a
contar con la validación de instancias como la Consejería presidencial para la
Equidad de la Mujer”, solicitó Barrios.
Como se dijo, las 16 curules de las circunscripciones de paz se ocuparán en el
Congreso 2026-2030 por segunda y última oportunidad. Ello implica que para el
Legislativo 2030-2034 se deba tramitar una ley que modifique el número de
congresistas en cada comisión de la Cámara, el cual en el 2022 fue cambiado para
poder distribuir en las mismas a los representantes de las víctimas.
Curules de Comunes
Las 10 curules que tiene el Partido Comunes, cinco en el Senado y cinco en la
Cámara, llegan a su fin en este Congreso, pues están contempladas por dos
periodos en el Acuerdo de Paz sin necesidad de ganarlas en las urnas.
Como consecuencia en el Senado 2026-2030 habrá 102 curules por circunscripción
nacional; y una adicional por el Estatuto de Oposición, la cual corresponde al
aspirante a la Presidencia de la República que obtenga la segunda votación,
quien de todas formas decide si la ocupa o no.
Sin la garantía de participar en el Congreso de la República que le daba el
Acuerdo de Paz, el Partido Comunes debe presentar en las próximas elecciones
listas para intentar ganar escaños en el Senado y la Cámara, lo cual no es fácil
teniendo en cuenta sus paupérrimos resultados en los comicios del 2022, cuando
postuló candidatos a pesar de que no necesitaba hacerlo.
En materia política la desaparición de estas curules afectará al sector petrista-progresista,
que en las elecciones del 2026 se presentará como Partido Pacto Histórico, para
lo cual ya trabajan cinco colectividades que aceptaron fundirse en el mismo,
pues Comunes hace parte de la coalición que respalda las políticas del
presidente Gustavo Petro.
Los raizales
El gobierno de Juan Manuel Santos promovió en la reforma de Equilibrio de
Poderes, que una de las dos curules que entonces tenía la representación de los
colombianos residentes en el exterior en la Cámara fuera para los raizales del
departamento de San Andrés y Providencia.
Cabe recordar que el pueblo raizal está conformado por los descendientes de los
amerindios, africanos y europeos que poblaron el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, etnia que desarrolló una lengua y cultura propia.
Empero, esta curul ha estado vacía, pues no fue votada en las elecciones para el
Congreso 2018-2022 y 2022-2026, debido a que no ha sido reglamentada, y como
consecuencia se ha negado el nivel de representación que establece la ley para
este departamento.
No obstante, se espera que prontamente la curul sea reglamentada para que se
pueda votar en las elecciones del 2026. El Ministerio del Interior estuvo en
julio pasado en San Andrés ambientando el proyecto de ley que prepara para
presentar al Congreso.
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