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Condena a los responsables del asesinato de líder
indígena Moisés López en Nariño
En un fallo que llega casi dos años
después del crimen, tres hombres fueron condenados por la muerte del líder
indígena Moisés López Enríquez, quien fue asesinado el 11 de febrero de 2023 en
el municipio de Sapuyes, Nariño. Este hecho, que tuvo lugar cerca de la frontera
entre Colombia y Ecuador, conmocionó a la comunidad indígena y generó un fuerte
rechazo en todo el país.
López, quien se dirigía a una reunión entre comunidades indígenas y el
Ministerio del Interior en Ipiales, fue interceptado por sujetos armados
mientras viajaba con otras personas. Los atacantes, tras robar las pertenencias
de sus acompañantes, dispararon contra López, quien murió a causa de los
impactos. La escena se volvió aún más aterradora cuando los agresores amenazaron
a las víctimas para evitar que denunciaran el hecho.
Después de una exhaustiva investigación, liderada por un fiscal de la Unidad
Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía General de la Nación, se logró
identificar a los responsables del asesinato. Se trata de Luis Humberto Trejos
Riascos, alias "Pinchao"; Luis Alberto Gil Ballesteros, alias "Rolo"; y Elbix
José David Malpica Rosales, ciudadano venezolano. Los tres fueron condenados por
homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas.
El juicio culminó con un preacuerdo con la Fiscalía, en el que los implicados
aceptaron su responsabilidad. Como resultado, alias "Rolo" fue sentenciado a 17
años y ocho meses de prisión, mientras que los otros dos acusados, "Pinchao" y
Malpica, recibirán condenas de 18 años y dos meses de cárcel.
El asesinato de Moisés López no solo dejó una profunda herida en su familia y
comunidad, sino que también subraya la constante amenaza que enfrentan los
líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. López, conocido
por su labor como concejal del municipio de Mallama en 2019 y gobernador del
resguardo indígena Gran Mallama en 2021, era una figura influyente en el
Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).
De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz),
en 2023, año en el que López fue asesinado, 188 líderes sociales y defensores de
derechos humanos perdieron la vida en Colombia. De esta cifra, 17 fueron de
Nariño, una región históricamente afectada por la violencia y el conflicto
armado. La condena a los responsables de este asesinato es un paso más en la
búsqueda de justicia, aunque la preocupación por la seguridad de los líderes
sociales sigue latente.
Masacre en Aguachica: Nueva hipótesis vincula el
crimen con un ajuste de cuentas familiar
La masacre ocurrida en Aguachica,
Cesar, el pasado 29 de diciembre, que cobró la vida del pastor Marlon Lora, su
esposa Ángela y sus dos hijos, sigue siendo objeto de intensas investigaciones.
A pesar de las diversas hipótesis que han circulado desde el primer momento, una
nueva pista ha emergido en las últimas horas, llevando las investigaciones hacia
un posible ajuste de cuentas vinculado con un pariente cercano del pastor.
El ataque tuvo lugar en el
restaurante Sorbetes y Jugos, en pleno centro de Aguachica, donde un hombre
armado que llegó en moto disparó de manera brutal contra la familia Lora Rincón.
El hijo del pastor, Santiago Lora, fue uno de los más gravemente heridos, pero
pese a ser trasladado a una clínica, murió dos días
después a causa de las heridas. El hecho generó conmoción en la región, no solo
por la violencia, sino también porque la familia era conocida por su trabajo
religioso en la iglesia Príncipe Paz Villaparaguay.
Desde que ocurrió la masacre, las
autoridades, tanto la Policía como la Fiscalía, han trabajado para esclarecer
los hechos. El más reciente giro en la investigación señala a un pariente
cercano al pastor Lora, quien habría tenido un vínculo con una red criminal.
Según esta nueva hipótesis, el ataque podría haber sido un
ajuste de cuentas entre esta organización
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y el familiar del pastor, lo que
llevaría a vincular este crimen con un homicidio ocurrido dos días antes: el
asesinato de Alexánder González, conocido como "El Calvo". González, quien
estaba relacionado con actividades ilegales, habría tenido una conexión con la
masacre debido a que su pareja, Andrea Sánchez, se encontraba en la misma zona
del restaurante. Aunque algunos rumores sugirieron que ella podría haber sido el
verdadero objetivo, Sánchez ha desmentido tales versiones, asegurando que se
trató de desinformación.
Esta nueva línea de investigación se suma a otra teoría que indica que el pastor
Lora podría haber tenido un conflicto económico con "El Calvo", quien
supuestamente le debía dinero al líder religioso. Las autoridades no han
descartado ninguna hipótesis, pero los investigadores han indicado que no se
trató de un error en la identificación de las víctimas, como se había especulado
en un principio. Además, aunque la región ha sido escenario de varios casos de
extorsión, hasta ahora no se ha hallado evidencia que sugiera que la familia
Lora fuera víctima de este delito.
Con el fin de identificar a los
responsables del crimen, la Fiscalía ha solicitado audiencias judiciales para
acceder a bases de datos y obtener información crucial de entidades bancarias y
números telefónicos. Además, el director de la Policía Nacional, general William
René Salamanca, informó que se están revisando más de 70 horas de grabaciones de
cámaras de seguridad para esclarecer los detalles del ataque y dar con los
sicarios responsables.
Doble homicidio en Mocoa: Las autoridades siguen
el rastro de los sicarios disfrazados durante el carnaval
El carnaval de Mocoa,
tradicionalmente una de las festividades más importantes del Putumayo, se vio
abruptamente empañado por un violento doble homicidio que ha sacudido a la
ciudad y a todo el país. El exalcalde de Mocoa, Elver Porfidio Cerón, y el
cantante de música popular Andrés Fajardo fueron asesinados en un acto de
sicariato ocurrido el pasado 4 de enero, cuando se encontraban en la vivienda de
Cerón, en el barrio Los Pinos. Este crimen ha desatado una intensa investigación
por parte de las autoridades, que, a pesar de las dificultades, siguen tras la
pista de los responsables.
Los investigadores, que incluyen personal de la Dijin, el CTI, el Gaula y la
Dipol, han tenido que lidiar con la falta de pruebas físicas en el lugar del
crimen. A pesar de que no se han encontrado huellas dactilares ni indicios en la
casa, las autoridades han logrado obtener una valiosa pista: una fotografía
proporcionada por la comunidad, que muestra a dos hombres en moto, disfrazados
con ponchos típicos del carnaval, con gorras azules idénticas. Este detalle ha
permitido a las fuerzas de seguridad enfocar sus esfuerzos en revisar los videos
de las cámaras de seguridad de la zona, con la esperanza de identificar a los
sicarios y conocer su recorrido antes del asesinato.
Otro aspecto que sigue siendo un misterio es la matrícula de la moto utilizada
por los asesinos, ya que en la foto se observa que la placa ha sido retirada o
cubierta, lo que dificultó aún más su identificación. Sin embargo, las
autoridades siguen investigando esta línea, mientras que la comunidad continúa
colaborando con información valiosa a través de la línea telefónica habilitada.
El comandante de la Policía de Putumayo, teniente coronel Héctor Rodríguez,
ofreció detalles del crimen después de un consejo de seguridad realizado el 5 de
enero. Según las investigaciones preliminares, dos hombres armados llegaron a la
vivienda del exalcalde. Uno de ellos disparó desde una ventana contra las
personas que se encontraban en el interior, mientras que el otro permaneció en
el vehículo, facilitando la huida. El exalcalde Cerón y Fajardo fueron las
víctimas mortales, mientras que una mujer resultó herida y se encuentra bajo
pronóstico reservado en el Hospital José María Hernández. La identidad de la
mujer no ha sido revelada por las autoridades.
Las hipótesis sobre el crimen son variadas, pero
las autoridades han manejado dos posibles motivos. El primero, un conflicto
relacionado con una millonaria deuda que Cerón habría contraído durante su
campaña política, y el segundo, un móvil político relacionado con su pasado en
la Alcaldía de Mocoa. Cerón, quien fue alcalde de la ciudad en dos períodos
(2004-2007 y 2012-2015), estuvo involucrado en diversas controversias, incluidas
sanciones de la Procuraduría y procesos penales. En su primer mandato, fue
inhabilitado por 11 años por un presunto soborno relacionado con la venta de
terrenos, aunque fue absuelto en
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segunda instancia. Además, enfrentó cargos por homicidio culposo
tras la avalancha de Mocoa en 2017, que dejó más de 300 muertos y miles de
damnificados.
Mientras tanto, la Policía Nacional sigue trabajando para esclarecer los hechos,
con el apoyo de la comunidad y el compromiso de ofrecer una recompensa de 50
millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables.
Sin embargo, la investigación continúa siendo compleja, ya que las motivaciones
detrás del crimen aún no están completamente claras.
La Policía Nacional enfrentará nuevos desafíos en
el Plateado, Cauca
El Plateado, corregimiento del
municipio de Argelia, en el Cauca, es un territorio marcado por la historia de
violencia y control territorial ejercido por grupos armados ilegales,
especialmente las disidencias de las FARC. En los últimos años, esta zona se ha
convertido en un punto estratégico para el narcotráfico, siendo utilizada por
los grupos al margen de la ley para transportar y procesar drogas. A pesar de
los esfuerzos del Gobierno para recuperar el control del Estado en la región, la
situación sigue siendo un reto constante para las autoridades, particularmente
para la Policía Nacional.
Tras la operación Perseo, llevada a cabo por el Ejército Nacional, el Gobierno
del presidente Gustavo Petro ha dispuesto un plan para asegurar la presencia
institucional permanente en el Plateado. La estrategia busca consolidar el
control en un territorio donde las disidencias, lideradas por alias Iván
Mordisco, mantienen su influencia. En el marco de este esfuerzo, el general Luis
Emilio Cardozo, comandante del Ejército, informó que hasta la fecha se han
logrado importantes avances: 12 capturas, la destrucción de más de 500
artefactos explosivos y 77 minas antipersona. Sin embargo, la lucha contra los
grupos ilegales sigue siendo compleja, con enfrentamientos frecuentes que exigen
más refuerzos.
En este contexto, el general William Salamanca, director de la Policía Nacional,
reveló recientemente los retos y planes de la institución para fortalecer su
presencia en la zona. En declaraciones a RTVC Noticias, el alto oficial indicó
que un contingente de 50 agentes de la Policía ya ha sido desplegado en el
Plateado con el objetivo de garantizar la seguridad de la población local.
Salamanca destacó que este esfuerzo forma parte de un compromiso gubernamental
expresado por el presidente Petro y el ministro de Defensa, quienes consideran
que la presencia de la Policía es una prioridad para restaurar el orden en la
región.
El general también hizo énfasis en los desafíos logísticos que enfrenta la
institución en su esfuerzo por hacer presencia en una zona tan complicada.
Reconoció que el bienestar de los agentes es fundamental para el éxito de la
misión y aseguró que el Gobierno ha mejorado notablemente las condiciones de
vida de los policías, aunque advirtió que siempre hay más por hacer. “Estamos
ajustando el tema del bienestar de esos agentes, donde van a llegar, dónde van a
comer, cómo vamos a atender a alguno que se enferme. Porque es un ser humano que
hay que cuidar mucho”, expresó Salamanca.
La Policía, sin embargo, no estará sola en esta misión. La llegada de la fuerza
pública se complementará con la presencia de otras entidades del Gobierno, como
el Instituto de Bienestar Familiar, el Ministerio de Educación, las
telecomunicaciones y el Ministerio de Transporte. Esta intervención
interinstitucional busca no solo restaurar el orden público, sino también
ofrecer servicios básicos y oportunidades a la población local, quienes
históricamente han vivido bajo la amenaza constante de los grupos armados
ilegales.
El narcotráfico, principal fuente de financiamiento de los grupos ilegales en el
área, sigue siendo otro de los retos más grandes para la Policía Nacional. El
general Salamanca subrayó que, a nivel local, es necesario combatir la venta de
estupefacientes mientras se coordinan esfuerzos internacionales con países
vecinos. Además, destacó la importancia de fortalecer el material tecnológico y
las capacidades operativas de la Policía, algo que se logrará con el Plan
20.000, que tiene como objetivo aumentar el número de agentes capacitados y
desplegados en todo el territorio nacional.
Aunque los retos son significativos, el Gobierno colombiano parece decidido a
recuperar el control en regiones tan críticas como El Plateado. Con el respaldo
de diversas instituciones y el fortalecimiento de la seguridad, la Policía
Nacional se enfrenta a una prueba de gran envergadura que podría marcar un antes
y un después en la lucha contra el narcotráfico y la violencia en el Cauca.
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