6-El Imparcial

 

JUDICIAL

 

Pereira, Colombia - Edición: 13.399-979

Fecha: Martes 14-01-2025

 

Enfrentamiento entre el Ejército y disidencias de las FARC deja tres muertos en Tuluá

 

 

Un enfrentamiento armado entre la Tercera Brigada del Ejército Nacional y guerrilleros de las disidencias de las FARC, pertenecientes a la estructura Adán Izquierdo, dejó tres muertos el 13 de enero. Los hechos ocurrieron en la zona rural del corregimiento La Moralia, en el municipio de Tuluá, cuando los militares frustraron la instalación de un retén ilegal.

Según la información inicial, los guerrilleros intentaban montar un puesto de control clandestino con fines de extorsión, lo que fue rápidamente detectado por las autoridades. Ante la intervención del Ejército, se desató un intenso tiroteo que resultó en la muerte de tres miembros de las disidencias. Además, se reportó la captura de uno de los involucrados en el enfrentamiento. Las autoridades locales continúan evaluando la situación, ya que los combates en la región no han cesado y las fuerzas militares mantienen un operativo para restaurar el orden público.

El Ejército Nacional destacó que la acción tenía como objetivo evitar que las estructuras criminales pudieran seguir afectando a las comunidades locales a través de extorsiones y otros actos de violencia. "Con esta operación, nuestros soldados evitaron que un nuevo foco de intimidación se instalara en la zona, lo que representa un golpe a las finanzas y la operatividad de este grupo armado", señalaron.

La estructura Adán Izquierdo, responsable de múltiples actividades ilícitas en el Valle del Cauca, ha sido uno de los objetivos prioritarios de las autoridades. Recientemente, en noviembre de 2024, las fuerzas de seguridad dieron de baja a Steven Alexander Dagua Bonilla, alias 'Junior', señalado de liderar las operaciones de este grupo armado en el departamento.

 

La violencia desbordada en Cúcuta: Grupos armados y bandas criminales amenazan la seguridad de la región

 

 

Aunque las cifras de homicidios en Cúcuta han registrado una ligera disminución durante el 2024, la violencia sigue siendo un problema crítico en esta ciudad fronteriza con Venezuela. Hasta noviembre del año pasado, se reportaron 271 homicidios, nueve menos que en el mismo periodo de 2022, pero la inseguridad y la presencia de grupos armados continúan afectando gravemente a la población.

 

La Defensoría del Pueblo acaba de emitir una alerta temprana en la que describe la situación como "grave", poniendo en evidencia el control territorial y las actividades del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como ‘Clan del Golfo’, y otras bandas del crimen organizado. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para contrarrestar estos delitos, la violencia se ha intensificado en varios sectores de la ciudad y en otros municipios del departamento, como El Zulia, Villa del Rosario y Los Patios, ubicaciones estratégicas por su cercanía a la frontera venezolana y a la subregión del Catatumbo, áreas claves para el narcotráfico y otras actividades ilícitas.

 

Según la alerta de la Defensoría, el ELN ha consolidado su presencia en las zonas

 

 

 

rurales de Cúcuta y Puerto Santander, mientras que el ‘Clan del Golfo’ ha extendido su accionar hacia las áreas urbanas. Estas bandas criminales, junto con grupos como el ‘Tren de Aragua’, ‘AK-47’ y ‘Los del Norte’, han incrementado el control sobre actividades ilegales, incluyendo el microtráfico, la trata de personas y el tráfico de migrantes. Estos grupos utilizan los pasos fronterizos como corredores para sus negocios ilícitos, lo que pone en riesgo la seguridad de miles de ciudadanos.

La situación es aún más alarmante si se considera que los niveles de pobreza y la falta de acceso a servicios básicos son altos en las zonas periféricas de Cúcuta. La Defensoría resalta que la precariedad económica y la falta de oportunidades laborales son factores que agravan el impacto de las dinámicas violentas en la región. Estos factores también contribuyen al reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos armados, una problemática especialmente grave entre las comunidades indígenas Yukpa. La explotación de niños y adolescentes en actividades ilegales refleja una profunda crisis humanitaria que sigue afectando a la población más vulnerable.

 

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, destacó que la alerta busca llamar la atención sobre la urgencia de una respuesta institucional coordinada, que contemple medidas de prevención y protección ante la amenaza constante que enfrentan los ciudadanos. Entre las recomendaciones emitidas por la Defensoría se encuentran la necesidad de una atención humanitaria integral, la protección de los derechos de las víctimas y el fortalecimiento del acceso a la justicia. Además, se insta a una mayor presencia de las autoridades para frenar el desplazamiento forzado, las extorsiones, los homicidios selectivos y otras formas de violencia que afectan a las comunidades.

 

Mientras la situación sigue siendo crítica, las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de los cucuteños y frenar la expansión de los grupos criminales en la región, que continúan sembrando terror entre los habitantes de esta zona estratégica del país.

 

Defensa de Nicolás Petro solicita declaración de importantes figuras en su juicio

 

En medio de la audiencia preparatoria antes del juicio de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, su defensa ha solicitado la declaración de varios testigos clave. Petro Burgos enfrenta acusaciones por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, relacionados con la apropiación indebida de más de 1.000 millones de pesos que, según la Fiscalía, habrían sido destinados a la campaña presidencial de su padre en 2022.

El abogado defensor, Alejandro Carranza, presentó una lista de más de 30 nombres de personas que serán citadas a declarar durante el juicio. Entre los nombres más destacados se encuentran figuras del ámbito político y empresarial, como el presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, Ricardo Roa; el político Máximo Noriega; y varios familiares de Nicolás Petro, incluyendo su actual pareja, Laura Ojeda, y su exesposa, Daysuris Vásquez.

 

Otros personajes clave en el expediente que fueron solicitados por la defensa son el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como “El Hombre Marlboro”, quien supuestamente contribuyó con 500 millones de pesos a la campaña de Petro y que, según la Fiscalía, fueron apropiados por Nicolás Petro. Además, fueron llamadas a declarar Mónica Lopesierra, hija de "El Hombre Marlboro", y Gabriel Hilsaca, quien también habría realizado aportes a la campaña.

 

 

La defensa de Petro Burgos también pidió que se citara a figuras como el empresario

 

 

 

barranquillero Christian Daes, la exvicefiscal general Martha Mancera y el fiscal Mario Burgos, quien fue relevado del caso tras presuntas filtraciones de información. En total, más de 30 personas están en la lista de testigos propuestos por la defensa.

La audiencia, que se reanudó el lunes 13 de enero y continuará el día de hoy, martes 14 de enero, ha sido suspendida en varias ocasiones, pero el caso sigue avanzando bajo la supervisión del juez Hugo Carbonó, quien lidera el proceso en el Juzgado 2 Especializado de Barranquilla. Durante las diligencias, Nicolás Petro ha reiterado su inocencia respecto a los cargos que se le imputan y busca una posible negociación con la Fiscalía, con el objetivo de obtener una rebaja de pena u otros beneficios judiciales a cambio de información relevante para el proceso.

Sin embargo, la fiscal general Luz Adriana Camargo señaló en diciembre pasado que las negociaciones entre la Fiscalía y la defensa de Nicolás Petro han avanzado “con dificultades”, aunque no se ha llegado a un acuerdo formal. La fiscal enfatizó que, aunque el caso se está llevando con rapidez, las puertas para un preacuerdo solo se cierran cuando el juicio inicie oficialmente y Nicolás Petro sea interrogado.

 

El juicio de Nicolás Petro se perfila como uno de los procesos judiciales más mediáticos del país, dadas las implicaciones políticas y sociales que tiene, especialmente por el rol de su padre, Gustavo Petro, como presidente de la República. El avance del caso sigue siendo un tema de atención tanto para las autoridades judiciales como para la opinión pública.

 

Policía frustra atentado con moto bomba en Jamundí gracias a la colaboración ciudadana

 

 

La Policía Metropolitana de Cali logró frustrar un atentado terrorista en Jamundí, gracias a la alerta oportuna de la comunidad. El hecho ocurrió en el barrio Amigos 2.000, donde vecinos notaron una motocicleta sospechosa, aparentemente sin dueño, lo que activó la intervención de las autoridades.

Agentes especializados en explosivos llegaron rápidamente al lugar y, tras verificar el vehículo, confirmaron que estaba cargado con dinamita. De inmediato, la zona fue acordonada y se procedió a realizar una detonación controlada para neutralizar el peligro. Los momentos tensos fueron captados por residentes en videos, quienes se mantuvieron a una distancia segura mientras se realizaba el procedimiento.

La Alcaldía de Jamundí también se pronunció sobre el incidente, destacando la colaboración de la comunidad y la rápida respuesta de la Policía Nacional. “Gracias a la colaboración de la comunidad y la acción eficiente de nuestros uniformados, logramos evitar una tragedia mayor y garantizar la seguridad de la zona”, indicó el gobierno local. Además, reafirmaron el compromiso con la seguridad en el municipio, haciendo un llamado a la unidad ante estas amenazas.

Aunque no se ha confirmado oficialmente la autoría del atentado, las autoridades sospechan que la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc podría estar detrás del intento de ataque. Este grupo armado, que opera en la región, ya ha sido responsable de varios hechos violentos en Jamundí, incluido un atentado ocurrido en diciembre de 2024, durante las festividades decembrinas, que dejó dos muertos y varios heridos en el sector de Las Piñas.

El intento de atentado en Jamundí refleja la continua amenaza que enfrentan varias zonas del Valle del Cauca debido a la presencia de grupos armados ilegales. Afortunadamente, la acción conjunta entre la Policía y los ciudadanos evitó que este ataque tuviera consecuencias fatales.

 

 

 

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