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Miguel Polo Rosero se posesiona como magistrado de
C. Constitucional
El presidente Gustavo Petro posesionó a Miguel Polo Rosero como magistrado de la
Corte Constitucional, en una ceremonia llevada a cabo durante la tarde de este
miércoles en la Casa de Nariño, para un periodo de ocho años.
"Ardua votación tuvo usted en el Congreso y discusiones en la prensa me alegra
mucho que haya superado esa votación y que ahora ingrese a un trabajo que
siempre será intenso. Pasados los años el magistrado Henao o el fallecido en
estas últimas semanas siempre me dijo (...) que en la Corte Constitucional
prácticamente se dirimía el poder de Colombia", afirmó Petro.
¿Quién es Miguel Polo Rosero, el nuevo magistrado de la Corte Constitucional
en Colombia?
Miguel Efraín Polo Rosero, abogado colombiano con amplia experiencia en derecho
constitucional, fue elegido como magistrado de la Corte Constitucional el 19 de
noviembre de 2024, en una votación llevada a cabo por el Senado de la República.
Polo Rosero, quien obtuvo 57 votos frente a 47 de su contendora Claudia Dangond,
asumirá el cargo en febrero de 2025, reemplazando al magistrado Antonio José
Lizarazo.
Graduado de la Pontificia Universidad Javeriana y con especialización en Derecho
Financiero de la Universidad del Rosario, Polo Rosero ha acumulado más de 18
años de experiencia como magistrado auxiliar en la Corte Constitucional. Durante
su trayectoria, trabajó junto a magistrados de diferentes líneas ideológicas, lo
que refuerza su imagen como un jurista imparcial y comprometido con la defensa
de la Constitución.
Corte Suprema condena al exgobernador de
Guainía, Efrén Ramírez
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al
exgobernador de Guanía, Efrén de Jesús Ramírez Sabana, como autor en concurso
heterogéneo de delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y
peculado por apropiación a favor de
terceros, agravado.
Tras el allanamiento a cargos, la Sala condenó al exgobernador a las penas de
158 meses y 21 días de prisión, correspondiente a 13 años y 2 meses de prisión,
además de ser inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas
por 13 años, 3 meses y 6 días y al pago de una multa de 1086,45 salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
Asimismo, lo condenó a la inhabilidad intemporal de que trata el artículo 122 de
la Constitución Política de Colombia, por lo que no podrá ser inscrito como
candidato a cargo de elección popular, ni elegido, ni designado como servidor
público, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el
Estado.
La Corte negó al exgobernador la suspensión condicional de la ejecución de la
pena y la prisión domiciliaria.
Para la Sala Especial de Primera Instancia, la Fiscalía General de la Nación
demostró que Ramírez Sabana en su condición de gobernador de Guainía, con
ocasión a la suscripción del convenio interadministrativo 1442 con el Instituto
Nacional de Vías (Invias) para el mejoramiento de la vía Huesito-Puerto Caribe,
firmó con el Consorcio Vía Huesito-Puerto Caribe el contrato de obra número 358
de 8 de octubre de 2007, con plazo de 8 meses y cuantía de $2.550’693.451,78,
sin cumplir los criterios de planeación, economía, responsabilidad, legalidad y
transparencia en la contratación pública.
Para la Corte “lo que se evidencia es la total ligereza en el cumplimiento al
deber constitucional y legal de dar guarda a los principios contractuales,
corroborándose los ingredientes constitutivos de la conducta descrita en el
artículo 410 del Código Penal, derivados de haber obviado los estudios previos y
diseños técnicos necesarios para la viabilidad del proyecto; sustentar
falazmente la necesidad de la contratación; construir unos pliegos de
condiciones y estudios técnicos exiguos e insuficientes antes de la adjudicación
del contrato e incumplir la metodología para la identificación y evaluación de
proyectos”.
“De cara al delito de peculado por apropiación, también se tiene clara la
desviación de recursos públicos propiciada por el acusado quien, obrando como
representante del departamento y ordenador
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del gasto, marginándose del deber de
verificar el cumplimiento a las labores contratadas y obviando las disposiciones
legales en la materia, dispuso el pago de los recursos del contrato de obra 358
de 2007, causando un serio perjuicio al patrimonio estatal”, señaló.
Revocan sanción de arresto contra
MinSalud, Guillermo Jaramillo
El Tribunal Superior de Bogotá revocó la sanción de arresto que había sido
impuesta al Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por un presunto
incumplimiento en la erradicación del uso del insecticida clorpirifós, en
cumplimiento de la Sentencia T-343 de 2022 de la Corte Constitucional.
El fallo de segunda instancia anuló la orden emitida el pasado 16 de diciembre
por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogotá, que había condenado al
ministro a tres días de arresto tras considerar que no se habían tomado las
acciones necesarias para cumplir con la prohibición de este pesticida en el
país, debido a sus efectos perjudiciales en la salud humana y el medio ambiente.
Sin embargo, el Tribunal consideró que Jaramillo sí había realizado esfuerzos
significativos para dar cumplimiento a la sentencia. En su decisión, se
argumentó que el ministro había coordinado con el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) para garantizar la eliminación del clorpirifós del mercado
colombiano. Además, se destacó que se tomaron medidas preventivas y de control,
como campañas de sensibilización y la promoción de alternativas más seguras.
Desde el Ministerio de Salud, se había defendido que las acciones para cumplir
con las órdenes de la Corte Constitucional ya se habían adelantado, como la
suspensión inmediata de la comercialización de productos con clorpirifós y la
negación de solicitudes de registro de productos que lo contuvieran. También se
resaltó que el Ministerio de Salud no tiene competencias para realizar
actuaciones adicionales, ya que la responsabilidad recae en el ICA, entidad del
sector agropecuario.
Con esta revocatoria, el Tribunal respaldó la gestión del Ministerio de Salud en
el proceso de erradicación de este insecticida y ratificó el compromiso del
Gobierno con la protección de la salud pública y el medio ambiente.
Por el momento, no se ha conocido un pronunciamiento formal del Ministro
Jaramillo sobre la decisión.
Comenzó tijeretazo a renovación de contratistas en entidades nacionales
Mientra tuvo desarrolló el cónclave del Gobierno nacional entre el presidente
Gustavo Petro y todo el gabinete ministerial, una de las primeras
determinaciones tomadas por la cumbre fue la aplicación de un plan de austeridad
para este año ante el déficit fiscal de 12 billones de pesos en el presupuesto
general de la nación. La medida contempla diversos recortes al sector
público y la contratación de personal, sumados a los tijeretazos que ya tuvieron
varias carteras y subsidios.
Si bien el proyecto de decreto se encuentra apenas presentado como borrador por
parte del Ministerio de Hacienda, y abierto a la ciudadanía para aportar sus
comentarios, el Gobierno ha tomado como referencia estas primeras propuestas
para perfilar los recortes, así como los criterios de gasto a los que se tendrán
que regir los ministerios, entidades y funcionarios, especialmente aquellos que
requieren de dinero procedente del Presupuesto General.
Según explicó el ministro Diego Guevara, titular de la cartera de hacienda, “la
regla fiscal de 2024 se va a cumplir. Para sostener esa senda y ese horizonte de
sostenibilidad fiscal necesitamos un esfuerzo de austeridad y parsimonia en las
diferentes entidades, tratando de medir de una manera muy juiciosa los gastos en
viáticos o los gastos en contratistas”.
En este sentido, la primera determinación tomada por el Gobierno fue cancelar su
agenda en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, compromiso que de manera
anual representaba un impacto fiscal importante. Y es que según se refleja en el
proyecto de decreto, los viaje y costes en viáticos serán limitados a los
estrictamente necesarios, migrando a la realización y asistencia de eventos de
manera virtual; así como un mayor control de las horas extras en sus
funcionarios.
El documento, publicado el pasado 10
de enero por el ministerio, también contempla
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una modificación en la contratación
de personal a través de la figura de prestación de servicios; limita y
regula los gastos en arrendamiento inmobiliario, además de la adecuación de
estos bienes; pide la reducción de comitivas a encuentros oficiales; busca un
mayor control en los esquemas de seguridad pagos a través del Presupuesto
General, así como el uso, adquisición y arrendamiento de vehículos oficiales;
además de los gastos en publicidad.
Con la medida, de los 12 billones que argumenta el Gobierno, hacen falta para el
funcionamiento de este 2025, el ministerio espera recaudar por lo menos 5
billones. Asimismo, desde la administración se buscaría el impulso de una nueva
reforma tributaria o ley de financiamiento, a pesar del hundimiento de la más
reciente propuesta de este carácter en las comisiones económicas a finales del
año pasado.
DPS avanza en recortes
En cumplimiento con esta medida, el primero en anunciar movimientos en su sector
fue el director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
Gustavo Bolívar, quien aseguró en medios de comunicación que, en primera
instancia, para este año, al menos 300 trabajadores de la entidad que cumplían
sus funciones a través de la figura de prestación de servicios no serían
contratados.
“Para que la gente tenga una idea, el estado tiene cerca de 2.200.000 servidores
públicos. De ellos 910.000 son contratistas, personas que no están vinculadas
directamente con el Estado. En lo que respecta a mi entidad, a los contratistas
que no se les renovará el contrato, porque al tener un recorte, no puedo
pagarles. En la responsabilidad social, solo en el DPS tendremos que prescindir
de 300 contratos”, dijo Bolívar, en relación a la primera medida de cumplimiento
desde Prosperidad Social.
Asimismo, el director de este ente aseguró que, teniendo en cuenta que muchos de
los contratistas cumplen funciones a dos o más entidades, por lo que serán estos
a los que no se les renovarán sus vínculos con el DPS. También destacó que en
entidades donde se presentó el mayor recorte presupuestal se deberá, por lógica,
presentar un mayor número de recortes de personal para equilibrar los gastos de
funcionamiento con las labores de ejecución.
Otro de los rubros por los que fue cuestionado Bolívar se centró en pagos para
promoción en redes sociales, no necesariamente en publicidad. Allí surgió
nuevamente la parcela de las ‘bodegas’, de las que Bolívar apuntó, que “eso es
marginal. Y no se paga para atacar. Ellos nos dan una publicidad en redes
sociales que no tenemos en los medios”, para posteriormente argumentar que ese
tipo de movimientos solamente surgen en elecciones.
Garantías en educación
A pesar de la crisis que atraviesa el sistema educativo ante la deuda con
universidades y el Icetex, que de manera prematura cerró su convocatoria de
créditos para 2025-1, el ministro de Educación Daniel Rojas Medellín aseguró que
su cartera no tendrá mayores afectaciones, y que este derecho fundamental será
garantizado en el país a pesar de los diversos recortes.
“Ha sido una instrucción del presidente que el sector educación, por garantizar
un derecho fundamental, no va a sufrir las consecuencias de ese aplazamiento.
Por el contrario, vamos a tener la garantía de cubrir los recursos de gratuidad
y del aumento en las instituciones de educación superior públicas”, dijo el jefe
de la cartera.
Críticas al plan de austeridad
Tras el anuncio del Gobierno por su plan de austeridad, diversos sectores
cuestionaron la medida, argumentando que la medida es “vaga” y “poco clara”.
Según dijo el exministro Mauricio Cárdenas, el Gobierno “tiene un problema
fiscal que se estima en 40 billones y esto no se va a arreglar diciéndole a los
funcionarios que no celebren aniversario o no asistiendo a Davos”.
Asimismo, el representante por el Partido de la U Víctor Salcedo afirmo que
también resultaría clave “recortar en el plan de austeridad el presupuesto de
Minigualdad, que demostró que no ejecuta, no tiene programas ni planeación”. En
la misma línea de Cárdenas, Salcedo propone que haya recortes en programas “por
no delinquir y al final hay que trasladar esos recursos a la educación”.
El parlamentario también dijo a este Diario que en esta misma línea austera que
propone la Administración Petro, debe haber un cambio en el manejo de las
relaciones exteriores. “Creo que con embajadas en África u otros países,
Colombia no ve resultados. Debe haber un plan que ingrese al país a la comunidad
internacional y que busque relaciones equitativas, comerciales y donde toda la
comunidad se involucre”, señaló Salcedo.
En relación, el también exministro José Manuel Restrepo señaló al mandatario por
sus constantes recordatorios de la deuda adquirida, apuntando que Petro “está
aumentando la deuda en 140 billones a septiembre de 2024 y 170 billones a
diciembre de 2024 y solo en dos años. Parte para pagar deuda anterior, como le
toca a todos los gobiernos en la llamada “gestión de pasivos” en crédito
público. Ustedes se demoraron en ese proceso porque no fueron capaces de
tramitar la ley de emisión de bonos internacionales y obviamente se rezagaron”.
Restrepo también explicó que “la solución es crecer mucho más y tener cuidado
con sus declaraciones y decisiones que han aumentado el costo de la deuda y la
prima de riesgo país”, línea compartida por el congresista consultado por este
Medio.
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