Pereira, Colombia - Edición: 13.403-983

Fecha: Martes 21-01-2025

Capturan a presunto sicario involucrado en el asesinato del exdirector de La Modelo, Élmer Fernández

La Fiscalía General de la Nación confirmó el lunes 20 de enero la captura de un cuarto presunto implicado en el asesinato de Élmer Fernández Velasco, exdirector de la cárcel La Modelo de Bogotá. El arresto tuvo lugar en el barrio Floresta de Barrancabermeja, Santander, luego de que un fiscal de la Unidad de Vida emitiera una orden judicial.

El detenido, cuya identidad no ha sido revelada, es señalado de ser el sicario que disparó desde una motocicleta contra Fernández, quien fue asesinado el 16 de mayo de 2024 mientras regresaba a su hogar después de un día laboral. Según las investigaciones de la Fiscalía, el exdirector de la cárcel fue seguido por un grupo de cuatro personas, compuesto por tres hombres y una mujer, quienes planearon su muerte en un atentado sicarial.

La captura se da en medio de una hipótesis que podría modificar los detalles del crimen, ya que, según fuentes de la Fiscalía, sería este nuevo detenido quien disparó el arma contra Fernández. Hasta ahora, se había manejado que el crimen fue ejecutado por Ányelo Cárdenas, quien, en compañía de Diego Alejandro Murillo, habría seguido a la víctima en una motocicleta y disparado contra él en la intersección de la carrera 30 con Calle 80, en la localidad de Puente Aranda. Sin embargo, la versión podría cambiar con la reciente detención.

A la fecha, la Fiscalía ya había capturado a tres personas implicadas en el crimen: Ányelo Cárdenas, Julieth Martínez Rosa y Diego Alejandro Murillo. Los tres fueron imputados en noviembre de 2024 por homicidio agravado, aunque se declararon inocentes y esperan demostrar su ausencia de responsabilidad en el proceso judicial.

El crimen de Fernández, un coronel en retiro con una destacada carrera en el sector de la seguridad pública, conmocionó al país. El asesinato ocurrió cuando regresaba a su hogar en la localidad de Barrios Unidos de Bogotá. El disparo, que atravesó el vidrio del vehículo donde viajaba, impactó en su cabeza y acabó con su vida al instante.

Con la captura de este cuarto implicado, el caso da un paso más hacia su resolución, mientras que la Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer todos los detalles detrás de este homicidio.

forma parte del equipo negociador del EMBF en el proceso con el gobierno colombiano, expuso que el grupo guerrillero se ve obligado a responder a los ataques del ELN, los cuales, según él, han puesto en riesgo la estabilidad de la región. En sus palabras, "nos impusieron una guerra y hay que librarla con quien nos la impuso", dejando claro que no permanecerán de brazos cruzados ante la ofensiva del ELN. El jefe guerrillero añadió que su organización se reorganizará para hacer frente a esta situación, aunque subrayó que su compromiso sigue siendo el de evitar el daño a la población civil.

La reciente escalada de violencia en Catatumbo tiene su origen en una serie de enfrentamientos entre ambas facciones guerrilleras, tras el ataque perpetrado contra una familia en el municipio de Teorama, que resultó en la muerte de un bebé de nueve meses. El ELN responsabilizó al Frente 33 del EMBF de esta masacre, lo que generó un fuerte repunte de los combates en la zona. En un mensaje anterior, Avendaño había señalado al ELN como responsable de los ataques, pero en ese momento había optado por no responder con violencia, llamando al diálogo como solución para resolver la crisis.

"Nosotros consideramos que el problema del Catatumbo no se resuelve a tiros, se resuelve hablando", manifestó Avendaño, quien también expresó su preocupación por el deterioro de la situación y el impacto en las comunidades. Sin embargo, la respuesta de la disidencia guerrillera refleja el difícil panorama que se vive en la región, donde la confrontación entre grupos armados ilegales ha desplazado a miles de personas y dejado un saldo trágico de muertes.

Según cifras proporcionadas por la Defensoría del Pueblo, hasta el 20 de enero se han registrado más de 11.000 desplazados en los municipios más afectados por la violencia: Teorama, Tibú, El Tarra, Convención, Hacarí, Ábrego y San Calixto. La situación se agrava aún más con el aumento de asesinatos, con al menos 80 muertes reportadas en los últimos días, y la desaparición forzada de líderes sociales y excombatientes de las FARC.

Ante este panorama, la población local enfrenta una grave crisis humanitaria. En Ocaña, Cúcuta y Tibú, miles de personas se encuentran en albergues temporales, huyendo de la violencia que azota sus comunidades. La situación en Catatumbo se ha convertido en una de las más complejas del país, reflejando la persistente fragilidad de la paz en ciertas regiones y la difícil convivencia entre los actores armados ilegales, que siguen disputándose el control territorial a costa de las vidas de los habitantes más vulnerables.

La resolución de este conflicto parece alejarse cada vez más, y mientras las autoridades y la sociedad civil insisten en la importancia del diálogo, la situación sigue escalando y las voces de quienes claman por la paz se multiplican, en un territorio que, por ahora, parece atrapado en un ciclo interminable de violencia.

Un soldado perdió la vida y tres más resultaron heridos en un ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ocurrido en el municipio de Tadó, en Chocó. El incidente sucedió cuando las tropas realizaban patrullajes en una zona rural y fueron sorprendidas por un artefacto explosivo improvisado, que actuó como un campo minado, causando graves daños a los militares.

El soldado fallecido fue identificado como Willinton Mosquera Solano, quien murió debido a las heridas provocadas por la explosión. Además, un subteniente y dos soldados más resultaron heridos en el ataque. A pesar de recibir atención inmediata de los enfermeros de combate, quienes les brindaron primeros auxilios en el lugar y los evacuaron al hospital de Tadó, Mosquera no logró sobrevivir a las lesiones.

El Ejército atribuyó el atentado a los frentes de guerra Occidental y Cacique Calarcá del ELN, quienes, según las autoridades, fueron responsables de colocar los artefactos explosivos en la zona. Este tipo de ataques es considerado una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, ya que estos artefactos se instalan en áreas por donde también transitan civiles, poniendo en riesgo la vida de la población local.

El Ejército condenó el ataque, calificándolo de "cobarde" y enfatizando que las prácticas como la instalación de minas en zonas de tránsito civil son una grave infracción. Las autoridades insisten en la necesidad de proteger tanto a los militares como a los habitantes de las zonas rurales, que continúan siendo víctimas de este tipo de violencia armada.