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Pereira, Colombia - Edición: 13.405-985

Fecha: Sábado 25-01-2025

Grupos armados y el ELN estarían detrás de la minería ilegal en Risaralda, denuncia la CARDER

La minería ilegal sigue siendo uno de los principales problemas ambientales y sociales en Risaralda, un departamento clave para la biodiversidad y las cuencas hidrológicas del país. Según la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), en lo que va del año 2025, las autoridades han intensificado los operativos para frenar la explotación minera ilegal, que no solo afecta el medio ambiente, sino que también está vinculada a la presencia de grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y a la generación de rentas ilícitas.

Desde principios de año, cerca de 10 operativos han sido ejecutados en varios municipios de Risaralda, lo que ha llevado a la captura de 20 personas y a la incautación y destrucción de maquinaria pesada utilizada en actividades ilegales. Estas acciones son el resultado de la colaboración entre la CARDER, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y otros organismos especializados. Julio César Gómez, director de la CARDER, destacó la importancia de estas intervenciones, subrayando que están orientadas a recuperar los recursos naturales y fortalecer la autoridad en el territorio.

Una de las operaciones más relevantes fue la denominada “Operación Reducción”, ejecutada en el río Cauca, uno de los ecosistemas más afectados por la minería ilegal. Durante esta operación, las autoridades desmantelaron infraestructuras ilegales que alteraban el cauce del río para extraer minerales de manera ilícita. La acción resultó en la destrucción de maquinaria y equipos tecnológicos, así como la captura de varios individuos que operaban en flagrancia. Los detenidos enfrentarán cargos por delitos ambientales, concierto para delinquir y otros relacionados con la explotación ilegal de recursos naturales.

La general Yurian Romero, comandante de la Policía en la región, destacó el impacto positivo de estas operaciones, asegurando que la recuperación de los recursos hídricos es una prioridad para la Policía y las autoridades ambientales. Romero reafirmó que los operativos se seguirán realizando de manera articulada entre las diversas entidades, con el fin de proteger los ecosistemas y desarticular las redes criminales que se benefician de la minería ilegal.

El impacto ambiental de estas actividades ilegales es grave. La minería no solo destruye ecosistemas y contamina fuentes hídricas, sino que también afecta el acceso de las comunidades locales al agua potable. Según Gómez, detrás de estas prácticas ilícitas se encuentran organizaciones criminales, como el ELN y otras bandas ilegales, que se lucran de las rentas generadas por la explotación minera, mientras destruyen el entorno natural.

“La minería ilegal está directamente relacionada con el lavado de activos, la extorsión y el fortalecimiento de grupos armados ilegales. Allí donde hay actividad ilícita, también hay violencia y delitos adicionales”, afirmó Gómez. Además, alertó sobre la complicidad de algunos empresarios que, al operar sin permisos, terminan atrapados en dinámicas delictivas, siendo extorsionados por grupos criminales o incluso involucrados en actividades ilegales sin saberlo.

En cuanto a las zonas más afectadas, los municipios de Mistrató, Belén de Umbría, Puerto Rico y Santa Rosa de Cabal se encuentran en la lista de los más vulnerables. En estas regiones, se han identificado actividades mineras ilegales en las cuencas del río Risaralda, en la quebrada La Papayuela y en las lagunas de Puerto Rico, muchas de las cuales han sido contaminadas por la explotación minera sin control. Aunque la presencia del ELN no ha sido confirmada en forma de campamentos permanentes en estas áreas, las autoridades han detectado su influencia en las actividades ilegales que se realizan allí.

La Procuraduría General de la Nación también ha advertido sobre el creciente peligro que representa la minería ilegal en Risaralda, debido a su impacto en la biodiversidad y los recursos hídricos del departamento. Las autoridades, por su parte, han reiterado su compromiso con la lucha contra estos delitos, y se espera que

los operativos continúen en los próximos meses, con el objetivo de desmantelar las estructuras criminales que operan en la región.

“El 2025 es un año clave para la soberanía ambiental en Risaralda. Estamos comprometidos con la preservación de la biodiversidad y el bienestar de nuestras comunidades”, concluyó Gómez, haciendo un llamado a la ciudadanía y a las instituciones a seguir apoyando estos esfuerzos para garantizar un futuro más sostenible para el departamento.

Crisis humanitaria en el Catatumbo: Más de 40.000 desplazados en la primera semana del conflicto

La región del Catatumbo, en Norte de Santander, atraviesa uno de los momentos más críticos en su historia reciente, marcada por una crisis humanitaria de proporciones alarmantes. En los primeros días de enfrentamientos entre los frentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, más de 40.000 personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares, huyendo de la violencia y buscando refugio en áreas cercanas. Según el más reciente informe del Ministerio de Defensa, la situación se ha deteriorado rápidamente, convirtiéndose en la mayor crisis humanitaria generada por el conflicto armado en Colombia en años.

Los desplazados han llegado principalmente a las ciudades de Cúcuta, Ocaña y Tibú, donde se han habilitado albergues y centros de atención humanitaria para ofrecer alimentos, salud y seguridad a los miles de afectados. En Cúcuta, por ejemplo, alrededor de 16.000 personas han encontrado refugio, y el estadio General Santander se ha transformado en un punto crucial de coordinación para las ayudas, tanto del Estado como de organizaciones internacionales y de la sociedad civil. En total, se han entregado más de 115 toneladas de asistencia humanitaria y se han atendido incluso a más de 250 mascotas de los desplazados.

Sin embargo, la situación sigue siendo grave. El conflicto armado, que comenzó con enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, ha dejado un saldo dramático. Hasta el momento del cierre de esta edición, se han registrado al menos 41 muertes confirmadas, entre ellas tres menores de edad, y se reportan decenas de desaparecidos. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) ha confirmado que 12.176 personas se encuentran actualmente confinadas en sus lugares de origen, incapaces de moverse debido a la violencia. Además, los esfuerzos de las autoridades por estabilizar la región continúan siendo insuficientes frente a la magnitud de la emergencia.

En respuesta, el gobierno ha movilizado a más de 5.500 efectivos de la Fuerza Pública, reforzando la presencia militar en la zona. Unidades de Fuerzas Especiales y el Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación han sido desplegados para intentar frenar los enfrentamientos y brindar seguridad a las comunidades. A pesar de estos esfuerzos, el coronel Miller Fernando Moreno, comandante del Batallón de Ingenieros de Combate en Tibú, reconoció que la situación sigue siendo extremadamente grave, sobre todo en las veredas y corregimientos donde las confrontaciones son más intensas.

Además del desplazamiento y las muertes, la crisis ha desnudado una grave violación de derechos humanos en la región, lo que ha llevado a la Fiscalía a activar un plan integral de respuesta. La entidad ha movilizado a 46 funcionarios del CTI y de la Policía Judicial para investigar los delitos y desmantelar las estructuras criminales que operan en la zona. La Fiscalía también ha asumido el desafío de garantizar que las víctimas reciban atención jurídica y psicológica durante el proceso de identificación y judicialización de los responsables.

Uno de los aspectos más complejos de esta crisis es la creciente preocupación por las víctimas que han sido excombatientes de las FARC. Al menos seis firmantes del acuerdo de paz han sido asesinados, lo que ha generado alarma sobre la seguridad de quienes han apostado por la reincorporación a la vida civil. Además, las autoridades han reportado 15 desaparecidos y 25 personas evacuadas de áreas especialmente conflictivas.

Jueza autoriza imputación de Diego Marín, alias 'Papá Pitufo', en su ausencia

El 24 de enero, la jueza 48 de Garantías de Bogotá dio un paso crucial en el proceso judicial contra Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’ y reconocido por su apodo ‘El Zar del Contrabando’. La togada, siguiendo la solicitud de la Fiscalía, declaró en contumacia a Marín, permitiendo que sea imputado pese a su ausencia en el país. Marín, detenido en Portugal, se enfrenta a múltiples acusaciones por contrabando y evasión fiscal.

La audiencia de contumacia, una figura legal que permite que un proceso continúe sin la presencia del imputado, fue solicitada debido a que Marín se ha negado en repetidas ocasiones a asistir a las audiencias, incluso virtualmente. Según la jueza, la actitud del procesado ha representado una “burla a la justicia”, pues las autoridades colombianas han agotado todos los medios para notificarlo e informarlo sobre el desarrollo del caso. Además, la jueza señaló que existían indicios de dilaciones por parte de su defensa, encabezada por el abogado Edgar Villamil.

La Fiscalía, que ha instado a que se resuelva el proceso en contumacia, cuenta con el respaldo de la Procuraduría y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entidad que se ha constituido como víctima en el caso. En su intervención, el Estado reafirmó la plena identificación de Marín y argumentó que las notificaciones realizadas fueron suficientes para continuar con el proceso judicial. Sin embargo, la defensa apeló la decisión, argumentando que aún está pendiente el trámite de extradición de Marín desde Portugal, solicitado por la Fiscalía.

Desarticulan banda ‘Los Latinos’ dedicada al hurto de celulares en Transmilenio

Tras 11 meses de investigaciones, la Policía Metropolitana de Bogotá, en conjunto con la Fiscalía, desarticuló a la banda delincuencial ‘Los Latinos’, dedicada al hurto de celulares en el sistema TransMilenio. En una operación que incluyó tres allanamientos en Usme y Rafael Uribe Uribe, fueron capturados cinco integrantes de este grupo criminal, quienes enfrentarán cargos por concierto para delinquir y hurto agravado.

La modalidad de robo utilizada por la banda era el conocido “cosquilleo”, aprovechando las horas de mayor congestión en portales y estaciones como Tunal, Usme, Sur y Soacha. Según las autoridades, los delincuentes llegaban en vehículos de plataforma durante la madrugada, organizando su actividad delictiva a través de llamadas telefónicas. Además, se confirmó que operaban principalmente en localidades como Usme, Teusaquillo, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Kennedy.

La líder de la banda, conocida como alias ‘Sandra’, era quien seleccionaba los sitios estratégicos para los robos y supervisaba los movimientos de las autoridades para evitar ser detectados. Entre los capturados también se encuentra alias ‘Leidy’, encargada de distraer a las víctimas y almacenar los celulares sustraídos, y alias ‘Nikol’, quien destacaba por su habilidad para robar dispositivos y ocultarlos rápidamente. Por su parte, alias ‘Eduard’ ejecutaba empujones para desviar la atención de los usuarios mientras sus cómplices robaban.

En el operativo se incautaron 14 celulares, y se estima que esta actividad ilícita generaba ganancias de hasta 720 millones de pesos anuales. La Policía reiteró su compromiso con la seguridad en el transporte público e hizo un llamado a los ciudadanos para que denuncien este tipo de delitos.

Con este golpe, las autoridades buscan reducir significativamente los índices de hurto en el sistema de transporte, devolviendo la tranquilidad a los usuarios que diariamente confían en TransMilenio para movilizarse.

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