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Pereira, Colombia - Edición: 13.412-992

Fecha: Jueves 06-02-2025

Cae banda dedicada a extorsión y secuestro en tres departamentos del país

En un operativo conjunto realizado en los departamentos de Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, la Policía Nacional capturó a 16 presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión y el secuestro. Tras más de un año de investigaciones, las autoridades desmantelaron una estructura que operaba principalmente en los municipios de Pereira, La Virginia, Belalcázar y Cartago.

De acuerdo con el brigadier general José Luis Ramírez Hinestroza, jefe nacional del servicio de Policía, la organización criminal, vinculada al Grupo Delincuencial Común Organizado “La Oficina” y con nexos con “La Cordillera”, operaba de manera organizada, designando cabecillas y asignando roles delictivos en los distintos municipios para controlar su territorio y obtener beneficios económicos ilícitos.

En total, se ejecutaron 15 órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir y extorsión, y una captura en flagrancia por porte ilegal de armas de fuego. Los capturados estaban involucrados en el cobro de extorsiones a prestamistas informales, comerciantes, administradores de fincas y personas vinculadas al tráfico de estupefacientes, con exigencias económicas que oscilaban entre 150.000 y 600.000 pesos mensuales.

El golpe a esta banda criminal es considerado un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado en la región. Las autoridades han reafirmado su compromiso de seguir desarticulando organizaciones que atentan contra la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos.

Corte Suprema anula condena contra Gustavo Sastoque tras casi 30 años de lucha por su inocencia

Luego de casi tres décadas de lucha judicial, Gustavo Sastoque Alfonso, exempleado del CTI, ha obtenido una histórica victoria tras la Corte Suprema de Justicia de Colombia anular su condena por el asesinato del guerrillero Hernando Pizarro León Gómez. Esta decisión fue tomada luego de que se demostrara que su proceso estuvo plagado de irregularidades y manipulaciones que le costaron 10 años de prisión injusta.

El caso de Sastoque, que comenzó en 1995, fue uno de los más polémicos de la historia reciente de la justicia colombiana. En marzo de ese año, el hombre de 35 años fue detenido tras recibir una orden de captura sin explicación alguna, y poco después se le imputó el asesinato de Pizarro, ocurrido el 27 de febrero de 1995. La acusación, basada principalmente en testimonios falsos y un retrato hablado que curiosamente coincidía con su fisonomía, fue el comienzo de un proceso judicial marcado por la falta de pruebas contundentes y un claro montaje.

La defensa de Sastoque, que consistió en la presentación de 14 testigos que probaron que él estaba en otro lugar al momento del crimen, fue sistemáticamente desestimada. A pesar de los esfuerzos de su abogado para desmentir las pruebas presentadas en su contra, el 26 de mayo de 1997 un juez sin rostro lo condenó a 45 años de prisión por homicidio agravado. Esta condena fue posteriormente reducida a 40 años en apelación, y solo quedaba por resolver el recurso de casación ante la Corte Suprema.

Sin embargo, la justicia parecía haberse cerrado para él hasta que, a finales de los años 90, surgieron nuevas evidencias. Un testigo clave, que en su momento permaneció en el anonimato, reveló detalles de cómo se había armado el montaje judicial contra Sastoque, señalando la participación de militares y funcionarios del CTI en la falsificación de pruebas. No obstante, las autoridades ignoraron esta información y el caso fue archivado por años, incluso cuando la Procuraduría negó la investigación sobre las irregularidades cometidas.

Fue entonces cuando la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2008 dio un giro crucial al caso. Esta organización internacional, que había estado siguiendo la situación de Sastoque, solicitó al Estado colombiano revisar el caso y reparar el daño causado. A pesar de que la CIDH continuó presionando para esclarecer la verdad, la Fiscalía, en ese entonces, absolvió a los falsos testigos que participaron en el proceso en su contra, lo que evidenció aún más la falta de interés por parte de las autoridades nacionales para hacer justicia.

El caso parecía estar estancado, pero en 2020 una nueva declaración sorprendió a todos. Tres exjefes guerrilleros de las FARC, entre ellos Julián Gallo, Pastor Alape y Pablo Catatumbo, acudieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y reconocieron que el asesinato de Pizarro fue responsabilidad de la red urbana Antonio Nariño de las FARC. Esta declaración, que fue clave para el desarrollo del caso, permitió que la CIDH intensificara sus esfuerzos para conseguir una resolución favorable para Sastoque.

En septiembre de 2024, los mismos exguerrilleros confirmaron ante la Corte Suprema que Sastoque no tuvo ninguna relación con el asesinato, lo que finalmente llevó a la Corte a revocar la condena. Con base en esta nueva evidencia, el alto tribunal ordenó la apertura de una investigación imparcial y ordenó que un juez de primera instancia se encargara de revisar el caso de acuerdo con las recomendaciones de la CIDH y las pruebas presentadas por la Procuraduría.

Aunque la Corte no absolvió directamente a Sastoque, la anulación de los fallos anteriores y la orden de revisión profunda del expediente marca un avance importante en su lucha por demostrar su inocencia. A sus 64 años, Sastoque ha esperado casi 30 años para ver su nombre limpio de la mancha de un crimen que nunca cometió. Tras conocer la noticia, expresó con calma y dignidad: “No me importa seguir esperando, pero al final, reconocerán mi inocencia”.

El proceso de reparación, aunque significativo, no significa que la justicia esté completamente cerrada para los responsables de este error judicial.

Medidas extraordinarias para agilizar la justicia en el Catatumbo tras ola de violencia

El gobierno colombiano decretó hace casi dos demanas la conmoción interior en 16 poblaciones del Catatumbo y en dos municipios del Cesar, con el fin de hacer frente a la creciente ola de violencia que azota la región. Esta medida de emergencia busca controlar una crisis humanitaria sin precedentes, marcada por el recrudecimiento de la violencia derivada de grupos criminales organizados que tienen azotada la zona. Sin embargo, la situación no solo ha afectado la seguridad, sino que también ha puesto en evidencia la necesidad urgente de reformar ciertos procesos judiciales para asegurar que las investigaciones se lleven a cabo de forma más rápida y eficaz.

En este contexto, la Policía Judicial, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), presentó una serie de propuestas a la Corte Constitucional, las cuales buscan agilizar los procedimientos legales en el Catatumbo. Según el documento fechado el 24 de enero, la estrategia está orientada a mejorar la capacidad de respuesta de la policía frente a las nuevas dinámicas del crimen organizado en la región, lo que permitiría actuar con mayor efectividad en el combate al narcotráfico y las bandas criminales.

Entre las medidas destacadas, se plantea la posibilidad de que la policía judicial pueda realizar ciertas actividades de investigación sin la necesidad de esperar una orden previa de un juez. Esto incluiría procedimientos como el registro personal, la inspección corporal y el allanamiento con fines de captura. La Dijín argumenta que estas acciones, al ser ejecutadas por profesionales capacitados en el área, no afectarán el debido proceso, ya que todo lo recolectado sería supervisado por un fiscal para su posterior análisis.

Además, se sugiere facultar a los jefes seccionales de policía judicial para que tomen decisiones de manera más inmediata y eficaz, evitando la alteración o pérdida de pruebas cruciales en las investigaciones. Estas reformas también buscan dar más autonomía a las autoridades locales para actuar con rapidez, sobre todo en situaciones de emergencia, como las que actualmente vive el Catatumbo.

No obstante, la implementación de estas medidas aún enfrenta un obstáculo: la designación del comandante militar responsable de coordinar las acciones de seguridad en la región. Aunque el decreto establece esta figura como clave para la implementación de las estrategias, hasta el momento no se ha revelado el nombre del encargado. Esto ha generado retrasos en la puesta en marcha de algunas de las medidas de seguridad, según fuentes judiciales.

El gobierno continúa luchando por estabilizar la región del Catatumbo, mientras busca equilibrar la seguridad con el respeto a los derechos fundamentales de los habitantes. La urgencia de estas medidas refleja la gravedad de la situación, y la Policía Judicial espera que, con la colaboración de otras entidades del Estado, se logren avances significativos en la lucha contra los grupos armados y el crimen organizado en la zona.

Falta de coordinación frena avances en la toma de El Plateado: Ministro de Defensa

El pasado 12 de octubre, la operación en el corregimiento de El Plateado, ubicado en el municipio de Argelia, Cauca, comenzó con el despliegue de 1.277 soldados y 19 vehículos blindados con el fin de recuperar el control estatal en una de las zonas más afectadas por la violencia de grupos armados. Sin embargo, casi cuatro meses después, el gobierno nacional ha reconocido que la operación no ha logrado sus objetivos. En un consejo de ministros el 4 de febrero de 2025, transmitido en vivo por primera vez, el Ministro de Defensa Iván Velásquez señaló que la falta de una coordinación efectiva entre las distintas entidades gubernamentales ha sido uno de los principales obstáculos.

Velásquez explicó que, aunque tanto las Fuerzas Militares como la Policía Nacional han reiterado la necesidad de una acción más articulada, no ha habido una decisión unificada dentro del Gobierno para garantizar una presencia real en la zona. El ministro subrayó que el proceso de articulación ha sido problemático desde el principio, mencionando varios intentos fallidos para coordinar acciones entre distintas carteras, como Planeación Nacional y el Dapre.

En respuesta a las críticas de Petro sobre la inacción de su cartera, Velásquez destacó la labor de la exviceministra de Defensa, Daniela Gómez, quien también había intentado coordinar la acción del gobierno en El Plateado. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la falta de un liderazgo claro en el proceso ha impedido una acción más efectiva.

La situación en El Plateado y sus alrededores sigue siendo crítica. El área es clave para las economías ilícitas, principalmente para el narcotráfico, ya que alberga el 75 % de las 26.000 hectáreas sembradas con coca en el Cauca. El control de la zona está en manos de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de Iván Mordisco, lo que complica aún más el panorama.

Desde que comenzó la Operación Perseo, el gobierno ha reportado algunos avances, como la destrucción de cientos de artefactos explosivos y minas antipersona, pero también ha habido un alto costo humano. La intervención inicial dejó un saldo trágico de 17 civiles muertos, 1.200 desplazados y un soldado fallecido, además de varios ataques con drones y hostigamientos. A pesar de los esfuerzos de desarrollo en la zona, como los proyectos financiados por el Fondo Colombia en Paz, los líderes de la región han señalado que los resultados aún son insuficientes.

La violencia ha continuado en la zona, con atentados como el estallido de una motocicleta bomba en noviembre de 2024, que dejó un soldado muerto, y una serie de ataques con explosivos que han dejado víctimas tanto civiles como militares. En enero de 2025, la situación empeoró con enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y las fuerzas del Ejército, así como el lanzamiento de explosivos con drones sobre el parque de El Plateado, que dejó dos civiles muertos.

El Gobierno Nacional ya ha reconocido que se ha quedado corto en sus esfuerzos para estabilizar la región, y la falta de articulación entre las entidades del Estado sigue siendo un desafío en la implementación de una estrategia efectiva que recupere la confianza de la población y controle la violencia que aún azota al Cauca. La situación sigue siendo incierta, y el futuro de El Plateado dependerá de una acción más coordinada y de decisiones estratégicas que den resultados tangibles a la población afectada.

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