¿Rotación sin rumbo?

La estabilidad en un gobierno no solo depende de su capacidad de ejecución, sino también de la coherencia y solidez de su equipo de trabajo. En el caso del gobierno colombiano actual, su administración ha estado marcada por una inusitada rotación ministerial, con 42 ministros en dos años y medio, y la expectativa de nuevos cambios en el gabinete. Este fenómeno plantea una pregunta clave: ¿se trata de una estrategia de renovación constante o de una falta de rumbo claro en la gestión del país?

El hecho de que un presidente cambie ministros no es inusual. Sin embargo, la velocidad y frecuencia con la que se han producido estos movimientos en el actual gobierno han generado incertidumbre, tanto dentro de la administración como en la opinión pública. Si bien comandante en jefe ha defendido estas decisiones como necesarias para mejorar la ejecución de su programa progresista, la realidad es que los constantes ajustes han evidenciado grietas en su equipo y dificultades para consolidar un gabinete estable y eficaz.

Un gobierno que cambia ministros con tanta frecuencia enfrenta múltiples desafíos. Primero, se genera una sensación de improvisación que afecta la confianza de los ciudadanos y de los sectores económicos. Segundo, la continuidad de las políticas públicas se ve amenazada, pues cada nuevo ministro trae consigo su propia visión y, en ocasiones, deshace lo avanzado por su predecesor. Tercero, la alta rotación refleja dificultades en la selección de perfiles idóneos, lo que podría indicar un problema de liderazgo o de gestión de equipo por parte del presidente.

Por otro lado, los cambios también pueden verse como un intento del gobernante por fortalecer su administración, removiendo funcionarios que no cumplen con las expectativas o que generan conflictos internos. Sin embargo, cuando la rotación se convierte en una constante, el efecto es contrario: en lugar de transmitir dinamismo, proyecta inestabilidad y falta de dirección.

Con 18 meses restantes de mandato, la administración colombiana actual enfrenta un momento crucial. Si el presidente desea consolidar su legado y garantizar la continuidad de su proyecto más allá de 2026, necesita un equipo cohesionado y eficiente. Para ello, es fundamental que los próximos nombramientos ministeriales respondan a criterios de idoneidad y estabilidad, en lugar de ajustes apresurados motivados por presiones políticas o crisis internas.

En última instancia, la historia juzgará si esta incesante rotación fue una estrategia efectiva o un síntoma de debilidad gubernamental. Lo cierto es que, a estas alturas, la estabilidad del gabinete no solo es un reto, sino una necesidad impostergable para la gobernabilidad del país.

Los impuestos son el derecho a la pernada de los políticos

Por: Zahur Klemath Zapata
zapatazahurk@gmail.com

Pagar impuestos es un compromiso que se le ha creado a todos los seres humanos y ellos ven esta obligación como algo natural en la vida cotidiana. A pesar que hemos evolucionado a unos niveles que jamás los seres humanos habían vivido en tal evolución, seguimos actuando como borregos que van al matadero sin siquiera cuestionarse si esta obligación debe mantenerse o cambiar el término.

Los impuestos nunca han sido un derecho que tienen quienes los recaudan, ha sido una extorsión de quien los impone porque de ellos se lucran quienes los manejan y no realmente quien los paga.

Hablar sobre este asunto en términos históricos, habría que escribir miles de páginas para al final, darles razón a quienes los cobran actualmente.

El impuesto hoy día es un derecho a la pernada que tienen los políticos para sobrevivir de lo que recolectan de los ciudadanos que lo pagan. Porque si ese dinero que se recauda fuera a ir a los propósitos que se suponen que deben ir, ya no sería impuestos sino una contribución que cada ciudadano haría para beneficio de toda la sociedad y para sí mismo en el futuro y tiempos difíciles.

Ese dinero jamás debería parar en manos de los políticos, porque ellos no representan a la sociedad, sino a su grupo político y su entorno familiar. Los intereses aquí son desfigurados a lo que la sociedad piensa y donde deberían ir. El Estado no son los políticos, es la sociedad porque es ella quien la integra y quien sostiene el Estado y establecimiento.

Los impuestos son una imposición, una extorsión porque si no los pagas terminas en la cárcel y esto ha sido histórico.

Siempre el Estado se ha encontrado corto de dinero y quienes lo manejan recurren a todo tipo de artimañas para imponerlos y así vivir en mejores condiciones de quien los paga.

Cuando un administrador del bien social sabe cómo organizar la sociedad y recoger no impuestos sino regalías de los negocios que este hace con otros Estados y empresas para que se enriquezca el Estado logra un superávit para el Estado y grandes beneficios para la sociedad y esto se llama autonomía del Estado y la sociedad.

A BEBER AMARILLO
Crónica #1051

Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal

Audio: https://youtu.be/WYjpvHIwEdM

En un fallo que puede resultar histórico, la Corte Constitucional desmontó la decimonónica facultad que tenían los departamentos de autorizar o no el consumo de aguardiente.

Desde la Constitución de 1863, la de Rionegro, la norma fue pasando camuflada de reforma en reforma de la carta magna hasta llegar a nuestros días concediendo poder a los gobernadores para autorizar o no la venta de aguardiente de otros departamentos en su territorio.

El país dejó de ser federal en 1886 y de Constitución en Constitución fue viendo perder las viejas fronteras entre los estados y las actuales entre los departamentos pero la norma sobrevivió disimulada.

El fallo a más de histórico, es anecdótico porque la batalla la libró el aguardiente Amarillo de Manzanares que la Industria de Licores de Caldas ha venido produciendo desde hace más de 80 años, pero que por el capricho constitucional no podía ser legalmente consumido en los tres focos más grandes de comercialización, Antioquia, Cundinamarca y Valle, donde se apertrechaban en la salvaguarda sus sendas licoreras para impedir la venta.

Pero el fallo también es trasformador económica y políticamente porque los departamentos donde ahora se podrán tomar otros aguardientes distintos a los producidos en sus licoreras, pagarán todos por igual el mismo impuesto de consumo y es casi seguro que la renta de los tres departamentos que lo prohibían, y donde se consumía sin pagar impuesto, vaya a crecer.

Pero, por supuesto, obliga a cada una de sus licoreras a adoptar planes de mercadeo tan ingeniosos y constantes como el que ha tenido la Licorera de Caldas con sus caldos espirituosos.

Se podrá entonces tomar Amarillo en Cali y en Envigado, en Bogotá y en Popayán. Y, a su vez, el aguardiente Antioqueño lo tomarán sin tapujos los descendientes de la colonización paisa en todo el país.

Al que le toca duro es al Blanco del Valle, sin respaldo publicitario y sin esquema de mercadeo nacional.

Amanecerá y veremos.

El Porce, febrero 8 del 2025

 
Edgar Cabezas