Disidencias FARC en el
Catatumbo se están desmovilizando: Otty Patiño

El consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, indicó que las disidencias de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en la región del Catatumbo no
están combatiendo con otros grupos armados debido a órdenes directas de sus
comandantes. Además, destacó que algunos miembros han optado por desmovilizarse
mientras otros esperan que el gobierno restaure condiciones favorables para
reanudar los diálogos.
Esta noticia se enmarca en la situación de violencia que experimenta la región
del Catatumbo que ha sido escenario de enfrentamientos entre diferentes grupos
armados durante años. Sin embargo, la decisión de no combatir por parte de
algunas disidencias sería un cambio significativo en su estrategia.
Cabe señalar que el mes de enero del presente año, al menos 63 disidentes de las
Farc se desmovilizaron en una zona rural del municipio de Tibú. El presidente
Gustavo Petro señaló en su momento que “en desarrollo de una operación militar
en la zona se logró el sometimiento a la justicia de 63 integrantes del Bloque
Magdalena Medio o Frente 33".
En el operativo, los rebeldes entregaron 54 armas largas, dos ametralladoras, un
fusil de francotirador, un arma corta, 80 granadas de mortero y 1.000 kilos de
explosivos.
Durante su declaración en la audiencia pública sobre el decreto de Conmoción
Interior, Patiño también enfatizó que el Gobierno “no bajará las banderas de Paz
y la acción que haga no será de guerra, sino de recuperación del territorio en
Norte de Santander”.
De igual manera, Otty Patiño se refirió a las maniobras de violencia que el
Ejército de Liberación Nacional (Eln) ejerce en la zona del Catatumbo. Afirmó
que los ataques del grupo guerrillero no son acciones espontáneas, sino que
fueron planificados y ejecutados con crueldad y sevicia.
La violencia desatada por el Eln ha dejado un saldo devastador de más de 100
muertos, decenas de personas secuestradas y miles desplazadas. Además, los
ataques indiscriminados incluyen asesinatos premeditados contra población civil
y exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz. La situación ha sido calificada
como una emergencia humanitaria sin precedentes en décadas.
Por afectación a ecosistema
suspenden siembra de papa en La Vega

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso dos medidas
preventivas con suspensión inmediata de actividades a tres predios donde se
llevaban a cabo cultivos de papa, ubicados en la vereda El Dintel del municipio
de La Vega, los cuales hacen parte del Distrito de Manejo Integrado (DMI)
Cuchilla El Chuscal, una importante área de protección forestal.
La principal función del DMI es la conservación de los recursos naturales y la
protección del medio ambiente. Las actividades agrícolas no son compatibles con
estos objetivos, ya que pueden provocar
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daños a
los ecosistemas locales y a la calidad del agua.
De acuerdo con el informe técnico,
realizado por profesionales de la Dirección Regional Gualivá de la CAR, fueron
20 hectáreas aproximadamente las que venían siendo utilizadas para la siembra de
papa donde además se identificó el uso de maquinaria pesada y la aplicación de
fungicidas, los cuales estarían afectando no solo la zona de reserva sino
también las fuentes hídricas y nacimientos de agua que existen dentro de los
predios, entre ellos la quebrada Sabaneta que alimenta el acueducto del Alto del
Vino y del propio municipio de La Vega.
“Estas son actividades totalmente prohibidas en esta zona, por el Plan de Manejo
Integrado de este Distrito ya que afectan gravemente nuestros recursos
forestales y el agua presente en este territorio”, afirmó el director de la
regional Gualivá, Gratiniano Suárez.
Con el propósito de mitigar esta afectación ambiental y apoyados en el marco del
Plan de Intervención Socioambiental (PISA), se emprenderán acciones de
recuperación y restauración con especies nativas que permitan devolver las
condiciones y servicios ecosistémicos de esta importante zona del territorio
CAR.
Denuncian bloqueos en
Cerrejón por comunidades Wayúu

Desde el domingo 2 de febrero de 2025, miembros del movimiento indígena Nación
Wayuu han iniciado un bloqueo indefinido en la línea férrea y la entrada de
Puerto Bolívar, en La Guajira, en un intento por obtener respuestas a sus
peticiones. Los bloqueos son parte de un pliego de demandas que incluye la
inclusión de nuevas comunidades en el marco de la sentencia T-704 de la Corte
Constitucional, así como la solicitud de una mejor gestión de las regalías en el
departamento, entre otros temas de gran relevancia para las comunidades
indígenas de la región.
Cerrejón, la multinacional minera que opera en el territorio, ha estado
cumpliendo las consultas previstas en la sentencia T-704, alcanzando acuerdos
con 401 comunidades, de las cuales 355 ya han sido cerradas. Los acuerdos
incluyen la ejecución de más de 2.325 proyectos destinados a mejorar
infraestructura, acceso al agua, generación de ingresos y fortalecimiento
cultural en las comunidades, que han sido implementados de manera autónoma por
los movimientos indígenas.
A pesar de los avances, Cerrejón denuncia que las demandas de Nación Wayuu aún
no han sido resueltas en su totalidad, ya que el movimiento exige que se sumen
más comunidades a los acuerdos, así como una revisión más profunda de la
distribución de regalías en la región. La empresa ha reiterado su respeto por la
normativa colombiana y ha hecho un llamado a evitar las vías de hecho,
solicitando el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la ley para
abordar las inquietudes de las comunidades de manera efectiva.
El conflicto ha tomado una dimensión adicional con la creciente violencia en la
región. En 2024, Cerrejón registró 333 bloqueos que detuvieron sus operaciones
durante más de 134 días. En lo que va de 2025, ya se han presentado 19 bloqueos
y cuatro atentados a la infraestructura ferroviaria. El más reciente ocurrió en
el kilómetro 78 de Uribia, donde la línea férrea sufrió daños considerables
debido a un ataque con explosivos, el cuarto en menos de dos meses.
La empresa ha expresado su preocupación por la creciente ola de violencia que
afecta tanto a sus operaciones como a la seguridad de las comunidades vecinas.
Además, ha solicitado a las autoridades nacionales que intensifiquen los
esfuerzos para identificar y capturar a los responsables de estos atentados. Las
autoridades no han identificado aún a los autores, aunque se barajan diversas
hipótesis, que incluyen a grupos armados ilegales y sectores
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inconformes con la actividad minera en la
región.
La situación genera incertidumbre no solo para los trabajadores de Cerrejón,
sino también para las comunidades locales, quienes temen que la violencia
impacte aún más el desarrollo económico de La Guajira y afecte la estabilidad
laboral en la zona. Cerrejón ha enfatizado que la interrupción de su línea
férrea, esencial para el transporte de carbón y otros recursos, podría tener
consecuencias graves para la economía regional y nacional.
Con el objetivo de evitar mayores escaladas de violencia, la empresa ha
solicitado reuniones con funcionarios del Gobierno Nacional para abordar esta
problemática y trabajar en soluciones que fortalezcan la seguridad en la región
y garanticen el cumplimiento de los acuerdos con las comunidades indígenas.
Por aumento de tarifas de
gas, Superservicios inspeccionará a Vanti

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) informó
que viene realizando un seguimiento al proceso de comercialización de las
empresas de gas en el país, frente al anuncio de los incrementos de las tarifas
por parte de algunos prestadores del servicio.
En este sentido y debido a la publicación de la empresa Vanti S.A. sobre el
aumento de la tarifa de gas, una comisión de la Superservicios realizará visitas
de inspección el día de hoy y el lunes 10 de febrero para verificar las razones
de lo divulgado por la compañía.
La entidad ha hecho y continuará haciendo los debidos requerimientos a las
empresas prestadoras del servicio de gas domiciliario por redes y analiza los
diferentes procesos relacionados con la contratación de gas por parte de las
comercializadoras.
Paralelamente, la Superservicios se encuentra en la sede de XM, que es el
operador del Sistema Interconectado y el administrador del Mercado de Energía
Mayorista de Colombia, para verificar la implementación de los cambios
regulatorios en las tarifas de energía.
De esta forma, esta Superintendencia ejerce las medidas de inspección,
vigilancia y control necesarias para que los agentes del sector cumplan con el
marco regulatorio vigente. Estas acciones buscan proteger la prestación de los
servicios públicos como un derecho para los ciudadanos.
Investigaciones
Ante el anuncio de Vanti sobre el incremento de la tarifa del gas de hasta el 36
%, el presidente Gustavo Petro pidió investigar a la empresa prestadora del
servicio.
A través de su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que "Ecopetrol tiene el
gas colombiano barato, pero quieren importar el gas caro porque eso eleva las
tarifas de energía a todos los actores del sistema eléctrico".
¿Por qué subirá la tarifa de
gas en el país?
A partir de este mes, los usuarios residenciales, comerciales e industriales
regulados en varias regiones del país verán un aumento en sus tarifas de gas
natural, que podría llegar hasta el 36%.
Este incremento es consecuencia de varios factores, entre los cuales destacan el
alza en el precio de la molécula de gas y los mayores costos derivados del
transporte debido a los nuevos suministros provenientes de la Costa Caribe.
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