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Ataque a base militar en Barrancabermeja genera
dudas sobre reacción del Ejército
En la madrugada del jueves 13 de
febrero de 2025, un ataque armado contra la base militar de El Llanito, en
Barrancabermeja, Santander, puso en alerta a las tropas del Ejército Nacional.
Sujetos armados dispararon contra la instalación militar, lo que llevó a la
activación de un plan de reacción por parte de los uniformados.
Militares que patrullaban la zona,
donde se encuentra infraestructura de Ecopetrol, identificaron un vehículo que
se desplazaba a alta velocidad y, al parecer, reaccionaron contra él. Tras una
inspección, el Ejército y la Policía Nacional interceptaron el automóvil y
encontraron afectaciones en su carrocería. Afortunadamente, no se registraron
víctimas fatales ni heridos, aunque las autoridades abrieron una investigación
para esclarecer lo sucedido.
En un comunicado oficial, el comando de la Quinta Brigada del Ejército confirmó
que se inició una inspección interna y una investigación disciplinaria para
determinar las circunstancias del ataque y la respuesta militar. Además, se
anunció el reforzamiento de la seguridad en la zona con nuevas operaciones
militares.
Sin embargo, el caso ha generado controversia luego de que Johan Sebastián
Delgado Rojas, un joven de 20 años, denunciara que la respuesta militar puso en
riesgo su vida. Según su testimonio, recogido por el medio local El Verídico, su
vehículo recibió varios impactos de bala cuando tropas del Ejército,
movilizándose en una camioneta sin identificación oficial, le dispararon tras
interceptarlo en la vía.
El joven relató que los soldados le cerraron el paso y abrieron fuego con
fusiles al no detenerse, a pesar de no tener antecedentes judiciales ni vínculos
con actividades delictivas. “Me atraviesan la camioneta como guerrilleros y me
prenden el carro a tiros diciendo que soy un delincuente”, denunció en una
grabación.
Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los hechos y
determinar si hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de los militares.
Desarticulan banda que extorsionaba a prestamistas
'gota a gota' en Pereira
En un contundente golpe contra la
extorsión en Risaralda, las autoridades lograron la captura de cuatro presuntos
integrantes de una organización delincuencial que se dedicaba a intimidar y
extorsionar a prestamistas del sistema ‘gota a gota’.
Se trata de Martha Lucía Salazar
Galeano, Richard Stivens Calvo Salazar, Erick Johan Calvo Salazar y Carlos
Augusto Moncada Vallejo, quienes, según la Fiscalía, habrían obligado a dos
hermanos a pagar millonarias
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sumas de dinero tras
enviarlos a Ecuador para administrar rutas de préstamos ilegales.
Los afectados fueron reclutados en Pereira y enviados a la ciudad de Jipijapa,
donde permanecieron cerca de siete meses cumpliendo la labor encomendada. Sin
embargo, todo cambió cuando uno de ellos sufrió un grave accidente de tránsito y
tuvo que regresar a Colombia. Poco después, su hermano también volvió, pero al
hacerlo, se encontraron con un peligroso ultimátum.
Según la investigación, los ahora procesados exigieron a los hermanos pagar
altas sumas de dinero, argumentando que habían incumplido con la devolución de
los recursos y que, además, debían asumir una multa por abandonar la ruta. La
situación se tornó aún más alarmante cuando fueron amenazados con represalias
contra sus familias si no cumplían con las exigencias económicas.
Aterrados, los afectados comenzaron a pagar, pero el acoso no cesó. De acuerdo
con la Fiscalía, la banda fue más allá y secuestró a un familiar de las víctimas
para forzarlos a entregar más dinero. Incluso, los presionaron para que
hipotecaran una propiedad a favor de uno de los miembros de la organización.
El operativo que permitió la captura de los presuntos delincuentes se llevó a
cabo de manera conjunta entre unidades del Gaula Militar, la Policía y el CTI de
la Fiscalía. Richard Calvo Salazar fue arrestado en su vivienda en el sector del
Parque Industrial, mientras que los otros fueron ubicados en el barrio Las
Palmas. Durante los allanamientos, las autoridades incautaron un arma de fuego,
municiones y hallaron fauna exótica, incluyendo un dragón barbudo y una
serpiente boa constrictor.
Una fiscal de la Seccional Risaralda les imputó los delitos de extorsión y
concierto para delinquir agravado, además de secuestro simple, falsificación de
documentos públicos, tráfico de armas de fuego y tráfico de fauna silvestre.
Aunque los acusados no aceptaron los cargos, un juez les impuso medida de
aseguramiento en centro carcelario.
Las pruebas indican que el perjuicio económico para la familia afectada podría
ascender a los 200 millones de pesos.
Exoficiales de la Policía implicados en caso de
alias Papá Pitufo
La Fiscalía confirmó la vinculación
de un grupo de oficiales retirados de la Policía en la investigación contra
Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, señalado de liderar una red de
contrabando que generó millonarias pérdidas al Estado colombiano.
Desde Barranquilla, la fiscal
general Luz Adriana Camargo detalló que este entramado de corrupción operó
durante años con la complicidad de antiguos miembros de la Policía Fiscal y
Aduanera (POLFA). Según las pesquisas, los uniformados recibieron sobornos a
cambio de permitir el ingreso de mercancía de contrabando sin cumplir los
requisitos legales.
“Se agotó hace no mucho la
imputación contra alias Papá Pitufo, y hay al menos cinco personas
judicializadas. Tenemos un juicio en marcha por estos hechos de corrupción
dentro de la POLFA”, señaló Camargo.
Para abordar el caso, la Fiscalía conformó un
equipo especial liderado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de
Justicia,
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con el apoyo de tres fiscales adicionales y Policía judicial. Su
objetivo es desmantelar esta estructura criminal y establecer la responsabilidad
de los oficiales retirados implicados.
En cuanto a la extradición de Diego Marín, la fiscal explicó que, aunque
inicialmente la solicitud fue presentada en España, el acusado se trasladó a
Portugal antes de su ejecución. Actualmente, la nueva solicitud está en trámite,
a pesar de que Marín solicitó asilo en Portugal. Alias Papá Pitufo fue capturado
en diciembre de 2024 en Oporto y espera la decisión del Supremo Tribunal de
Justicia portugués sobre su extradición.
En paralelo, la Fiscalía también investiga al exfiscal Andrés Marín por una
presunta filtración de información en el caso. Marín estuvo a cargo de la
investigación durante dos años, pero fue apartado en abril de 2024 debido a la
falta de avances. Informes internos sugieren que su salida se debió a la
aparición de irregularidades y a la posible filtración de detalles claves que
habrían beneficiado al contrabandista.
La Fiscalía justificó su remoción argumentando la necesidad de unificar
esfuerzos, ya que la Dirección Especializada contra la Corrupción también
investigaba el caso. Sin embargo, sectores críticos sugieren que la decisión
pudo haber sido producto de presiones internas.
Por su parte, Andrés Marín ha cuestionado su apartamiento del caso, asegurando
que su equipo tenía avances significativos. En una diligencia reciente, afirmó
que su investigación contaba con pruebas suficientes para imputar a Marín
Buitrago y sus cómplices, y criticó la postura de la Fiscalía sobre la falta de
progreso en el caso.
Alias Mocho Olmedo se entrega y es detenido por
orden de extradición
Willinton Henao, alias Mocho Olmedo,
fue detenido por la Fiscalía tras entregarse voluntariamente en compañía del
alto comisionado para la paz, Otty Patiño. La captura se realizó en cumplimiento
de una orden de extradición emitida por Estados Unidos.
Henao, considerado el segundo al mando del ‘frente 33’ de las disidencias de las
FARC, ha estado involucrado en el conflicto que azota la zona del Catatumbo,
donde enfrentamientos con el ELN han generado una crisis humanitaria con más de
55.000 desplazados. Su entrega se llevó a cabo en esa región antes de su
traslado a Bogotá, donde se le realizaron los trámites judiciales
correspondientes.
La Fiscalía le notificó oficialmente el pedido de extradición y le tomó su
reseña dactilar, una carta dental y un examen médico. Mientras se define su
futuro judicial, permanecerá recluido en un lugar designado por la Oficina del
Alto Comisionado para la Paz.
Aunque Henao es vocero del ‘frente 33’ en los diálogos con el Gobierno, su
proceso no se ajusta a las condiciones de la Ley de ‘paz total’, ya que las
negociaciones aún están en una etapa preliminar. Esto permitió que las
autoridades procedieran con su detención.
La captura de
‘Mocho Olmedo’ se da en la misma semana en que agentes del CTI arrestaron a
Geovany Andrés Rojas, alias Araña, otro negociador de paz requerido por Estados
Unidos por cargos de narcotráfico. Estas detenciones generan incertidumbre sobre
el futuro de las conversaciones de paz con las disidencias de las FARC.
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