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Diario The Guardian asegura que Gustavo Petro
tendrá que replantear su plan de ‘paz total’: “Se desató el infierno”
Un reciente informe publicado por el diario inglés The Guardian, y firmado por
su corresponsal en Colombia, el periodista Luke Taylor, dejó ver los retos a los
que se enfrentan el presidente Gustavo Petro, en medio de la polémica que ha
suscitado el Consejo de Ministros que derivó en la renuncia protocolaria de
todos los ministros.
El otro reto que presentó el reportaje del diario británico, hizo hincapié en el
recrudecimiento de la violencia mientras se tambalea el plan de ‘paz total’ de
Gustavo Petro, principal proyecto que busca impactar a los grupos armados
ilegales. Esta entrega se concentró en el panorama complejo que enfrenta el
departamento de Norte de Santander, y en concreto, la región del Catatumbo.
El informe, con fecha de publicación del martes 12 de febrero de 2025 a través
de su dirección web, se tituló “Se desató el infierno”: Colombia se replantea su
plan de «paz total» mientras la violencia se apodera del norte del país (’All
hell broke loose’: Colombia rethinks ‘total peace’ plan as violence grips north).
Allí, se explicó que el nororiente de Colombia ha sido escenario de una de las
peores oleadas de violencia en años, con al menos ochenta personas asesinadas,
cincuenta mil desplazadas y decenas de civiles secuestrados en el último mes.
Sumado a esto se comentó que los enfrentamientos en la región de Catatumbo se
han dado debido a que es una zona estratégica para la producción y el tráfico de
cocaína que se extiende hasta la frontera con Venezuela, protagonizados como
actor principal por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo armado
ilegal activo más grande del país, que busca eliminar a grupos rivales, uno de
ellos, el frente 33 de las disidencias de las Farc.
En cuanto a las consecuencias que ha dejado esta cruenta disputa por el
territorio, The Guardian las calificó como un “impacto devastador en la
población civil”, dejando a más de 46.000 niños por fuera del sistema educativo
debido al cierre de escuelas en diez distritos. Esta medida la tomó por el
gobierno para proteger a los menores en medio de los enfrentamientos.
En consecuencia, el diario inglés que aseguró que la situación ha llevado a
Gustavo Petro, presidente de Colombia y también señalado como “exguerrillero” en
la publicación, a suspender las negociaciones de paz con el ELN, poniendo en
jaque su ambicioso plan de ‘paz total’.
Cogieron a Mono Pirry, señalado extorsionista de las disidencias de las FARC
Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en
el Valle del Cauca informó la captura de dos presuntos
integrantes de las disidencias de las Farc que movilizaban material bélico para
atacar a la población civil.
Según el reporte oficial, el operativo se desarrolló en el sector de
Loboguerrero, en la vía Buenaventura - Buga, donde las autoridades detuvieron un
vehículo donde se movilizaban los dos sujetos.
Al momento de inspeccionar el automotor, fueron encontrados una ametralladora
M60 tipo comando desarmada, dos granadas de 40 mm y 4.229 cartuchos de calibres
5.56 y 7.62.
“Es importante señalar que la ametralladora tipo M60 fue encontrada desarmada,
los criminales intentaban movilizar este material bélico por una vía nacional,
escondido en un vehículo, la pericia de nuestros uniformados de la Dirección de
Tránsito y Transporte de la Policía permitió esta incautación
salvando vidas al evitar cualquier acto sicarial que quisieran
cometer con esta ametralladora”, declaró la brigadier general Susana Blanco,
directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.
Entre los detenidos se encuentra Arles Guaraca García, alias Mono Pirry, quien
habría sido integrante del Frente 49 de la extinta guerrilla de las Farc.
También, la fuerza pública resaltó
que este sujeto había sido detenido en 2014 por extorsión en Villavicencio y fue
aprehendido junto a su pareja sentimental.
“La incautación de este armamento y la captura de individuos con antecedentes en
grupos armados organizados son pasos cruciales para reducir los riesgos que
representan para la paz
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y tranquilidad de la región. Continuaremos con la vigilancia y control en
puntos estratégicos de la red vial del país, a fin de garantizar que este tipo
de amenazas no lleguen a las comunidades”, manifestó la oficial.
Tanto los sujetos como el material incautado fue dejado a disposición de las
autoridades competentes, donde se definirá su situación ante la justicia.
“Este operativo hace parte de las acciones permanentes que adelanta la Policía
Nacional en el marco de la seguridad vial y la lucha contra el crimen organizado
en Colombia”, concluyó la Policía en un comunicado.
Desarticulan banda que extorsionaba a prestamistas 'gota a gota' en Pereira
En un contundente golpe contra la extorsión en Risaralda, las autoridades
lograron la captura de cuatro presuntos integrantes de una organización
delincuencial que se dedicaba a intimidar y extorsionar a prestamistas del
sistema ‘gota a gota’.
Se trata de Martha Lucía Salazar Galeano, Richard Stivens Calvo Salazar, Erick
Johan Calvo Salazar y Carlos Augusto Moncada Vallejo, quienes, según la
Fiscalía, habrían obligado a dos hermanos a pagar millonarias sumas de dinero
tras enviarlos a Ecuador para administrar rutas de préstamos ilegales.
Los afectados fueron reclutados en Pereira y enviados a la ciudad de Jipijapa,
donde permanecieron cerca de siete meses cumpliendo la labor encomendada. Sin
embargo, todo cambió cuando uno de ellos sufrió un grave accidente de tránsito y
tuvo que regresar a Colombia. Poco después, su hermano también volvió, pero al
hacerlo, se encontraron con un peligroso ultimátum.
Según la investigación, los ahora procesados exigieron a los hermanos pagar
altas sumas de dinero, argumentando que habían incumplido con la devolución de
los recursos y que, además, debían asumir una multa por abandonar la ruta. La
situación se tornó aún más alarmante cuando fueron amenazados con represalias
contra sus familias si no cumplían con las exigencias económicas.
Aterrados, los afectados comenzaron a pagar, pero el acoso no cesó. De acuerdo
con la Fiscalía, la banda fue más allá y secuestró a un familiar de las víctimas
para forzarlos a entregar más dinero. Incluso, los presionaron para que
hipotecaran una propiedad a favor de uno de los miembros de la organización.
El operativo que permitió la captura de los presuntos delincuentes se llevó a
cabo de manera conjunta entre unidades del Gaula Militar, la Policía y el CTI de
la Fiscalía. Richard Calvo Salazar fue arrestado en su vivienda en el sector del
más alarmante cuando fueron amenazados con represalias contra sus familias si no
cumplían con las exigencias económicas.
Aterrados, los afectados comenzaron a pagar, pero el acoso no cesó. De acuerdo
con la Fiscalía, la banda fue más allá y secuestró a un familiar de las víctimas
para forzarlos a entregar más dinero. Incluso, los presionaron para que
hipotecaran una propiedad a favor de uno de los miembros de la organización.
El operativo que permitió la captura de los presuntos delincuentes se llevó a
cabo de manera conjunta entre unidades del Gaula Militar, la Policía y el CTI de
la Fiscalía. Richard Calvo Salazar fue arrestado en su vivienda en el sector del
Parque Industrial, mientras que los otros fueron ubicados en el barrio Las
Palmas. Durante los allanamientos, las autoridades incautaron un arma de fuego,
municiones y hallaron fauna exótica, incluyendo un dragón barbudo y una
serpiente boa constrictor.
Una fiscal de la Seccional Risaralda les imputó los delitos de extorsión y
concierto para delinquir agravado, además de secuestro simple, falsificación de
documentos públicos, tráfico de armas de fuego y tráfico de fauna silvestre.
Aunque los acusados no aceptaron los cargos, un juez les impuso medida de
aseguramiento en centro carcelario.
Las pruebas indican que el perjuicio económico para la familia afectada podría
ascender a los 200 millones de pesos.
Más de 80 casos de homicidios en Pereira y Dosquebradas en los últimos 4
meses
La violencia en Pereira y Dosquebradas no
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da tregua. En los últimos cuatro meses,
los homicidios han superado la barrera de los 80 casos, generando
una creciente preocupación entre los ciudadanos y las autoridades. Pese a los
operativos y patrullajes implementados, los asesinatos continúan ocurriendo con
frecuencia alarmante en los mismos sectores de ambos municipios.
Según los reportes de Medicina Legal, Pereira registró 24 homicidios en octubre
de 2024, 23 en noviembre y 28 en diciembre. En enero de 2025, de manera
extraoficial, se reportaron 16 homicidios en la capital risaraldense y ocho en
Dosquebradas. Estas cifras evidencian un patrón de violencia que se mantiene sin
grandes variaciones y que ha encendido las alarmas en la región.
El panorama de inseguridad ha llevado a la ciudadanía a cuestionarse sobre el
verdadero alcance del poder de las organizaciones criminales en la zona y la
efectividad de las autoridades para frenar la ola de homicidios. Mientras los
operativos policiales han sido constantes, los resultados han sido insuficientes
debido a la falta de material probatorio para judicializar a los capturados.
Esta situación ha generado tensiones entre la Alcaldía de Dosquebradas y la
Fiscalía, pues el alcalde Roberto Jiménez Naranjo ha señalado que el esfuerzo
institucional se ve desperdiciado cuando los detenidos quedan en libertad a las
pocas horas.
El secretario de Gobierno de Pereira, Jorge Mario Trejos, ha tratado de
minimizar la preocupación ciudadana al destacar que la seguridad en la ciudad ha
mejorado en 13 de los 15 indicadores de delitos. Sin embargo, los homicidios
siguen siendo el punto crítico. Trejos argumenta que, si bien el número de
asesinatos sigue siendo alto, hay una tendencia a la baja en febrero de 2025
respecto a los meses anteriores.
A pesar de estas declaraciones, expertos advierten que no se puede analizar la
seguridad únicamente desde las cifras. Un investigador de la Universidad
Nacional explicó que la violencia en Pereira y Dosquebradas está influenciada
por el reordenamiento de las fuerzas del orden debido a cambios en la política
de seguridad nacional. Según su análisis, estos cambios pueden generar disputas
entre grupos criminales, lo que desemboca en enfrentamientos violentos.
Históricamente, los homicidios en Pereira han oscilado entre 115 y 150 al año,
por lo que las cifras actuales no son atípicas en términos numéricos. No
obstante, el investigador advierte que la dinámica del crimen ha cambiado: se
observan actos de violencia más extremos y desinhibidos, lo que sugiere que las
organizaciones criminales han perdido estructuras de control. Además, el experto
resalta que la impunidad ha jugado un papel clave en el aumento de la
criminalidad, ya que la falta de condenas fomenta la percepción de que los
delincuentes pueden operar sin consecuencias.
Desde la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), otro investigador coincide en
que la situación actual presenta características inusuales. Aunque la violencia
en la región ha sido cíclica, la persistencia y magnitud de los homicidios en
los últimos meses es preocupante. Asegura que, aunque las cifras oficiales
pueden mostrar tendencias a la baja, las medidas implementadas no han sido lo
suficientemente estructurales para generar un cambio real en el panorama de
seguridad.
Uno de los casos más alarmantes que llamó la atención de los expertos fue el
asesinato de un joven en el barrio Frailes de Dosquebradas. Inicialmente se
habló de una “casa de pique”, lo que causó gran revuelo. Aunque la Policía
descartó esa versión, el hecho de que un grupo de adolescentes perpetrara un
crimen de tal magnitud con total impunidad es un indicio de que la violencia en
la región ha alcanzado niveles preocupantes.
El investigador de la UTP enfatiza que el acceso sin control a armas de fuego ha
sido un factor determinante en la crisis de seguridad. La proliferación de armas
en manos de individuos sin disciplina criminal está provocando un aumento
descontrolado de los homicidios, lo que dificulta aún más la respuesta de las
autoridades.
Ante este panorama, los expertos insisten en la necesidad de implementar
estrategias de seguridad más profundas y sostenibles. Más allá del aumento de
patrullajes y operativos policiales, se requieren programas educativos,
culturales y sociales que brinden oportunidades reales a los jóvenes en riesgo.
“Las estrategias de persecución y control pueden mitigar la violencia a corto
plazo, pero no solucionan el problema de fondo”, advierte el investigador de la
UTP. Agrega que, en la mayoría de los casos recientes, los homicidios no han
sido producto de conflictos de intolerancia, sino de disputas entre bandas
criminales. Además, la crueldad con la que se están ejecutando algunos
asesinatos sugiere un intento de enviar mensajes entre grupos delictivos, lo que
indica una reestructuración en el crimen organizado de la región.
En este contexto, los analistas insisten en que la seguridad no puede depender
únicamente de acciones represivas, sino que debe abordarse desde un enfoque
integral. La falta de oportunidades económicas y la vulnerabilidad social son
factores clave que alimentan la delincuencia. Sin una intervención estructural
que incluya educación, cultura y generación de empleo, la violencia en Pereira y
Dosquebradas podría continuar e incluso agravarse en los próximos meses.
Mientras tanto, la comunidad sigue a la espera de respuestas concretas que
garanticen una verdadera reducción de la violencia en la región.
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