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Pereira refuerza operativos de seguridad en el
centro de la ciudad
Las autoridades de Pereira han
intensificado los operativos de seguridad en el centro de la ciudad con el fin
de mejorar la vigilancia y controlar situaciones de orden público. Como parte de
esta estrategia, la zona ha sido sectorizada en microcuadrantes, lo que permite
un patrullaje más focalizado por parte de la Policía Nacional.
Jorge Mario Trejos, secretario de Gobierno de Pereira, destacó que uno de los
principales desafíos es la población en condición de calle, pues muchos de ellos
se resisten a aceptar la ayuda que se les ofrece. “El objetivo principal es
brindarles alternativas para que no permanezcan en una actividad de consumo que
afecte su salud y genere problemas de seguridad”, explicó el funcionario.
Ante esta situación, la administración municipal estudia la creación de una
Unidad de Reacción Inmediata que permita atender de manera más efectiva a estas
personas y trasladarlas a centros de recuperación. Sin embargo, esta iniciativa
enfrenta un obstáculo legal: no pueden ser reubicadas de forma obligatoria.
Además del fortalecimiento de la seguridad, la Alcaldía apuesta por la
dinamización del centro a través de actividades culturales y comunitarias.
Entidades como la Universidad Andina, Comfamiliar y Siap han mostrado su apoyo
para realizar eventos en espacios públicos como el Parque El Lago, con el
propósito de revitalizar la zona.
Desde diciembre, Pereira implementó la llamada “burbuja de inteligencia”, un
mecanismo de investigación e intervención que ha dado resultados positivos.
Según reportes oficiales, esta estrategia ha permitido reducir ciertos delitos y
ha llevado a la captura de más de 50 personas en las últimas semanas. Las
autoridades aseguran que seguirán trabajando para garantizar la seguridad y el
bienestar de los ciudadanos.
Capturan a alias ‘Chitiva’, presunto responsable
de masacre en Santa Rosa de Cabal
Las autoridades han logrado la
captura de alias ‘Chitiva’, señalado como uno de los responsables de la masacre
ocurrida el pasado 1 de octubre de 2024 en Santa Rosa de Cabal. En el hecho
violento fueron asesinados alias Chemo, alias Duende y alias Mocho, en un ataque
que conmocionó a la comunidad.
La detención de ‘Chitiva’ se llevó a cabo el 10 de febrero de 2025 en Zaragoza,
Valle del Cauca, tras una intensa investigación de cuatro meses. La operación
fue desarrollada por la Seccional de Inteligencia (Sipol) y la Seccional de
Investigación Criminal (Sijín), en cumplimiento de una orden expedida por el
Juzgado Único Promiscuo de Mistrató.
El coronel Miguel Ángel Herrera
Villamil, comandante (e) de la Policía de Risaralda, destacó la importancia de
este arresto. “Se dio captura al individuo conocido como alias ‘Chitiva’, aquel
que directamente hizo un ataque con arma de fuego y afectó la vida de tres
ciudadanos y lesionó a otro”, afirmó el oficial.
Las autoridades revelaron que ‘Chitiva’ tenía un amplio prontuario delictivo,
con al menos 10 antecedentes judiciales, incluyendo homicidio, estafa, hurto
agravado, lesiones personales, porte ilegal de armas y tráfico de
estupefacientes. Su captura representa un golpe significativo contra la
delincuencia en la región.
La masacre en Santa Rosa de Cabal
ocurrió en un parqueadero cercano al casco urbano,
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donde una balacera dejó tres muertos
y un herido, generando una escalada de violencia en Pereira y Dosquebradas. En
los últimos cuatro meses, se han registrado más de 80 homicidios en ambos
municipios como parte de retaliaciones entre estructuras criminales.
Con esta captura, las autoridades esperan reducir los índices de criminalidad y
avanzar en el esclarecimiento de otros hechos violentos que han afectado la
seguridad en la región. La investigación sigue en curso para desmantelar las
redes criminales involucradas.
JEP imputa crímenes de lesa humanidad a cuatro
generales retirados por falsos positivos en Antioquia
La Jurisdicción Especial para la Paz
(JEP) imputó crímenes de lesa humanidad y de guerra a cuatro generales retirados
del Ejército, junto a 35 oficiales y suboficiales que hicieron parte de la
Cuarta Brigada entre 2004 y 2007. La decisión se basa en la investigación de 442
ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, dentro del denominado Caso 03 sobre
falsos positivos.
Los generales en retiro Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico
Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria fueron
señalados como los principales responsables de promover la política ilegal de
"conteo de cuerpos". Esta estrategia buscaba aumentar las estadísticas de bajas
en combate, lo que llevó a la ejecución de civiles inocentes que eran
posteriormente presentados como insurgentes caídos en enfrentamientos ficticios.
Además de los altos mandos, la JEP imputó a 25 oficiales, 10 suboficiales y dos
civiles que presuntamente reclutaban víctimas para ser entregadas a los
militares a cambio de dinero. Según la investigación, al menos 270 incidentes
dejaron 442 víctimas, de las cuales 434 fueron asesinadas y 8 lograron
sobrevivir. También se documentaron 203 casos de desaparición forzada y 41
víctimas de tortura.
Las pruebas incluyen testimonios de 146 exintegrantes de la Cuarta Brigada,
registros operacionales y documentos oficiales que evidencian cómo los generales
impartieron órdenes para priorizar las muertes sobre las capturas. Se identificó
que desde 2004 se establecieron metas de bajas mensuales, se presionó a los
soldados para cumplir con cifras mínimas y se implementó un sistema de
incentivos para quienes reportaran el mayor número de muertes.
Los altos mandos también utilizaron mensajes radiales y directrices escritas
para reforzar esta práctica. Un ejemplo citado por la JEP es una orden del
general González Peña en 2004, en la que indicaba que "lo único que cuenta son
las bajas". Estas presiones llevaron a la creación de redes dentro de las
unidades militares que se dedicaban a la cacería de civiles para cumplir con las
exigencias impuestas por sus superiores.
Por primera vez, en
un auto de determinación de hechos sobre falsos positivos, la JEP confirmó la
tortura como parte de este patrón criminal. Se documentaron 22 incidentes con 41
víctimas, principalmente campesinos del Oriente Antioqueño que fueron detenidos
arbitrariamente, sometidos a golpizas y maltratos para obligarlos a confesar
vínculos inexistentes con la insurgencia.
Esta decisión se suma a otras imputaciones realizadas por la JEP en diferentes
regiones del país dentro del mismo Caso 03. En agosto de 2023, el general Mario
Montoya Uribe y otros ocho oficiales y suboficiales fueron imputados por
implementar la política de conteo de cuerpos en la Cuarta Brigada entre 2002 y
2003. Montoya optó por la vía adversarial y su caso fue remitido a la Unidad de
Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, mientras que otros siete de los
imputados aceptaron su responsabilidad y están próximos a comparecer en
audiencias de reconocimiento de verdad.
El impacto de estos
crímenes fue significativo en Antioquia, que se convirtió en el departamento con
mayor incidencia de falsos positivos entre 2002 y 2008. Según el Universo
Provisional de Hechos del Caso 03, un 25,19 % de los 6.402
casos
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documentados ocurrió en esta región. La JEP ya había identificado
el patrón macrocriminal en el Oriente Antioqueño entre 2002 y 2003, pero ahora
confirma que esta práctica se consolidó en todo el departamento entre 2004 y
2007.
Con esta imputación, la JEP avanza
en la investigación y juzgamiento de los responsables de los falsos positivos en
Colombia. Ya se han emitido siete Autos de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC),
que han involucrado a 106 altos mandos militares, de los cuales 92 han aceptado
su responsabilidad. Asimismo, 821 soldados de rangos menores fueron remitidos a
la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, mientras que en 53 casos la JEP
decidió renunciar a la persecución penal.
La expectativa ahora está en la
próxima etapa del proceso, en la que se determinará la participación de los
generales imputados en audiencias de reconocimiento de verdad y la posibilidad
de que sean sancionados por la justicia transicional. Las víctimas y sus
familias esperan que estos fallos contribuyan al esclarecimiento de los crímenes
y a la garantía de no repetición en el país.
El contrabando de textiles es la punta del iceberg
de la red criminal que golpea la economía colombiana
El contrabando de textiles sigue
siendo una de las principales amenazas para el comercio en Colombia, con
millonarias pérdidas para la economía nacional. Detrás de este ilícito operan
redes altamente organizadas, presuntamente dirigidas por figuras como Diego
Marín Buitrago, alias 'Papá Pitufo', quien fue capturado en Portugal y espera su
proceso de extradición.
Marín Buitrago es señalado por la Fiscalía como el principal artífice del
contrabando en los puertos de Cartagena y Barranquilla, donde, según las
investigaciones, controlaba el ingreso de mercancía a través de contactos dentro
de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA). En audiencia, el ente acusador reveló
pruebas que demostrarían cómo su estructura sobornaba a funcionarios con sumas
que alcanzaban los 900 millones de pesos para garantizar el paso de contenedores
con textiles y calzado sin la debida supervisión.
El presidente Gustavo Petro ha sido enfático en la necesidad de judicializar a
los responsables de estas redes y en su discurso durante la transmisión de mando
del nuevo director de la Policía, el general Carlos Triana, señaló que Marín ha
gozado de impunidad en Colombia. "La Fiscalía debe reaccionar", exigió el
mandatario.
El informe 'Panorama del Contrabando en Colombia', publicado por la DIAN, señala
que entre 2018 y 2022 ingresaron textiles por 2.788 millones de dólares, de los
cuales 672 millones presentaron irregularidades. China, Panamá, Estados Unidos,
India y Vietnam figuran como los principales países de origen de estos productos
ilegales. La modalidad más utilizada es la subfacturación, que representó más
del 90 % del contrabando de textiles en ese período.
Las redes criminales no son un fenómeno nuevo. En 2019, el entonces presidente
Iván Duque anunció la captura de Salim Ricardo Yamhure Daccare, identificado
como otro 'zar' del contrabando textil. La Fiscalía le atribuye la pérdida de
531.000 millones de pesos en el sector debido a importaciones fraudulentas de 19
toneladas de tela desde China. Su caso sigue en proceso judicial.
Otro nombre ligado al negocio es Francisco Oriel Duque Zuluaga, conocido como el
'zar de la mercancía china'. En 2019, la Fiscalía le incautó 94 bienes por
presunta relación con el contrabando y lavado de activos. Mientras tanto, sobre
Marín Buitrago, las autoridades continúan recaudando pruebas y en los últimos
días inspeccionaron su residencia en Guaymaral para fortalecer el expediente en
su contra.
El contrabando de textiles no solo afecta la economía formal, sino que también
genera una competencia desleal para los comerciantes legales. Las autoridades
insisten en que, pese a los avances en la lucha contra este flagelo, es
fundamental desarticular por completo las estructuras criminales que lo
sostienen.
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