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Proponen incluir ecocidio como crimen de
competencia del CPI
En Colombia y el mundo los responsables de cientos de crímenes contra el
medioambiente tienen mínimas sanciones penales, administrativas o pecuniarias.
Estos daños, que solo en la Amazonia se traducen en la pérdida de una superficie
forestal superior al tamaño de Francia, según Greenpeace, motivó al abogado
Gerardo Antonio Durango Álvarez, doctor en Derecho y profesor del Departamento
de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede
Medellín, a analizar la propuesta de que sea un tribunal con vocación universal,
como la Corte Penal Internacional (CPI), el que proteja los derechos del
medioambiente.
Aunque la CPI es un tribunal competente para juzgar delitos como el genocidio,
los crímenes de lesa humanidad y de guerra, y la agresión, la destrucción masiva
y sistemática del medioambiente –o ecocidio– no se encuentra tipificada en el
Estatuto de Roma de 1998 (que rige a la CPI), debido a su visión
antropocentrista, o cuidado del hombre
Según señala Unimedios, para su estudio, el profesor Durango analizó la falta de
sanciones proporcionales a los responsables de causar daños graves y
sistemáticos al medioambiente, y también la ausencia de cambios de paradigmas
para ampliar las sanciones penales —que hoy son individuales— hacia la
responsabilidad tanto de las sociedades como de las empresas y multinacionales.
Ecocidio como delito
Para ello acudió a la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia
sobre la protección y garantía del medioambiente, precursora de la definición
penal del ecocidio incluida en el art. 333 del Código Penal de Colombia,
desarrollado por la Ley 2111 de 2021, y lo tipifica como “el daño masivo y la
destrucción generalizada grave y sistémica de los ecosistemas”. Dicha normativa
estipula prisión de 60 a 135 meses, y multas de 167 a 18.750 smmlv.
Así, analizó la Sentencia T-622 de 2016, mediante la cual la Corte
Constitucional le confiere derechos fundamentales al río Atrato como sujeto de
especial protección, a la vez que protege derechos fundamentales de las
comunidades ribereñas a la vida, el agua, la salud, los derechos ancestrales y
el medioambiente sano.
“Tras la adecuación de la Ley 599 de 2000 a la 2111 de 2021, Colombia se
convirtió en el primer país latinoamericano en incluir en su Código Penal la
palabra ecocidio, seguido por Chile en 2023. No obstante, hasta ahora estos
cambios no han producido sanciones ejemplares en contra de los ecocidas, además
de no contemplar a empresas, sociedades e incluso al mismo Estado como causantes
de esta destrucción”, agrega el experto.
Para el académico, “las normas penales nacionales existentes no han frenado la
sistemática tala de la selva amazónica, los derrames de crudo, el tráfico de
especies y la caza furtiva, entre otros daños graves. Lo máximo que les puede
suceder a los responsables es la imposición de sanciones económicas”.
Earth4All es una iniciativa internacional para acelerar el cambio de sistemas
que necesitamos para un futuro equitativo en un planeta finito. Según su
encuesta más reciente, el 77 % del Grupo de los Veinte (G20) (integrado por 20
países industrializados y emergentes de todos los continentes) está totalmente
de acuerdo en que el ecocidio debería ser un delito penal que los líderes de
grandes empresas o altos funcionarios del gobierno aprueben o permitan acciones
que saben que causarán daños al medioambiente.
Frente a este resultado, el docente Durango señala que “incluir sanciones
penales que también consideren a las personas jurídicas como causantes de estos
crímenes contra el planeta llevaría a que gerentes, directores y personajes de
altos rangos piensen dos veces antes de causarle daños graves al medioambiente”.
Usan cilindros bomba para confinar
población en el sur de Bolívar
La disputa territorial entre grupos armados
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en el sur de Bolívar
provocó el confinamiento de comunidades enteras mediante el uso de cilindros
bomba.
Según informó la Secretaría de Seguridad de Bolívar, actualmente hay cuatro
corregimientos confinados por la acción de estos grupos. En Altos de la Brisa,
zona rural de Santa Rosa del Sur, los explosivos aparecen desde las seis de la
tarde,
obligando a los pobladores a resguardarse en sus viviendas. "Es
una situación compleja la que se vive en el sur de Bolívar. Lo último que
queremos es que se normalice la situación de orden público que enfrentamos en el
departamento", declaró el secretario Manuel Berrío.
Las otras comunidades afectadas por el confinamiento son El Tomate, también en
Santa Rosa del Sur; Minguillo y Mina Piojó, en Montecristo. La instalación de
cilindros bomba en estas zonas impide el libre desplazamiento de los habitantes
y agrava la crisis humanitaria en la región.
Graves daños en infraestructura educativa
A la situación de confinamiento se suman los daños a la infraestructura
educativa debido a los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y grupos
armados como las disidencias de las FARC y el ELN. La Federación Agrominera del
Sur de Bolívar denunció que en la vereda Mina Central, en Morales, decenas de
familias han tenido que desplazarse debido a los combates.
La única institución educativa de la zona y varias viviendas resultaron
afectadas por el fuego cruzado. Según denuncias de la comunidad, los impactos de
bala alcanzaron techos, enseres y la planta solar del colegio, lo que ha
obligado a su cierre por temor de los docentes y padres de familia.
El secretario de Seguridad de Bolívar confirmó que el Ejército Nacional ha
abierto una investigación preliminar sobre estos hechos.
Desplazamiento y petición de acción gubernamental
El accionar de los grupos armados ha generado el desplazamiento y confinamiento
de aproximadamente 1.400 personas en las últimas semanas. Las comunidades
afectadas exigen una respuesta efectiva por parte del Gobierno Nacional ante el
deterioro de la seguridad en la región.
"El llamado al Gobierno es a definir una postura clara: si vamos a combatir a
estas personas o si vamos a hacer la paz con ellas. No podemos estar sentados en
una mesa de diálogo hablando de paz mientras en el territorio sigue el
desplazamiento, los combates y la muerte de nuestros conciudadanos", concluyó
Berrío.
La crisis humanitaria en el sur de Bolívar sigue sin una solución a la vista,
mientras los habitantes enfrentan la incertidumbre ante la creciente violencia
en la región.
Giran $200 mil millones por ajustes en
presupuestos máximos de 2022
En una declaración reciente, el director de la Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León Martínez,
informó que hoy comienzan a pagar los primeros $200.000 millones de pesos
correspondientes a ajustes de presupuesto máximos de 2022, los cuales tuvieron
algunas limitaciones de caja en el Ministerio de Hacienda y no se alcanzaron a
pagar el año anterior.
Estos pagos se realizarán en cuatro cuotas mensuales, de acuerdo con la
resolución del Ministerio de Hacienda. Sumado a esto, también se recibieron las
resoluciones del Ministerio de Salud para el pago de los presupuestos máximos de
enero, febrero y marzo.
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Asimismo, León Martínez señaló que ADRES le da cumplimiento a los
pagos correspondientes a los presupuestos máximos de noviembre y diciembre de
2024, sumado a esto, ya se había pagado el mes de octubre del año anterior,
exceptuando algunas EPS que aún deben aportar documentación requerida.
Martínez enfatizó que con estas acciones, la ADRES se encuentra completamente al
día con las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Ahora, las EPS deben realizar
el trámite respectivo de la resolución y ordenar el giro directo para recibir
los fondos disponibles.
Estos ajustes corresponden a los Presupuestos Máximos, un mecanismo a través del
cual las EPS garantizan la prestación de servicios no incluidos en el Plan
de Beneficios en Salud. En 2022, la ADRES reconoció $2,7 billones por concepto
de Presupuestos Máximos, destinados a financiar medicamentos, tratamientos,
procedimientos y otros servicios complementarios no cubiertos por la Unidad de
Pago por Capitación (UPC).
Claridad a organizadores del concierto de Shakira
pide alcalde de Medellín
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo un llamado público a los
organizadores del concierto de Shakira para que brinden claridad sobre la
realización del evento programado para el 24 de febrero de 2025, luego de que
surgieran rumores sobre una posible cancelación. A través de su cuenta en X, el
mandatario manifestó la necesidad de que los organizadores aclaren la situación,
dado el impacto que tiene en miles de personas que adquirieron boletos y
realizaron reservas de viaje y hospedaje.
"Que los organizadores del concierto de Shakira en Medellín den claridad frente
a versiones que han salido en medios de comunicación sobre la posible
cancelación del concierto del próximo lunes. Solo ellos pueden dar esa claridad.
Por respeto a la gente, que se pronuncien y den claridades", escribió Gutiérrez
en la red social.
En un video publicado junto a su mensaje, el alcalde enfatizó que la ciudad está
lista para recibir a la artista y que todas las condiciones han sido
garantizadas por la administración local, incluyendo seguridad, logística y
disponibilidad del estadio.
"El estadio está alquilado para ellos. Desde el jueves están haciendo el
montaje. Ya lo habían aplazado del domingo para el lunes", afirmó. "La ciudad
está preparada, los restaurantes preparados, los hoteles, la seguridad
garantizada con la Policía, con el Ejército". Además, agregó que "son miles de
personas que compraron una boleta, son miles de personas que compraron tiquetes
de avión, que reservaron hoteles, que reservaron restaurantes".
El concierto, que inicialmente estaba programado para el 23 de febrero, ya había
sido reprogramado para el día siguiente debido a problemas logísticos
relacionados con el montaje del escenario y las pantallas gigantes. Según
información proporcionada por la empresa organizadora Páramo, la complejidad
técnica del show y la agenda de la artista habrían dificultado el proceso de
adecuación del espacio.
No obstante, fuentes cercanas a la producción sugieren que podrían existir otros
inconvenientes relacionados con documentación y permisos. La falta de
información oficial ha generado incertidumbre entre los fanáticos, muchos de los
cuales han expresado su descontento debido a los gastos ya incurridos en
tiquetes aéreos y hospedajes.
Se espera que en las próximas horas, Páramo emita un comunicado oficial
aclarando la situación. Mientras tanto, el alcalde de Medellín reiteró la
necesidad de que los organizadores se pronuncien cuanto antes para evitar más
confusión y afectaciones a los asistentes.
"Es lo único que pedimos en este momento para que le den claridad a la gente",
concluyó Gutiérrez. "Esperamos respuestas urgentes porque la gente las está
esperando. Es lo mínimo que está esperando la gente. Respeto frente a esas
decisiones, respeto".
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