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Capturan a lideresa social y a un militar por
vínculos con el ‘clan del Golfo’
Las autoridades colombianas desmantelaron una red de infiltración dentro de la
Fuerza Pública que, al parecer, filtraba información clave al ‘clan del Golfo’.
En un operativo de contrainteligencia militar, coordinado con la Dirección de
Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, fueron
capturadas cinco personas señaladas de obtener y suministrar datos sensibles a
la organización criminal.
Las capturas se realizaron en Bogotá, Jamundí, Medellín, Puerto Boyacá y Bello,
tras meses de investigaciones que permitieron recolectar pruebas contundentes.
Entre los detenidos se encuentran alias Caicedo, un militar activo del Ejército
Nacional; alias el Cantante, un exintegrante de esta institución; y alias la
Tía, una lideresa social de Valdivia, Antioquia, quien sería una de las
principales enlaces entre la organización criminal y los infiltrados.
Según la investigación, el grupo tenía la misión de obtener información sobre
operaciones militares y trasladarla a alias Julián o Chirimoya, cabecilla del
‘clan del Golfo’. A cambio, los infiltrados recibían compensaciones económicas y
otros beneficios. Se determinó que alias Caicedo era el encargado de reclutar a
personal militar en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Bolívar,
mientras que alias el Cantante persuadía a uniformados para obtener datos sobre
la ubicación de tropas y operativos.
Uno de los aspectos más llamativos del caso es la participación de alias la Tía,
identificada como Teresa Jaramillo Giraldo. A pesar de ser reconocida como
lideresa comunal en Valdivia, Antioquia, se le señala como una de las
principales colaboradoras de alias Chirimoya y alias Gonzalito, jefes del ‘clan
del Golfo’. Se presume que contactaba a personal militar y lo persuadía para
suministrar información estratégica.
Durante la operación se incautaron cuatro teléfonos celulares, más de 11
millones de pesos en efectivo, un computador con información de inteligencia y
dos motocicletas. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades
judiciales y enfrentarán cargos por concierto para delinquir y otros delitos
asociados a sus actividades ilícitas. En el caso del militar activo, podría ser
procesado tanto en la justicia ordinaria como en la justicia penal militar por
la divulgación de información reservada.
Capturan a alias ‘Chitiva’, presunto
responsable de masacre en Santa Rosa de Cabal
Las autoridades han logrado la captura de alias ‘Chitiva’, señalado como uno de
los responsables de la masacre ocurrida el pasado 1 de octubre de 2024 en Santa
Rosa de Cabal. En el hecho violento fueron asesinados alias Chemo, alias Duende
y alias Mocho, en un ataque que conmocionó a la comunidad.
La detención de ‘Chitiva’ se llevó a cabo el 10 de febrero de 2025 en Zaragoza,
Valle del Cauca, tras una intensa investigación de cuatro meses. La operación
fue desarrollada por la Seccional de Inteligencia (Sipol) y la Seccional de
Investigación Criminal (Sijín), en cumplimiento de una orden expedida por el
Juzgado Único Promiscuo de Mistrató.
El coronel Miguel Ángel Herrera Villamil, comandante (e) de la Policía de
Risaralda, destacó la importancia de este arresto. “Se dio captura al individuo
conocido como alias ‘Chitiva’, aquel que directamente hizo un ataque con arma de
fuego y afectó la vida de tres ciudadanos y lesionó a otro”, afirmó el oficial.
Las autoridades revelaron que
‘Chitiva’ tenía un amplio prontuario delictivo, con al menos 10 antecedentes
judiciales, incluyendo homicidio, estafa, hurto agravado, lesiones personales,
porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. Su captura representa un
golpe significativo contra la delincuencia en la región.
La masacre en Santa Rosa de Cabal ocurrió en un parqueadero cercano al casco
urbano, donde una balacera dejó tres muertos y un herido, generando una escalada
de violencia en Pereira y Dosquebradas. En los últimos cuatro meses, se han
registrado más de 80 homicidios en ambos municipios como parte de retaliaciones
entre estructuras criminales.
Con esta captura, las autoridades
esperan reducir los índices de criminalidad y avanzar en el esclarecimiento de
otros hechos violentos que han afectado la seguridad en la
región. La investigación sigue en curso para desmantelar las redes criminales
involucradas.
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Cayó en Colombia miembro de Los Choneros
buscado por homicidio en Ecuador
A través de un mensaje en la cuenta de X de la Policía Nacional de Colombia (Ponal)
se confirmó que un temido delincuente requerido por la justicia en Ecuador fue
detenido en el territorio nacional.
Este sujeto, según la institución, serías miembros de la organización
delincuencial ‘Los Choneros’, una de las más importantes y peligrosas en el país
vecino.
Esta estructura criminal ha hecho presencia en varias zonas del suroccidente del
país según se ha conocido por las mismas autoridades colombianas, donde fue
asesinado uno de sus principales cabecillas, Júnior Roldán, cuyo cadáver fue
hallado en zona boscosa del departamento de Antioquia en mayo de 2023.
El caso fue confirmado minutos antes de las 10:00 p. m. del miércoles 19 de
febrero de 2025, la misma semana que cayó otro delincuente que era buscado por
la justicia de Chile, también vinculado a un asesinato.
En este nuevo resultado que se dio en el departamento de Valle del Cauca
(Colombia), se confirmó que el hoy detenido contaba con una circular roja de
búsqueda internacional activa, emitida por la Interpol tras la solicitud que
hizo Ecuador, donde es requerido en Guayaquil para que responda por el delito de
homicidio, bajo la modalidad de sicariato.
“¡Retención por Notificación Roja! En operación conjunta de OCN (Oficinas
Centrales Nacionales) @INTERPOL_HQ con el Bloque de búsqueda de la @PoliciaEcuador,
fue capturado en el Valle del Cauca, un ciudadano ecuatoriano, requerido por el
delito de homicidio”, menciona el comentario que acompaña la fotografía del
criminal.
Se espera que en los próximos días se proceda a realizar la deportación del
presunto delincuente a Ecuador, donde deberá responder ante un juez por el
sicariato que lo señalan de haber cometido.
La relación entre Los Choneros y los Comandos de Frontera, liderada por alias
Araña: de aliados a enemigos
Un informe revelado por El País América el 29 de noviembre de 2024, dejó en
evidencia lo que fue, en principio, una alianza entre Los Choneros —de Ecuador y
cuyo origen lo liga al Cartel de Sinaloa, de México—, y los Comandos de Frontera
—grupo disidente de las Farc en Colombia—, otro grupo criminal que opera en el
sur del país, y cuyo cabecilla es Giovanny Andrés Rojas, conocido como alias
Araña, y que fue detenido en Bogotá el 12 de febrero de 2025 en inmediaciones
del hotel Courtyard Marriot, cerca al aeropuerto El Dorado.
Allí se conoció tras el operativo de captura que llevaron a cabo agentes del
Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que se desempeñaba como
negociador de paz en medio de las charlas que venía sosteniendo el Gobierno
colombiano con el grupo armado Comandos de Frontera.
Sin embargo, y respecto a la relación que tiene estas dos organizaciones
criminales armadas, lo que al comienzo fue un pacto para poder mover grandes
cantidades de droga y enviarlas a Centroamérica y Estados Unidos, terminó
convertido en una guerra por el control de las rutas de narcotráfico, donde
(como ocurre en medio de confrontaciones) la que termina llevando la peor parte
es la población civil.
Un campesino que mantuvo en reserva
su identidad, le comentó al mismo diario que antes tenían que pagar solo una
“vacuna” o “impuesto”, como se le conocen a las cuotas que piden algunos grupos
armados ilegales en varias zonas del país a los civiles para dejarlos, por
ejemplo, trabajar con sus cultivos de coca, y por los que reciben más dinero si
se comparan otra clase de plantaciones.
“Ahora hay que pagarle a los dos
señores, que vienen a cobrar dos veces por el mismo producto”, explica el
ciudadano anónimo, al referirse a que emisarios de los dos bandos ahora cobran
por su lado el mismo “impuesto” que antes solo abonaban una vez. Por la venta de
un kilogramo de pasta base de cocaína deben pagar 150.000 pesos (un poco más de
36 dólares).
Pero las disputas tuvieron su génesis en estos cobros, además de lo valiosas que
son por su ubicación estas rutas, que como tienen cerca el departamento de
Putumayo (uno de los que mayor producción de hoja de coca registra, con 56.933
hectáreas), y donde también se mueven con fuerza los Comandos de Frontera, son
una fuente de ingresos que desató una disputa que se agravó en julio de 2024,
cuando se rompió una tregua que habían acordado junto a Los Choneros.
Además del narcotráfico, la minería
ilegal es otra de las fuentes ilegales de financiación para estos grupos en la
región de la Amazonía.
Esto provocó una reacción en cadena que se evidenció con las cinco masacres que
se reportaron en el reportaje del medio español en noviembre de 2024, y que
tuvieron como epicentro la provincia ecuatoriana de Orellana, ubicada cerca a la
frontera con el departamento del Putumayo, en Colombia. Dichos acontecimientos
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se vincularon con los enfrentamientos que sostienen estas dos empresas
criminales.
“Los Choneros operaban como trabajadores de los Comandos de la Frontera. Se
encargaban de mover la coca desde la frontera hasta los puertos del Pacífico,
como Guayaquil. Lo que está sucediendo es que los ecuatorianos están cogiendo
cada vez más fuerza y ya no se ven como los trabajadores de nadie, sino que
buscan ser los patrones”, explicó Carlos Fernández, de la ONG (Organización No
Gubernamental) Amazon Frontlines, en entrevista con el medio español, al
detallar cómo han cambiado las dinámicas de estos grupos armados ilegales en la
zona, una región fronteriza.
Por último, Fernández señaló que un informe de la Armada de Colombia dio cuenta
que una de las rutas de narcotráfico que se halla en la Amazonía sale desde
Colombia y bordea la frontera que conecta con Ecuador a través de la provincia
de Sucumbíos, y pasa el país hasta llegar a la costa, donde se embarcan grandes
cantidades de droga. “Aprovecha la selva amazónica y la escasa presencia
policial”, cerró.
Corrupción en la POLFA: El escándalo que
sacude a la Policía Nacional
La Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) se encuentra en el centro de un escándalo
sin precedentes. Las investigaciones han revelado un entramado de corrupción
que, durante años, permitió que el contrabando operara con impunidad en los
principales puertos y terminales aéreas de Colombia. En el epicentro de la trama
está Diego Marín Buitrago, conocido como el ‘rey del contrabando’, quien logró
infiltrarse en la estructura policial al punto de controlar designaciones y
ascensos dentro de la institución.
Las revelaciones han sacudido a la Policía Nacional como no ocurría desde hace
décadas. Altos mandos han sido vinculados a la red de sobornos y se han
documentado pagos que superaban los 300 millones de pesos a coroneles de la
POLFA para garantizar la entrada de mercancía ilegal. Según fuentes de la
Fiscalía, había también una estructura de pagos mensuales de entre 3,5 y 5
millones de pesos a agentes encargados de los controles en puertos clave como
Buenaventura y Cartagena.
Marín, quien ahora busca asilo en Portugal para evitar la extradición a
Colombia, operó con absoluta libertad por más de 24 años. No solo manejaba el
contrabando de cigarrillos y licores, sino que se convirtió en el mayor
importador de textiles y confecciones del país a través de empresas fachada. Sus
contactos llegaron a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la
Fiscalía e incluso a organismos internacionales como la DEA, de la cual se dice
que fue informante.
Las investigaciones de la Fiscalía han llevado al llamado a juicio de varios
oficiales, entre ellos el mayor Mario Andrés Sarmiento Rojas, exsecretario
privado del director de la POLFA en 2023; el coronel Alexander Galeano Ardila,
quien fue retirado en la purga de oficiales del primer año de la administración
Petro; y el exintendente José Helí Alzate Moncayo. Además, se están adelantando
indagaciones sobre la posible participación de generales en esta red de
corrupción.
Uno de los testimonios más impactantes proviene del mayor Peter Steven Nocua,
quien, tras ser reclutado por la red de Marín, terminó convirtiéndose en agente
encubierto. En sus declaraciones, Nocua reveló que los generales Tito Yesid
Castellanos y Giovanny Puentes, ambos exdirectores de la POLFA, negociaban con
los ‘zares del contrabando’ la designación de oficiales en cargos clave. También
detalló cómo Marín pagaba hasta 70 millones de pesos por cada contenedor de
cigarrillos de contrabando que lograba ingresar al país sin ser detectado.
La magnitud del escándalo ha reavivado el debate sobre el futuro de la POLFA.
Mientras algunos sectores proponen su eliminación, otros defienden su reforma.
El general (r) Juan Carlos Buitrago, quien lideró la lucha contra esta red desde
2019, asegura que la POLFA llegó a su límite y debe desaparecer. Su propuesta es
crear una Policía de Investigación Criminal contra los delitos fiscales y
aduaneros, bajo la supervisión directa de la DIAN y con facultades de
Inteligencia Criminal y Policía Judicial.
Sin embargo, otros expertos advierten que la desaparición de la POLFA podría
dejar un vacío en la lucha contra el contrabando. La analista en seguridad
Melissa Franco considera que la solución pasa por una modernización de la
entidad, implementando tecnologías avanzadas de monitoreo y fortaleciendo la
inteligencia y contrainteligencia para prevenir infiltraciones. En la misma
línea, el exministro de Defensa Guillermo Botero cree que el problema no es la
POLFA en sí, sino la falta de un control efectivo sobre sus miembros.
Mientras el Gobierno analiza las posibles reformas, la Fiscalía sigue con las
investigaciones. La gran pregunta es cómo Marín logró operar impunemente por más
de dos décadas sin ser tocado por la justicia colombiana. Las respuestas podrían
revelar una corrupción aún más profunda dentro de las instituciones encargadas
de combatir el crimen organizado en el país.
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