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Nueva tutela en el juicio de Álvaro Uribe: Su
defensa insiste en irregularidades
En medio del juicio que se adelanta
contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno y fraude
procesal, su defensa presentó una nueva tutela en contra de la jueza que lleva
el caso, Sandra Liliana Heredia, argumentando vulneración de derechos
fundamentales.
El abogado de Uribe, Jaime Granados Peña, anunció la acción legal al inicio de
la audiencia del viernes 28 de febrero, señalando que la continuación del juicio
se hace "bajo la más enérgica y respetuosa protesta". La defensa sostiene que la
jueza ha afectado el derecho al debido proceso del exmandatario al negarse a
aplazar la diligencia, pese a que Uribe Vélez tenía una citación simultánea en
otro juzgado.
El motivo del pedido de aplazamiento radicaba en la importancia de la diligencia
paralela, en la que el exjefe de Estado debía atender un asunto con el
periodista Daniel Coronell. Sin embargo, la jueza Heredia rechazó la solicitud,
considerando que el juicio que enfrenta Uribe Vélez tiene prioridad debido al
riesgo de prescripción de los delitos imputados.
A pesar de la negativa, Uribe se conectó a la audiencia, pero reiteró su
necesidad de ausentarse para cumplir con la otra citación. Su defensa,
encabezada por Granados, insistió en que esta situación configura una violación
a su derecho de defensa y al debido proceso. El abogado manifestó que, aunque
seguirán con el contrainterrogatorio a Juan Guillermo Monsalve, testigo clave
del caso, lo hacen sin convalidar lo que consideran una arbitrariedad procesal.
Monsalve, quien declaró el día anterior ante la fiscal Marlenne Orejuela, ha
sido una pieza clave en el proceso contra Uribe, reiterando sus afirmaciones
sobre los supuestos vínculos del exmandatario con el Bloque Metro de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Además, ha asegurado que recibió
presiones y ofrecimientos del abogado Diego Cadena para cambiar su testimonio.
El caso sigue avanzando en medio de una fuerte controversia jurídica y política.
Mientras la defensa de Uribe denuncia irregularidades, la jueza Heredia mantiene
su postura firme, argumentando que el proceso debe continuar sin más dilaciones.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre la tutela presentada podría
determinar el rumbo de este juicio, que mantiene en vilo al país.
Escándalo en la Armada: Red de narcotráfico con
nexos militares
Un operativo conjunto entre la
Armada, la Fiscalía y la DEA permitió desmantelar una red de narcotráfico que
operaba en el Caribe y el Pacífico colombiano. Entre los 14 capturados se
encuentran siete miembros activos y retirados de la
Armada, quienes
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presuntamente
facilitaban el tránsito de lanchas con cargamentos de cocaína hacia Estados
Unidos a través de Honduras.
La banda, identificada como ‘la
Punta’, habría utilizado información privilegiada para evadir controles
marítimos. La investigación, denominada ‘operación Resplandor’, reveló que los
militares implicados alertaban sobre la ubicación de embarcaciones de reacción
de la Armada y asesoraban en detalles técnicos como velocidad, distancia y
condiciones marítimas para garantizar el éxito de los envíos ilícitos.
Entre los capturados se encuentran Jairo Alfonso Trejos, Jimmy Díaz Varilla,
alias ‘Gallero’; Reynaldo Antonio Cardona y los miembros de la Armada Jorge
Antonio Polo, Gregory Josué Urueta y Daniel Enrique Fuentes. También fue
arrestado el militar retirado Juan Manuel Pérez. De estos, siete son requeridos
en extradición por Estados Unidos.
El fiscal a cargo del caso explicó que cada integrante tenía un rol específico
dentro de la estructura criminal. Se identificó al teniente de navío Julián
David Mosquera Dussán, alias ‘El Tío’, como el cabecilla dentro de la Armada,
responsable de supervisar los envíos desde puntos estratégicos como Uribia, San
Onofre, Coveñas, el golfo de Morrosquillo y Urabá.
Los paquetes de droga eran marcados con símbolos distintivos como un ángel, la
cara de Popeye, el nombre ‘Móvil Uno’ y la palabra ‘boom’. Parte de las
ganancias del negocio ilícito se blanqueaban a través de una empresa de oro y
esmeraldas.
Los delitos imputados a los detenidos incluyen concierto para delinquir con
fines de narcotráfico, tráfico de estupefacientes, lavado de activos, cohecho y
testaferrato. La delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, Deicy
Jaramillo, explicó que cada implicado fue procesado según su nivel de
participación. Las personas solicitadas en extradición quedaron a disposición de
las autoridades para cumplir con los trámites legales correspondientes.
El contralmirante Camilo Ernesto Segovia, inspector general de la Armada,
lamentó la implicación de miembros de la institución en esta red delictiva.
"Estos individuos se alejaron de los principios y valores institucionales,
traicionando nuestra política de transparencia y cero tolerancia contra la
corrupción", declaró.
Joven fingió su secuestro para extorsionar a su
madre en Pereira
Un hecho insólito ocurrió en
Pereira, donde un joven de 17 años fingió su propio secuestro para extorsionar a
su madre. El adolescente exigía 20 millones de pesos a cambio de su supuesta
liberación y utilizó fotografías como prueba de supervivencia para engañarla.
Según el reporte de la Policía, la mujer recibió llamadas amenazantes en las que
se le exigía el pago del dinero y el traspaso de una motocicleta. Para hacer más
creíble la situación, su propio hijo le enviaba imágenes en las que aparentaba
estar retenido contra su voluntad.
Desesperada, la madre acudió al Gaula de la Policía de Risaralda, que, junto con
la Fiscalía, organizó un operativo para capturar al responsable. El engaño quedó
al descubierto cuando el joven fue sorprendido en el momento en que intentaba
recibir un adelanto de dos millones de pesos. Para su sorpresa, al ser
confrontado, intentó justificar
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su presencia alegando que sus supuestos captores lo habían
liberado momentáneamente para recoger el dinero.
Tras su
captura, la Fiscalía 17 Seccional de Infancia y Adolescencia lo judicializó por
el delito de extorsión consumada. Como medida preventiva, el joven fue enviado
al Centro de Reeducación para Menores Marceliano Ossa en Pereira. Las
autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier tipo de
extorsión y recordar que este delito puede acarrear graves consecuencias
legales.
Ejército Nacional incauta arsenal del ELN en Norte
de Santander
En un nuevo golpe contra el grupo
armado Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Nacional de Colombia
confirmó la incautación de un importante arsenal en Tibú, Norte de Santander. El
hallazgo, realizado en el marco de la operación Catatumbo, incluyó municiones,
explosivos, drones y vehículos que, según las autoridades, serían utilizados
para atentar contra la población civil y las Fuerzas Armadas en la región.
De acuerdo con el coronel Juan Francisco Algarra Malaver, comandante de la
Brigada contra el Narcotráfico No. 1, la operación permitió descubrir una base
clandestina del ELN donde se almacenaban armas de guerra y equipo logístico.
"Las tropas hallaron municiones de diferentes calibres, un lanzagranadas de 40
milímetros, explosivos, dos drones y documentos de interés para la inteligencia
militar", precisó el oficial.
El material incautado incluye 1.122 cartuchos de diferentes calibres, 76
detonadores aneléctricos, 13,162 kilogramos de pentolita, granadas de mortero,
cordón detonante y un repuesto para ametralladora calibre 7.62 mm. Además,
fueron inmovilizados dos vehículos y cuatro motocicletas que habrían sido usadas
para movilizar a los integrantes del grupo armado ilegal.
Este hallazgo se suma a la reciente destrucción de un campo minado en Tibú, en
el que, según la información de inteligencia, el ELN pretendía causar graves
afectaciones a la población civil y al personal militar desplegado en la zona.
La operación Catatumbo responde a la creciente violencia en la región, donde el
ELN ha intensificado sus ataques desde enero de 2025. Según la Agencia de
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la crisis humanitaria en el
departamento ha dejado más de 84.600 afectados, incluyendo desplazados, personas
con restricciones de movilidad y refugiados.
En medio de este panorama, el reciente desmonte del Puesto de Mando Unificado (PMU)
en Norte de Santander ha generado preocupación entre las comunidades afectadas.
Olguín Mayorga, presidente de la Asociación de Víctimas, expresó su inquietud
ante la decisión del Gobierno nacional. "Creemos que es un abandono total a las
víctimas, sobre todo a las de la región del Catatumbo", afirmó.
Mientras tanto, la Fuerza Pública continúa con sus operativos para contrarrestar
las acciones del ELN y de otros grupos armados que operan en la zona, con el fin
de restablecer la seguridad y proteger a la población civil.
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