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Modifican fecha de aplicación de pruebas Saber
Calendario B para abril
La reciente publicación del calendario oficial de las pruebas Saber 11
calendario B, para el primer semestre de 2025, generó una ola de descontento en
redes sociales, especialmente en la plataforma X, donde varios usuarios
expresaron su inconformidad.
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) anunció que
la prueba se llevará a cabo el domingo 6 de abril de 2025, una fecha que causó
revuelo entre los aspirantes.
“Oigan srs. MinEducacion e ICFEScol ¿Qué es lo qué pasa? Definitivamente no
entiendo que es lo qué pasa con el ICFES ¿Es saboteo, conchudez, ineptitud? Por
qué mueven las fechas de esta manera”, manifestó un usuario de la plataforma.
El descontento radica en que la nueva fecha del examen se aleja de la
programación habitual de años anteriores, en los cuales la prueba se realiza
generalmente en el mes de marzo. Los estudiantes argumentan que esta
modificación podría afectar su planificación académica, pues muchos colegios
programan simulacros y refuerzos previos basándose en el calendario histórico de
la evaluación.
"Qué mala gestión. Por segundo año consecutivo vuelven a cambiar las fechas para
las pruebas del Calendario B. Esta vez a 20 días de la fecha dada desde hace
meses", indicó otro usuario descontento.
Además, algunos usuarios han manifestado su preocupación por la cercanía del
examen con la Semana Santa, lo que podría afectar la logística de desplazamiento
de los estudiantes que residen en municipios alejados y dependen del transporte
público para llegar a los sitios de aplicación.
Las citaciones estarán disponibles el 21 de marzo, y los resultados individuales
se publicarán el 6 de junio de 2025.
El Icfes no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las razones detrás de
este cambio en la fecha de la prueba, lo que ha generado mayor incertidumbre
entre los estudiantes. Algunos especulan que la decisión podría estar
relacionada con ajustes internos en la logística de aplicación.
Empresa en liquidación,
Emsirva, inició pagos a sus acreedores
La Empresa del Servicio Público de Aseo de Cali en Liquidación (Emsirva) bajo
posesión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
(Superservicios) inició los pagos de los acreedores
que se esperan culminar antes de finalizar esta semana.
Este procedimiento se realiza como parte de la preparación para la entrega de
Emsirva al Distrito de Cali.
El conjunto de medidas que se tomen
tendrán como objetivo proteger
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la prestación del
servicio como un derecho fundamental.
La empresa de servicios públicos de aseo de Cali, Emsirva, está en proceso de
liquidación desde hace más de una década. Esta decisión, tomada por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), se debe a
una serie de factores financieros y administrativos que han afectado gravemente
a la empresa.
Este proceso se remonta a 2009, cuando Superservicios ordenó su liquidación
forzosa administrativa. Desde entonces, el caso se fue prolongando, con varias
prórrogas del plazo. La crisis financiera de la empresa, combinada con un pasivo
pensional significativo que asciende a más de $135 mil millones, es un obstáculo
importante para su continuidad.
Los contratos de aseo con los cuatro privados que atienden el aseo en Cali
tuvieron vigencia hasta el 6 de febrero de 2025. Esto ha llevado a la discusión
sobre la posibilidad de que el municipio asuma directamente el servicio.
Confirman liberación de 22 personas en
Catatumbo: los detalles
La Defensoría del Pueblo confirmó la liberación de 22 personas que estuvieron
secuestradas por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) durante 45 días, en el
Catatumbo, Norte de Santander. Entre ellos se encontraban 3 menores de edad, 2
firmantes de paz y 17 civiles.
"Ya están con sus familias 3 menores de edad, 2 firmantes de paz y 17 civiles
más, luego de permanecer secuestrados por el ELN durante 45 días. Junto a la
Iglesia y Misión de Verificación de la ONU, integramos la comisión humanitaria
que facilitó su liberación", confirmó la Defensoría.
Las personas permanecían secuestradas desde el pasado 16 de enero, momento en el
que iniciaron las confrontaciones con disidencias de las Farc.
La operación ha contado con el apoyo de la misión de verificación de Naciones
Unidas y de la Iglesia, si bien por el momento el presidente Gustavo Petro no se
ha pronunciado al respecto ni existen más detalles sobre las condiciones de
secuestro de estas personas.
A mediados de enero se recrudecieron los combates entre la guerrilla del Eln y
el Frente 33 de las disidencias de las Farc por el control de esta región,
fronteriza con Venezuela y tradicionalmente un bastión de la primera.
Se trata de un área que incluye una quincena de municipios colombianos. Su
riqueza en recursos minerales y sus ideales condiciones climáticas para el
cultivo de coca hace de ella una de las más disputadas por los grupos armados
irregulares.
El Gobierno ha cancelado las conversaciones de paz ante la escalada del
conflicto y ha reactivado las órdenes de arresto de los principales cabecillas
del Eln, entre ellos su líder, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias 'Antonio
García', o el jefe negociador, Israel Ramírez Pineda, alias 'Pablo Beltrán'.
Las autoridades han decretado el estado de conmoción interior y han anunciado
medidas adicionales de seguridad para la población en general, pero en concreto
también para líderes sociales, firmantes de paz, autoridades locales y
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otros actores regionales.
45 días para entregar datos de 546 uniformados desaparecidos tiene Fiscalía
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a la Fiscalía General de la
Nación entregar, en un plazo de 45 días, información que permita avanzar en la
búsqueda, identificación y entrega digna de 546 miembros de la fuerza pública
víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado interno.
La decisión fue adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad
(SARV) de la JEP en el marco del seguimiento a una medida cautelar nacional
emitida en 2024. Esta medida busca garantizar los derechos a la memoria y la
verdad de las víctimas, articulando esfuerzos institucionales para agilizar su
ubicación e identificación.
Además de la Fiscalía, la solicitud también fue dirigida a otras entidades
encargadas de la investigación y búsqueda de desaparecidos, incluyendo la
Seccional de Investigación Judicial de la Policía Nacional (SIJIN), la Dirección
de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), el Cuerpo Técnico de Investigación
(CTI), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
El Ministerio de Defensa reportó la desaparición de estos 546 uniformados
durante una audiencia realizada el 12 de diciembre de 2024. De acuerdo con la
información proporcionada por esta cartera, entre las víctimas se encuentran 384
soldados del Ejército Nacional, 139 uniformados de la Policía Nacional, 13
miembros de la Fuerza Aérea y 10 de la Armada Nacional.
Durante la misma audiencia, se expusieron las acciones implementadas para la
aplicación de la Ley 2364 de 2024, que busca proteger los derechos de las
mujeres que buscan a víctimas de desaparición forzada.
El magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, relator de la medida cautelar,
enfatizó la importancia de la colaboración interinstitucional para superar las
barreras estructurales que han dificultado los procesos de búsqueda e
identificación. “En la línea de trabajo de búsqueda de miembros de la fuerza
pública desaparecidos, hemos tomado la decisión de prorrogar por 45 días el
plazo solicitado por la Fiscalía, entidad que viene haciendo un trabajo arduo,
juicioso y competente investigando estas desapariciones. En virtud del trabajo
mancomunado entre la JEP y la Fiscalía, se ha otorgado este plazo para que pueda
recabar la información necesaria que nos conduzca a ubicar y lograr la
identificación plena de los militares desaparecidos”, afirmó el magistrado.
Como parte del mismo requerimiento, la SARV también ordenó al Ministerio de
Defensa precisar los documentos de identificación de 62 de las víctimas en un
término de 10 días.
Desde su creación, la SARV ha emitido 23 medidas cautelares para proteger puntos
de interés forense en todo el país, lo que ha permitido la exhumación de 1.701
cuerpos. De estos, 173 han sido identificados y 98 han sido entregados
dignamente a sus familias.
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