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Capturado en Pereira ‘Carlitos’, señalado de
múltiples robos en la zona céntrica
En un operativo de control en el
centro de Pereira, la Policía Metropolitana capturó a un hombre conocido como
‘Carlitos’, de 40 años, quien era buscado por el delito de hurto calificado y
agravado. Su detención se produjo tras un procedimiento de solicitud de
antecedentes, en el que se confirmó la existencia de una orden judicial en su
contra.
El sujeto, en condición de calle, habría sido el responsable de un robo a un
establecimiento comercial ocurrido el 10 de agosto de 2024. Por este hecho, fue
condenado a siete meses de prisión en un centro carcelario. Sin embargo, su
historial delictivo podría ser aún más amplio, ya que las autoridades lo
vinculan con otros robos en la capital risaraldense, especialmente en la zona
céntrica, donde comerciantes y ciudadanos han denunciado constantes hechos de
hurto.
La Policía destacó que esta captura es parte de una estrategia para combatir la
delincuencia y proteger los bienes de los ciudadanos. Además, reiteró el llamado
a la comunidad para denunciar cualquier actividad sospechosa o delictiva a
través de la línea de emergencias 123 o de los números de contacto de la
Seccional de Inteligencia Policial y la Seccional de Investigación Criminal.
Las autoridades continuarán
con operativos en sectores estratégicos de la ciudad para frenar el accionar de
bandas y delincuentes que afectan la seguridad de los pereiranos. Mientras
tanto, ‘Carlitos’ deberá enfrentar la justicia por los delitos que se le imputan
y por su presunta participación en otros hechos delictivos que están bajo
investigación.
Red de seguridad privada encubría criminales en
Colombia
Las autoridades colombianas han
desmantelado una red de empresas de seguridad privada que operaba como fachada
para grupos criminales, certificando a delincuentes como escoltas y
facilitándoles armas con salvoconducto. Entre los implicados se encuentra
Oliverio Isaza Gómez, alias Terror, exjefe del Clan del Golfo en el Magdalena
Medio, quien contaba con un diploma que lo acreditaba como escolta
especializado.
La operación, ejecutada por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la
Nación, allanó tres empresas: Pretorian Security Ltda., Securbel Ltda. y
Seguridad Sara Ltda., que funcionaban en diversas ciudades como Bogotá,
Barranquilla, Ibagué, Neiva y Villavicencio. Durante los procedimientos, fueron
capturados tres sujetos clave: el coronel en retiro Pedro Alexander Ruiz Pulido,
el capitán en retiro José Omar Urrego Chitiva y el civil Jorge Osvaldo Castaño
Galindo. Estos individuos estarían al frente del entramado ilegal.
Las investigaciones revelaron que estas compañías ofrecían servicios
fraudulentos a estructuras criminales como el Clan del Golfo, La Costru, Los
Rastrojos y Los Rolos. A cambio de sumas que oscilaban entre 10 y 40 millones de
pesos, los delincuentes eran ingresados en la nómina de las empresas de
seguridad con documentación falsa que los acreditaba como escoltas o
coordinadores de escoltas. Adicionalmente, debían pagar una mensualidad de entre
tres y diez millones de pesos para obtener acceso a armas con permisos legales y
logotipos de las compañías, lo que les permitía operar sin levantar sospechas.
El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía
Nacional, explicó que este "holding criminal" blindaba a los miembros de grupos
armados frente a incautaciones de armas, ya que, en caso de ser retenidas por
las autoridades, las empresas podían recuperarlas fácilmente con documentos en
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regla. Durante los allanamientos, se
confiscaron más de 100 armas de fuego que serán sometidas a análisis balísticos
para determinar si estuvieron involucradas en homicidios.
El escándalo adquiere mayor gravedad tras conocerse que 60 de los falsos
escoltas tenían antecedentes penales e incluso algunos habrían pertenecido a las
extintas Autodefensas Unidas de Colombia. Entre los beneficiados por este
esquema ilegal estaban alias El Caballista y alias Pájaro, implicados en la fuga
de alias Matamba de la cárcel La Picota en 2022.
El impacto de esta operación se extiende más allá de las capturas. Ocho bienes
inmuebles relacionados con la red criminal serán objeto de extinción de dominio.
Mientras tanto, los detenidos enfrentarán cargos por concierto para delinquir
agravado con fines de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La Policía
continúa con las investigaciones para determinar el alcance de la red y posibles
conexiones con otras estructuras criminales.
El caso evidencia los riesgos de la infiltración criminal en sectores regulados
como la seguridad privada, donde los vacíos en los controles permitieron la
consolidación de un esquema delictivo que garantizaba impunidad a peligrosos
criminales. Las autoridades han reafirmado su compromiso con la desarticulación
de este tipo de redes y el fortalecimiento de la supervisión en el sector.
Las irregularidades en la hacienda Taotau: Un
escándalo de ocupación ilegal y omisiones del Estado
La emblemática hacienda Taotau,
ubicada en Ambalema, Tolima, ha vuelto a ser noticia tras su entrega oficial a
campesinos como parte de la reforma agraria impulsada por el gobierno de Gustavo
Petro. El predio, de 1.262 hectáreas, fue incautado hace décadas a Gonzalo
Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, exjefe del Cartel de Medellín, pero
recientes investigaciones han revelado una serie de irregularidades que han
marcado su historia reciente.
Uno de los hallazgos más
preocupantes es la ocupación ilegal del predio por parte de Francisco Javier
Ocampo, un profesional de la reserva activa del Ejército ascendido a coronel. La
Sociedad de Activos Especiales (SAE) lo identificó en noviembre de 2023 como
ocupante irregular y procedió a su desalojo y denuncia por fraude a resolución
judicial. Además, se detectaron maniobras para intentar registrar la propiedad a
nombre de terceros, incluyendo a su esposa y su hija, Natalia Ocampo Tobar.
Las irregularidades no se limitan a la ocupación ilegal. Durante 16 años, el
fallo judicial que confirmó la extinción de dominio del predio en favor del
Estado no fue registrado en la matrícula inmobiliaria. Esta omisión permitió que
personas ajenas intentaran tomar posesión del terreno mediante demandas de
pertenencia, a pesar de que la ley impide adjudicaciones de este tipo sobre
bienes fiscales.
La historia de la hacienda Taotau está marcada por su pasado ligado al
narcotráfico. Rodríguez Gacha la adquirió para construir una pista de aterrizaje
y facilitar el envío de cocaína a Estados Unidos. Tras su muerte en 1989, el
gobierno la incautó y la sometió a medidas cautelares en 1990. En 2015, fue
utilizada en el proceso de desmovilización de los paramilitares del 'Bloque
Tolima' de las Autodefensas Unidas de Colombia, un hecho que también estuvo
rodeado de controversias.
La SAE asumió la administración del
predio en 2014, tras la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes
(DNE), pero solo en 2023 identificó que Ocampo había ocupado ilegalmente la
propiedad. Las autoridades descubrieron que el predio había sido explotado con
actividades de ganadería y apicultura sin autorización oficial.
Además de la denuncia contra Ocampo, se identificaron dos demandas de
pertenencia sobre el predio. Una fue promovida por Mauricio Gutiérrez Torres,
quien en 2018 vendió 624 hectáreas a la esposa de Ocampo, Luz Marina Tobar. La
otra fue presentada por José Alfinger Sanabria Abello, quien alegó haber
ejercido posesión del terreno desde el año 2000 y
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posteriormente cedió sus derechos a Natalia Ocampo Tobar.
Francisco Javier Ocampo, economista, empresario y piloto, ha
evitado pronunciarse sobre las acusaciones. Su hija, Natalia Ocampo, ha
defendido su permanencia en la hacienda alegando pagos de impuestos prediales,
alquiler de tierras para ganadería y el cuidado del predio contra invasores. Sin
embargo, la SAE ha sido clara en que se trata de un bien fiscal sobre el cual no
se puede reclamar pertenencia.
El caso de la hacienda Taotau deja en evidencia las falencias en la gestión de
bienes incautados al narcotráfico y la vulnerabilidad de estos terrenos a la
ocupación ilegal. Mientras tanto, el predio ha sido finalmente entregado a
campesinos como parte del programa de reforma agraria, en un intento por
garantizar que su uso beneficie a la comunidad y no a intereses particulares.
Grave denuncia: Corrupción en la Policía frustró
la captura de alias Papá Pitufo
Un audio recientemente revelado
expuso una red de corrupción dentro de la Policía Nacional que habría impedido
el avance de una investigación contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo,
señalado como uno de los principales contrabandistas de Colombia. La grabación,
obtenida por medios nacionales, deja en evidencia cómo altos mandos habrían
ejercido presión para frenar el proceso judicial y proteger a los implicados.
El patrullero Wilmar Alejandro Burbano, un destacado investigador de la
institución, trabajó durante más de un año infiltrado en la organización
criminal de Marín Buitrago, recopilando pruebas clave sobre sus operaciones en
Bogotá y Cartagena. Su labor, respaldada por la Fiscalía, avanzaba con éxito
hasta que, en octubre de 2023, la información sobre el caso se filtró. Como
resultado, el contrabandista logró huir a España.
Lejos de recibir apoyo, Burbano y su equipo fueron removidos de la
investigación. En su caso, fue trasladado a La Guajira, donde la red de
contrabando de Papá Pitufo mantiene gran influencia. Ante el evidente riesgo
para su seguridad, renunció en julio de 2024 y decidió hacer públicas las
irregularidades que presenció.
El 4 de junio de 2024, días antes de abandonar la institución, Burbano se reunió
con el entonces jefe de Interpol en Colombia, el coronel Mario Javier Durán.
Anticipando la gravedad de la conversación, decidió grabarla. En el audio, Durán
admite que existieron presiones internas para frenar la investigación y que
"voces poderosas" dentro de la Policía interfirieron en el proceso, permitiendo
la liberación de los capturados y obstaculizando las imputaciones.
El coronel también reconoció que el mayor César Ortiz, quien lideró la
investigación contra Marín Buitrago, fue retirado de la institución debido a su
participación en el caso. Los investigadores, en lugar de recibir protección,
fueron trasladados a zonas de alto riesgo como el Valle del Cauca, Chocó y La
Guajira, regiones donde el grupo criminal de Papá Pitufo sigue operando con
impunidad.
El audio también revela que el entonces director de la Policía Fiscal en
Cartagena, el mayor Peter Steven Nocua, habría advertido a Marín Buitrago sobre
la investigación en su contra, dándole la oportunidad de huir. Además, menciona
que la coronel Julie Ruiz, jefa de contrainteligencia, tuvo conocimiento de la
investigación y que esta información fue llevada hasta el ministro de Defensa,
Iván Velásquez.
Burbano, consciente del peligro que representaban sus denuncias, decidió
abandonar el país junto a su familia tras recibir amenazas de muerte. Antes de
irse, dejó constancia de toda la corrupción que rodeó el caso en una denuncia
formal ante la Fiscalía. Por su parte, el coronel Durán también salió de la
Policía en 2024, mientras que otros investigadores siguen temiendo por sus
vidas.
Este escándalo pone en entredicho la lucha contra la corrupción dentro de la
Policía Nacional y evidencia cómo redes de poder pueden manipular la justicia
para proteger intereses criminales. La Fiscalía ahora tiene en sus manos la
tarea de esclarecer estos hechos y determinar responsabilidades.
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