Pereira, Colombia - Edición: 13.431-1011

Durante la audiencia de medida de aseguramiento, la Fiscalía General de la Nación expuso evidencia que vincularía a los dos exfuncionarios con la manipulación de información clave y la presión sobre testigos para beneficiar a ‘Pacho Malo’. Sin embargo, el juez del caso consideró que sus antecedentes dentro de la entidad no tenían tachas y que su detención no era necesaria. En su decisión, estableció que Forero y López no podrán acercarse a excompañeros de la Fiscalía ni a sus instalaciones, salvo en caso de ser citados para asuntos específicos.

La fiscal Diana Alejandra Cucunubá argumentó que Forero y López habrían ocultado pruebas y presionado testigos para que modificaran sus declaraciones en el expediente contra Martínez Ardila. Según la Fiscalía, los exfuncionarios también habrían interferido en otras investigaciones e intimidado a agentes encubiertos que investigaban al presunto narcotraficante. A pesar de estos señalamientos, el juez consideró que no existía un riesgo actual de obstrucción a la justicia, ya que ambos procesados ya no hacen parte de la entidad.

Otro de los puntos clave en la audiencia fue el tiempo transcurrido desde los hechos. Según el juez, las acciones por las que se investiga a Forero y López ocurrieron en 2022 y, en la actualidad, no tendrían incidencia en el desarrollo del proceso. Bajo estos argumentos, determinó que una medida privativa de la libertad no era proporcional ni necesaria en este caso.

La defensa de los exfuncionarios, por su parte, insistió en que sus clientes no representan un peligro de fuga ni un riesgo de interferencia en la investigación. Aunque inicialmente solicitaron que el proceso se adelantara en libertad o bajo prisión domiciliaria, tras conocer la decisión del juez anunciaron que no presentarían apelaciones.

Mientras tanto, la Fiscalía sí apeló el fallo y la audiencia para revisar la solicitud de medida de aseguramiento en prisión fue programada para el próximo lunes 10 de marzo a las 2:00 p.m. En esta nueva instancia, el ente acusador intentará convencer al tribunal de la necesidad de restringir la libertad de los exinvestigadores mientras avanza el proceso en su contra.

Corte Suprema ordena decomiso de bienes a exmagistrados del ‘cartel de la toga’

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas contra los exmagistrados Francisco Javier Ricaurte Gómez y Gustavo Malo Fernández por corrupción en el escándalo del ‘cartel de la toga’. Además, compulsó copias a la Fiscalía para que inicie el proceso de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos con dinero ilícito.

Ricaurte y Malo buscaron que su caso fuera revisado nuevamente, pero el alto tribunal rechazó su solicitud y ratificó las sentencias impuestas: 16 años y cinco meses de prisión para Ricaurte y nueve años para Malo. Ambos fueron hallados culpables de recibir millonarios sobornos a cambio de favorecer a políticos investigados por la Corte Suprema.
 

Crisis en El Plateado: Gobierno exige liberación de policías y militar retenidos

La tensión en El Plateado, una zona rural del municipio de Argelia, en el departamento del Cauca, sigue en aumento. Desde el pasado 6 de marzo, 28 policías y un militar permanecen retenidos tras los enfrentamientos entre la comunidad y la fuerza pública. Las autoridades han denunciado que los uniformados están en manos de la disidencia ‘Carlos Patiño’, un grupo armado ilegal que opera en la región.

Los disturbios se desataron en la vereda La Hacienda, un territorio marcado por la presencia de cultivos ilícitos y la influencia de grupos al margen de la ley. Según reportes oficiales, la llegada de la Policía y el Ejército para ejercer control en la zona generó bloqueos y enfrentamientos con la población civil, presuntamente manipulada por las disidencias.

El Ministerio de Defensa y la Policía han condenado estos hechos y han exigido la liberación inmediata de los retenidos. "Rechazamos categóricamente el secuestro de nuestros policías en El Plateado. Hacemos responsable a la organización criminal ‘Carlos Patiño’ por su integridad y condenamos la instrumentalización de la población", declaró el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana.

La situación se ha agravado con la quema de una tanqueta militar y la voladura del puente que conecta El Plateado con La Hacienda, dejando a la comunidad en una crisis humanitaria. Hasta el momento del cierre de esta edición, al menos nueve civiles han resultado heridos durante los disturbios, y se reportan amenazas a los habitantes para que participen en los bloqueos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, alertó sobre la grave situación en el Cañón del Micay, donde las disidencias del Estado Mayor Central, lideradas por alias Iván Mordisco, han consolidado su poder. "Estos grupos no solo reclutan menores de edad, sino que también coaccionan a la población para impedir la presencia del Estado", señaló Sánchez en sus redes sociales.

Las autoridades han advertido que los responsables de estos hechos podrían enfrentar cargos por secuestro, tentativa de homicidio y otros delitos, con penas de hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, el Gobierno Nacional ha programado una reunión en Popayán para el día de hoy, 8 de marzo, con el fin de evaluar la situación y buscar soluciones concretas para la seguridad en la región.