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JUDICIAL

 

Pereira, Colombia - Edición: 13.433-1013

Fecha: Martes 11-03-2025

 

Capturan en Pereira a alias ‘Machado’, presunto implicado en varios homicidios

 

 

En un operativo conjunto entre la Policía Metropolitana de Pereira y el CTI de la Fiscalía, las autoridades capturaron a alias ‘Machado’, un joven de 20 años señalado de estar vinculado a múltiples crímenes en la ciudad. La detención se llevó a cabo en el barrio Nacederos, tras emitirse una orden judicial en su contra por homicidio agravado en concurso heterogéneo, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores para la comisión de delitos.

Según la información oficial, ‘Machado’ estaría relacionado con un asesinato ocurrido el 10 de marzo de 2023 y sería uno de los actores clave en las disputas entre grupos delincuenciales que buscan el control del tráfico de estupefacientes en la región. Estas confrontaciones han dejado un alto número de víctimas y han generado preocupación entre los habitantes de Pereira y su área metropolitana.

El teniente coronel Diego Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana de Pereira, informó que en lo que va del 2025, han sido capturadas 22 personas vinculadas a homicidios en Pereira y Dosquebradas, como parte de las estrategias para contener la violencia en la zona.

En otro operativo en el mismo barrio, las autoridades capturaron a un hombre de 33 años solicitado por el Juzgado Penal del Circuito de Sevilla, Valle del Cauca, para cumplir una condena de nueve años por porte ilegal de armas de fuego.

 

El drama de los desaparecidos en Colombia: Una búsqueda que no se detiene

 

Cada lunes por la noche, un grupo de personas se reúne en el cementerio del Sur en Bogotá. Con velas encendidas y bolsas con agua en las manos, llegan a rendir homenaje a quienes murieron violentamente y fueron enterrados sin identidad. En ese lugar, que ahora forma parte del parque Villa Mayor, descansan cientos de cuerpos, algunos provenientes del Palacio de Justicia y otros de la tragedia de Armero. La fosa común, que alguna vez fue olvida, se ha convertido en un sitio de memoria.

Este cementerio es apenas uno de los 10.682 puntos de interés forense en el país, donde podrían encontrarse restos de las 124.734 personas que desaparecieron durante el conflicto armado. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Medicina Legal han asumido la titánica tarea de encontrarlas. Hasta la fecha, han intervenido 1.446 sitios, donde los familiares acompañan cada paso de la investigación, con la esperanza de cerrar un duelo que ha durado décadas.

 

 

El proceso es meticuloso. Se han tomado 17.624 muestras de ADN para cotejar con los restos hallados en cementerios, ríos y botaderos de basura. En los laboratorios de Bogotá y Medellín se analizan minuciosamente los cuerpos recuperados a través de estudios antropológicos, odontológicos y dactilares. Sin embargo, la tragedia se agrava cuando los cuerpos identificados no tienen familiares que los reclamen. Para estos casos, la UBPD implementó la ‘búsqueda inversa’, una estrategia que ha permitido reunir a 41 familias con sus desaparecidos a través de fotografías y reconstrucciones faciales difundidas en medios de comunicación.

 

Si bien la atención mediática se ha centrado en La Escombrera de Medellín, donde se

 

 

 

presume que yacen cientos de víctimas del conflicto, otras zonas han demostrado ser igual de relevantes. En el río Cauca, por ejemplo, la JEP ha dictado medidas cautelares para evitar que la actividad minera destruya posibles restos humanos. La complejidad de la búsqueda radica en que muchos cuerpos fueron arrojados al agua, lo que ha llevado a hallazgos incluso en Risaralda y Caldas.

En el Estero San Antonio, en Buenaventura, la búsqueda de desaparecidos es subacuática, una labor sin precedentes en Colombia. Allí, 13 expertos, entre ellos un antropólogo subacuático, intentan hallar restos óseos de al menos 205 víctimas. La descomposición acelerada por los minerales del agua es un reto adicional, y por ello la JEP ha prohibido cualquier tipo de dragado en la zona hasta que se complete el proceso.

 

El represamiento en la identificación de cuerpos es otro obstáculo. Actualmente, hay 300 restos en los laboratorios forenses a la espera de análisis. La directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, ha declarado que el 2025 será el año de la identificación, priorizando el estudio de aquellos cuerpos que aún no han pasado por una necropsia completa.

La desaparición forzada en Colombia ha sido, en gran parte, responsabilidad de los grupos paramilitares. Según la Comisión de la Verdad, estos fueron los responsables del 52 % de los casos. Con la Ley de Justicia y Paz, la Fiscalía ha trabajado en la exhumación de fosas comunes con información brindada por desmovilizados. Hasta diciembre de 2024, el Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (Grube) había desenterrado 8.736 cadáveres, de los cuales 5.029 fueron entregados a sus familias.

La búsqueda de los desaparecidos en Colombia es un esfuerzo incesante. Más allá de los números, cada hallazgo representa un alivio para una familia que ha vivido entre la incertidumbre y la esperanza. Aunque el conflicto ha disminuido, la violencia persiste, y con ella, el dolor de quienes siguen esperando respuestas. La tarea no solo es devolver cuerpos, sino también dignidad y memoria a quienes un día fueron arrancados de sus hogares sin explicación.

 

Falsos cirujanos plásticos condenados en Colombia piden protección ante la CIDH

 

 

Ocho médicos, reconocidos por ofrecer servicios de cirugía plástica en Antioquia y el Valle del Cauca, fueron condenados a siete años de prisión por falsificar documentos para convalidar sus títulos obtenidos en Brasil. La decisión, emitida por un juzgado penal de Bogotá en un fallo de 224 páginas, señala que los condenados manipularon la documentación presentada ante el Ministerio de Educación para ejercer ilegalmente como especialistas en Colombia.

 

Los condenados son Marco Antonio Vergara, Giovanny Cortés, Rubén Darío Arciniegas, Gerardo Rojas, Alfredo Rodríguez, Juan Fernando Abadía, Diego Ortiz y María Mónica Martínez. De acuerdo con la Fiscalía, aunque los documentos presentados eran auténticos en términos de sellos y papelería, la información sobre la formación académica y las horas de práctica no tenía sustento real.

 

El ente investigador argumentó que los médicos afirmaban haber realizado estudios presenciales en São Paulo y Río de Janeiro de manera simultánea, lo que fue desmentido por las autoridades académicas de Brasil. Además, los registros migratorios demostraron que su estadía en el país sudamericano apenas sumaba entre 25 y 30 días, un periodo insuficiente para completar la formación que aseguraban haber cursado.

 

En respuesta al fallo, la defensa de los médicos presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares. El abogado Juan Camilo Sanclemente radicó la petición en Washington D.C., alegando que sus clientes fueron sometidos a un proceso judicial sin pruebas suficientes, vulnerando su derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. Según su argumento, los títulos de los médicos fueron homologados por la Universidad Veiga de

 

 

 

Almeida en Brasil y validados por el Ministerio de Educación de Colombia, lo que demostraría su legalidad.

La Fiscalía sostiene que este caso es solo la punta del iceberg, pues existen al menos otros 43 médicos en el país que habrían utilizado métodos similares para validar sus credenciales. Entre las irregularidades encontradas, se destaca que todos los acusados aseguraron haber completado más de 7.300 horas de prácticas en hospitales de Brasil, algo que, según la investigación, resultaría físicamente imposible dado su tiempo de permanencia en el país. Además, los certificados de prácticas y estudios fueron firmados por la misma persona, a pesar de supuestamente provenir de distintas instituciones educativas.

 

Mientras la defensa insiste en que los médicos fueron víctimas de un proceso injusto, las autoridades continúan investigando otros casos similares en el país. La CIDH deberá evaluar la solicitud de protección y determinar si existe fundamento para intervenir en este caso, que ha generado gran controversia en el gremio médico y en la opinión pública.

 

Identifican a las víctimas de la masacre en Ocaña, Norte de Santander

 

 

La noche del domingo 9 de marzo de 2025, Ocaña, en Norte de Santander, fue escenario de una masacre que dejó cinco personas asesinadas en el barrio Los Sauces. El ataque ocurrió en dos establecimientos comerciales, donde un grupo de sicarios llegó en motocicletas y disparó de manera indiscriminada contra sus víctimas. Tres de ellas murieron en el lugar, mientras que dos más fallecieron en el hospital Emiro Quintero Cañizares debido a la gravedad de sus heridas.

El periodista Cristian Santiago reveló las identidades de los fallecidos a través de su cuenta en X. Las víctimas fueron Said Paredes Torres, José Leonardo Amaya, Yarileiny Lidueña Téllez, Ángel María Cárdenas y Javier Cárdenas Rincón. Además de las pérdidas fatales, otras seis personas resultaron heridas y están siendo atendidas en centros médicos de la región.

Las autoridades no descartan que este crimen esté relacionado con el conflicto armado que afecta la región del Catatumbo desde el 16 de enero de 2025. En la zona hay presencia de grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC, lo que ha generado una ola de violencia en los últimos meses.

En un comunicado oficial, la Policía de Norte de Santander lamentó lo sucedido y aseguró que trabaja para dar con los responsables de este ataque. "La Policía Nacional rechaza rotundamente todo acto de violencia que atenta contra la vida e integridad de las personas", señaló la institución, agregando que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Mientras tanto, la situación en el Catatumbo sigue siendo tensa. En una reciente entrevista con la agencia de noticias AFP, dos presuntos comandantes del ELN, identificados como ‘Ricardo’ y ‘Silvana Guerrero’, aseguraron que la confrontación en la región no cesará. Según ellos, la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro no ha dado resultados y la llegada de más militares solo ha intensificado el conflicto. "Si siguen llegando más militares, lo más probable es que la confrontación continúe, porque nos defenderemos", expresó uno de los insurgentes.

Por su parte, ‘Silvana Guerrero’, quien es señalada como una de las líderes del Frente Nororiental de Guerra del ELN, sostuvo que el gobierno busca desmovilizar a los miembros del Frente 33 en el tiempo que le queda a la administración. Sin embargo, advirtió que esto podría desencadenar una contraofensiva de mayor escala en la región.

Las autoridades mantienen la alerta en el Catatumbo, donde la presencia de grupos armados ilegales sigue siendo una de las principales amenazas para la población civil. Entre tanto, las investigaciones sobre la masacre de Ocaña continúan, en un esfuerzo por esclarecer los hechos y capturar a los responsables de este crimen que enluta a la comunidad.

 

 

 

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