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"Papá Pitufo" denuncia persecución
política y riesgos para su vida en Colombia
Diego Marín Buitrago, conocido en el mundo criminal como "Papá Pitufo", sigue
luchando por evitar su extradición a Colombia, donde enfrenta graves cargos
relacionados con el contrabando. El llamado "zar del contrabando" presentó un
recurso ante el Tribunal Supremo de Portugal, después de que el Tribunal
Superior de Oporto aprobó su extradición el pasado 5 de marzo.
En su apelación, Marín asegura que regresar a Colombia sería una sentencia de
muerte para él. La defensa del acusado argumenta que, debido a su colaboración
con investigaciones en el país, su vida estaría en peligro. Según los abogados
de Marín, las autoridades colombianas, especialmente la Policía Nacional, han
perseguido a su cliente desde 1993, año en que iniciaron varios procesos penales
contra él, que fueron archivados sin llegar a juicio.
El escándalo que involucra a Marín se intensificó cuando se divulgó la presunta
financiación de 500 millones de pesos colombianos a la campaña presidencial de
Gustavo Petro. Aunque Petro ha negado cualquier relación con estos fondos, Marín
insiste en que esta situación desencadenó una persecución política por parte del
gobierno colombiano, que, según él, busca desacreditarlo.
El "zar del contrabando" también afirmó que los medios colombianos han impulsado
rumores sobre su presunta financiación al actual presidente, alimentando la
narrativa de su vinculación con Petro. En su recurso, Marín señala que, al no
participar en los esquemas del contrabando respaldados por las autoridades
colombianas, fue señalado como enemigo del Estado, lo que lo convirtió en un
blanco de ataques tanto políticos como judiciales.
La solicitud de Marín ante el Tribunal Supremo de Portugal aún está pendiente, y
el caso sigue siendo un tema candente en el ámbito político y judicial
colombiano.
Capturado "Fresa" por tráfico de estupefacientes en Pereira
La Policía Metropolitana de Pereira sigue intensificando sus esfuerzos en la
lucha contra el microtráfico. En una operación coordinada de la Seccional de
Investigación Criminal (SIJIN), las autoridades lograron
la captura de un hombre conocido como "Fresa", presunto distribuidor de drogas
sintéticas en el barrio El Rosal, uno de los sectores más afectados por el
tráfico de estupefacientes en la ciudad.
La intervención, que se realizó tras semanas de investigación y labores de
inteligencia, resultó en el hallazgo de importantes evidencias. Durante el
allanamiento, los oficiales incautaron varias dosis de 2CB, una droga sintética
que ha ganado terreno en las calles de Pereira. Además, se encontraron un arma
de fuego tipo traumática, un celular y casi un millón de
pesos en efectivo, que, según las autoridades, provienen de la venta de estas
sustancias ilícitas.
El capturado, conocido por su alias "Fresa", tiene antecedentes penales por
tráfico de estupefacientes y cohecho. En el pasado, fue vinculado a varios casos
relacionados con el narcotráfico y la corrupción, lo que hace aún más relevante
su detención. Las autoridades destacaron que este tipo de operativos son
fundamentales para mantener la seguridad y
tranquilidad de la comunidad, y subrayaron la
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importancia de la
colaboración ciudadana en la lucha contra el crimen.
El comandante de la
Policía Metropolitana de Pereira hizo un llamado a la comunidad para que siga
apoyando a las autoridades, proporcionando información clave que permita
desarticular redes criminales en la ciudad. Además, recordó que los ciudadanos
pueden denunciar cualquier actividad sospechosa a través
de la línea 123 o mediante los números de contacto de la SIJIN.
Tribunal Superior de Bogotá niega nueva
tutela de Álvaro Uribe contra la jueza Sandra Liliana Heredia
El Tribunal Superior de Bogotá rechazó la nueva tutela presentada por la defensa
del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien buscaba la suspensión de las
audiencias programadas en su juicio por presuntos delitos de fraude procesal,
soborno en actuación penal y soborno a testigos. La tutela fue interpuesta
contra la jueza Sandra Liliana Heredia, encargada del Juzgado 44 de Conocimiento
de Bogotá, quien lleva el caso desde hace varios meses.
La defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, argumentó que la
programación de audiencias por parte de la jueza ha sido excesiva, citando
sesiones casi todos los días de la semana. Según la tutela, esta dinámica afecta
el derecho al debido proceso, ya que las múltiples diligencias interferían con
otros compromisos judiciales importantes de la defensa y del mismo Uribe.
El detonante de esta nueva controversia se dio en febrero pasado, cuando la
jueza Heredia solicitó a la defensa de Uribe un cronograma de sus agendas para
coordinar las fechas de las audiencias. En este contexto, Granados informó que
el 28 de febrero tenía programada una audiencia en otro caso de relevancia
nacional. Sin embargo, la jueza siguió adelante con su cronograma y agendó la
audiencia de Uribe para ese día, sin tener en cuenta el conflicto de agendas.
El Tribunal, con ponencia de la magistrada Yenny Patricia García, negó la tutela
al considerar que la solicitud de la jueza no constituyó una irregularidad.
Según el fallo, Heredia había solicitado el calendario para
verificar las fechas y garantizar el cumplimiento del cronograma judicial. En
cuanto a la audiencia del 28 de febrero, el Tribunal recordó que Uribe se
desconectó temporalmente del juicio para atender otro compromiso, y que la
defensa decidió no contrainterrogar al testigo de la Fiscalía, a pesar de que la
jueza ofreció la opción de suspender la diligencia para permitir que la defensa
pudiera hacerlo.
El fallo subraya que no hubo violación del derecho al debido proceso, ya que la
defensa de Uribe tuvo la oportunidad de asistir a todas las audiencias y, en el
caso del 28 de febrero, fue la propia defensa quien optó por no intervenir en la
audiencia en curso. Además, la magistrada García destacó que la judicatura había
autorizado a la defensa suspender las audiencias cuando lo considerara necesario
para atender otros asuntos profesionales, sin que esto afectara el desarrollo
del juicio.
Esta decisión del Tribunal Superior de Bogotá refuerza la postura de la jueza
Heredia en el manejo del juicio, en el que se busca garantizar la celeridad en
el proceso, ya que se encuentra en riesgo de prescripción. La defensa
de Uribe, sin embargo, puede seguir impugnando la decisión ante
la Corte Constitucional, como lo hizo en ocasiones anteriores en relación con la
recusación de la jueza.
El juicio continuó el jueves 13 de marzo, con la declaración de Carlos López
como el octavo testigo presentado por la Fiscalía, dirigida por Marlenne Orjuela.
A medida que avanza el proceso, la atención pública sigue
centrada en los pormenores del caso, que involucra a uno de los personajes más
polémicos de la política colombiana.
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Cauca y Catatumbo, epicentros de la creciente
crisis de orden público en Colombia
En los últimos meses, dos regiones de Colombia, el Cauca y el Catatumbo, se han
convertido nuevamente en el epicentro de una crisis de seguridad que pone en
evidencia la creciente violencia en el país. En el Cauca, los municipios del
Cañón del Micay llevan más de una semana enfrentando una ola de violencia
desatada por las disidencias de las FARC, mientras que el Catatumbo lleva más de
dos meses sumido en enfrentamientos entre grupos armados ilegales, dejando a
miles de personas desplazadas y un saldo de muertos cada vez más alarmante.
Uno de los eventos más recientes en el Cauca ocurrió el martes pasado en la
vereda La Esperanza, municipio de Balboa. Miembros de la estructura residual
‘Carlos Patiño’ (disidencias de las FARC) activaron un explosivo que afectó un
vehículo de seguridad de un convoy militar. Este ataque dejó un saldo de cinco
muertos, entre ellos, varios soldados del Ejército Nacional, incluyendo al
sargento viceprimero Harold Alberto Paredes Mena y el sargento segundo Yeison
Antonio Angulo Moray. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó su
solidaridad con las víctimas y anunció una recompensa de hasta 300 millones de
pesos por información que lleve a la captura de los responsables.
La violencia en la región no se limita a este ataque. En el municipio de
Argelia, específicamente en El Plateado, se han registrado múltiples actos de
constreñimiento a la población civil por parte de las disidencias, con el
objetivo de forzar a los habitantes a apoyar la violencia y los secuestros
extorsivos. La comunidad, cansada de esta situación, respondió incendiando un
vehículo blindado y reteniendo a 28 policías y un oficial del Ejército, en lo
que se considera un acto claro de secuestro extorsivo.
En cuanto al Catatumbo, la situación también es grave. Desde enero, esta región
ha enfrentado la peor crisis humanitaria en años, marcada por intensos combates
entre el Frente 33 de las disidencias de las FARC y el Frente Nororiental del
ELN. La violencia ha dejado más de 53,000 desplazados y al menos 70 muertos. En
las últimas horas, se reportaron nuevos enfrentamientos en el municipio de Tibú,
donde miembros del ELN fueron capturados, y se incautaron armas de guerra. Sin
embargo, la crisis sigue siendo muy profunda, y las autoridades civiles temen
nuevos desplazamientos masivos.
Ante esta situación, los expertos han señalado que la solución no es sencilla.
Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, destacó que la
falta de control territorial y la débil capacidad de respuesta del gobierno son
factores clave en el agravamiento de la violencia. “Es necesario fortalecer las
capacidades de inteligencia para anticipar futuros escenarios de violencia y
lanzar operaciones para contener a los grupos armados”, dijo Arias. Sin embargo,
añadió que, dadas las condiciones estructurales de estas regiones, los esfuerzos
de control territorial serán una tarea difícil que deberá ser abordada por
gobiernos sucesivos.
Por otro lado, analistas como Fernando Rojas apuntan a que las políticas de
seguridad adoptadas hasta ahora son insuficientes y no abordan las causas
subyacentes de la violencia. “La estrategia de seguridad es confusa y no ataca
las dinámicas que alimentan la violencia”, señaló Rojas, mientras que Jorge
Mantilla advirtió que, aunque el gobierno ha reforzado las capacidades
policiales y sociales, el tiempo sigue siendo un enemigo clave, y los resultados
no se verán en el corto plazo.
Con el panorama cada vez más complejo, la situación de Cauca y Catatumbo sigue
siendo una de las principales preocupaciones para la estabilidad y seguridad en
Colombia.
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