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Caso UNGRD: Sneyder Pinilla devolvió $618 millones
y obtendrá una rebaja de pena
La Fiscalía General de la Nación, ante un juzgado especializado de Bogotá,
sustentó la negociación que adelanta con el exsubdirector para el Manejo de
Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD),
Sneyder Pinilla Álvarez. El exfuncionario, señalado de ser uno de los cerebros
del desfalco a esa entidad, devolvió un total de $618 millones, que corresponde
a los recursos que se apropió.
Desde su reclusión en una guarnición militar, Pinilla Álvarez negoció un
preacuerdo con el ente investigador, en el que se comprometió no solo a devolver
el dinero robado, sino también a seguir colaborando con la justicia para
desmantelar en entramado corrupto. El preacuerdo se dio por los delitos de
concierto para delinquir y peculado por apropiación, por lo que obtendrá una
rebaja del 45 % de la pena, es decir, cinco años y ocho meses de prisión.
Durante la sustentación del ente acusador, realizada por la fiscal María
Cristina Patiño, quien dirige el grupo de tareas especiales para el caso UNGRD,
se puso de presente que Pinilla fue el primero de todos los vinculados a la
investigación en tener intención de revelar los hechos que llevaron a que se
destaparan hechos de corrupción al interior de la entidad encargada de atender
desastres, y entregar otros nombres de quienes habrían participado en el
desfalco.
Para la representante de la Fiscalía, los detalles que entregó Pinilla fueron
claves para expandir el caso y llegar a otros nombres de altos funcionarios del
gobierno de Gustavo Petro y congresistas. Dentro del paquete de nombres figuran
Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones y la ficha más importante del
Ejecutivo en ir a prisión por el escándalo; Carlos Ramón González, exdirector
del Dapre y de Inteligencia; Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; Luis
Fernando Velasco, exministro del Interior y legisladores como Iván Name, Andrés
Calle, Wadith Manzur, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Karen
Manrique y Juan Diego Muñoz.
Desmantelan red de extorsión en cárcel
de Arauca: Hallan material del ELN
Las autoridades asestaron un duro golpe a una red de extorsión que operaba desde
la cárcel de Arauca. En un allanamiento realizado en el
marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas del Ejército, en coordinación
con la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía, incautaron 83 teléfonos
celulares, cargadores
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y material alusivo al ELN,
elementos que presuntamente eran utilizados para intimidar y exigir dinero a
comerciantes, empresarios y transportadores de la región.
El operativo reveló la magnitud del problema: 83 celulares, 68 cargadores, 10
cables USB y 30 tarjetas SIM fueron encontrados en diferentes partes del penal.
Entre los dispositivos incautados destacaban dos teléfonos de apenas 0.66
pulgadas, diseñados para evadir los controles de seguridad. Además, en varias
celdas y áreas comunes se hallaron brazaletes, manillas, banderas y hasta
grafitis con mensajes alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que
sugiere que el grupo armado buscaba afianzar su influencia dentro de la prisión.
Las investigaciones preliminares indican que los reclusos utilizaban estos
dispositivos para realizar llamadas y enviar mensajes intimidantes, exigiendo
pagos que en algunos casos alcanzaban cifras millonarias. La red operaba con
amenazas directas contra la vida de las víctimas, sus familias y sus bienes,
sembrando miedo en la comunidad.
Durante la inspección, los uniformados registraron cada rincón del penal,
incluyendo celdas, pasillos, cocinas y patios, logrando además la incautación de
10 armas blancas que, según las autoridades, podrían haber sido usadas en
enfrentamientos dentro de la cárcel.
El material decomisado fue puesto a disposición de las autoridades competentes
para su judicialización. Según fuentes oficiales, este hallazgo representa un
golpe importante contra la estructura logística del ELN, que intentaba ejercer
control en el penal a través de sus símbolos y redes de comunicación
clandestinas. Las autoridades han reforzado las medidas de seguridad en el
centro penitenciario para evitar que estas prácticas continúen.
"Papá Pitufo" denuncia persecución
política y riesgos para su vida en Colombia
Diego Marín Buitrago, conocido en el mundo criminal como "Papá Pitufo", sigue
luchando por evitar su extradición a Colombia, donde enfrenta graves cargos
relacionados con el contrabando. El llamado "zar del contrabando" presentó un
recurso ante el Tribunal Supremo de Portugal, después de que el Tribunal
Superior de Oporto aprobó su extradición el pasado 5 de marzo.
En su apelación, Marín asegura que regresar a Colombia sería una sentencia de
muerte para él. La defensa del acusado argumenta que, debido a su colaboración
con investigaciones en el país, su vida estaría en peligro. Según los abogados
de Marín, las autoridades colombianas, especialmente la Policía Nacional, han
perseguido a su cliente desde 1993, año en que iniciaron varios procesos penales
contra él, que fueron archivados sin llegar a juicio.
El escándalo que involucra a Marín
se intensificó cuando se divulgó la presunta financiación de 500 millones de
pesos colombianos a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Aunque Petro ha
negado cualquier relación con estos fondos, Marín insiste en que esta situación
desencadenó una persecución política por
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parte del gobierno colombiano, que, según él, busca
desacreditarlo.
El "zar del contrabando" también afirmó que los medios colombianos han impulsado
rumores sobre su presunta financiación al actual presidente, alimentando la
narrativa de su vinculación con Petro. En su recurso, Marín señala que, al no
participar en los esquemas del contrabando respaldados por las autoridades
colombianas, fue señalado como enemigo del Estado, lo que lo convirtió en un
blanco de ataques tanto políticos como judiciales.
La solicitud de Marín ante el Tribunal Supremo de Portugal aún está pendiente, y
el caso sigue siendo un tema candente en el ámbito político y judicial
colombiano.
Denuncian a la senadora Paloma Valencia
por injuria y calumnia en el caso Uribe
La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, enfrenta una denuncia penal
por injuria y calumnia interpuesta por el abogado Miguel Ángel del Río Malo, en
representación de Deyanira Gómez Sarmiento, testigo clave en el juicio contra el
expresidente Álvaro Uribe Vélez. La denuncia fue presentada ante la Sala de
Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Según Del Río, las declaraciones emitidas por Valencia en la red social X el
pasado 3 de marzo afectarían la honra y el buen nombre de Gómez Sarmiento. En
sus publicaciones, la congresista vinculó a la denunciante con estructuras
criminales de las FARC, asegurando que tenía un “historial de vínculos
criminales” y que su vida estaba ligada al crimen organizado.
Entre sus afirmaciones, Valencia señaló que Gómez Sarmiento habría mantenido
contacto con integrantes de los frentes 21, 25 y 42 de las FARC, además de
colaborar en la planificación de acciones en Bogotá. También insinuó que actuaba
como enlace con abogados de la guerrilla y que informes de inteligencia la
relacionaban con miembros de alto rango del grupo armado desde 2006.
Sin embargo, el abogado Del Río presentó ante la Corte un documento de la
Fiscalía que certifica que Gómez Sarmiento no tiene antecedentes penales ni ha
sido vinculada a procesos judiciales. Argumentó que las acusaciones de Valencia
carecen de sustento y tendrían la intención de desacreditar a su clienta como
testigo en el juicio contra Uribe.
En la denuncia, el abogado sostuvo que las declaraciones de la senadora
evidencian un sesgo político y buscan afectar la credibilidad de Gómez Sarmiento
en el proceso. Por ello, solicitó a la Corte Suprema ampliar la investigación
contra Valencia y determinar si sus afirmaciones podrían derivar en otros
delitos.
Además, Del Río pidió que se convoque una diligencia de conciliación entre su
clienta y la senadora, en un intento por esclarecer los hechos y buscar una
solución legal ante lo que considera un ataque injustificado contra Gómez
Sarmiento.
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