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Barranquilla: calle 72 llevará el nombre de
Avenida Shakira
El alcalde de Barranquilla. Alejandro Char, anunció este miércoles que las obras
de recuperación y renovación de la calle 72, se llamará avenida Shakira.
El mandatario distrital señaló: “¡La calle 72 se renueva y renacerá como la
Avenida Shakira! Con una renovación total, le devolveremos el esplendor a esta
icónica arteria vial de Barranquilla, que a partir de ahora llevará el nombre de
Avenida Shakira, en honor a la artista barranquillera más grande de todos los
tiempos, quien con su talento ha hecho retumbar el nombre de nuestra ciudad en
todo el mundo”.
Char afirmó que esta obra será posible por la confianza de los ciudadanos que
contribuyen al desarrollo y transformación urbana y social de la ciudad:
“Estamos orgullosos de hacer esta importante intervención, son cerca de 20.000
millones de pesos de los impuestos de los barranquilleros”.
El alcalde Char señaló que: “en las principales ciudades del mundo la gente
homenajea a aquel artista que ha hecho mucho por nuestra sociedad, y Shakira ha
hecho muchísimo por Barranquilla. Solo póngase a pensar en lo que pasó hace unos
días en el Carnaval. Nunca Barranquilla había estado tan en el centro de los
comentarios mundiales”.
Agregó Char: “Nosotros los barranquilleros tenemos la obligación de hacer un
homenaje a esa mujer tan espectacular que ha puesto el nombre de Barranquilla a
sonar por todo el mundo. Y si la 72 va a cambiar para bien, y se va a ver
hermosa, y va a ser caminable, transitable, turística, tiene que llevar el
nombre de Shakira”.
Detalle del proyecto
En detalle, la intervención comprende, en una primera etapa, la reconstrucción
del pavimento en los tramos que se encuentren en mal estado en una longitud
aproximada de 2.5 kilómetros desde la carrera 38 hasta la carrera 60 y la
demolición del bulevar central, que será reemplazado por pavimento, cumpliendo
así con las especificaciones técnicas que aseguren una vida útil prolongada y
una adecuada resistencia a la carga vehicular.
Seguidamente, en una segunda etapa, se prolongará la intervención desde la
carrera 60 hasta la Vía 40 para intervenir en total 3.5 kilómetros de esta
importante arteria vehicular.
Con esta intervención también se realizará la construcción de andenes amplios
con criterios de accesibilidad universal, en cumplimiento de la normatividad
vigente para la movilidad segura y accesible del peatón, incluyendo la
instalación de rampas, losetas con guías táctiles y alertas, entre otros
elementos necesarios para personas con discapacidad.
Daniel Visbal es una de esas personas con discapacidad que hoy respalda esta
intervención: “Nosotros caminamos por aquí, todo nos queda cerca, pero al
momento que nos queda cerca también se nos imposibilita caminar tranquilos, o
sea, estamos subiendo de aquí para abajo, nos tiramos a la calle y eso es
peligroso. Hay personas con discapacidad, como yo, y se nos hace más difícil
caminar, con este cambio de ampliación de andén, es más grande, es más cómodo,
para nosotros será más fácil transitar por el andén”.
En cuanto al urbanismo se construirán 3.000 metros cuadrados de parqueaderos
longitudinales, localizados estratégicamente en los sectores de intervención
para mejorar la disponibilidad de espacios de parqueo en la vía. Adicionalmente,
se realizará la renovación y reubicación de paraderos de buses en esta
importante vía.
Asimismo, esta intervención incluye la subterranización de redes de baja tensión
y comunicaciones, asegurando su compatibilidad con el entorno urbano y evitando
su interferencia con las demás obras. De igual manera, se garantizará la
modernización del alumbrado público con la instalación de un sistema de
iluminación moderna y eficiente en el área intervenida, asegurando una cobertura
adecuada en toda la vía y sus áreas peatonales, con tecnologías que favorezcan
el ahorro energético y la reducción de la huella de carbón, así como los costos
de mantenimiento.
JEP archivó trámite sobre hangares en El Dorado
por falta de evidencia
Tras analizar la información entregada por
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distintas entidades, así como
la inspección efectuada por la UIA, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de
Verdad (SARV) de la JEP concluyó que no existe evidencia que sustente la
presencia de cuerpos sin identificar en los 47 hangares inspeccionados. Ello al
no existir objeto de protección, y por ende la imposibilidad de verificar la
competencia del tribunal, así como los criterios de gravedad y urgencia
necesarios para decretar una medida cautelar. En dicho sentido, la magistratura
ordenó archivar el trámite.
Esta decisión se sustenta en los informes presentados por la Procuraduría
General de la Nación (PGN), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidas (UBPD), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses (INMLCF) y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, los
cuales descartan de manera categórica la hipótesis inicial, esto es la presencia
de los 20.000 cuerpos en ese lugar.
Con esta decisión se da por concluido el trámite iniciado el 6 de diciembre de
2024, cuando la Secretaría Jurídica Distrital y la Consejería Distrital de Paz,
Víctimas y Reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. le pidieron a esta
Jurisdicción revisar el tema. La solicitud estaba relacionada con el informe
‘Hallazgos preliminares’, publicado un día antes por el Comité contra la
Desaparición Forzada de la ONU, en el que se mencionaba la posible presencia de
cuerpos sin identificar en un hangar del Aeropuerto El Dorado.
Ante la gravedad de esta información y con el fin de determinar su competencia
en el caso, la sección ordenó el 11 de diciembre, mediante el Auto AT-SAR 757 de
2024, la recopilación de información. Los resultados de estas investigaciones
fueron concluyentes: los reportes de la UIA y la PGN confirmaron que en los
hangares inspeccionados no se encontraron cuerpos ni estructuras óseas.
Asimismo, el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas no
contempla estos espacios como sitios de interés forense para la UBPD, lo que
descarta su posible uso para la disposición de víctimas de desaparición forzada.
Los reportes también confirmaron que no existe información que permita afirmar
que el Aeropuerto El Dorado o CATAM hayan sido utilizados como sitios de
almacenaje transitorio o disposición de cuerpos relacionados con el conflicto
armado. Asimismo, señalaron que en ninguno de los hangares, bodegas, zonas de
reciclaje, áreas de tratamiento de aguas residuales o zonas fúnebres del
aeropuerto se hallaron los 20 mil Cuerpos No Identificados (CNI) mencionados en
el informe inicial.
¿Por qué la JEP ordena medidas cautelares que protegen lugares?
Las medidas cautelares en el proceso transicional colombiano buscan garantizar y
proteger los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos
humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En este contexto,
la JEP ha ordenado medidas cautelares para proteger zonas de interés forense en
donde puedan estar inhumados cuerpos de víctimas de desaparición forzada hasta
que los mismos sean recuperados.
Estas decisiones buscan de garantizar su protección y debida conservación, lo
que redunda en la materialización de los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación a las víctimas de dicho flagelo en tanto dichas acciones posibilitan
su identificación y entrega digna. Además, de atender problemas estructurales
que, durante décadas, han representado un obstáculo en la búsqueda y
localización de personas desaparecidas en el conflicto armado.
Estas medidas responden a situaciones de gravedad y urgencia, con el propósito
de evitar daños irreparables a personas y colectivos de víctimas, proteger y
garantizar el acceso a información en riesgo de daño, destrucción o alteración,
asegurar la efectividad de las decisiones judiciales y garantizar el
restablecimiento real de los derechos de las víctimas.
Pacientes
hicieron plantón frente a Supersalud en Cali para exigir derechos
Pacientes de la Nueva EPS en Cali
protestaron frente a la sede de la Superintendencia de Salud exigiendo
medicamentos y atención
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oportuna, presuntamente, negados por la entidad.
Los pacientes tienen que enfrentar largas filas de hasta 12 horas para reclamar
sus medicamentos, solo para ser enviados de regreso a sus EPS con la promesa de
que podrían obtener sus recetas médicas nuevamente. Bosco Salas, un paciente
diabético, es un ejemplo de esta lucha diaria. Después de esperar 13 horas en la
fila, salió con las manos vacías de la sede de Disfarma, un dispensario de la
Nueva EPS.
Irma Orbes, otra paciente de la Nueva EPS, está sin medicación desde septiembre.
Su situación es crítica, ya que necesita Adalimumab, un medicamento de alto
costo que ha sido imposible de obtener. La falta de
acceso a estos medicamentos afecta drásticamente su salud, y su única opción es
esperar una semana más para un nuevo turno de entrega.
Entre los afectados se encuentran niños con enfermedades huérfanas como el
autismo. Estos pequeños no pueden asistir a la escuela debido a la falta de
terapeutas, ya que la Nueva EPS no ha pagado a los prestadores de servicios. Las
fundaciones que antes ofrecían atención necesaria para mejorar la calidad de
vida de estos pacientes ahora se ven obligadas a suspender el trabajo.
La protesta en Cali es un llamado a la acción para las autoridades de salud y la
Nueva EPS. Los pacientes exigen garantías para la prestación de servicios
esenciales, incluyendo la entrega oportuna de medicamentos y la atención
adecuada para pacientes de alto costo.
Sancionan tala ilegal de madera para producir carbón vegetal en Suesca
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) frenó a infractores
durante un operativo de seguimiento y control que realizó en la vereda Barrancas
del municipio Suesca - Cundinamarca.
A través de la Dirección Regional Almeidas y Guatavita, la autoridad ambiental
impuso dos medidas preventivas en el mismo predio por sendas infracciones
ambientales.
Inicialmente, profesionales de dicha dirección evidenciaron dos áreas de
transformación de carbón vegetal, actividad que se desarrollaba de manera
ilegal, generando afectación en el recurso suelo por la pérdida y degradación de
este, comprometiendo su integridad física y capacidad productora en un área
aproximada de 50 metros cuadrados.
Josué Camacho, director regional CAR Almeidas y Guatavita, explicó el alcance de
las disposiciones adoptadas: “Impusimos una medida preventiva que consiste en la
suspensión indefinida de las actividades de minería en este lugar para
garantizar la protección de los recursos naturales como el hídrico y el suelo,
además de cumplir con las metas del Plan de Acción de la Corporación”.
En el mismo lugar, también se evidenció aprovechamiento forestal ilegal. El
equipo técnico de la regional Almeidas y Guatavita encontró una cantidad
aproximada de 700 troncos de madera rolliza, lo que equivale a 70 metros cúbicos
de madera de eucalipto.
En el desarrollo de la actuación administrativa, se evidenció el hallazgo
relacionado con el aprovechamiento de especies maderables sin contar con los
permisos de la autoridad ambiental; por lo que se impuso otra medida preventiva
.
“Invitamos a la comunidad a abstenerse de realizar este tipo de acciones, más
aún cuando, el caso se registró en la cuenca alta del río Bogotá, donde los
recursos tienen una especial protección por lo que desde esta dirección regional
estamos trabajando para garantizarlos”, aseguró Camacho al cierre de la
diligencia.
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