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Mujer enviada a prisión por permitir abuso sexual
de su hija en Dosquebradas
Una mujer fue enviada a prisión tras ser capturada en el aeropuerto
internacional Matecaña de Pereira, donde las autoridades le notificaron una
orden de captura vigente por los delitos de acceso carnal violento y acto sexual
con menor de 14 años. La orden fue emitida por el Juzgado Municipal Promiscuo de
Pueblo Rico, tras investigaciones que la vinculan con permitir el abuso sexual
de su propia hija por parte de su pareja sentimental.
Según el teniente coronel Diego Rodríguez, subcomandante (E) de la Policía
Metropolitana de Pereira, los hechos ocurrieron en 2024 en el municipio de
Dosquebradas. La mujer, natural de esta localidad, habría permitido que su
compañero sentimental abusara de su hija, un caso que ha conmocionado a la
comunidad. Tras enfrentar cargos ante un juez de control de garantías, se le
impuso medida de aseguramiento intramural. Mientras tanto, las autoridades
continúan la búsqueda del presunto abusador.
En otro caso relacionado con abusos a menores, en el barrio Limonar de
Dosquebradas, un hombre de 67 años fue capturado por presuntamente cometer
vejámenes contra un menor de edad entre septiembre y noviembre de 2023. Estos
hechos aislados han encendido las alarmas sobre la protección de los niños en la
región, mientras las autoridades refuerzan acciones para garantizar su
seguridad.
Recuperación de cuerpos en el Cañón del
Río Micay: un paso hacia la verdad y la justicia en el Cauca
En una operación humanitaria realizada en la región del Cañón del Río Micay, en
el suroccidente colombiano, fueron recuperados seis cuerpos que corresponden a
víctimas desaparecidas durante el conflicto armado en
Colombia. Los restos, que incluyen a cinco hombres y una mujer, fueron hallados
en una zona rural del municipio de Argelia, en Cauca, donde la violencia ha
dejado huellas profundas en las comunidades indígenas y afrodescendientes.
La operación estuvo a cargo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidas (UBPD), que coordinó el esfuerzo con apoyo de diversas
organizaciones humanitarias, líderes sociales, y la comunidad local. Los cuerpos
hallados corresponden a cuatro miembros del pueblo indígena Nasa, y dos personas
afrocolombianas del Pacífico. Se encuentran desaparecidos desde el periodo de
2006 a 2012, cuando la región vivió uno de los episodios más cruentos del
conflicto armado.
Según Juan Lozano Andrade, investigador de la UBPD en Cauca, la recuperación de
los cuerpos no fue una tarea fácil debido a las dificultades que impone el
contexto de violencia en la zona, que está bajo control de disidencias de las
FARC y del ELN. No obstante, gracias a un trabajo previo
de pedagogía comunitaria y la participación de actores locales, la operación
logró desarrollarse con éxito.
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“Para poder ingresar a estos
territorios, realizamos un trabajo de sensibilización con la comunidad local,
líderes y firmantes del Acuerdo de Paz. El diálogo fue fundamental para
garantizar un acceso seguro y efectivo”, explicó Lozano.
La recuperación de los seis cuerpos se llevó a cabo en tres puntos clave: el
cementerio de Tambolargo, y dos sitios forenses en La Playa y Cabuyal. Entre los
restos hallados, se identificaron a dos personas afrocolombianas y cuatro
miembros del pueblo Nasa, de los cuales uno era una mujer, cuyo hallazgo subraya
la importancia de la búsqueda en una región históricamente marcada por la
discriminación y el abandono.
El respaldo de organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la
Misión de Verificación de la ONU, y la Corporación Humanitaria Reencuentros, fue
crucial para llevar a cabo esta labor. Según María Lucely Urbano, coordinadora
de la Corporación, la colaboración entre excombatientes de las FARC y
organizaciones humanitarias permitió recabar información clave, acelerando así
la búsqueda de los desaparecidos y aportando un valioso testimonio para la
memoria histórica.
Este hallazgo se da en el contexto de una problemática más amplia, ya que en el
Cauca se reportan más de 2.600 casos de desapariciones forzadas, un recordatorio
de la deuda histórica con las víctimas del conflicto armado. La UBPD continúa
con los esfuerzos para esclarecer estos hechos, con planes de búsqueda que
incluyen regiones como el Valle de Pubenza y Tierradentro.
El trabajo de la UBPD y sus aliados no solo busca recuperar cuerpos, sino
también recuperar la dignidad de las víctimas y ofrecerles a sus familias la
posibilidad de un cierre y una reparación simbólica.
Las maniobras de 'Papá Pitufo' para evitar su
extradición a Colombia
Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’, ha dejado claro que no está
dispuesto a enfrentar la justicia colombiana sin luchar. Desde que fue detenido
el 3 de diciembre en Portugal, tras un pedido de extradición por delitos
relacionados con contrabando y corrupción, el hombre que lideró una red de
contrabando que infiltró a la Policía Fiscal y Aduanera en Colombia ha intentado
recurrir a todos los mecanismos legales posibles para evitar ser entregado a las
autoridades colombianas.
El Tribunal de Apelaciones de Oporto ya concedió la extradición de Marín
Buitrago, en respuesta a una solicitud presentada por la Fiscalía colombiana el
19 de diciembre de 2024. Sin embargo, la decisión está sujeta a que se resuelva
su solicitud de asilo político, la cual fue rechazada en primera instancia.
Actualmente, ‘Papá Pitufo’ se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo
de Justicia de Portugal resuelva su apelación contra la extradición, mientras se
le ha advertido del “alto riesgo de fuga” que representa, motivo por el cual se
le mantiene en prisión preventiva.
En su lucha por obtener la libertad, Marín ha presentado varias estrategias,
entre ellas, un habeas corpus que fue rechazado el 29 de enero. Alegó que su
detención era ilegal, pues según él, no se le había señalado con hechos
concretos los delitos que se le imputan. También recurrió a una recusación
contra los jueces que aprobaron su extradición, argumentando irregularidades en
su selección. Sin embargo, el Tribunal desestimó sus quejas, subrayando que los
jueces actuaron conforme a la ley y sin ninguna influencia externa.
Uno de los elementos más polémicos de su defensa ha sido la acusación de
persecución política. Marín Buitrago asegura que el presidente de Colombia,
Gustavo Petro, está detrás de su extradición, acusándolo de ofrecer un precio
por su captura, lo cual, según él, comprometería la imparcialidad del proceso
judicial. En sus escritos, ha insistido en que es víctima de una
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campaña en su contra por haber denunciado la corrupción en
Colombia. Aunque sus peticiones para entrevistar a testigos a través de
videoconferencia han sido rechazadas, continúa luchando por demostrar su
inocencia.
Además, Marín Buitrago no ha dejado de señalar las condiciones en las que se
encuentra recluido en la prisión portuguesa. En su recusación, describió su
celda como “fría y húmeda” y expresó su malestar por la rapidez con que se
resolvieron algunas decisiones judiciales en su caso, lo que, según él, pone en
duda la transparencia del proceso. Los jueces, por su parte, han respondido que
no tienen conocimiento de las declaraciones hechas en Colombia sobre su
extradición, y que cualquier noticia en ese sentido no influye en su actuar.
Mientras tanto, Marín Buitrago sigue adelante con su estrategia legal, buscando
cualquier resquicio que le permita evitar la extradición a Colombia, donde
enfrentará cargos por concierto para delinquir y cohecho, entre otros. Por
ahora, continuará detenido en Portugal, esperando la resolución de su apelación
y la posibilidad de que se revierta la decisión que lo vincula con los delitos
cometidos en su país natal.
Indígenas de Toribío expulsan a disidentes de las
FARC tras combates y ataques en su territorio
El martes 18 de marzo de 2025, Toribío, en el Cauca, vivió una noche de caos y
violencia sin precedentes, cuando dos grupos armados ilegales se enfrentaron en
pleno casco urbano. Los disidentes del Frente 57 Yair Bermúdez, ligados a las
disidencias de las FARC, desataron una feroz batalla contra otro grupo armado,
dejando a los habitantes del municipio sumidos en el miedo y la desesperación.
La situación empeoró cuando una motobomba explotó en el barrio Primero de Mayo,
incendiando una vivienda y afectando gravemente el servicio eléctrico. La
oscuridad aumentó el pánico en la población, mientras los disparos resonaban por
toda la localidad. En medio de este caos, uno de los combatientes del grupo
armado fue abatido durante el tiroteo.
Sin embargo, lo que siguió fue una muestra de resistencia por parte de las
comunidades indígenas del municipio. Hartos de la violencia y la falta de
intervención estatal, los indígenas tomaron la decisión de expulsar a los
disidentes, logrando la captura de tres miembros del Frente 57. Estos
individuos, entre los que se encontraba un cabecilla conocido como alias Cauca o
Sebastián, fueron sorprendidos mientras atacaban una vivienda en el barrio
afectado por la explosión.
El líder indígena de la región relató cómo la comunidad se unió para frenar los
ataques y garantizar la seguridad del territorio. "La comunidad tomó la decisión
de actuar porque los grupos armados están causando mucho daño. Solo nosotros
podemos proteger nuestros resguardos", señalaron los líderes locales. Los tres
capturados serán sometidos a la justicia especial indígena, un sistema autónomo
reconocido por la Constitución de Colombia que permite a las comunidades
originarias administrar sus propios conflictos.
Durante la operación de captura, los comuneros y la guardia indígena incautaron
un importante arsenal de guerra, que incluía tres fusiles, una pistola, una
granada de mano, una mina artesanal y varias municiones. Este hallazgo pone en
evidencia la creciente presencia de armamento pesado en la zona, lo que agrava
aún más la situación de violencia.
La acción de los indígenas refleja el profundo malestar por la inseguridad que
azota sus territorios, y aunque reconocen el riesgo de confrontar a los grupos
armados, se sienten obligados a defender sus tierras. "Sabemos que es peligroso,
pero si no lo hacemos nosotros, nadie más lo hará", concluyeron.
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