|
Capturados presuntos responsables de ola de
violencia en el Cauca
Las autoridades lograron la captura
de cinco personas señaladas de estar detrás de la reciente escalada de violencia
en el departamento del Cauca. Estos operativos se llevaron a cabo en el marco de
la operación Mantus contra las disidencias de las FARC, en particular contra las
estructuras ‘Carlos Patiño’ y ‘Jaime Martínez’.
La ola de ataques dejó un saldo de un soldado muerto y al menos 90 personas
heridas en 11 municipios del Cauca. Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez,
estos actos violentos estarían relacionados con el aniversario de un antiguo
cabecilla de las extintas FARC, quien tenía múltiples órdenes de captura por
delitos como terrorismo, secuestro y narcotráfico.
Entre los capturados destaca Karen Tatiana Yacue Casos, alias Karina, de 22
años, originaria de Jamundí, Valle. De acuerdo con información de inteligencia,
esta joven cuenta con cursos de mando, explosivos y política, lo que la hace una
pieza clave dentro del Estado Mayor Central de las disidencias.
Otra de las detenidas es Michael Fabiana Hernández Páez, de 26 años, quien,
según los informes, fungía como cabecilla de la escuela de guerrillas ubicada en
La Concha, Buenaventura. Además, manejaba las finanzas de la estructura Jaime
Martínez, afectando con su captura los planes de expansión de este grupo en el
Valle, Cauca y Nariño.
Javier Enrique Trochez Dizu, alias Cristian, de 19 años, también fue detenido.
Se le señala de participar en retenes ilegales en el municipio de El Patía,
donde habría permanecido por al menos 15 días. Mientras tanto, Yider Arley Cruz
Méndez, alias Gustavo o ‘Tabo’, de 31 años, pertenecía a la compañía ‘Fray León’
y era visto con frecuencia en la zona de Brisas, en El Patía, portando armas
largas.
El quinto capturado es Darwin Fernando Caicedo Caicedo, de 28 años, quien
presuntamente pertenecía a ambas estructuras criminales. Su detención es un
golpe importante contra estas organizaciones ilegales que han sembrado terror en
la región.
Las capturas representan un avance en la lucha contra la violencia que afecta al
Cauca, aunque la situación sigue siendo compleja debido a la presencia de
múltiples grupos armados en la zona. Las autoridades continúan desplegando
esfuerzos para desmantelar estas estructuras y restablecer la seguridad en el
departamento.
Tribunal de Bogotá condena a 25 exparamilitares
del bloque Tolima
La Sala de Justicia y Paz del
Tribunal Superior de Bogotá condenó a 25 exintegrantes del bloque Tolima de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por su participación en 105 actos
criminales entre 1995 y 2005. Estos delitos incluyen homicidios, desapariciones
forzadas, desplazamientos masivos y ataques contra comunidades étnicas.
Las penas impuestas oscilan entre 20 y 40 años de prisión, aunque los condenados
se beneficiarán de la pena alternativa de ocho años establecida en la Ley de
Justicia y Paz. De acuerdo con la Fiscalía, estos crímenes dejaron un profundo
impacto en la población civil del Tolima, con masacres, apropiación de tierras y
desplazamientos forzados.
Entre los condenados figuran Atanael
Matajudíos Buitrago, alias Juancho, segundo al mando del grupo y líder del
Frente Norte; Diego Hernán Vera Roldán, alias Águila, jefe de operaciones
armadas; Ricaurte Soria Ortiz, alias Jetechupo u Orlando Carlos, encargado de
las finanzas en la zona sur; y José Albert Rivera Vera, alias Diecinueve.
También fueron sentenciados otros miembros con roles operativos
dentro de la estructura paramilitar.
Uno de los crímenes más impactantes en el fallo es la masacre de Montefrío, en
|
|
Natagaima, donde 10 personas fueron
asesinadas. También se documentaron las masacres de Montoso, en Prado, donde fue
ejecutado Humberto Millán Millán, y la del Neme, en la que cuatro personas
fueron torturadas y asesinadas. Asimismo, la masacre de Santiago Pérez dejó tres
víctimas fatales, acusadas sin pruebas de colaborar con grupos guerrilleros.
El tribunal estableció que el bloque Tolima estuvo implicado en el
desplazamiento de cientos de personas, así como en el despojo de tierras y
bienes, afectando gravemente a comunidades indígenas y afrodescendientes. Como
parte de la sentencia, se ordenó la extinción de dominio de tres bienes
entregados por Ricaurte Soria Ortiz, que serán destinados a la reparación de las
víctimas.
En total, se reconocieron 69
víctimas directas y 74 indirectas de los hechos juzgados, además de 33 víctimas
directas y 45 indirectas de otros crímenes previamente atribuidos al grupo.
Además de las condenas, los exparamilitares deberán pagar multas que oscilan
entre 9.000 y 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y fueron
inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Pese a la gravedad de los delitos,
los condenados se acogieron a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, lo que
redujo sus penas a ocho años de prisión, siempre y cuando colaboren con la
justicia y contribuyan a la reparación de las víctimas.
Juicio a Álvaro Uribe: Testigo clave revela
detalles sobre cartas de paramilitares
El 28 de marzo se reanudó el juicio
contra el expresidente Álvaro Uribe, acusado de soborno, soborno en actuación
penal y fraude procesal. Tras una suspensión de ocho días debido a una
recusación presentada por su defensa contra la jueza Sandra Heredia, el proceso
entra en una fase clave con nuevas declaraciones que pueden cambiar el rumbo del
caso.
La audiencia comenzó con el testimonio de Fabián Rojas Puertas, exasesor del
expresidente cuando este era senador. Hasta la fecha, 17 personas han declarado
en este juicio, incluyendo figuras políticas y exparamilitares como Iván Cepeda,
Salvatore Mancuso y Juan Guillermo Monsalve, este último considerado testigo
clave en el caso.
Según la Corte Suprema de Justicia, Uribe habría utilizado a miembros de su
Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para tareas ajenas a sus funciones, como la
recolección de testimonios que lo favorecieran en procesos judiciales. En esta
dinámica estarían involucrados Fabián Rojas Puertas, María Claudia Daza y Hernán
Cadavid, quienes habrían facilitado contacto con testigos en prisiones.
Durante su declaración, Rojas admitió haber participado en reuniones en la
cárcel La Picota y en gestiones para la obtención de cartas de paramilitares que
exculpaban a Uribe. La audiencia se interrumpió mientras su abogado suplente,
Juan Felipe Amaya, realizaba un contrainterrogatorio.
El papel de la abogada Ángela López
Otra de las testigos clave es la abogada Ángela Milena López, quien fue
interrogada por Jaime Granados, abogado defensor del expresidente. Granados le
preguntó si recordaba quién la contactó para hablar sobre Uribe, a lo que
respondió que no lo recordaba. Según López, conoció a Diego Cadena en una
reunión en un hotel, donde le transmitió un mensaje de su cliente, alias Cesarín.
Sobre las cartas
firmadas por paramilitares, López aseguró que Cadena le pidió ayuda para
redactarlas y que este tipo de gestiones eran comunes en las cárceles. Según su
versión, ella solo escribió las cartas por petición de Cadena, sin prestar
atención a su contenido.
Estos documentos,
dirigidos a la Corte Suprema de Justicia, contenían testimonios que
desvinculaban a Uribe del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC). En una de ellas, firmada por Giovanny Cadavid
Zapata, se afirmaba que el senador Iván Cepeda había ofrecido beneficios
jurídicos y asilo a cambio de declaraciones contra Uribe.
Otra carta, atribuida a alias Sinaí, mencionaba que la abogada Mercedes
Ardila Arroyave ofreció
|
|
reducciones de pena a cambio de información sobre fosas comunes o
propiedades.
López también reveló detalles sobre una reunión en la cárcel de Cómbita con
Cadena, en la que se habría reunido con varios reclusos interesados en
testificar. Sin embargo, no recordó sus nombres, aunque el expediente judicial
menciona a Giovanny Cadavid, alias Sinaí, y alias el Poli.
Contradicciones en las versiones
Durante el juicio, la fiscal Marlenne Orjuela cuestionó a López sobre su
participación en estas diligencias y señaló que su testimonio presentaba
inconsistencias. Fabián Rojas, en una declaración previa, había afirmado que
López se presentó en un hotel como "asesora del coronel Ricaurte", mientras que
ella insiste en que solo estaba allí como abogada.
En la fase final de su testimonio,
López aseguró que nunca le indicaron que los testigos debían mentir o que
recibirían beneficios a cambio de sus declaraciones. No obstante, su relación
con Cadena y su participación en la redacción de cartas continúan siendo puntos
clave en la investigación.
El contrainterrogatorio a Fabián
Rojas concluyó con una pregunta del abogado Granados sobre si Diego Cadena había
realizado alguna gestión profesional en nombre de Uribe antes de recibir un
poder notarial. La respuesta fue afirmativa, lo que puede ser relevante para la
estrategia de defensa del expresidente.
Este juicio sigue generando gran
expectativa, pues el desarrollo de los interrogatorios y las pruebas presentadas
podrían definir el futuro judicial de Álvaro Uribe. La defensa insiste en que no
hubo manipulación de testigos, mientras que la Fiscalía mantiene su hipótesis de
que hubo un entramado para influir en los testimonios en favor del exmandatario.
En las próximas audiencias, se espera la declaración de más testigos que podrían
aportar nuevas pruebas al caso.
Extradición de alias Araña: Un dilema para el
Gobierno Petro
Se cumplen seis semanas desde la
captura de Giovanny Andrés Rojas, alias "Araña", cabecilla de la Coordinadora
Nacional del Ejército Bolivariano, y el tiempo apremia para que Estados Unidos
formalice su solicitud de extradición. Aún no ha llegado el requerimiento
oficial de la Corte del Distrito Sur de California, que acusa a Rojas de seguir
ejerciendo el narcotráfico mientras participaba en la mesa de diálogo con el
Gobierno colombiano.
Una vez recibida la solicitud, el Ejecutivo remitirá el caso a la Corte Suprema
de Justicia para que emita un concepto. Si bien el Tribunal puede recomendar la
extradición, la decisión final recae sobre el presidente Gustavo Petro, quien
enfrenta un dilema. Si da luz verde a la entrega de Rojas, podría fortalecer las
relaciones con Estados Unidos, un país con el que ha tenido diferencias
diplomáticas. Sin embargo, esto podría debilitar la confianza de otros grupos
armados en negociación, que exigen garantías para continuar el proceso de paz.
El caso recuerda la captura del exguerrillero 'Jesús Santrich', quien también
fue detenido por supuestos vínculos con carteles mexicanos. Para algunos
analistas, extraditar a 'Araña' podría poner en jaque el proceso de paz con la
Coordinadora Nacional del Ejército, una de las pocas organizaciones que han
mostrado voluntad de desarme.
En Putumayo, territorio donde esta disidencia tiene presencia, organizaciones
sociales han denunciado presiones para que la población se movilice contra la
extradición. Mientras tanto, la Coordinadora Nacional ha advertido que regresará
a la mesa de negociaciones solo si el Gobierno resuelve "favorablemente" la
situación de Rojas.
A pesar de que su captura fue legal, pues se ejecutó con base en una circular
roja de Interpol, el momento de la detención ha sido duramente criticado. Para
evitar una crisis en la negociación, el Gobierno podría optar por la extradición
diferida, permitiendo que alias "Araña" permanezca en el país mientras avanza el
proceso de paz y se garantiza su compromiso con la desmovilización y la
reparación a las víctimas.
|
