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‘Iván Mordisco’ encabeza cartel de los más
buscados en Colombia
El Ministerio de Defensa publicó el nuevo cartel de los criminales más buscados
del país, encabezado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’,
líder de las disidencias de las Farc. Por el cual, se ofrece una recompensa de
hasta $4.450 millones por información que permita su captura.
Historial de crímenes
Con más de 30 años de actividades criminales, alias ‘Iván Mordisco’ ha sido
responsable de numerosos actos de terrorismo, narcotráfico, desplazamientos
forzados, reclutamiento de menores y homicidios. Entre los crímenes más
impactantes que se le atribuyen están:
Ataque con explosivos en Morales, Cauca (marzo 2025): señalado como autor
intelectual.
Asesinato de 4 menores indígenas en Caquetá (2023).
Matanza de 9 militares en San José del Guaviare (2021).
Secuestro de 17 miembros de una misión médica en Guaviare (2019).
Atentado contra el Batallón de Granada, Meta (2022).
Secuestro de un funcionario de la ONU en Calamar, Guaviare (2017).
El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, anunció el valor de la
recompensa durante un Consejo de Seguridad en el Meta, subrayando que ‘Iván
Mordisco’ se encuentra en una situación de debilidad y desarticulación.
“Narco porque vive del narcotráfico. Terrorista porque comete actos terroristas.
No lo digo yo, lo dicen sus actos, lo dice la ley. La situación es que cada vez
está más débil. Está más desarticulado. Está de alguna manera un poco
desesperado y por eso acude a atentados terroristas”, afirmó el ministro
Sánchez.
El funcionario hizo un llamado a los combatientes bajo el mando de Mordisco para
que reconsideren su permanencia en el conflicto armado, asegurando que hay
oportunidades para transitar a una vida mejor.
Un criminal con largo historial
Alias ‘Iván Mordisco’ se unió a las Farc en 1995, con apenas 14 años. En 2012,
asumió el mando del Frente 1 y, tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016,
rechazó la desmovilización y continuó con actividades criminales. Ha sido dado
por muerto en varias ocasiones, la más reciente en 2022, pero reapareció
posteriormente en videos.
Las autoridades creen que actualmente se desplaza entre los departamentos de
Meta y Guaviare.
El Ministerio de Defensa invita a la ciudadanía a proporcionar información sobre
su paradero a través de las siguientes líneas de contacto:
Contra el terrorismo: 323 273 4707
Contra el crimen: 314 358 7212
Línea 107: disponible 24/7
Colsubsidio suspenderá servicio de urgencias de
Clínica Ciudad Roma
En un comunicado reciente, Colsubsidio anunció que el servicio de urgencias de
la Clínica Ciudad Roma, ubicada en Bogotá,
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dejará de operar temporalmente a
partir del 3 de abril. Esta decisión generó preocupación entre los usuarios que
habitualmente acuden a esta clínica para atención médica de emergencia. Sin
embargo, es importante destacar que otros servicios esenciales como
hospitalización, unidad de cuidado intensivo y cirugía seguirán funcionando sin
interrupciones.
La suspensión del servicio de urgencias en la Clínica Ciudad Roma se produce en
un momento en que el sistema de salud en Colombia enfrenta desafíos.
Recientemente, la Clínica del Occidente, también en Bogotá, anunció el cierre
definitivo de sus unidades de obstetricia y neonatología debido a problemas
financieros relacionados con el incumplimiento de pagos por parte de las EPS.
El cierre temporal del servicio de urgencias en la Clínica Ciudad Roma
corresponde a un análisis exhaustivo de los gastos por parte de Colsubsidio IPS.
Esta decisión se toma en un contexto en el que la institución enfrenta un margen
de gasto insostenible, exacerbado por la deuda acumulada de las EPS, que
asciende a aproximadamente 500 mil millones de pesos.
Este escenario financiero complejo obliga a la entidad a reevaluar sus
operaciones para garantizar la sostenibilidad de sus servicios esenciales.
Por ahora quedó claro que los trabajadores del servicio de urgencias serán
reubicados en el resto de la Red de Salud de Colsubsidio, para evitar un despido
masivo.
Ejército sostiene combates con 'Los
Pachenca' en Ciénaga, Magdalena
Tropas de la Segunda Brigada del Ejército Nacional sostienen combates con el
grupo delincuencial organizado autodenominado 'Los Pachenca', en zona rural de
la vereda Bodega de Betel del municipio de Ciénaga, Magdalena.
Las autoridades han reportado la muerte de dos presuntos integrantes del grupo
armado 'Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada', así como la
incautación de material de intendencia.
"Hasta el momento las tropas en el sector reportan la muerte en desarrollo de
esta operación militar de dos presuntos integrantes de esta estructura, además
de la incautación de dos armas largas y material de intendencia", indicó la
primera división a través de su cuenta de X.
Los habitantes de veredas aledañas a Bodega de Betel, se podrían llegar a ver
forzados a desplazarse hacia Palmor, generando temor entre la comunidad que se
encuentra en el sector en inmediaciones a los enfrentamientos.
Combates en Vía Panamericana
El pasado sábado 29 de marzo fueron reportados nuevos enfrentamientos entre el
Ejército y presuntos integrantes del grupo armado organizado residual Estructura
Jaime Martínez, en la Vía Panamericana, en el departamento del Cauca.
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Según las autoridades, el grupo pretendía instalar un retén
ilegal en la zona. Durante esa misma semana las disidencias de las Farc
perpetraron ataques coordinados, que afectaron hasta siete municipios en el
Cauca.
Por daños en recursos naturales imputan
a exdirectivo de EPM
La Fiscalía General de la Nación imputó al exdirector Ambiental, Social y de
Sostenibilidad del Proyecto Ituango de EPM ESP, Jorge Ignacio Castaño Giraldo;
al representante legal del consorcio constructor CCC Ituango, Santiago García
Cadavid; y al representante legal y gerente de la interventoría del proyecto,
Álvaro Aravi Castro Vásquez, como presuntos autores de los delitos de daño en
los recursos naturales y peculado por apropiación.
Los elementos materiales probatorios indican que la decisión de usar un sistema
extra para desviar el río Cauca en el proyecto Hidroituango, llamado Sistema
Auxiliar de Desviación (SAD), y la construcción de un túnel auxiliar llamado
Galería Auxiliar de Desviación (GAD), se llevaron a cabo después de firmar
acuerdos para cambiar los contratos principales de construcción y supervisión.
Esto representó la disposición de recursos del erario, en tanto fueron
apropiados por la Empresa de Servicios Públicos de Medellín (EPM) en favor de
los contratistas, a través de la celebración de las actas modificatorias para la
ejecución de obras no licenciadas y efectivamente pagadas, por un valor superior
a 339.107 millones de pesos.
El contratista de obras principales, el Consorcio CCC Ituango representado por
Santiago García Cadavid; junto con la interventora, Consorcio Ingetec – Sedic,
en cabeza de Álvaro Aravi Castro Vásquez, presuntamente impusieron a la
generadora eléctrica un funcionamiento no previsto en el diseño original, con
consecuencias negativas para los recursos naturales y el medio ambiente, y en la
zona de influencia del proyecto, en la cuenca media y baja del río Cauca.
Jorge Ignacio Castaño Giraldo, en su condición de director Ambiental Social y
Sostenibilidad del Proyecto Ituango EPM, habría convenido estas decisiones
contrariando sus funciones en materia de gestión ambiental y social.
En el curso de la investigación se estableció que las obras se realizaron
incumpliendo la normatividad ambiental, pues no se obtuvo modificación de la
licencia ambiental y se avanzó en los trabajos sin el estudio de impacto. Se
adelantaron sin que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se
pronunciara sobre los aspectos de compensación, mitigación, control, manejo,
seguimiento y mejoramiento del entorno humano y biológico del proyecto, así como
los requerimientos sociales y ambientales.
Adicionalmente, se constató que la ejecución de las obras causó una afectación
grave a los ecosistemas y ocasionó daños irreparables al suelo, al recurso
hídrico, la fauna y la flora de la región. Ante estas precarias condiciones
ambientales, los pescadores, agricultores, mineros artesanales y demás
pobladores residentes en el cañón del río Cauca vieron afectada su subsistencia
económica y alimentaria y su seguridad.
Los imputados no aceptaron los cargos formulados por el Grupo de Trabajo de
Hidroituango, adscrito a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema
de Justicia.
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