Alertan por la recontaminación de 53 municipios
con minas antipersonal

La Procuraduría General de la Nación aseguró que persiste el uso de minas
antipersonal y artefactos explosivos improvisados por parte de grupos armados
criminales en zonas con factores de inestabilidad en materia de seguridad en el
país.
A propósito de la conmemoración del Día Internacional de Sensibilización Contra
las Minas Antipersonal, el procurador delegado para el Seguimiento al Acuerdo de
Paz reveló que, pese a los esfuerzos del Gobierno nacional para desescalar el
conflicto armado e incentivar las actividades de desminado, las organizaciones
criminales persisten en el uso de estos artefactos explosivos, proscritos por el
Derecho Internacional Humanitario, DIH.
De acuerdo con cifras del Grupo de Acción contra Minas Antipersonal, AICMA, 53
municipios, de los 935 que ya estaban declarados libres de sospecha por estas
minas han sido recontaminados, en otros 84 se adelantan operaciones de desminado
humanitario y 102 están pendientes por intervenir.
Frente a este panorama, y durante el conversatorio sobre Desminado Humanitario
organizado por las entidades oficiales, la academia y sociedad civil, el Ente de
Control hizo recomendaciones claves a las organizaciones estatales y
humanitarias para enfrentar con efectividad este flagelo, como exigir a los
grupos armados con los que se dialoga, que dejen de emplear minas antipersonal y
otros artefactos explosivos y permita la apertura de espacios humanitarios para
que las Organizaciones de Desminado Humanitario puedan hacer su tarea.
También planteó la necesidad de actualizar la política pública de acción contra
minas antipersonal, que no cuenta con documento Conpes desde 2019, entre otros.
Por último, solicitó a las autoridades del orden nacional y territorial
contrarrestar esta amenaza y garantizar el retorno de las comunidades a sus
territorios, según lo dispuesto en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Sabana de Bogotá: Minambiente impugna fallo de suspensión con tutela

Tras el fallo de suspensión sobre la resolución de lineamientos ambientales de
la Sábana de Bogotá, proferido por el Tribunal Superior de
Cundinamarca, el Ministerio de Ambiente señaló que presentaron una acción de
tutela en contra de la decisión.
"No estamos en contra de la construcción, estamos a favor del agua y el aire de
los más de 10 millones de personas que se verían afectadas. ¿De qué sirven los
edificios y las autopistas sin humanos que las usen?", cuestionó la cartera a
través de su cuenta de X.
Según lo señalado por el Ministerio, el Alto Tribunal habría desconocido lo
pactado durante las mesas de trabajo donde se realizó el diagnóstico y
formulación de dicho proyecto.
"Acatamos su decisión y, en cumplimiento
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de la orden
judicial, fortaleceremos los espacios de diálogo y participación con actores
institucionales y ciudadanía",
aseguraron, agregando que la prioridad del Gobierno es proteger
los ecosistemas y garantizar la calidad de vida de los habitantes de la Sabana.
"Reiteramos nuestro compromiso con la defensa del ambiente y el cumplimiento de
la legalidad en nuestras actuaciones. Seguiremos trabajando en la formulación e
implementación de políticas ambientales, enmarcadas en la normatividad vigente y
los principios constitucionales.", indicaron.
La magistrada Nelly Villamizar decretó la suspensión argumentando un supuesto
desacato por parte de la cartera de Ambiente, sobre una sentencia relacionada
con la protección del río Bogotá, acusando al Ministerio de no tener en cuenta
el derecho de las comunidades a ser escuchadas.
Mensajes falsos a usuarios de Bancolombia: lo que
debe hacer

Los usuarios de Bancolombia se han visto afectados por una nueva modalidad de
fraude en la cual reciben mensajes de texto que simulan comunicaciones oficiales
de la entidad bancaria.
Los clientes han reportado la recepción de mensajes SMS en los que se les
notifica sobre la supuesta activación de una póliza, que supera los $100.000,
dándoles la opción de cancelar el cargo a través de un enlace.
Este tipo de mensajes no proviene del banco y tienen como objetivo robar
información confidencial, como claves de acceso, datos personales o números de
tarjetas. La modalidad, conocida como phishing, redirige al usuario a un sitio
web falso que imita el portal oficial de la entidad bancaria.
¿Qué hacer si recibe un mensaje sospechoso de Bancolombia?
Ante el aumento de estos casos, Bancolombia reiteró que no envía enlaces en
mensajes de texto ni solicita información confidencial por ese medio.
La entidad recomienda seguir estos pasos si recibe un mensaje similar:
No haga clic en el enlace, incluso si el mensaje parece legítimo.
No responda ni comparta el contenido con otras personas.
Reporte el mensaje inmediatamente a través del canal oficial:
abuse@bancolombia.com.co.
Verifique directamente en la app oficial o en la línea de atención al cliente si
tiene dudas sobre algún movimiento o producto.
La Superintendencia Financiera de Colombia también ha alertado sobre el aumento
de ciberdelitos que utilizan la imagen de bancos reconocidos para engañar a los
usuarios y apoderarse de su dinero.
Cómo proteger sus datos y evitar caer en fraudes digitales
Para reducir el riesgo de ser víctima de este tipo de estafas, las autoridades y
entidades bancarias recomiendan:
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Activar la verificación en dos pasos en las plataformas digitales.
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Evitar conectarse a redes Wi-Fi públicas al realizar transacciones.
-
No guardar contraseñas en navegadores ni compartir códigos de seguridad.
- Utilizar solo las apps oficiales
descargadas desde tiendas verificadas.
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El aumento de casos de mensajes falsos a usuarios de Bancolombia
demuestra la importancia de estar informados
y actuar con precaución. Si sospecha de alguna actividad inusual, comuníquese de
inmediato con su banco y evite realizar transacciones sin confirmar la
legitimidad de la fuente.
Nueva EPS tiene 12 millones de facturas
represadas desde 2023

Tras un año de la intervención de la Superintendencia de Saluda la Nueva EPS, y
el anuncio de la prórroga durante 12 meses más, la entidad reveló su cierre
financiero del año 2023, donde se dio a conocer el represamiento de 12 millones
de facturas pendientes por procesar que suman un valor aproximado de 4,3
billones de pesos.
"El análisis de la información obtenida permitió al equipo interventor
evidenciar graves falencias que llevaron a una represa -inicial- de 12 millones
de facturas pendientes por procesar, por un valor aproximado de 4,3 billones de
pesos, antes del inicio de la intervención fozosa administrativa que llevó a
cabo la Superintendencia Nacional de Salud, el 3 de abril de 2024", señaló la
entidad a través de un comunicado de prensa.
En el informe entregado por la Nueva EPS junto al agente interventor para la
administración forzosa, Bernardo Camacho Rodríguez, se indicó que la acumulación
de las facturas responde a la forma en la que fueron ordenados los pagos durante
el año, previo a la intervención hecha por el Gobierno a la entidad.
"La situación de la acumulación de facturas se explica, en gran medida, por la
forma que ordenaban los pagos las administraciones previas a la mencionada
intervención. Sin embargo, no es la única razón", se destacó en la misiva.
Entre los otros puntos destacados sobre el rezago de la facturación se
encuentran:
Política de pagos por promedios históricos y no por servicios facturados: se
encontraban basados en los promedios de radicación mensual de la facturación
presentada y no por la procesada y auditada en la contabilidad.
Ausencia de información: para junio de 2024, se evidenció que los archivos de
Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (Rips) una vez se
incluyeron en las tablas de las bases de datos, los cuales eran borrados.
Permitiendo contrastar la información durante la intervención y con ello hacer
el cierre de los estados financieros.
Sistema de tecnología de información de procesamiento de facturas obsoleto: no
contaba con soporte tecnológico, lo que obligaba que la gestión fuera más
operativa o manual, repercutiendo en la integridad de la información y los
tiempos, demorando el proceso.
Incumplimiento
En el anuncio, la Supersalud dijo que la decisión se fundamenta en la
persistencia de las problemáticas que motivaron la intervención inicial el 3 de
abril de 2024, entre las que se incluyen el incumplimiento de condiciones
financieras y deficiencias en la prestación de servicios a los usuarios.
La crisis de la Nueva EPS sigue profundizándose. Datos oficiales revelan que en
2024 se registraron 358.316 quejas contra la aseguradora, un 30% más en
comparación con las 277.033 quejas de 2023. En los dos primeros meses de 2025,
ya se habían reportado 81.455 reclamos, evidenciando una preocupante tendencia
de insatisfacción entre los usuarios.
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