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Tribunal Constitucional surcoreano
avala destitución del presidente Yoon
El Tribunal Constitucional de Corea del Sur validó el viernes la
destitución del presidente Yoon Suk Yeol por haber impuesto
brevemente en diciembre una ley marcial que sumió al país en una
grave crisis.
La sentencia implica la salida definitiva del cargo de Yoon, que ya
había sido suspendido de sus funciones, y la convocatoria de
elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de 60 días
en esta potencia económica asiática.
Aunque duró apenas unas horas, la interrupción del orden civil y el
envío del ejército a la Asamblea Nacional en la noche del 3 al 4 de
diciembre trastornaron la política y la economía de este aliado
clave de Estados Unidos.
Antes fiscal estrella del país, el conservador Yoon fue suspendido
por una moción de destitución del parlamento y luego arrestado y
encarcelado durante casi dos meses por acusaciones de insurrección.
Su destino estaba ahora en manos del Tribunal Constitucional, que
tenía que decidir si ratificaba o no la destitución decretada por
los diputados.
"Pronunciamos el siguiente veredicto, con el acuerdo unánime de
todos los jueces. Destituimos al demandado presidente Yoon Suk Yeol",
dijo el magistrado principal, Moon Hyung-bae.
Traición a "la confianza del pueblo"
En una contundente lectura de 23 minutos, Moon argumentó que las
acciones de Yoon "violaron los principios fundamentales del Estado
de derecho y del gobierno democrático".
Yoon "no se contentó con declarar la ley marcial, sino que cometió
actos que violaron la Constitución y la ley, como movilizar las
fuerzas militares y policiales para impedir a la Asamblea Nacional
ejercer su autoridad", continuó.
"En definitiva, los actos inconstitucionales e ilegales del acusado
traicionan la confianza de pueblo y constituyen una grave violación
de la ley que no puede ser tolerada desde el punto de vista de
protección de la Constitución", afirmó.
El ya expresidente es objeto también de un proceso penal por
"insurrección", un crimen que en Corea del Sur se puede llegar a
castigar con la cadena perpetua o la pena capital.
Al declarar la ley marcial, Yoon justificó la medida por la amenaza
de Corea del Norte, su beligerante vecino con armamento nuclear, y
por la presencia de elementos antiestatales en la Asamblea Nacional.
No obstante, los magistrados del Constitucional consideraron que
desplegó las tropas "por motivos políticos" y provocó que "soldados
que sirven al país con la misión de garantizar la seguridad nacional
y defenderlo se enfrentaran a ciudadanos ordinarios".
La policía organizó un dispositivo de alta seguridad alrededor del
tribunal, donde ciudadanos contrarios a Yoon recibieron el veredicto
con gritos, abrazos y lágrimas de alegría.
En cambio, los fieles al expresidente, reunidos alrededor de su
residencia en Seúl, reaccionaron con lamentos e insultos a la
decisión de los jueces.
Capturan en México a narco vinculado
al cartel de Sinaloa
El Gobierno de México ha anunciado este jueves la detención de
Leobardo García Corrales, alias 'Leo', considerado uno de los
principales narcotraficantes ligado al cartel de
Sinaloa, y requerido por las autoridades estadounidenses por el
mercadeo de fentanilo.
El ministro de Seguridad del país latinoamericano, Omar García
Harfuch, ha celebrado que la "operación encabezada por la Fiscalía y
la Secretaría de Marina" haya dado como
resultado el arresto de García Corrales en Ciudad de México.
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En un mensaje en su cuenta de la red social X, ha señalado que el detenido "era
requerido por la Agencia de Control de Drogas (DEA), por estar vinculado con el
tráfico de drogas para una organización delictiva, además de los delitos de
delincuencia organizada, contra la salud y uso ilegal de armas de fuego y
explosivos".
Asimismo, ha recordado que se ofrecían "hasta cuatro millones de dólares" (algo
más de 3,6 millones de euros) a cambio de información sobre su paradero, "por su
relación con la importación de fentanilo" al país vecino. "Con estas acciones
continuamos trabajando en colaboración para detener a prófugos de la ley", ha
concluido.
Represión sistemática en Nicaragua: ONU identifica
a 54 funcionarios responsables
Por primera vez y tras una detallada investigación, expertos de la ONU
identificaron a 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de
Nicaragua, con los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo a la cabeza,
como responsables de graves "crímenes" y "represión sistemática".
Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua reveló los
nombres de los que denomina "responsables de graves violaciones de derechos
humanos, abusos y crímenes que están alimentando una campaña de represión
sistemática" en el país centroamericano.
En los últimos siete años han tenido "funciones clave en relación con
detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales" y "persecución
de la sociedad civil", agregó el reporte de 234 páginas difundido en Panamá y
Ginebra.
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras
el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007. Sus
críticos lo acusan de instaurar una "dictadura familiar", junto a su esposa
Murillo de 73 años.
Ambos, auto designados "copresidentes" en una reforma constitucional reciente,
aumentaron el control sobre la sociedad nicaragüense tras protestas masivas que
estallaron en abril de 2018 y cuya represión dejó más de 300 muertos según la
ONU.
El informe "pone al descubierto la anatomía de un sistema de gobierno que ha
convertido cada brazo del Estado en un arma contra su propio pueblo", afirmó Jan-Michael
Simon, presidente del grupo de expertos.
Incluye en el "régimen represivo" al jefe del Ejército, Julio César Avilés; de
la Policía, Francisco Díaz; y líderes del Congreso, la Corte Suprema de
Justicia, Fiscalía, alcaldías y del gobernante Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN, exguerrilla).
"Es un sistema de represión estrechamente coordinado, que se extiende desde la
Presidencia hasta los funcionarios locales", afirmó Ariela Peralta, experta del
grupo.
Tras las protestas de 2018 consideradas por el gobierno como un intento de golpe
de Estado patrocinado por Estados Unidos, cientos de miles de nicaragüenses
fueron forzados al exilio.
El gobierno expulsó y despojó de la nacionalidad a unos 450 críticos (políticos,
sacerdotes, periodistas, escritores, músicos, empresarios), muchos de los cuales
estuvieron presos acusados de "traición a la patria".
Las autoridades han clausurado más de medio centenar de medios de comunicación y
casi 5.700 oenegés, con una masiva confiscación de bienes.
"Estos no son incidentes aleatorios o aislados, son parte de una política de
Estado deliberada y bien orquestada, que es llevada a cabo por actores
identificables a través de
cadenas de mando definidas", agregó Peralta.
Reed Brody, otro de los expertos del grupo, consideró el informe como una "hoja
de ruta para la justicia", pues Estados y organismos internacionales "ahora
tienen los nombres, las estructuras y las evidencias necesarias para avanzar en
la rendición de cuentas".
Ese órgano independiente con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
pidió a la comunidad internacional tomar medidas "urgentes", que incluyan
"acciones legales y sanciones" contra el gobierno de Nicaragua, y "dar mayor
apoyo a las víctimas y la sociedad civil".
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Con la reforma constitucional vigente desde febrero Ortega y Murillo tomaron
control absoluto del Estado, pues eliminaron la independencia de poderes,
institucionalizaron el despojo de la nacionalidad, la vigilancia sobre la
Iglesia y la prensa.
Crearon además una fuerza de miles de encapuchados para apoyar a las fuerzas de
seguridad.
Un día después de que el equipo de expertos publicara un informe que denunció la
instauración con esa reforma de un "Estado autoritario", Nicaragua se retiró del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
CPI es un “tribunal político” dice Orbán al
justificar su retiro
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha explicado que su Gobierno ha
decidido sacar al país del Corte Penal Internacional (CPI) porque considera que
se ha convertido en "un tribunal político", un alegato pronunciado en presencia
de su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, a quien teóricamente las fuerzas de
seguridad húngaras deberían haber arrestado.
Sobre Netanyahu pesa una orden de arresto por presuntos crímenes de guerra y
contra la humanidad vinculados a la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza,
pero Orbán ya había dejado claro antes del inicio de su polémico viaje a
Budapest que no cumpliría con el mandato de la CPI.
El primer ministro húngaro ha recordado en una comparecencia conjunta ante los
medios que, durante su primera etapa en el Gobierno, hace ya más de dos décadas,
Hungría se incorporó a dicha corte. Sin embargo, ahora entiende que ha habido
"cambios". "En los últimos años, ya no se basa en el Estado de derecho", ha
esgrimido Orbán, que ha puesto como "claro" ejemplo las investigaciones y
acusaciones abiertas en los últimos años contra Israel.
Netanyahu le ha dado las "gracias" por la decisión "valiente" y "de principios"
de sacar a Hungría de esa Corte, "una organización corrupta" que, según el
dirigente israelí, ha equiparado los atentados lanzados por Hamás el 7 de
octubre de 2023 con la actuación de "una democracia que lucha por su
existencia".
"No sólo es importante para nosotros, es importante para todas las democracias",
ha enfatizado ante Orbán, a quien ha reconocido además el apoyo político
brindado en estos últimos años y también su compromiso en la lucha contra el
antisemitismo.
De hecho, el jefe del Gobierno de Hungría ha dicho que tiene "tolerancia cero"
con esta lacra, que ha llegado a vincular con el auge de la inmigración
irregular, y ha subrayado que en Hungría "no se han alzado bandera de Hamás", en
una parte de su discurso en el que ha querido reivindicar su país como una
"isla" dentro de Europa en cuanto a la defensa de los valores judeocristianos.
Orbán, además, ha asegurado que Israel tiene derecho a defenderse de las
amenazas y ha reivindicado al país como "clave" para la estabilidad del conjunto
de Oriente Próximo.
Luego los dos mandatarios han mantenido una conversación telefónica con el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la decisión de abandonar la
CPI, según confirmó un comunicado de la oficina del premier israelí, en el que
resaltó que los tres líderes dialogaron también sobre "los próximos pasos a dar
en este sentido".
Por su parte, el canciller israelí, Gideon Saar, agradeció a Orban su "postura
moral clara y firme junto a Israel y los principios de justicia y soberanía".
La salida de un Estado suele tener efecto un año después de la presentación
oficial del pedido ante el secretariado general de Naciones Unidas.
En reacción al anuncio de Budapest, el portavoz del alto tribunal con sede en La
Haya, Fadi el Abdallah, se limitó a decir que Hungría "sigue obligada a cooperar
con la CPI".
La jurisdicción había recordado "la obligación legal" de Budapest y su
"responsabilidad hacia los otros Estados miembros" para ejecutar las decisiones.
Y aunque Hungría firmó el Estatuto de Roma, el tratado internacional con el que
se creó la CPI, en 1999 y lo ratificó dos años después, nunca promulgó la
convención asociada a ese Estatuto por razones de conformidad con su
Constitución. Por ello, afirma, que no está obligada a cumplir las decisiones de
la CPI.
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