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Alarmante aumento de la extorsión y otros delitos
sacude a Bogotá: Informe de ProBogotá
El más reciente Informe Anual de Seguridad presentado por ProBogotá dejó al
descubierto un panorama inquietante en materia de seguridad para la capital del
país durante 2024. Aunque se trata del quinto año consecutivo en que la
fundación publica este documento, las cifras reveladas esta vez marcaron récords
negativos en delitos como la extorsión, los homicidios, la violencia
intrafamiliar y los delitos sexuales.
Uno de los hallazgos más impactantes del informe es el incremento del 63,5 % en
casos de extorsión, considerado por la organización como una cifra histórica.
Este fenómeno estaría siendo impulsado por el accionar de estructuras criminales
que encuentran en este delito una fuente principal de financiación. A esta
problemática se suma el aumento del 11 % en los homicidios, muchos de los cuales
se atribuyen a disputas entre bandas por el control de actividades ilegales como
el narcotráfico y el contrabando, así como a conflictos de convivencia
relacionados con el consumo de alcohol.
La situación se complica aún más con el crecimiento del 34 % en delitos
sexuales, en los que el 74 % de las víctimas son mujeres. Localidades como La
Candelaria, Teusaquillo y Chapinero registraron los aumentos más notorios. En
cuanto a la violencia intrafamiliar, el informe señaló un incremento del 15,9 %,
especialmente en Los Mártires, Santa Fe y La Candelaria.
El análisis de ProBogotá establece una conexión preocupante entre la cultura de
impunidad y la violencia generalizada que afecta a distintos delitos, lo que
agrava la percepción de inseguridad. Las localidades más golpeadas, entre ellas
Usaquén y Santa Fe, comparten características como alta afluencia comercial,
entornos urbanos deteriorados y limitada presencia institucional, factores que
favorecen la consolidación de zonas inseguras.
En cuanto a la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán, el informe reconoce un
balance mixto: mientras disminuyeron los hurtos y las lesiones personales, los
delitos de alto impacto siguen en aumento. Ante este panorama, ProBogotá sugiere
desmantelar mercados de armas ilegales, fortalecer el control a dispositivos en
cárceles, y avanzar en una transformación cultural que promueva la convivencia
pacífica y restablezca la confianza institucional, especialmente entre las
mujeres víctimas de violencia.
La ciudad enfrenta una encrucijada urgente: o refuerza su estrategia de
seguridad de manera integral y coordinada con el gobierno nacional, o corre el
riesgo de seguir viendo cómo se deteriora la vida en sus calles.
Exdirectivo de la Nueva EPS niega apropiación indebida de recursos
José Fernando Cardona Uribe, expresidente de la Nueva EPS, negó haber incurrido
en apropiación indebida de recursos públicos durante su gestión, luego de que la
Fiscalía General de la Nación le imputara cargos por
presuntas irregularidades financieras cometidas entre 2009 y principios de 2024.
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Según un comunicado oficial emitido por su abogado defensor, Javier Tamayo
Perdomo, el exdirectivo rechaza las acusaciones que apuntan a un supuesto desvío
de dineros públicos. En el texto se aclara que la presunta apropiación no fue en
su favor ni en favor de terceros, sino que los recursos quedaron dentro de la
misma Nueva EPS.
“El ente acusador precisó, según el acta de la audiencia, que ‘este delegado (el
fiscal) nunca dijo que la apropiación haya sido o que haya salido, sino que fue
en favor de la misma Nueva EPS’”, señala la defensa.
El proceso judicial se originó tras la formulación de cargos realizada el 27 de
febrero de 2025, y en audiencia posterior, la Fiscalía solicitó medida de
aseguramiento intramural, la cual fue negada el pasado 8 de abril por el juez de
garantías, quien consideró que no había solidez en los argumentos de la
Fiscalía.
La cifra en cuestión no es de 5 billones, sino de $70.500 millones
La misiva también desmiente las versiones que hablan de una apropiación por 5
billones de pesos, señalando que la cifra que investiga la Fiscalía corresponde
a $70.500 millones, relacionados con utilidades generadas entre 2019 y 2023, y
que fueron utilizados para el pago de deudas por servicios de salud prestados a
los afiliados de la EPS.
“Tras las investigaciones hechas por la Fiscalía, ni el doctor Cardona ni
terceros se apoderaron de recursos”, enfatiza el comunicado.
Presuntos delitos imputados por la Fiscalía
La Fiscalía imputó a José Fernando Cardona los delitos de falsedad en documento
privado, fraude procesal, omisión de control de recursos de la salud y peculado
por apropiación.
Además, también fueron procesados Juan Carlos Isaza Correa (exvicepresidente
financiero), Édgar Pedraza Castellanos (exgerente de contabilidad) y Fabio
Antonio Peralta Núñez (exgerente de cuentas médicas), por los mismos delitos,
excepto el peculado, que sólo fue imputado al expresidente.
La Fiscalía sostuvo que entre 2019 y 2024 se dejaron de procesar alrededor de 14
millones de facturas emitidas por IPS contratadas por la Nueva EPS, lo cual
habría permitido el supuesto desvío de los recursos.
Defensa insiste en transparencia contable
La defensa argumenta que las facturas estaban registradas en los estados
financieros y reservas de autorizaciones, por lo que niega que haya existido
ocultamiento alguno:
“Están en el procedimiento de auditorías, en la liquidación y eso se ve en los
diferentes módulos del sistema”, aseguró el abogado.
El exdirectivo también ha manifestado su disposición permanente de colaborar con
las autoridades, desde el momento en que se enteró del proceso, en diciembre de
2024, y asegura que continuará entregando explicaciones cada vez que sea
requerido.
Finalmente, el comunicado expresa preocupación por el uso político del caso, en
medio de una crisis estructural del sistema de salud colombiano.
“Lamentamos profundamente que las investigaciones en curso, y no solamente a la
Nueva EPS, se utilicen como un discurso político para sesgar las verdaderas
necesidades de nuestro país”, concluye la defensa de Cardona.
Declaran emergencia por fiebre amarillas:
Municipios más afectados
El Ministerio de Salud declaró alerta por fiebre amarilla en municipios de los
departamentos de Tolima,
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Caldas, Huila y Putumayo, luego de que el Instituto Nacional de
Salud reportara incremento en los casos de la enfermedad, con al menos 22
personas fallecidas.
La declaratoria fue realizada a partir de tres puntos principales:
Municipios que presenten casos humanos de fiebre amarilla en los últimos meses.
Departamentos que presenten casos en más de un municipio.
Departamentos en los que se observe un patrón de desplazamiento de la
transmisión del virus.
Ante la declaratoria, los gobernadores y alcaldes deberán activar los planes de
atención prioritaria a los ciudadanos que reporten el virus.
Petro anunció PMU ante el aumento de casos
El presidente Gustavo Petro anunció la instalación de un Puesto de Mando
Unificado (PMU) ante el aumento de casos de la enfermedad, señalando que es el
momento para probar "el nuevo modelo primario preventivo del Gobierno Nacional.
"Se realizará PMU para detener la expansión del virus en seres humanos", indicó.
Además, el mandatario advirtió que el país cuenta con las vacunas suficientes
para toda la población.
Con $700 mil millones destraban 63
megaproyectos viales
Gracias a la gestión preventiva de la Procuraduría General de la Nación, el
Gobierno nacional logró destrabar el avance de 63 megaproyectos viales en todo
el país, mediante un giro de $700 mil millones por parte del Ministerio de
Hacienda.
La acción fue el resultado de mesas de trabajo convocadas por la Procuraduría,
en las que participaron el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte,
el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Cámara Colombiana de la
Infraestructura. Durante estos encuentros se identificaron los cuellos de
botella financieros que venían afectando el desarrollo de estas obras clave para
la conectividad nacional.
Nuevos recursos para garantizar la continuidad de las obras
En la reunión de seguimiento realizada el 9 de abril de 2025, el Ministerio de
Hacienda se comprometió a realizar un nuevo giro por $300 mil millones al Invías,
con el fin de ponerse al día con los compromisos financieros adquiridos y
garantizar el avance oportuno de las obras.
Este esfuerzo presupuestal permitirá la reactivación de proyectos viales
estratégicos como:
Ruta Libertadora (Arauca–Casanare–Boyacá–Cundinamarca)
Ruta de los Comuneros (Zipaquirá–Barbosa–Bucaramanga–San Alberto)
Variante San Francisco–Mocoa (Nariño–Putumayo)
Vía Popayán–Isnos y Popayán–La Plata (Cauca–Huila)
Prevención de conflictos jurídicos y protección del patrimonio público
La Procuraduría subrayó que esta intervención preventiva busca evitar la
parálisis de obras públicas, lo cual podría derivar en conflictos jurídicos y
riesgos al patrimonio de la Nación. En ese sentido, el organismo de control
continuará promoviendo espacios de diálogo interinstitucional que permitan
soluciones consensuadas a cualquier problemática que amenace el desarrollo de
estos megaproyectos.
Con esta decisión, se reafirma el compromiso del Estado con la infraestructura
vial, pilar fundamental para la competitividad, el desarrollo regional y la
reactivación económica del país.
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