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Corrupción en la UNGRD: Fiscalía niega principio
de oportunidad a Sandra Ortiz
La Fiscalía General de la Nación dejó en claro que rechazó la posibilidad de
concretar un principio de oportunidad con la exconsejera presidencial para las
regiones Sandra Ortiz, quien se encuentra implicada en el escándalo de
corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD).
El grupo de tareas especiales de la Fiscalía señaló que la colaboración con la
justicia que ha brindado Sandra Ortiz en los acercamientos con los
investigadores se funda en información confusa, contradictoria y no se sustenta
en evidencias objetivas.
“La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ha sostenido
acercamientos con la exconsejera para las regiones de la Presidencia de la
República, Sandra Liliana Ortiz Nova, en aras de concretar una posible
negociación judicial y obtener nuevos elementos materiales probatorios que
permitan consolidar uno de los frentes investigativos”, dijo la Fiscalía a
través de un comunicado.
La Fiscalía precisó que “durante los encuentros, la defensa de la procesada ha
solicitado inmunidad penal total a través de la celebración de un principio de
oportunidad, pretensión que ha rechazado el equipo de fiscales frente a la
gravedad de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de
servidor público por los cuales fue imputada y está próxima a ser acusada, y por
considerar que la colaboración que ofrece a la justicia se funda en información
confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren
sus afirmaciones, que por esa misma razón no superaría la valoración y el
control judicial”.
Ante este escenario, la Fiscalía acusará a la exfuncionaria este jueves 10 de
abril ante el Juzgado octavo Penal Especializado de Bogotá, por los delitos de
lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.
“La Fiscalía General de la Nación tiene en marcha múltiples actividades
investigativas para avanzar en la identificación y judicialización de los
responsables del direccionamiento de la contratación y apropiación de recursos
públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”,
enfatizó la Fiscalía
Ante esta situación, Sandra Ortiz manifestó que revelaría públicamente los
términos de los acercamientos y los detalles que dice conocer sobre el entramado
de corrupción, lo cual hace bajo su responsabilidad y sin que ello comprometa a
la Fiscalía en el marco de la justicia premial. Sin embargo, no se descarta que
la exconsejera de regiones pueda buscar un preacuerdo con la Fiscalía, una vía
que tendría que darse antes de iniciar el juicio en su contra.
Capturan a dos presuntos sicarios en operativos
contra el crimen en Pereira
En medio del aumento de homicidios que ha golpeado a Pereira desde finales del
año pasado, la Policía Metropolitana reportó la captura de
dos presuntos sicarios señalados de pertenecer a estructuras criminales activas
en la ciudad. Los operativos,
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realizados en los barrios San
Nicolás y El Intermedio, permitieron dar con alias ‘Reyes’ y alias ‘El
Mecánico’, dos hombres con amplio prontuario, según las autoridades.
Alias ‘Reyes’ fue capturado en el barrio San Nicolás. De acuerdo con el coronel
Óscar Ochoa, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pereira, este
sujeto estaría implicado en el asesinato de dos personas ocurrido el pasado 4 de
abril. “Hemos venido trabajando de manera contundente con la Fiscalía y otras
entidades territoriales para desarticular estas organizaciones”, declaró el
oficial. También destacó el papel de la comunidad, que ha sido clave para
avanzar en las investigaciones.
La segunda detención se llevó a cabo en el barrio El Intermedio, comuna de
Villasantana. Allí fue aprehendido alias ‘El Mecánico’, a quien se le encontró
un arma de fuego con seis cartuchos escondida en la pretina del pantalón. Según
las autoridades, este hombre sería integrante de la banda criminal de alias ‘La
Negra’, y su rol dentro del grupo sería actuar como seguridad en varias manzanas
del sector. Además, estaría vinculado con el tráfico local de estupefacientes y
tendría nexos con alias ‘Zarco’, quien enfrenta actualmente un proceso judicial.
La Policía reiteró su llamado a los ciudadanos para que denuncien cualquier
hecho sospechoso. “El trabajo conjunto entre comunidad e instituciones es vital
para recuperar la seguridad en Pereira”, insistió el coronel Ochoa. Las
investigaciones siguen en curso para esclarecer los vínculos de ambos capturados
con otros delitos.
Tribunal abre incidente de desacato contra la
canciller Laura Sarabia por desacatar orden judicial
La canciller Laura Sarabia enfrenta un nuevo episodio de tensión judicial, luego
de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidiera abrir un incidente
de desacato en su contra. La medida fue tomada tras comprobarse que el
Ministerio de Relaciones Exteriores no acató una orden judicial que suspendía el
nombramiento de María Camila Ceballos Caicedo como segunda secretaria en el
Consulado de Colombia en Tulcán, Ecuador.
La controversia se remonta al pasado 30 de enero, cuando la Unión de
Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (UNIDIPLO) interpuso una demanda
solicitando la nulidad del Decreto 1430 de 2024, con el que se oficializó dicho
nombramiento. El 27 de febrero, el Tribunal admitió la demanda y ordenó
suspender de manera inmediata los efectos del decreto. Sin embargo, pese a que
la notificación se realizó el 4 de marzo, Ceballos Caicedo continuó ejerciendo
el cargo hasta bien entrado abril.
UNIDIPLO elevó su voz de alerta e insistió ante el Tribunal sobre el
incumplimiento, argumentando que la Cancillería no actuó con la inmediatez que
exige la ley frente a las decisiones judiciales. Según el sindicato, esta
omisión podría constituir una estrategia dilatoria por parte del Ministerio,
algo que el mismo Tribunal también puso en duda al rechazar los recursos
interpuestos por la Cancillería para frenar la medida.
“Rechazar la solicitud de aclaración y adición del auto de 19 de marzo de 2025
formulada por el Ministerio de Relaciones Exteriores”, sentenció la magistrada
Ana Margoth Chamorro Benavides, dejando en firme la decisión de abrir el
incidente de desacato.
Ahora, la ministra Sarabia cuenta con un plazo de tres días para presentar sus
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descargos. El Tribunal, una vez vencido ese término, determinará
si impone sanciones que podrían incluir multas de hasta cinco salarios mínimos.
Este nuevo capítulo añade presión sobre la jefa de la diplomacia colombiana,
quien ya ha sido blanco de cuestionamientos por decisiones administrativas
dentro del Ministerio.
Asesinato de Sara Millerey revive la alarma por
violencia contra personas trans en Colombia
El brutal asesinato de Sara Millerey, una mujer trans de 32 años, estremeció al
país y volvió a encender las alarmas sobre la violencia sistemática que enfrenta
la población LGBTIQ+ en Colombia. Su cuerpo fue hallado en una quebrada de
Bello, Antioquia, con signos evidentes de tortura, múltiples heridas y rastros
de sevicia que no solo buscan la aniquilación, sino enviar un mensaje de odio a
toda una comunidad.
El caso de Sara no es aislado. En lo que va del 2025, ya se han registrado 25
homicidios contra personas LGBTIQ+ en el país, de acuerdo con cifras del
Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo. De estos, ocho víctimas
eran mujeres trans, lo que reafirma una dolorosa tendencia: las personas trans,
especialmente las que habitan en contextos de vulnerabilidad, siguen siendo las
más expuestas a la violencia letal.
Lo más impactante del asesinato de Sara fue el grado de indiferencia que lo
rodeó. Vecinos grabaron sus últimos momentos con vida, donde se le escuchaba
gritar y llorar, sin que nadie interviniera para ayudarla. Para Wilson
Castañeda, director de Caribe Afirmativo, este es un reflejo preocupante del
contexto actual: “Esa indiferencia se ha traducido en complicidad. La falta de
empatía frente a la vida de las personas LGBT es leída por los victimarios como
una autorización silenciosa para seguir asesinando”.
El panorama en Antioquia es especialmente preocupante. Solo en los primeros
cuatro meses de 2025, se han reportado 12 homicidios de personas LGBTIQ+ en ese
departamento, lo que representa casi la mitad del total nacional. Medellín
concentra cinco casos, pero la violencia también ha golpeado con fuerza en
municipios como Bello, Caucasia, Hispania, y San Roque. La presencia de actores
armados, la debilidad institucional y los prejuicios arraigados explican, en
parte, esta realidad.
El caso de Sara, además, pone sobre la mesa otra gran deuda del Estado: la
prevención. Según Castañeda, la víctima había solicitado ayuda previamente, pero
no recibió atención. “Hoy el Estado condena el asesinato, pero lo hace siempre
después de que ocurre la tragedia. El Estado no puede seguir siendo reactivo.
Debe ser preventivo”, afirmó.
El Observatorio también señala que los hombres gays y las mujeres trans
representan el 73 % de las víctimas de homicidios en lo que va del año. Esto
evidencia una violencia alimentada por prejuicios profundos, especialmente hacia
las expresiones de género no normativas.
Desde Caribe Afirmativo hacen un llamado urgente a la Fiscalía para que acelere
las investigaciones y a que se rompa con la impunidad. También insisten en la
aplicación rigurosa de la directiva creada para abordar estos crímenes de manera
diferencial.
La muerte de Sara Millerey no puede quedar como un número más. Su historia debe
movilizar acciones concretas, no solo declaraciones. Porque cada vida que se
apaga por odio es una derrota para la dignidad, la justicia y la humanidad.
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