|
El desafío sanitario y económico de la campaña de vacunación contra la fiebre
amarilla den Colombia
En medio de la creciente preocupación por el brote de fiebre amarilla que ha
cobrado la vida de al menos 34 personas en Colombia, el Gobierno Nacional se
enfrenta a un desafío monumental: financiar una campaña de vacunación masiva en
al menos 10 departamentos del país. Según el presidente Gustavo Petro, la
inversión necesaria podría oscilar entre $600.000 millones y $1 billón, un gasto
significativo que el Ejecutivo busca cubrir mediante recursos provenientes de
fideicomisos de bancos, destinados originalmente a proyectos viales
concesionados.
Durante una reciente alocución en la Casa de Nariño, Petro explicó que, debido a
la falta de fondos disponibles en el presupuesto de 2025, se hace urgente la
movilización de estos recursos. "Este es un tema de vida o muerte", afirmó el
mandatario, reconociendo que el costo inicial de la campaña podría elevarse
dependiendo de la velocidad de propagación del virus. Según Petro, gran parte de
los recursos necesarios provendrán de los contratos de concesión de las vías 4G
y 5G, los cuales, debido al incumplimiento de los concesionarios, mantienen más
de $8 billones guardados en fideicomisos bancarios.
Este plan se ejecutará bajo un contexto de emergencia sanitaria nacional,
declarada oficialmente por el Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. La medida
busca vacunar a toda la población entre 9 meses y 59 años, priorizando las zonas
de mayor riesgo, especialmente aquellas afectadas por la presencia del mosquito
transmisor del virus, el Aedes aegypti. Con el cambio climático, el insecto ha
logrado expandir su hábitat a zonas más altas, lo que ha incrementado los
riesgos en áreas como el Eje Cafetero.
Hasta la fecha, más de medio millón de personas han recibido la vacuna, y se han
distribuido más de 3,7 millones de dosis en los 32 departamentos del país. Sin
embargo, las autoridades insisten en que, debido al comportamiento errático del
virus, la vacunación debe ser rápida y eficaz para evitar mayores pérdidas
humanas. En Bogotá, por ejemplo, se han registrado dos muertes por fiebre
amarilla, aunque las víctimas ya habían contraído el virus antes de llegar a la
capital.
El presidente Petro también advirtió que, si los recursos provenientes de los
fideicomisos no son suficientes para cubrir el costo de la campaña, el Gobierno
recurrirá a una emergencia económica. "Con mecanismos extraordinarios,
buscaremos garantizar la financiación para que Colombia salga airosa de esta
crisis", concluyó el mandatario, subrayando la gravedad de la situación y la
urgencia de una respuesta inmediata.
Este panorama refleja la difícil situación que enfrenta el país, donde la lucha
contra una enfermedad mortal se ve directamente afectada por la falta de
recursos y la gestión de los contratos públicos.
La pobreza multidimensional en Colombia:
Retos persistentes de formalización laboral y educación
El panorama de la pobreza en Colombia sigue siendo un desafío complicado para el
país, a pesar de los avances en algunas áreas. El
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dio a conocer el
martes los nuevos datos sobre la pobreza multidimensional para el año 2024, un
indicador que no solo mide los ingresos de las familias, sino también su acceso
a bienes y servicios básicos para una vida digna, como salud, educación, empleo
y servicios públicos. Según el informe, para el 2024, el 11,5 % de los hogares
colombianos se encontraba en situación de pobreza multidimensional, lo que
representa una ligera disminución con respecto al 12,1 % registrado en 2023.
Este descenso es alentador, ya que indica que aproximadamente 251.000
colombianos
han salido de esa condición el año pasado. No obstante, el número
total de personas en pobreza multidimensional sigue
siendo alarmante: según los datos analizados,
|
|
alrededor de seis millones de colombianos continúan enfrentando
dificultades en varios aspectos de su vida diaria, además de los ingresos. En
términos absolutos, las regiones más afectadas siguen siendo las más
periféricas, como Vichada, Guainía y Chocó, donde las tasas de pobreza
multidimensional alcanzan cifras tan altas como el 70,2 %, 49 % y 33,9 %,
respectivamente.
A nivel regional, Bogotá y la región Central mostraron un aumento en la pobreza
multidimensional, aunque en menor medida. En Bogotá, la pobreza subió del 3,6 %
al 5,4% , un incremento significativo pero no alarmante. Mientras tanto, en la
región Central, el porcentaje pasó del 10,2 % al 10,8 %. Estos aumentos no son
grandes, pero reflejan las dificultades que enfrenta la capital y sus
alrededores para afrontar las carencias que todavía afectan a miles de hogares.
Lo que más impacta de las cifras del DANE es que la informalidad laboral y la
falta de educación son los dos factores que más inciden en la pobreza
multidimensional. El trabajo informal sigue siendo uno de los mayores obstáculos
para salir de la pobreza, ya que el 70,7 % de los hogares colombianos reportan
vivir en condiciones de empleo informal. Esta situación genera precariedad y, a
menudo, ausencia de acceso a servicios de salud, pensiones y otras prestaciones
sociales esenciales.
Además, el bajo nivel educativo se mantiene como un factor crucial, ya que un
38,3 % de los hogares colombianos carecen de acceso a una educación básica
completa. La falta de formación limita las oportunidades de empleo formal y
perpetúa el ciclo de pobreza de generación en generación. En este contexto, el
desafío para el país es claro: mejorar la calidad educativa y promover la
formalización del empleo son tareas urgentes si se quiere reducir de manera
significativa la pobreza.
Otro dato revelador del informe es la situación de los hogares con jefatura
femenina. En 2024, el 12,9 % de estos hogares vivían en pobreza
multidimensional, un porcentaje más alto que el de los hogares con jefatura
masculina, que se situó en el 10,4 %. Esta diferencia de 2,5 puntos es una
muestra de la desigualdad de género persistente en Colombia, especialmente en
áreas rurales y en la región Caribe, donde las mujeres enfrentan mayores
barreras para acceder a una vida digna.
En cuanto a la población migrante, los hogares con miembros venezolanos siguen
estando muy por encima del promedio nacional en pobreza multidimensional. En
2024, la incidencia fue del 37,2 %, una mejora con respecto al 52,3 % de 2023,
pero aún una cifra alarmante. Esto refleja las dificultades adicionales que
enfrentan los migrantes en Colombia, quienes no solo luchan por conseguir empleo
formal, sino también por acceder a servicios básicos y a una educación adecuada.
Si bien las cifras muestran algunos avances en la reducción de la pobreza, está
claro que los grandes retos siguen siendo la informalidad laboral, el rezago
educativo y la pobreza persistente en las regiones periféricas del país. Para
superar estos obstáculos, será necesario un esfuerzo coordinado entre el
gobierno nacional y los gobiernos locales para implementar políticas que
fomenten la formalización del empleo y mejoren el acceso a la educación de
calidad, especialmente en las zonas más vulnerables.
‘Paz total’ en Colombia: Avances, retos y desafíos
en el camino hacia la paz
El proceso de 'paz total' propuesto por el presidente Gustavo Petro está en una
encrucijada crítica, con fechas límite que acercan a las disidencias de las FARC
y al Gobierno Nacional a decisiones cruciales. Con apenas días restantes para la
expiración del decreto de conmoción interior en el Catatumbo y un ultimátum que
vence el 18 de mayo para las disidencias de Alexander Mendoza, alias ‘Calarcá’,
el futuro del acuerdo de paz se encuentra en una tensa espera.
El presidente Petro, durante el Consejo de Ministros, advirtió que decidirá si
prorroga el decreto de conmoción interior en el Catatumbo dependiendo de los
avances logrados en los proyectos de infraestructura y otros compromisos que el
Gobierno asumió en la región. Desde que se implementó esta medida, el conflicto
armado ha desplazado a más de 64.000 personas, lo que subraya la dificultad de
implementar una paz duradera en áreas tan golpeadas por la violencia. Petro
subrayó que la prórroga no será una decisión automática, sino que dependerá de
los avances concretos en la región: “si se ha perdido el tiempo, hay que
pensarlo bien. La prórroga debe ser una necesidad imprescindible,
|
|
no porque se perdió el tiempo”, señaló.
Al mismo tiempo, el Gobierno ha suspendido las operaciones militares y de
policía contra las disidencias de ‘Calarcá’ a través del Decreto 448 de 2025,
aunque no ha prorrogado el cese al fuego. Esta medida tiene como objetivo
presionar a los grupos armados a cumplir con el acuerdo de concentrarse en las
zonas previamente acordadas. El mandatario explicó que, aunque las ofensivas han
sido detenidas, las fuerzas armadas tienen la orden de actuar contra cualquier
ataque dirigido hacia la población civil. Según Petro, los grupos en proceso de
diálogo tienen hasta el 18 de mayo para avanzar hacia las zonas de concentración
en el Catatumbo, un paso clave para entrar a un proceso de paz más avanzado.
Sin embargo, la propuesta de las zonas de concentración ha generado
preocupación, especialmente entre los analistas de seguridad y los defensores de
derechos humanos. Leonardo González Perafán, director de Indepaz, alertó sobre
los riesgos de poner a las comunidades en el centro de un conflicto entre los
grupos armados por el control territorial. “¿Quién va a responder por los
desplazamientos, el reclutamiento o las extorsiones que esto puede traer?”,
cuestionó González. Este temor resalta la fragilidad del proceso y la dificultad
de garantizar la seguridad de los civiles en medio de una transición tan
compleja.
Las zonas de concentración, según la Ley 2272 de 'paz total', no serán zonas de
despeje y deben garantizar la presencia del Estado de Derecho. No obstante, se
prevé que los grupos armados reciban ciertos beneficios, como la suspensión
temporal de órdenes de captura, con el fin de facilitar el proceso de paz. A
pesar de los beneficios que podrían ofrecer estas zonas, la incertidumbre sobre
cómo se implementarán sigue siendo una barrera significativa para avanzar en el
acuerdo.
A medida que se acerca el vencimiento del plazo, el proceso de 'paz total' se
encuentra en una fase decisiva. Los grupos armados deberán responder al
ultimátum del presidente, mientras que el Gobierno continúa evaluando si la
prórroga de medidas como la conmoción interior es necesaria para evitar una
mayor escalada del conflicto. El camino hacia la paz total sigue siendo
incierto, pero las decisiones que se tomen en los próximos días podrían
determinar el futuro de esta histórica negociación.
Cali, séptima ciudad más peligrosa de
Latinoamérica según informe de Numbeo
En un reciente informe de la plataforma internacional Numbeo, la ciudad de Cali
ha sido clasificada como la séptima más peligrosa de Latinoamérica en 2025. Con
una tasa de criminalidad de 71,3 puntos sobre 100, Cali se posiciona por encima
de otras grandes ciudades, las cuales son capitales, como Lima, Bogotá y Buenos
Aires, lo que refleja la creciente preocupación por la seguridad en la ciudad.
Álvaro Pretelt, subsecretario de políticas de seguridad de la ciudad, reconoció
que, aunque los homicidios han aumentado este año, las autoridades están
implementando medidas para contrarrestar la criminalidad. De hecho, Cali realiza
más de 75 operativos de seguridad a la semana. Sin embargo, el subsecretario
explicó que el aumento de homicidios no solo se debe a las tradicionales bandas
criminales, sino también a problemas de convivencia.
Pretelt destacó que uno de los factores que está impulsando los homicidios es el
consumo excesivo de alcohol, especialmente los domingos, cuando el número de
muertes violentas tiende a aumentar debido a riñas derivadas del consumo de
licor. "No todo se explica por actores criminales. A veces los homicidios son el
resultado de disputas personales, muchas veces relacionadas con el consumo de
alcohol", señaló el funcionario.
Este patrón ha cambiado la dinámica de seguridad de la ciudad, que el año pasado
experimentó una significativa reducción de homicidios, contribuyendo en un 60 %
a la disminución a nivel nacional. A pesar de los avances, la situación actual
sigue siendo un desafío para las autoridades locales, quienes se enfrentan a una
situación compleja donde tanto las dinámicas criminales como los problemas
sociales influyen en la violencia.
El índice de Numbeo, que se basa en datos sobre violencia y la percepción de
seguridad ciudadana, refleja una tendencia preocupante en Cali. Aunque las
autoridades continúan trabajando en la prevención y el control del delito, los
habitantes de la ciudad siguen viviendo con el temor constante de la
inseguridad, lo que plantea retos adicionales para el futuro de la ciudad y su
desarrollo social.
|
