Alerta por presuntas irregularidades en millonario
contrato de ISA para vía Panamericana

El contrato por más de 262 millones de dólares adjudicado a la empresa
colombiana ISA para intervenir un tramo clave de la vía Panamericana en Panamá
ha comenzado a generar preocupaciones. El pasado 28 de abril, una red de
veedurías ciudadanas alzó su voz para advertir sobre posibles irregularidades en
el proceso de selección del subcontratista que ejecutará las obras.
Se trata de un proyecto ambicioso que marca un hito para ISA: intervenir más de
246 kilómetros de la Panamericana Este, entre la Ciudad de Panamá y la provincia
del Darién, mediante una Asociación Público-Privada (APP), la primera de este
tipo impulsada por el Ministerio de Obras Públicas de ese país. La licitación,
abierta en 2023, atrajo a 15 proponentes de 12 países, lo que da cuenta de su
envergadura e importancia estratégica.
Finalmente, en enero de 2024, el gobierno panameño adjudicó el contrato a
Intervial Chile S.A., filial de ISA. La empresa colombiana celebró la
adjudicación como un paso significativo en su consolidación regional, con
proyecciones de ingresos anuales de hasta 62 millones de dólares por este
contrato. No obstante, la fase actual del proyecto, la preconstrucción, ha
traído consigo un clima de tensión y desconfianza.
Según la red de veedurías, varios contratistas tanto de Panamá como de Colombia
han expresado su inconformismo por lo que consideran un proceso poco
transparente en la selección del subcontratista. En particular, se señala que
ISA, a través de Intervial Chile, habría adelantado procesos de recopilación de
información técnica y financiera entre múltiples firmas, pero con una aparente
inclinación a favorecer a la empresa OHLA, de origen español.
El nombre de OHLA genera suspicacias. Si bien cuenta con más de un siglo de
experiencia en obras de infraestructura y presencia en Centroamérica, su
reputación se ha visto golpeada recientemente por litigios, cuestionamientos a
su segundo mayor accionista y rumores sobre una posible quiebra. Esto ha
generado inquietud entre los actores del proceso y ha motivado el llamado de la
veeduría a las autoridades panameñas para vigilar las decisiones de ISA,
incluyendo las del presidente de la compañía, Jorge Andrés Carrillo.
En respuesta, ISA defendió la integridad de su actuación. A través de un
comunicado, la empresa aseguró que el proceso de selección del subcontratista
sigue en curso y que se están cumpliendo todos los requisitos contractuales y de
diligencia. Afirmaron también que la metodología para escoger aliados se definió
desde 2023 bajo criterios técnicos y éticos estrictos.
Sin embargo, el silencio de las autoridades panameñas y colombianas frente a los
señalamientos ha generado inquietud. Más allá de los aspectos técnicos, está en
juego la confianza ciudadana en los procesos públicos y en la capacidad de las
empresas para actuar con transparencia, especialmente cuando se trata de
proyectos que impactan directamente la conectividad y el desarrollo regional.
¿Podrá ISA disipar las dudas y demostrar que el proceso ha sido justo y
transparente? El tiempo, y la vigilancia ciudadana, lo dirán.
Contraloría destapa grave pérdida de recursos
públicos en proyectos del Caribe colombiano
La Contraloría General de la República prendió las alarmas tras detectar un
enorme desangre de recursos públicos en la región Caribe:
más de $223.000 millones
comprometidos en 52 proyectos con irregularidades fiscales. El hallazgo,
producto de una auditoría a 106 iniciativas financiadas por el Sistema General
de Regalías, confirma lo que
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muchas comunidades ya
sospechaban: promesas de desarrollo que nunca pasaron del papel.
Un ejemplo doloroso es Fonseca, en La Guajira, donde se prometieron 149
viviendas rurales. Los recursos, cerca de $33.000 millones, fueron
desembolsados, pero en el terreno solo hay polvo, una que otra zanja y una
comunidad que sigue esperando. Esta zona, una de las más vulnerables del país,
encabeza la lista de hallazgos con nueve proyectos fallidos por un total de
$69.000 millones.
La radiografía es desoladora: hospitales sin dotación, carreteras que se
quedaron en planos, unidades móviles abandonadas y subsidios entregados a
personas que no los necesitaban. En la Mojana sucreña, una vía que debía
pavimentarse con concreto solo fue construida en un 30 %. En Sincelejo, 27
unidades móviles para prevención del consumo de drogas costaron $25.000 millones
y nunca salieron del parqueadero.
Los sectores más golpeados son los de transporte y vivienda, con pérdidas
superiores a los $70.000 millones en cada uno. En Atlántico, un proyecto vial
entre Tubará y Paluato terminó en obras mal ejecutadas, lo que obligó a activar
pólizas ante las fallas evidentes.

Pero el drama no termina ahí. Entre 2020 y 2024 también se encontraron 122
irregularidades por $94.579 millones en proyectos de agua potable y saneamiento
básico. En Bolívar, fallas técnicas dejaron sin agua a miles de familias. En
otras zonas, los recursos fueron usados para comprar gasolina y materiales de
ferretería, en flagrante violación de su destinación legal.
Más allá de los números, el informe revela un patrón repetido: planeación
deficiente, escasa supervisión y uso indebido de los fondos. El contralor Hernán
Penagos propuso reemplazar el actual modelo de asignación de subsidios, basado
en la estratificación, por el Registro Universal de Ingresos (RUI), una
herramienta más precisa para identificar a quienes realmente necesitan ayuda.
El Caribe sigue esperando desarrollo, pero lo que recibe son excusas y elefantes
blancos. La urgencia ya no es solo auditar, sino también actuar.
Gobierno da luz verde al tren La Dorada–Chiriguaná

El 30 de abril, en medio de un acto encabezado por el presidente Gustavo Petro
en La Dorada, Caldas, el Gobierno Nacional firmó oficialmente el contrato de
concesión del corredor férreo La Dorada–Chiriguaná, una de las apuestas más
ambiciosas del país para reactivar el transporte ferroviario y diversificar la
movilidad de carga.
El proyecto, que recorre 526 kilómetros y atraviesa 25 municipios en cinco
departamentos, quedó en manos del consorcio Estructura Plural Línea Férrea,
conformado por Ortiz Construcciones, Colombian Natural Resources y Transferport
SAS. La adjudicación se hizo bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP),
y tendrá una duración de 10 años. La meta es clara: convertir este corredor en
un eje logístico clave para la industria nacional.
Aunque la línea ya es utilizada por empresas como Bavaria y el Grupo Familia, su
infraestructura necesita modernización urgente. El contrato contempla
rehabilitación de la vía férrea, adecuación de material rodante, centros de
mantenimiento, y obras sociales como un puente sobre el río Sogamoso y la
reubicación de instituciones
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educativas en Cimitarra, Santander.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, no dudó en calificar el
proyecto como “la columna vertebral de la red férrea del país”. Y no es para
menos. Se espera que, una vez esté en operación, el corredor permita movilizar
hasta 5 millones de toneladas de carga al año, a velocidades de hasta 60 km/h,
con una tarifa máxima de $28,33 por tonelada-kilómetro. Todo esto, con el
objetivo de reducir los costos logísticos hasta en un 20 % entre La Dorada y
Chiriguaná.
El proyecto se desarrollará en tres etapas: una fase preoperativa de 15 meses
para estudios y diseños; una fase de construcción
que tomará 49 meses; y una etapa final de operación y mantenimiento durante 50
meses, antes de que los activos sean devueltos al Estado.
La reactivación del tren en Colombia no es solo una cuestión de infraestructura.
Es también una deuda histórica con un modo de transporte más sostenible y
eficiente, que ha sido relegado por la sobredependencia en la red vial. Hoy,
solo un tercio del sistema férreo nacional está en operación.
Con este contrato, el país pone de nuevo el tren sobre rieles. Ahora, el reto
será no solo ejecutar las obras, sino asegurar que el modelo funcione y que la
promesa de una Colombia interconectada no vuelva a quedarse en el papel.
El auge de la gastronomía y el entretenimiento
nocturno impulsa el empleo juvenil en Colombia

La noche colombiana ya no solo brilla por su música y sabor, sino también por
las oportunidades que está generando para los jóvenes. Más de 926.000 personas
entre los 18 y 28 años están hoy vinculadas laboralmente al sector gastronómico
y de entretenimiento, consolidándolo como uno de los mayores motores de empleo
juvenil del país.
En medio de un panorama que todavía carga secuelas de la pandemia y un mercado
laboral exigente, bares, discotecas, restaurantes y hoteles han abierto sus
puertas no solo a los clientes, sino también a los jóvenes que buscan una
primera oportunidad. Según cifras del DANE, más de 523.000 jóvenes trabajan en
actividades de restaurantes y hospedaje, mientras que otros 403.000 lo hacen en
espacios nocturnos como discotecas y gastrobares.
Este dinamismo ya se refleja en las estadísticas. La tasa de desempleo juvenil,
que entre diciembre de 2024 y febrero de 2025 se ubicó en 16,8 %, bajó 2,5
puntos respecto al mismo periodo del año anterior. Es un alivio tangible para
miles de familias y una señal de que la industria del entretenimiento puede ser
una aliada estratégica en la lucha contra la desocupación.
No obstante, el crecimiento del sector no es uniforme. Bogotá encabeza la
generación de empleo juvenil en este rubro con 45.749 puestos, seguida por
Medellín. El caso más sorprendente es Barranquilla, donde el empleo en bares y
discotecas se triplicó, con un crecimiento del 274,9 %. En contraste, Cartagena
—uno de los epicentros turísticos del país— muestra una preocupante caída.
Frente a estos retos, el sector privado se está moviendo. ‘La Movid S-cool’,
iniciativa liderada por el Grupo La Movida y Barra 7, busca profesionalizar a
los jóvenes que trabajan en la industria nocturna. Más de 200 jóvenes ya se han
formado en hospitalidad, cocina, coctelería y atención al cliente. La meta es
llegar a 500 beneficiarios en los próximos meses.
A esto se suma “ExpoDJ”, una feria promovida por Asobares para integrar a nuevos
talentos musicales con bares y discotecas. Ambas iniciativas comparten una
visión clara: el talento joven es clave para sostener el crecimiento del sector.
Así, entre luces, sabores y ritmo, miles de jóvenes colombianos están
encontrando un futuro más prometedor.
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