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Persecución de película en Pereira: Capturan a
ladrón tras robar un taxi
Un hecho que generó asombro entre
vecinos del barrio Cañarte, en Pereira, se registró el jueves hacia el mediodía,
cuando un hombre de 31 años fue capturado tras protagonizar el robo de un taxi y
una intensa persecución por varias calles de la ciudad. La escena, que fue
grabada por algunos testigos, mostró el accionar inmediato de la Policía
Metropolitana, que logró recuperar el vehículo en cuestión de minutos.
El incidente comenzó cuando el conductor del taxi, un hombre de 44 años,
estacionó momentáneamente su vehículo en la carrera 12 con calle 34 para
realizar una diligencia rápida. Sin embargo, al regresar, se llevó una amarga
sorpresa: su carro ya no estaba donde lo había dejado. De inmediato, pidió ayuda
a gritos, lo que alertó a un transeúnte que no dudó en contactar a las
autoridades.
Gracias a esa reacción ciudadana y a una patrulla que circulaba por la zona, se
activó de forma inmediata el denominado “plan candado”, una estrategia policial
que consiste en bloquear las salidas del sector para cerrar el paso a los
delincuentes. En pocos minutos, varias unidades comenzaron el rastreo del taxi
por las calles aledañas.
El ladrón, al volante del vehículo robado, intentó evadir a las autoridades
avanzando por la ciudad sin rumbo fijo. Sin embargo, su fuga fue interrumpida en
la carrera 5 con calle 37, donde finalmente fue interceptado. Para entonces, ya
había recorrido varias cuadras, generando tensión entre los habitantes del
sector, que presenciaron con nerviosismo la escena.
El hombre no ofreció resistencia al ser detenido y fue esposado en plena vía
pública ante la mirada de decenas de curiosos. Las cámaras de seguridad de la
zona y los videos tomados por los vecinos registraron el momento exacto en que
fue capturado, imágenes que se han difundido ampliamente en redes sociales
durante las últimas horas.
El conductor del taxi, visiblemente aliviado, agradeció la rápida intervención
de las autoridades. “Todo pasó en menos de 20 minutos. No sabía si iba a volver
a ver mi carro”, comentó. Afortunadamente, no se reportaron daños al vehículo ni
personas heridas durante el operativo.
Aunque este tipo de delitos han venido en aumento en Pereira, la contundente
reacción policial evidenció que estrategias como el “plan candado” siguen siendo
herramientas efectivas para frenar la delincuencia en tiempo real.
Capturado alias “Caja”, jefe de sicarios del Clan
del Golfo en Magdalena
En un operativo que marca un nuevo
avance contra las estructuras armadas ilegales en Colombia, las autoridades
lograron en la mañana del viernes 2 de mayo la captura de tres presuntos
integrantes del Clan del Golfo, en el municipio de Sabanas de San Ángel,
Magdalena. Entre los detenidos se encuentra Carlos Jaime Maestre Padilla,
conocido como alias “Caja”, señalado como jefe de sicarios en esta región del
Caribe colombiano.
La operación fue desarrollada por la
Policía Nacional con el apoyo de la Fiscalía General
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de la Nación y agencias de seguridad
de los Estados Unidos. Según explicó el general Carlos Fernando Triana, director
de la Policía, se trata de un duro golpe a la estructura criminal conocida como
“Nelson Darío Hurtado Simanca”, que opera principalmente en Magdalena. Junto a
alias “Caja” también fue capturado Horacio Alberto Rivera Torres, alias “Jaider”,
presunto cabecilla de negocios ilegales como narcotráfico, extorsión y
homicidios selectivos.
Alias “Caja” no es un desconocido
para la justicia. Ya había sido capturado en 2022 por homicidio y concierto para
delinquir agravado, pero logró fugarse en 2023. Desde entonces, las autoridades
mantenían una intensa búsqueda en su contra. Su recaptura representa un alivio
para una región que ha vivido bajo la amenaza constante de esta estructura
armada ilegal.
Durante el operativo también fueron
incautadas tres armas de fuego, 11 equipos de comunicación y documentos que
vinculan directamente a los capturados con el Clan del Golfo. Estos elementos
serán clave en los procesos judiciales que se adelantarán en su contra.
La captura ocurre en medio de una preocupante escalada violenta impulsada por
ese grupo armado. Desde enero, el Clan del Golfo, en alianza tácita con
disidencias de las FARC y el ELN, habría lanzado un “plan pistola” en diversas
regiones del país, cobrando la vida de al menos 14 policías y cinco militares.
El propio general Triana alertó que estos ataques, en muchos casos sicariales,
constituyen graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
En el Cesar, por ejemplo, esta semana circuló un panfleto en el que el grupo
delincuencial amenaza directamente a funcionarias judiciales si no liberan a
tres de sus integrantes detenidos. Las amenazas incluyen incluso a sus familias,
en una clara muestra del poder de intimidación con el que aún cuentan en varias
zonas.
Las capturas de alias “Caja” y alias “Jaider”, hacen parte de la ofensiva
nacional contra el crimen organizado. Tan solo entre el 28 y el 30 de abril, la
Policía Nacional, a través de la Operación Júpiter, reportó la captura de 159
personas vinculadas a redes de extorsión, secuestro y estructuras armadas
ilegales.
“Diré toda la verdad”: Sandra Ortiz rompe el
silencio en medio del escándalo de la UNGRD
Con voz firme y rostro tenso, Sandra
Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, llegó el viernes a la Corte
Suprema de Justicia declarando que no tiene garantías, pero que está dispuesta a
decir toda la verdad. Así lo expresó justo antes de ingresar a rendir testimonio
ante la magistrada Cristina Lombana, en el marco del escándalo de corrupción que
envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD),
considerado el mayor caso de desfalco en el actual Gobierno.
La declaración de Ortiz tiene especial relevancia, pues se produce después de
que la Fiscalía le negara un principio de oportunidad con inmunidad total.
Ahora, su colaboración con la Corte representa su última carta para buscar una
posible reducción de su responsabilidad penal. Ortiz está detenida y es la
funcionaria de más alto rango imputada por este caso, que ha salpicado a
congresistas, exministros y asesores presidenciales.
Su testimonio será clave en la investigación que adelanta la Corte Suprema
contra los congresistas Martha Peralta y Julio César Chagüi. A la senadora
Peralta, del Pacto Histórico, la Fiscalía la relaciona con un contrato por 2.170
millones de pesos para el uso de maquinaria amarilla en Riohacha, La
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Guajira. Según el expediente, la congresista habría intervenido
directamente para que ese contrato fuera adjudicado a la firma Inversiones IRL
S.A.S., tras una reunión en la sede de la UNGRD con Olmedo López, entonces
director de la entidad, hoy condenado por corrupción.
Ortiz también estaría dispuesta a entregar detalles sobre otras líneas de
investigación que se desprenden del caso: entrega de sobornos en efectivo a
congresistas para favorecer reformas del Gobierno, sobrecostos en carrotanques
inservibles destinados a La Guajira y direccionamientos sistemáticos de
contratos.
En paralelo, la
Corte Suprema negó un recurso presentado por la defensa del exdirector del DAPRE,
Carlos Ramón González, quien buscaba anular las búsquedas selectivas que la
Fiscalía hizo en su contra. González no compareció a la audiencia, lo que generó
críticas. Pablo Bustos, vocero de las víctimas, confirmó que el exfuncionario
estaría en España solicitando asilo. “No comparecer revela una actitud evasiva
frente a la justicia colombiana”, dijo.
La historia sigue desarrollándose mientras la Corte escucha voces que, como la
de Sandra Ortiz, podrían cambiar el rumbo de uno de los casos de corrupción más
graves de los últimos años.
ELN impone paro armado de 72 horas en Chocó
El Frente de Guerra Occidental del
ELN anunció un nuevo paro armado en el departamento del Chocó, que se extenderá
por 72 horas desde el mediodía del viernes 2 de mayo hasta la madrugada del
lunes 5. La medida, que afecta especialmente la movilidad en el río Baudó y sus
afluentes, ha generado alarma en la población local, ya golpeada por años de
violencia.
A través de un comunicado, el grupo ilegal armado aseguró que su decisión busca
“proteger a los civiles” en medio de los enfrentamientos con una estructura
paramilitar liderada por alias “Piernas Limpias”, responsable, según ellos, de
consolidar rutas de narcotráfico que atraviesan el medio y alto Baudó. En su
versión, los paramilitares estarían utilizando los ríos Cogucho y Chorí, en el
municipio de Nuquí, para el transporte y almacenamiento de drogas hacia el
Pacífico.
El ELN también denunció abusos cometidos por estas estructuras contra
comunidades locales, señalando puntos de presencia paramilitar en zonas como
Platanares, Santa María de Condoto y Cristiano, donde los enfrentamientos
podrían intensificarse durante el fin de semana.
Ante este panorama, las autoridades del departamento, encabezadas por la
gobernadora Nubia Carolina Córdoba, convocaron un consejo extraordinario de
seguridad. Córdoba alertó sobre posibles afectaciones humanitarias y reiteró la
necesidad de una respuesta contundente del Estado. “No podemos permitir que la
población siga siendo rehén de esta guerra”, afirmó.
La mandataria departamental también insistió en la importancia de mantener la
presencia conjunta de la Armada, la Fuerza Naval del Pacífico, el Ejército y la
Policía, para garantizar la seguridad fluvial y terrestre en una región
estratégica marcada por el abandono institucional.
El anuncio del ELN se produce apenas días después del secuestro de Arnold
Alexander Rincón, director de Codechocó, interceptado por hombres armados en la
vía Quibdó–Istmina. Aún se desconoce su paradero.
El departamento del Chocó vuelve a quedar atrapado entre fuegos cruzados,
mientras la población espera, con temor, el fin de otro fin de semana bajo
amenaza.
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