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Se firma convenio por $7,63 billones para la PTAR
Canoas
Con la firma de una modificación al convenio 1832 de 2019 entre la CAR
Cundinamarca y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), la
capital del país dio el 30 de abril un paso trascendental hacia la recuperación
ambiental del río Bogotá. El acuerdo garantiza una inversión de $7,63 billones
—a precios constantes de 2023— para la construcción de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales (PTAR) Canoas, considerada la más ambiciosa de su tipo en
Colombia.
El anuncio revive una esperanza largamente aplazada para miles de bogotanos y
habitantes de Soacha, pues esta planta tratará el 70 % de las aguas residuales
de Bogotá y el 100 % de las de Soacha, convirtiéndose en una pieza clave del
programa de saneamiento del río Bogotá. Se espera que la PTAR Canoas se ubique
entre las tres más grandes de América Latina y entre las quince más grandes del
mundo, por lo que su impacto ambiental y social será de escala internacional.
Este proyecto no solo responde a una deuda ambiental de más de dos décadas, sino
también a un mandato judicial. Desde 2004, mediante fallo de tutela, y más
adelante en una sentencia ratificada en 2014, se ordenó a las autoridades
avanzar en la descontaminación del río. La firma de este nuevo convenio
representa un cumplimiento histórico a esa orden, y le da un nuevo impulso a las
obras que ya se vienen ejecutando.
La EAAB ya ha adelantado importantes inversiones por más de $931.000 millones en
interceptores y la estación elevadora de Canoas. Además, opera actualmente la
PTAR Salitre, que procesa el 30 % de las aguas residuales de la ciudad.
En medio de un proceso que ha sufrido múltiples retrasos y obstáculos
administrativos, la noticia también trajo otra buena nueva: se espera que la
licitación para la construcción de la planta se reactive a finales de mayo.
Cuatro consorcios ya están precalificados y competirán por la ejecución de este
megaproyecto.
Entre ellos se encuentra el consorcio chino APCA Aguas Canoas, con amplia
experiencia internacional en tratamiento de aguas residuales. También figura la
Promotora del Desarrollo de América Latina, empresa mexicana vinculada al
magnate Carlos Slim, conocida por operar grandes plantas en su país. La Unión
PTAR de La Sabana, conformada por las españolas ACCIONA y SACYR, completa la
lista junto al consorcio APCA PTAR Canoas, liderado por la firma francesa Veolia
y la mexicana Mitsui.
Aunque todavía falta camino por recorrer, y persisten desafíos técnicos y
administrativos, el convenio firmado marca un hito en la historia del
saneamiento del río Bogotá. Con esta inversión asegurada y un proceso
licitatorio en curso, la ciudad da un paso firme hacia una transformación
ambiental que impactará la calidad de vida de millones de personas.
ANLA frena operación de planta de concretos
móviles en Puerto Antioquia
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) impuso una nueva medida
preventiva contra la sociedad Puerto
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Bahía Colombia de Urabá S.A.,
empresa responsable del proyecto “Construcción y Operación de un Terminal
Portuario Multipropósito” en el municipio de Turbo, Antioquia. Mediante la
Resolución 812 del 29 de abril de 2025, se ordenó la suspensión inmediata de
actividades relacionadas con la operación de una planta de concretos móvil sobre
barcaza, por carecer de los permisos ambientales exigidos.
La planta, instalada en zonas fluviales y marítimas de la vereda El Canal,
corregimiento Nueva Colonia, operaba sin los trámites necesarios estipulados en
la licencia ambiental vigente, lo que motivó la intervención de la ANLA. Según
la entidad, la medida no implica la suspensión total del megaproyecto portuario,
sino únicamente de aquellas actividades que exceden los límites de lo
autorizado.
Para levantar la medida, la empresa deberá proceder al retiro definitivo de la
planta de concretos o presentar una solicitud formal de modificación de la
licencia ambiental, con el fin de incluir dicha actividad en los permisos
otorgados inicialmente.
Además, la ANLA abrió un proceso sancionatorio mediante el Auto 3118 del mismo
29 de abril, en relación con presuntas intervenciones no autorizadas en el
predio “Capitán Quintero” y en el cauce del río León. Estas acciones ya habían
sido objeto de advertencia en la Resolución 2502 del 13 de noviembre de 2024,
por lo que se evaluarán posibles sanciones administrativas.
La ANLA reiteró su compromiso con el desarrollo responsable de los proyectos
estratégicos del país, subrayando la importancia del cumplimiento riguroso de la
normativa ambiental. "Nuestro objetivo no es frenar el progreso, sino garantizar
que este avance en armonía con la protección de los ecosistemas y las
comunidades", señaló la entidad en su comunicado.
Destinan $600 millones para atención de
víctimas de desplazamiento
La Unidad para las Víctimas destinó 600 millones de pesos para la atención
integral de la población desplazada por el conflicto armado en Bogotá, en una
iniciativa que busca fortalecer la autonomía económica y mejorar las condiciones
de vida de este grupo vulnerable. Esta inversión se traduce en la entrega de
unidades productivas equipadas con dotación completa para el funcionamiento de
negocios en diversos sectores, incluyendo cafetería, heladería, panadería,
restaurante, salón de belleza, barbería y tienda de abarrotes.
Este programa forma parte de una estrategia más amplia de la Unidad para las
Víctimas, que no solo se enfoca en la reparación económica directa, sino también
en la generación de oportunidades sostenibles para las víctimas del
desplazamiento forzado. Las unidades productivas entregadas permiten a las
personas beneficiarias iniciar o fortalecer sus propios negocios, contribuyendo
así a la generación de ingresos y a la reconstrucción del tejido social afectado
por el conflicto.
La dotación incluye todos los elementos necesarios para que los negocios sean
operativos desde el primer día, facilitando la inserción económica de las
víctimas en la dinámica local.
La atención a la población desplazada en Bogotá hace parte del Modelo de
Intervención Territorial Integral (MITI), una herramienta desarrollada por la
Unidad para las Víctimas para medir la situación de vulnerabilidad y focalizar
la ayuda en los territorios con mayor necesidad. Bogotá es uno de los siete
municipios priorizados para la implementación de soluciones duraderas que buscan
superar las barreras
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estructurales y garantizar el acceso efectivo a derechos y
servicios para las víctimas del conflicto armado.
Además de la
entrega de unidades productivas, la Unidad para las Víctimas trabaja en la
articulación con otras entidades estatales y locales para garantizar una
atención integral que incluya vivienda, educación, salud y acompañamiento
psicosocial. En Bogotá, existen varios puntos de atención y centros de encuentro
donde las víctimas pueden recibir orientación y acceder a los diferentes
programas de reparación y asistencia.
Denuncian plan sistemático para asesinar a
miembros de la Fuerza Pública en Colombia
En medio de una preocupante escalada de violencia, el presidente Gustavo Petro
denunció el martes la existencia de un presunto "plan pistola" dirigido a
asesinar sistemáticamente a miembros de la Fuerza Pública en Colombia. En apenas
dos semanas, 15 policías y 12 militares han sido asesinados, según datos
entregados por el propio mandatario, quien compartió una lista con los nombres
de los uniformados caídos desde el 15 de abril.
Petro aseguró que detrás de esta ola de asesinatos estarían las disidencias de
las FARC y el Clan del Golfo, una de las organizaciones narcotraficantes más
poderosas del país. Según su denuncia, estas estructuras estarían replicando una
estrategia de terror similar a la empleada por Pablo Escobar en los años 90,
cuando se pagaba por cada uniformado asesinado como parte de una guerra abierta
contra el Estado.
“Es un asesinato sistemático de hijos del pueblo. Nosotros no vamos a
retroceder”, escribió el presidente en su cuenta oficial de la red X, mientras
anunciaba una ofensiva directa contra el Clan del Golfo, incluso advirtiendo que
la persecución se extenderá hasta sus presuntos aliados en Dubái.
Los ataques no se han limitado a enfrentamientos armados. Estaciones de policía,
estructuras militares e incluso agentes en sus días de descanso han sido blanco
de atentados. Uno de los hechos más dolorosos ocurrió el pasado domingo, cuando
siete soldados fueron emboscados por disidencias de las FARC en una zona
selvática del departamento de Guaviare, pese a que ese grupo se encuentra en
diálogos de paz con el gobierno.
La situación ha despertado alarma en varios sectores. La Procuraduría General
solicitó al Ministerio de Defensa un informe detallado sobre lo que calificó
como “acciones sistemáticas de violencia” contra los miembros de la Fuerza
Pública.
Escalada de la violencia
Colombia atraviesa su mayor pico de violencia desde la firma del Acuerdo de Paz
en 2016. Las negociaciones con los grupos armados ilegales han tenido avances
marginales. Mientras el gobierno dialoga con dos facciones disidentes de las
FARC y un pequeño frente del ELN, las conversaciones con el grueso de este
último grupo, el Clan del Golfo y el Estado Mayor Central —comandado por “Iván
Mordisco”—, han fracasado.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue claro el pasado viernes al
reconocer que la política de paz del gobierno “no ha salido bien”. Mientras
tanto, más de 22.000 hombres en armas continúan en actividad ilegal en el país,
alimentando un conflicto que ya deja casi 10 millones de víctimas tras más de
seis décadas de violencia.
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