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Trump busca eliminar el TPS
para venezolanos y lleva el caso ante la Corte Suprema
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado a la Corte
Suprema su intención de terminar con las protecciones migratorias
conocidas como TPS (Estatus de Protección Temporal) para más de
300.000 ciudadanos venezolanos que residen en el país. Esta medida,
originalmente bloqueada por un tribunal inferior en California, ha
generado un nuevo pulso judicial en pleno desarrollo de su segundo
mandato.
La controversia comenzó cuando Kristi Noem, secretaria de Seguridad
Nacional designada por Trump, anunció a inicios de año el fin del
TPS para los venezolanos, una figura que les permite residir y
trabajar legalmente en Estados Unidos mientras su país enfrenta
condiciones inseguras o extraordinarias. Grupos de beneficiarios
acudieron a la justicia argumentando que la decisión era ilegal por
violar los procedimientos administrativos federales, además de estar
motivada por prejuicios políticos y raciales.
El tribunal federal en California les dio la razón, frenando la
orden de Noem que estaba prevista para entrar en vigor a finales de
marzo. Posteriormente, el Noveno Circuito de Apelaciones también
rechazó el intento del Gobierno de revocar ese fallo, dejando
vigente la protección temporal para los migrantes afectados.
Ahora, Trump recurre al máximo tribunal del país. En su apelación,
la administración sostiene que la decisión judicial “interfiere con
prerrogativas fundamentales del poder ejecutivo” y entorpece
decisiones de política migratoria que, según el Congreso, deben
tomarse con agilidad y discreción.
Este caso es uno más en una serie de apelaciones de emergencia
presentadas por Trump ante la Corte Suprema en su actual mandato. La
lista incluye disputas sobre el despido de funcionarios federales,
políticas hacia personas trans en las fuerzas armadas y
procedimientos de deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Para cientos de miles de familias venezolanas, la decisión final
marcará el rumbo de su vida en Estados Unidos. Mientras tanto, la
comunidad permanece en vilo, pendiente de lo que determine un
tribunal que en los últimos años ha sido clave en el destino de
muchas de las políticas más polémicas del expresidente.
Reservistas israelíes se rebelan
contra Netanyahu
El respaldo interno a la guerra en Gaza comienza a resquebrajarse en
Israel. Una creciente ola de oposición
proviene ahora de quienes han sido pilares del conflicto: los
reservistas militares. Miles de ellos,
procedentes de distintas ramas de las Fuerzas de Defensa de Israel,
están firmando cartas abiertas y uniéndose a protestas para exigir
el fin de los combates y priorizar la liberación de los rehenes
aún retenidos por Hamás.
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A inicios de
abril, una primera carta firmada por más de mil miembros de la fuerza aérea
marcó el inicio de este movimiento inédito. Desde entonces, el número ha
superado las 12.000 firmas, incluyendo soldados de unidades de élite y altos
mandos retirados. El mensaje es claro: continuar con la ofensiva no solo es
ineficaz, sino que pone en riesgo la vida de los aproximadamente 24 rehenes que
aún estarían vivos en Gaza.
Para muchos firmantes, como el exjefe del Mossad, Danny Yatom, la raíz del
problema es el propio primer ministro. “Netanyahu no piensa en los rehenes, ni
en el país. Piensa en su supervivencia política”, aseguró. Y aunque algunos han
sido críticos del mandatario desde antes del 7 de octubre, cuando comenzó esta
guerra tras el ataque de Hamás, muchos otros hablan desde el dolor de haber
servido con la convicción de estar haciendo lo correcto.
Uno de ellos es “Yoav”, un reservista de infantería que combatió en Gaza y ahora
se niega a volver. “Creía que estaba ayudando. Pero esto ya no es una guerra por
justicia. Es perder nuestro país”, expresó desde un parque en Jerusalén.
Las consecuencias ya se sienten: el número de reservistas que responden al
llamado ha caído drásticamente. Algunos informes indican una asistencia de
apenas el 50-60 %, lo cual supone un golpe crítico para unas fuerzas armadas que
dependen en gran medida de este contingente.
Pese a la presión, Netanyahu desestima las críticas, calificándolas de
“propaganda de anarquistas”. Pero las protestas en Tel Aviv, las encuestas y el
descontento en los cuarteles muestran que la fractura social es real. Y mientras
los rehenes siguen bajo tierra, el país se pregunta si la lucha es aún por
ellos, o por los intereses de un gobierno cada vez más aislado.
Cuba devuelve a prisión a los opositores Ferrer
y Navarro
En un giro que ha provocado indignación dentro y fuera de Cuba, el régimen de La
Habana revocó el lunes la libertad condicional de los reconocidos opositores
José Daniel Ferrer y Félix Navarro, devolviéndolos a prisión. Ambos habían sido
excarcelados en enero como parte de un acuerdo con Estados Unidos, mediado por
el Vaticano, en el que se prometía la liberación de más de 500 presos a cambio
de reconsiderar la inclusión de Cuba en la lista de países promotores del
terrorismo.
Sin embargo, la decisión de las autoridades judiciales cubanas, que acusan a
Ferrer y Navarro de haber incumplido las condiciones impuestas, ha generado un
amplio rechazo. El Tribunal Supremo Popular argumentó que Navarro abandonó su
municipio sin autorización en varias ocasiones y que Ferrer no se presentó ante
el juez en dos oportunidades. No obstante, las organizaciones de derechos
humanos denuncian que el trasfondo de esta decisión es político.
Maricela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal, aseguró que las revocaciones
“tienen sustento legal” y que los detenidos continuaban promoviendo el
“desacato” a las autoridades desde sus redes sociales y espacios públicos. Pese
a ello, aclaró que estos comportamientos no fueron la causa oficial de su
regreso a prisión.
La organización Amnistía Internacional calificó la situación como “gravísima”.
Su
investigadora para el Caribe, Johanna Cilano, denunció que tanto Ferrer como
Navarro fueron objeto de constantes amenazas y persecución tras su salida.
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“Han mantenido su compromiso con la
libertad pese al acoso continuo”, señaló.
Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), fue arrestado nuevamente
junto con varios allegados, incluidos miembros de su familia y activistas.
Navarro, de 72 años y con problemas de salud, cumplía una condena de nueve años
por delitos vinculados al activismo político. Ferrer, por su parte, enfrenta una
pena de cuatro años y medio.
La organización Prisoners Defenders advirtió que el retorno a prisión coincide
con un aumento de la represión. Solo en abril, se reportaron más de 350
detenciones en torno a las actividades humanitarias que Ferrer desarrollaba en
Santiago de Cuba.
Ambos líderes habían declarado su intención de seguir luchando por el cambio
democrático en la isla. Ahora, vuelven a hacerlo tras las rejas.
España y Portugal emergen lentamente del apagón
más grave en su historia reciente
Una desconexión súbita e inexplicable dejó a millones de personas en España y
Portugal sin electricidad durante más de doce horas el lunes, en lo que ya se
considera uno de los apagones más graves en la historia reciente de la península
ibérica. Aunque la luz ha regresado casi en su totalidad, las preguntas sobre lo
ocurrido siguen sin respuesta.
Todo comenzó a las 12:33 p. m., hora local. En cuestión de segundos, la red
eléctrica de España perdió 15 gigavatios de energía —el 60 % del consumo en ese
momento—, provocando un colapso total del sistema. La caída arrastró consigo las
conexiones con Francia y dejó en penumbra a ciudades enteras. Portugal, que
depende parcialmente del suministro español, quedó igualmente paralizado.
Los efectos fueron inmediatos: trenes detenidos, metros clausurados, semáforos
apagados, comercios cerrados y aeropuertos con vuelos cancelados. En Lisboa,
Madrid, Barcelona y otras grandes urbes, la vida urbana se interrumpió con una
brusquedad que recordó las fragilidades ocultas de las infraestructuras
modernas. Policías dirigiendo el tráfico con señales manuales se volvieron una
escena común, mientras que los hospitales activaban generadores de respaldo.
A medianoche, España había logrado restablecer el 61 % del servicio, que llegó
al 99,95 % hacia las 7:00 a. m. del martes. Portugal avanzó más lentamente,
alcanzando el 80 % de cobertura tras casi 24 horas a oscuras. Las
telecomunicaciones también se vieron gravemente afectadas, aunque las conexiones
ferroviarias de alta velocidad han comenzado a normalizarse.
Aún no hay una causa clara. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez,
ha descartado un exceso de producción renovable, pero no ha excluido otras
hipótesis. Ha solicitado un informe independiente a Bruselas y creado una
comisión de investigación. Las autoridades españolas de ciberseguridad y el
Tribunal Supremo investigan si pudo tratarse de un ciberataque o sabotaje.
En Portugal, el primer ministro Luís Montenegro también exigió una auditoría a
la Unión Europea. La tensión entre los dos gobiernos es evidente, mientras
millones de ciudadanos aún tratan de comprender cómo, en plena era digital, una
falla de segundo y medio pudo poner en pausa a toda una península.
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