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Alias “El Bendecido” quedó libre por vencimiento
de términos
En medio de una creciente indignación ciudadana por la impunidad en los casos de
corrupción y crimen organizado, Ricardo Orozco Baeza, más conocido como alias El
Bendecido, abandonó su celda tras acogerse al beneficio de libertad por
vencimiento de términos. Su salida ha encendido las alarmas en los sectores
judiciales y políticos, pues se trata del hombre señalado por el mismo
presidente Gustavo Petro como el presunto responsable del 80 % del contrabando
en el país.
La liberación fue confirmada por fuentes internas del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC) a medios de comunicación de talla nacional, y
ocurre tras más de siete meses sin que se iniciara el juicio oral en su contra.
Aunque fue capturado en una operación de alto impacto en marzo de 2024, liderada
por la Fiscalía, la Policía y la DEA en Cali, Bogotá y Bucaramanga, los tiempos
legales jugaron a su favor.
En septiembre del mismo año, la Fiscalía formalizó la imputación por concierto
para delinquir y cohecho. No obstante, el sistema judicial colombiano establece
que, si pasan 240 días desde la radicación del escrito de acusación sin que
comience el juicio, el procesado puede recobrar su libertad. Así ocurrió.
El proceso penal en su contra continúa, pero Orozco lo enfrentará sin medida de
aseguramiento, lo que ha generado preocupación entre los investigadores del
caso. El temor es que, una vez en libertad, pueda entorpecer el curso de la
investigación o incluso evadir definitivamente a la justicia. Su nombre figura
como el engranaje clave en una estructura que operaba desde el puerto de
Buenaventura, junto a alias El Papá Pitufo y otros miembros, incluidos policías
activos.
Durante su captura, también fueron detenidos José Álzate (alias El Pupilo) y dos
uniformados de la Policía: Mario Andrés Sarmiento y Alexander Galeano, acusados
de facilitar el paso de mercancía ilegal a cambio de sobornos. Según la
Fiscalía, Orozco habría ofrecido dinero a oficiales para que hicieran “la vista
gorda” y permitieran el ingreso de cargamentos sin el pago de impuestos.
Paradójicamente, fue la misma Fiscalía quien, al no agilizar el inicio del
juicio, abrió la puerta para que los presuntos responsables de una de las redes
de contrabando más grandes del país hoy caminen libres. La ciudadanía se
pregunta si este caso es otro síntoma de una justicia saturada e ineficiente o
si detrás hay intereses más oscuros.
Duro golpe al ‘Clan del Golfo’: Más de 200 capturados tras ofensiva militar del
Estado
La Fuerza Pública intensificó su accionar contra el ‘Clan del Golfo’ y, en menos
de un mes, logró la captura de 217 personas vinculadas a
este grupo criminal, como parte de la respuesta estatal al llamado ‘plan
pistola’, una escalada violenta contra uniformados iniciada en abril. La
operación ha sido descrita como una de las ofensivas más contundentes de los
últimos años.
El Comandante General de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides,
confirmó que, además de los capturados, se logró la neutralización de 15
miembros del grupo armado, la recuperación de un menor de edad y la rendición
voluntaria de otros 15. La intervención también incluyó el desmantelamiento de
117 minas ilegales, 56 laboratorios de droga y la incautación de más de seis
toneladas de sustancias ilícitas.
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“Esto no es solo una reacción militar, es una respuesta integral
del Estado frente a quienes amenazan la vida de nuestros hombres y de la
ciudadanía”, dijo la ministra de Defensa encargada, Ana Catalina Cano, quien
reiteró el compromiso de proteger al país y rendir homenaje a los caídos en
medio de esta confrontación. Recordó especialmente a la patrullera Karina Durán,
asesinada en Bolívar el pasado 25 de abril, destacando el papel crucial de las
mujeres en la Fuerza Pública.
Las acciones se han concentrado en departamentos como Antioquia, Bolívar y
Casanare, donde recientemente se neutralizaron varios responsables de ataques
armados. Entre los capturados se encuentran figuras clave de la estructura
criminal como alias ‘Jerónimo’, ‘Boliqueso’, ‘Chaco’ y ‘Pipa’. Asimismo, fueron
abatidos alias ‘Barranquilla’ y ‘Mayinbú’, presuntos autores del asesinato del
subintendente Nelson Humberto Cárdenas en Salgar, Antioquia.
Cubides informó que desde el inicio del plan de contención, el 15 de abril, se
han incautado 123 armas de fuego, más de 15 mil cartuchos y 11 artefactos
explosivos. Paralelamente, se han implementado medidas preventivas dentro de las
instituciones armadas, como cambios en horarios, restricciones de movimiento y
niveles de acuartelamiento.
El llamado de las autoridades es claro: seguir denunciando. Las líneas 107 y 123
están habilitadas para recibir información, y se ofrecen recompensas de hasta
4.378 millones de pesos por datos que permitan dar con el paradero de alias
‘Chiquito Malo’, principal cabecilla de esta organización. La lucha continúa, y
el mensaje es uno solo: el Estado no cederá terreno ante el crimen.
Capturado el presunto responsable de abusar de al
menos ocho niños en un jardín infantil de Bogotá
La Fiscalía General de la Nación informó en horas de la mañana del martes 6 de
mayo que el presunto responsable del abuso sexual a varios menores de edad en un
jardín infantil en la localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá, fue capturado.
De acuerdo con la información entregada por el ente investigativo, este sujeto
será presentado ante un juez de control de garantías y será acusado de los
delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal abusivo con menor de 14 años,
entre otros.
Este hombre era uno de los funcionarios que tenía a cargo varios menores de dos
y tres años en el jardín infantil Candanda Sede F, ubicado en el barrio Villa
Javier, que hacía parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Por el momento, y al cierre de esta
edición, permanece detenido en una Unidad de Reacción Inmediata (URI) a la
espera de que se dé inicio a las audiencias ante un juez que legalizará su
captura y le imputará los cargos mencionados anteriormente.
El alcalde Carlos Fernando Galán también se pronunció sobre esta respuesta
oportuna de las autoridades al aval de la orden de captura, solicitando que se
ponga en marcha el peso de la ley:
“Rechazo absoluto frente a los atroces crímenes sucedidos en un jardín infantil
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hace pocos minutos, el presunto
agresor fue capturado por la Policía Metropolitana de Bogotá. Toda mi
solidaridad con las víctimas y sus familias. Como alcalde de Bogotá, le pido
nuevamente al Gobierno Nacional que trabaje de manera coordinada con el Distrito
para evitar que hechos como estos se repitan --ni en jardines administrados por
el Gobierno Nacional, como este caso, ni en los jardines distritales”, escribió
el mandatario local en su cuenta de X, momentos previos al la confirmación de la
aprehensión.
En horas de la noche del 5 de mayo,
un juez de control de garantías del complejo judicial de Paloquemao avaló la
orden de captura en contra de este hombre,
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que desde el mes de febrero se encontraba ejerciendo
labores de docente en la institución.
Roberto Angulo, secretario de Integración Social de Bogotá, también se pronunció
sobre estos hechos ratificando lo siguiente: “Apenas tuvo la alerta, se desplazó
a la zona de los hechos para verificar que se trataba de un jardín infantil del
ICBF, sobre el cual el Distrito no tiene control ni en su administración, ni en
las funciones de inspección, vigilancia y control. Inmediatamente, envió al ICBF
para que procediera con lo que tiene que hacer en estos casos”.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en cabeza de su director regional
Bogotá, Julián Moreno, confirmó el cierre de la sede de esta institución luego
de tener conocimiento de las denuncias de los padres de familia de por lo menos
12 menores de edad, en contra del acusado:
“Para el ICBF es inadmisible que esta situación se presente en un espacio que ha
sido confiado a la entidad ejecutora para el cuidado y protección, una unidad de
atención que cuenta con cámaras de vigilancia en las instalaciones, rutas de
reacción y equipos que ejercen la supervisión; por tanto, ha determinado este
cierre temporal de acuerdo con la visita de inspección, vigilancia y control
realizada y la conversación sostenida con las familias”.
Varias menores se encuentran hospitalizadas a la espera de terminar con la
atención médica y confirmar o descartar el contagio de VIH, pues al parecer, dos
menores que habrían sido víctimas de este agresor estarían contagiados.
Acusan al gobernador de Caquetá por presunta
corrupción
La Fiscalía General de la Nación radicó una acusación formal contra el actual
gobernador del departamento de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, por
presuntos actos de corrupción ocurridos durante su gestión como gerente del
Hospital Departamental María Inmaculada. El proceso fue asumido por la Sala
Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, dado su fuero
como mandatario regional.
De acuerdo con la Fiscalía, Ruiz Aguilar habría modificado documentos internos
del hospital entre marzo de 2020 y octubre de 2022, entre ellos el Reglamento
Interno de Trabajo y un acta de junta directiva, con el fin de otorgarse
facultades que no le correspondían. Con base en esas supuestas alteraciones,
realizó 57 nombramientos provisionales en cargos administrativos y clínicos, sin
el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos.
El caso más delicado gira en torno a la presunta apropiación indebida de $56,3
millones del presupuesto del hospital, retirados como pagos por viáticos. Según
la acusación, Ruiz Aguilar eliminó el requisito de autorización del despacho del
gobernador para tramitar comisiones de servicio, lo que habría facilitado el
retiro irregular del dinero. La Fiscalía considera que estos pagos no cumplían
con los requisitos legales mínimos y podrían constituir un uso indebido de
recursos públicos.
El escrito presentado por la Octava Delegada ante la Corte incluye los delitos
de abuso de autoridad, falsedad material e ideológica en documento público, y
peculado por apropiación. La audiencia pública de acusación aún no tiene fecha,
pero marcará el inicio formal del juicio, en el que la defensa podrá rebatir las
pruebas y presentar sus argumentos.
Ruiz Aguilar ya había sido imputado en febrero por estos mismos hechos, aunque
ese proceso se trasladó a la Corte Suprema tras su elección como gobernador.
Además, en diciembre de 2022 la Superintendencia de Salud lo investigó por
presunta presión indebida al interventor del hospital, sin que se llegara a
imputación.
Hasta el momento, el gobernador no ha ofrecido declaraciones sobre la nueva
acusación., y su defensa sostiene que las decisiones tomadas fueron legítimas y
dentro de sus funciones.
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