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Desde la oficina del
fiscal general de California, Elissa Perez confirmó que están revisando el nuevo
plan a fondo. En paralelo, la fiscal general de Delaware, Kathy Jennings,
manifestó su alivio por el aparente cambio de rumbo, pero dejó claro que su
aprobación dependerá del cumplimiento estricto de la legislación estatal y del
respeto al propósito benéfico de la organización.
Una pieza clave en este rompecabezas es Microsoft. El gigante tecnológico no
solo es el principal patrocinador de OpenAI, sino que, según reveló The Wall
Street Journal, tiene poder de veto sobre cualquier reestructuración interna.
Curiosamente, Microsoft ha estado desarrollando su propia división de
inteligencia artificial, lo que sugiere que la empresa busca reducir su
dependencia de OpenAI mientras se prepara para competir incluso con su socio
estratégico.
Desde el interior de la empresa, el mensaje también ha sido claro. “OpenAI no es
una empresa normal y nunca lo será”, escribió Sam Altman, CEO de la
organización, en un correo interno a sus empleados. Altman, cuya figura ha
estado en el centro de la tormenta desde su polémico despido y posterior
restitución en 2023, intenta con esta frase reafirmar la singularidad del
proyecto: uno que nació con un propósito mayor y que debe evitar perderse en la
lógica tradicional del capital.
Los próximos meses
serán cruciales para determinar si OpenAI logra consolidar esta nueva estructura
sin caer nuevamente en contradicciones. La transición hacia una PBC con control
benéfico podría ser vista como un modelo híbrido, capaz de ofrecer lo mejor de
ambos mundos: impacto social y sostenibilidad financiera. Pero ese equilibrio es
delicado, especialmente en un entorno donde las promesas éticas a menudo se ven
eclipsadas por las cifras de inversión y el apetito del mercado.
Por ahora, la comunidad tecnológica y la sociedad civil observan con atención.
OpenAI ha escrito un nuevo capítulo en su historia, uno que podría redefinir no
solo su destino, sino el de toda la industria de la inteligencia artificial. El
reto no es menor: seguir siendo pioneros sin olvidar por qué empezaron.
¿Podrá OpenAI mantenerse fiel a su misión en un mundo regido por los beneficios?
Esa es la pregunta que aún queda por responder.
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En un
giro inesperado pero significativo, OpenAI ha anunciado que su
organización sin fines de lucro mantendrá el control permanente de
sus operaciones, incluidos sus productos estrella como ChatGPT. Esta
decisión marca un paso atrás frente a su ambicioso plan anterior,
que buscaba trasladar el control a una nueva corporación de
beneficio público. Detrás de este cambio no solo hay una
reestructuración empresarial, sino una historia de tensiones éticas,
legales y financieras que han sacudido el núcleo de una de las
startups más influyentes del mundo tecnológico.
La noticia, divulgada esta semana por medio del blog oficial de
OpenAI, se da después de una oleada de críticas por parte de
defensores del interés público, demandas legales en curso y el
escrutinio riguroso de las fiscalías generales de California y
Delaware. Estos organismos ahora deberán aprobar el nuevo plan
propuesto a principios del próximo año. La presión no ha sido menor:
más de 30.000 millones de dólares en inversiones, incluyendo una
promesa de SoftBank y otras entidades, están en juego.
Desde su fundación en 2015, OpenAI ha sido una organización que ha
transitado entre dos mundos: el idealismo de la investigación para
el bien común y la realidad implacable de los negocios tecnológicos.
Nació con la promesa explícita de desarrollar inteligencia
artificial "para beneficiar a toda la humanidad", pero su rápido
crecimiento la llevó a construir productos que requerían fondos
billonarios para mantenerse en la vanguardia. Este dilema ha sido
una fuente constante de tensión entre sus principios fundacionales y
sus necesidades operativas.
La historia de la empresa tomó un nuevo giro en marzo de 2024,
cuando Elon Musk —uno de sus cofundadores— presentó una demanda
acusándola de traicionar su misión original. En su queja, Musk alegó
que OpenAI había dejado de ser una organización orientada al bien
común y que se había transformado en una entidad que priorizaba los
beneficios económicos. Un juez federal desestimó temporalmente parte
de la demanda, pero permitió que varios cargos siguieran adelante,
lo que ha intensificado el foco mediático y político sobre la
empresa.
En este contexto, la decisión de mantener el control en manos de la
organización sin fines de lucro parece responder a más que simples
ajustes administrativos. Es un intento de recuperar la confianza
pública y enviar un mensaje a sus críticos: OpenAI no ha olvidado de
dónde viene.
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“Escuchamos a
líderes cívicos y mantuvimos un diálogo constructivo con las oficinas del Fiscal
General de Delaware y de California. Tomamos esta decisión porque creemos en
nuestra misión y queremos asegurar su continuidad”, expresó Bret Taylor,
presidente del consejo de OpenAI, en una entrada reciente del blog de la
empresa.
La nueva estructura no renuncia del todo a lo comercial. De hecho, la empresa
mantiene planes para que su filial se convierta en una corporación de beneficio
público (PBC, por sus siglas en inglés), un modelo legal que permite a las
compañías balancear el interés social con el de sus accionistas. Empresas como
Anthropic y xAI, rivales directas en el campo de la IA generativa, ya operan
bajo este formato. Sin embargo, a diferencia de ellas, OpenAI pretende que su
organización sin fines de lucro siga siendo la accionista mayoritaria y mantenga
el control del consejo directivo.
Este movimiento no ha convencido a todos. Robert Weissman, copresidente de
Public Citizen, organización que vigila el poder corporativo, considera que la
propuesta sigue siendo insuficiente. “No vemos nuevas limitaciones claras que
aseguren que la entidad comercial cumplirá con la misión altruista de OpenAI.
Seguimos con una estructura en la que una organización sin fines de lucro
supuestamente controla a otra con fines de lucro, pero sin mecanismos efectivos
para ejercer ese control”, declaró.
A ello se suma la preocupación de los activistas filantrópicos, quienes temen
que las acciones que la organización sin fines de lucro posee en la empresa
comercial terminen sirviendo intereses privados. Con una valoración estimada de
300.000 millones de dólares, OpenAI podría convertir a su rama benéfica en una
de las fundaciones mejor financiadas del mundo si decide vender o utilizar esas
acciones como respaldo para préstamos. Por eso, las exigencias no se han hecho
esperar: transparencia, independencia y garantía de que el capital generado se
utilice en beneficio público.
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