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Hoteles de lujo entre los
responsables del robo de millones de litros de agua
En una ciudad donde cada gota de
agua cuenta, los recientes hallazgos de Aguas y Aguas de Pereira han sacudido la
opinión pública: millones de litros del recurso hídrico han sido sustraídos
ilegalmente por establecimientos y propiedades con alto poder adquisitivo,
incluyendo hoteles ubicados en pleno centro y exclusivos predios en Cerritos.
Lo que parecía un problema aislado se ha revelado como una práctica sistemática.
Según cifras oficiales, solo en 2023 se detectó el robo de 44.3 millones de
litros de agua, una cantidad suficiente para llenar dos piscinas olímpicas. La
situación no ha mejorado significativamente en 2025: en apenas tres meses ya se
han identificado más de 530 mil litros consumidos de manera irregular.
Aunque la cifra es menor que años anteriores, la gerente de Aguas y Aguas,
Mónica Saldarriaga, advirtió que el fenómeno continúa siendo “alarmante” y que
se requiere una acción decidida. “Este no es un delito menor. Es una amenaza
directa al derecho colectivo al agua”, señaló con firmeza.
La gravedad del problema no solo radica en el volumen del agua robada, sino en
el perfil de los infractores. Muchas de las propiedades implicadas son hoteles
reconocidos y residencias de alto estrato que, según la empresa, tienen plena
capacidad para pagar el servicio. En otras palabras, no se trata de una
necesidad, sino de un acto deliberado de fraude.
Las consecuencias de estas acciones van más allá de lo económico. El desvío de
agua afecta la presión en redes, altera la calidad del suministro y pone en
riesgo la sostenibilidad del sistema para quienes sí cumplen con sus
obligaciones. Además, genera un malestar profundo entre los ciudadanos que
sienten que, una vez más, quienes tienen más son los que menos cumplen.
Como respuesta, Aguas y Aguas ha decidido intensificar los controles. La empresa
iniciará un nuevo plan de inspección técnica acompañado de sistemas digitales de
monitoreo. Las sanciones también serán más severas: suspensiones inmediatas del
servicio, multas significativas y procesos judiciales en casos de reincidencia.
Sin embargo, la empresa no quiere que esta lucha sea solitaria. Está apostando
por el respaldo ciudadano a través de campañas pedagógicas que promueven el uso
consciente del agua y la denuncia de irregularidades. “El cambio empieza cuando
cada persona asume su rol en la protección del recurso hídrico”, insistió
Saldarriaga.
Las técnicas empleadas para el fraude varían, desde manipulaciones en los
medidores hasta derivaciones clandestinas difíciles de detectar. Por eso, el
personal ha recibido capacitación específica y se ha comenzado a implementar
tecnología avanzada para cerrar las brechas.
Desde la empresa hacen un llamado
contundente: “La cultura del fraude debe terminar. Pereira no puede darse el
lujo de perder ni una gota más”, concluyó Saldarriaga. Y es que, en una ciudad
en crecimiento, garantizar el agua para todos no es solo una responsabilidad
institucional, es una tarea colectiva.
“Pereira lo Tiene”: la nueva
marca que busca conquistar al país y al mundo
En una apuesta decidida por
posicionar a Pereira como uno de los destinos más atractivos del país, el
alcalde Mauricio
Salazar lanzó oficialmente la marca de ciudad “Pereira lo Tiene”,
una iniciativa que
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busca resaltar los
atributos turísticos, culturales, económicos y sociales de la capital
risaraldense ante Colombia y el mundo.
El evento de lanzamiento se llevó a
cabo en el Hotel Movich, con la presencia de representantes del sector
turístico, empresarial y gubernamental, así como delegados de COTELCO Risaralda,
FONTUR y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La marca, formalizada
mediante el Acuerdo Municipal No. 16 de 2024, pretende convertirse en una
herramienta estratégica para fomentar el sentido de pertenencia de los
pereiranos y proyectar a la ciudad como un destino ideal para el turismo, la
inversión y el emprendimiento.
“‘Pereira lo Tiene’ es una forma de
gritarle al país y al mundo que aquí hay una ciudad viva, con gente cálida,
cultura, gastronomía y un entorno natural inigualable,” expresó el alcalde
Salazar. “Queremos que los turistas no solo vengan, sino que se enamoren de
nuestro ‘pedacito de cielo’”, añadió con entusiasmo.
Los resultados recientes hablan por sí solos. Durante la Semana Santa de 2025,
Pereira alcanzó una derrama económica superior a los 20.000 millones de pesos,
con una ocupación hotelera del 78 %, más de 135.000 asistentes a eventos
culturales y gastronómicos, y cifras destacables en ingresos por transporte,
alojamiento y consumo local. Además, eventos como las Fiestas de la Cosecha y el
Alumbrado Navideño atrajeron a cientos de miles de visitantes y dejaron ingresos
por encima de los 30.000 millones de pesos.
La conectividad aérea también se ha convertido en un pilar del desarrollo
turístico. Luis Fernando Collazos, gerente del Aeropuerto Internacional Matecaña,
subrayó el impacto positivo de la nueva marca: “El aeropuerto no solo conecta a
Pereira con Colombia y el mundo; es la puerta de entrada a toda la experiencia
que la ciudad ofrece”. En 2024, la terminal aérea registró un récord histórico
de 2.8 millones de pasajeros.
Desde la Secretaría de Desarrollo
Económico, Cristian Toro Calle destacó que esta estrategia está alineada con el
Plan de Desarrollo de la ciudad, y que el trabajo conjunto entre el sector
público y privado será clave para consolidar a Pereira como un referente
nacional en turismo, gastronomía, cultura y sostenibilidad.
“Pereira lo Tiene” no es solo un eslogan: es una declaración de identidad, una
invitación a descubrir, invertir y quedarse. Porque quienes visitan Pereira,
rara vez se van sin llevarse algo más que recuerdos: se llevan el deseo de
volver.
Indignación por dragoneante del INPEC
judicializado por violencia intrafamiliar agravada
La justicia avanza contra un miembro
activo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), quien fue
judicializado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia
intrafamiliar agravada. El caso, que ha causado consternación entre la
ciudadanía, involucra a un dragoneante que, según las autoridades, habría
ejercido violencia física, verbal y psicológica contra su pareja desde el año
2020 hasta mayo de este año.
Aunque la violencia intrafamiliar es una problemática persistente en el país,
este caso ha generado mayor preocupación por tratarse de un funcionario público
con entrenamiento y porte de armas. La Fiscalía presentó un relato detallado de
las agresiones, señalando que estas ocurrieron en al menos tres departamentos:
Antioquia, Tolima y Risaralda, lo que demuestra la prolongación y gravedad del
maltrato.
Entre los episodios más alarmantes se encuentra uno
en el que el uniformado, en medio de una discusión, habría disparado su arma de
fuego contra una puerta y amenazado al hijo de tres años de la víctima. También
se documentaron ataques durante el embarazo de la mujer, un hecho que agrava la
acusación y evidencia un patrón de comportamiento violento que se intensificó
con el tiempo.
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La Fiscalía Seccional Risaralda, que asumió el caso por la última residencia de
la víctima en Dosquebradas, presentó pruebas sólidas ante un juez de control de
garantías, incluyendo testimonios, registros médicos y evidencia forense. El
juez decidió imponer medida de aseguramiento intramural contra el dragoneante,
quien ahora deberá enfrentar el proceso judicial desde un centro carcelario.
“El hecho de que un funcionario del
Estado incurra en estos comportamientos pone en entredicho la responsabilidad
institucional. Es indispensable revisar los mecanismos de control interno del
INPEC”, expresó una vocera de una fundación que trabaja en la defensa de mujeres
víctimas de violencia.
Las organizaciones de derechos humanos han aprovechado este caso para reiterar
la urgencia de contar con rutas efectivas de denuncia, atención oportuna y una
vigilancia más estricta dentro de las entidades públicas. Muchos casos de
violencia, especialmente cuando el agresor ostenta poder, pueden quedar ocultos
por años, agravando el daño y perpetuando la impunidad.
Según cifras de Medicina Legal, en
2024 se reportaron más de 40.000 casos de violencia intrafamiliar en Colombia.
Sin embargo, se estima que la cifra real es mucho mayor debido a la
subnotificación, el miedo de las víctimas y la falta de confianza en el sistema.
Este caso deja en evidencia una
realidad cruda: la violencia no distingue estrato ni profesión, y puede
esconderse incluso en quienes están llamados a proteger.
Pereira da ejemplo en la lucha
contra la trata de personas
Pereira avanza con pasos firmes en
la prevención de la trata de personas. Gracias a un trabajo articulado entre la
Alcaldía, la academia y diversas instituciones del Comité Municipal de Lucha
contra la Trata, la ciudad ha logrado reducir de forma significativa los casos
reportados: de nueve víctimas en 2024 a una sola en lo que va del 2025.
Sandra Patricia Ospina Vera, enlace del Comité, destacó que este logro responde
a un esfuerzo constante y colaborativo. “El trabajo coordinado nos ha permitido
llegar a poblaciones vulnerables, sensibilizar a los jóvenes y detectar riesgos
de manera temprana”, afirmó.
Un actor clave ha sido la academia. Desde la Universidad Libre, la docente e
investigadora Claudia María López ha liderado procesos educativos e
investigativos durante la última década. Con el apoyo del grupo de investigación
Derecho, Estado y Sociedad, y mediante semilleros de Derecho y Trabajo Social,
han generado estrategias para comprender y prevenir este delito, especialmente
en contextos juveniles.
“Es en las poblaciones jóvenes donde más se manifiestan las amenazas de este
delito. Nuestro trabajo ha estado enfocado en que ellos tengan herramientas para
prevenir y denunciar”, señaló la docente.
El enfoque ha sido claro: más educación, más prevención. A través de talleres,
campañas y la producción de contenido académico, se ha buscado empoderar a la
comunidad y reforzar su capacidad de respuesta frente al delito.
Desde la Secretaría de Gobierno municipal se reitera el compromiso con los
derechos humanos y se fortalecen alianzas con universidades, ONG y autoridades.
El objetivo común: hacer de Pereira un territorio libre de trata de personas,
donde cada habitante pueda vivir sin miedo y con dignidad.
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