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Comunidades incomunicadas por deslizamientos y bloqueos viales
La fuerza de la naturaleza volvió a golpear con intensidad al
departamento de Risaralda. Las lluvias de los últimos días han
generado múltiples emergencias en sus 14 municipios, llevando al
límite la capacidad de respuesta de las autoridades locales.
Inundaciones, derrumbes y vías colapsadas son apenas parte del
panorama que hoy enfrentan cientos de familias.
Balboa y La Celia, dos municipios con vocación agrícola y enclavados
en la cordillera, están prácticamente incomunicados tras el colapso
de la banca en el sector de Cachipay, una vía vital que los conecta
con Pereira. La carretera quedó intransitable y los habitantes,
angustiados, buscan rutas alternas para salir de sus pueblos o
llevar sus productos al mercado.
En medio de la emergencia, el gobernador Juan Diego Patiño llegó
personalmente a la zona afectada. Desde allí, hizo un enérgico
llamado al Gobierno Nacional para que se preste ayuda urgente. “Esta
no es solo una carretera; es el sustento, la movilidad y la vida de
dos municipios enteros”, expresó con preocupación. El mandatario
ordenó además un plan de choque para habilitar rutas alternas entre
La Virginia, Balboa y La Celia.
La Secretaría de Gobierno del departamento, encabezada por Jorge
Hernando Cote, confirmó que ya hay maquinaria pesada en la zona.
Equipos técnicos, incluyendo geólogos e ingenieros hidráulicos, se
encuentran evaluando los riesgos. “La situación sigue siendo
crítica, hay movimientos en la tierra y trabajamos para reabrir la
vía lo antes posible, sin poner en riesgo a nadie”, explicó Cote.
Mientras tanto, en la Terminal de Transportes de Pereira se han
suspendido temporalmente los viajes hacia La Celia y Balboa. Según
Héctor Fabio Artunduaga, gerente de la entidad, los buses solo
llegan hasta La Virginia. Desde allí, los viajeros continúan su
trayecto en jeeps por rutas terciarias.
Otros municipios como Quinchía e Irra también enfrentan emergencias
por deslizamientos, afectando las veredas y dificultando el acceso a
zonas rurales. En Santa Rosa de Cabal, el paso hacia la vereda El
Español quedó reducido al tránsito de motocicletas tras un derrumbe.
La comunidad permanece en alerta máxima. Las lluvias no cesan y, por
ahora, la prioridad es mantener la seguridad de los habitantes
mientras se restablece la movilidad y la comunicación entre los
pueblos.
CARDER lidera esfuerzos para
prevenir emergencias
El temor volvió a sentirse en las calles de La Virginia. La
creciente del río Cauca, que esta semana
alcanzó los 6 metros de altura, obligó a las autoridades municipales
a encender las alarmas y activar un Consejo Extraordinario de
Gestión del Riesgo. El riesgo de inundaciones por reflujo en zonas
aledañas al afluente es inminente, y cerca de 9.000 personas podrían
verse afectadas si las lluvias continúan.
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), con su
director Julio César Gómez al frente, asumió un rol clave en la
coordinación técnica
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del encuentro,
dejando claro que la prioridad es anticiparse. “Solo con información detallada
sabremos por dónde nos puede atacar el río y podremos estructurar un plan de
contingencia eficaz”, señaló Gómez, quien propuso un monitoreo constante de las
estructuras hidráulicas, como jarillones y estaciones de bombeo, para crear un
inventario de riesgo.
La preocupación no es gratuita. Según el IDEAM, abril trajo lluvias por encima
del promedio, algo que se ha evidenciado con la intensidad de las últimas
jornadas. La combinación de precipitaciones constantes y el reflujo del río
Risaralda aumenta las probabilidades de inundaciones, incluso sin un
desbordamiento directo.
Barrios como San Carlos, Alfonso López, El Progreso y sectores como El Edén, San
Fernando y Las Américas podrían ser los más perjudicados. Allí, los vecinos
observan con angustia cómo el nivel del agua sube lentamente, temiendo que el
río les gane la batalla.
Gustavo Vélez, coordinador de gestión del riesgo en el municipio, explicó que,
aunque los jarillones están cumpliendo su función de contención, el reflujo
sigue siendo una amenaza latente. Por ello, se han identificado puntos de
posible albergue para los afectados y se han asegurado recursos logísticos para
mantener operativas las estaciones de bombeo.
Durante la reunión, la CARDER confirmó su disponibilidad de personal técnico,
vehículos y equipos para actuar de manera inmediata. La respuesta, sin embargo,
no depende de una sola entidad. En la mesa también estuvieron la Cruz Roja, la
Defensa Civil, Bomberos, la Policía Nacional y varias dependencias municipales,
todos alineados bajo un mismo objetivo: proteger la vida y el territorio.
La unión de esfuerzos podría ser, una vez más, la clave para enfrentar esta
nueva amenaza natural.
Cárcel Peñas Blancas de Calarcá no será cerrada
Luego de varias semanas de preocupación por la crítica situación en materia de
salud en la cárcel Peñas Blancas, y tras una solicitud de cierre por parte de la
Defensoría del Pueblo, las autoridades departamentales descartaron esta medida,
aunque reconocieron la gravedad del panorama. Así lo confirmó el Comité
Penitenciario, que se reunió recientemente para tomar decisiones urgentes en
torno al bienestar de los internos.
Con una población carcelaria de 1.194 personas, a pesar de tener una capacidad
máxima para 950, la presión sobre el sistema de salud dentro del penal ha sido
constante. El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez, fue
claro: no se puede cerrar la cárcel, ya que no existe un sitio alterno para
trasladar a los privados de la libertad. Sin embargo, se acordaron compromisos
puntuales, como el fortalecimiento de las brigadas de salud y un seguimiento
estricto a los avances en la atención médica.
La situación se reevaluará el próximo 21 de mayo, fecha en la que se espera que
las condiciones hayan mejorado de forma significativa. Por ahora, el enfoque
está en resolver los atrasos en las citas médicas y garantizar la atención de
los 325 internos que presentan patologías de base, según explicó el secretario
de Salud del departamento, Carlos Alberto Gómez Chacón.
Además, se confirmó que el pabellón número cinco, que había sido uno de los
puntos más críticos denunciados por la Defensoría, ya fue
intervenido. Las autoridades esperan una auditoría que definirá si es
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necesario restringir temporalmente el acceso de personas externas a ciertas
zonas del penal.
Por su parte, el director regional del INPEC, coronel Juan Carlos Navia, afirmó
que se han logrado avances significativos. “Hemos superado muchas de las
dificultades y el hacinamiento ya no es tan alarmante; estamos dentro del rango
nacional promedio entre el 20% y 25%”, aseguró.
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) también tendrá un
papel clave, al encargarse de enviar reportes actualizados sobre las atenciones
en salud.
Aunque el cierre fue descartado, el mensaje es claro: hay una deuda pendiente
con los derechos básicos de quienes están privados de la libertad. Las
autoridades se juegan en estas semanas la credibilidad de sus acciones y la
dignidad de los internos.
Aún no aparece el policía arrastrado por una
quebrada y crece la alarma por las lluvias
Con el paso de los días, la esperanza se va desdibujando para la familia del
intendente Faber Martínez Marín, el policía de 37 años que fue arrastrado por
una creciente súbita mientras se desplazaba en su motocicleta por zona rural de
Manizales, el pasado 28 de abril. Ya son diez días de intensa búsqueda sin
resultados concluyentes, y las autoridades, aunque no se rinden, reconocen que
las posibilidades de hallarlo con vida son nulas.
Martínez Marín, quien se dirigía en su día de descanso a visitar a sus seres
queridos, desapareció tras ser sorprendido por el desbordamiento de una quebrada
en medio de la fuerte temporada de lluvias que azota al departamento de Caldas.
Las labores de búsqueda han sido exhaustivas: más de siete kilómetros de
afluente han sido removidos minuciosamente por unidades de socorro, la Policía y
voluntarios.
“Hemos encontrado su motocicleta, un pantalón, el celular y la billetera. Se ha
hecho un trabajo riguroso, pero lamentablemente el cuerpo no ha aparecido”,
explicó Diego Armando Rivera, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de
Manizales.
Actualmente, la búsqueda ha entrado en su segunda fase: el monitoreo de drenajes
y ríos aguas abajo, desde el Chinchiná hasta el Cauca, con el apoyo de bomberos
y rescatistas de municipios vecinos en Risaralda, Caldas y Antioquia. Si no hay
avances, se activará una tercera etapa que consistirá en retomar el rastreo
desde el punto inicial. “Esperamos que el comportamiento biológico del cuerpo
nos permita encontrarlo. A veces, solo queda esperar a que flote”, admitió
Rivera, visiblemente afectado.
La tragedia del intendente Martínez se suma a una larga lista de víctimas que
deja la actual ola invernal. En el último mes, diez personas han perdido la vida
en Caldas por causas asociadas a las lluvias. Entre ellas, una menor de seis
años que cayó a una quebrada en Pensilvania y dos adultos que se ahogaron en el
río Manso, en Samaná, durante Semana Santa.
En La Dorada, la situación es crítica: el río Magdalena superó los 5,27 metros
de altura y ha provocado inundaciones en varios barrios. Las autoridades locales
declararon alerta roja y calamidad pública, con más de 100 personas damnificadas
y recursos insuficientes para enfrentar la emergencia.
El llamado de las autoridades es claro: atender las recomendaciones, alejarse de
afluentes y no subestimar la fuerza del agua. La tragedia puede llegar en
segundos.
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