|
A La Picota los excongresistas Iván Name y Andrés
Calle por escándalo de corrupción en la UNGRD
La cárcel La Picota de Bogotá se convirtió desde el 9 de mayo en el nuevo lugar
de reclusión de Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y de la
Cámara de Representantes, respectivamente. Ambos dirigentes políticos fueron
capturados por orden de la Corte Suprema de Justicia en el marco de una
investigación que los vincula con un millonario desfalco a la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmó que los dos
investigados permanecerán detenidos de forma transitoria mientras avanzan las
pesquisas judiciales. La medida tiene como objetivo asegurar su presencia en el
proceso, que sacudió las estructuras del Congreso y del mismo gobierno nacional.
La Corte investiga si Name y Calle recibieron sobornos por un total de $4.000
millones para apoyar las reformas sociales del presidente Gustavo Petro. La
denuncia fue hecha por Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de
la UNGRD, quien aseguró ante la justicia que él mismo entregó ese dinero a los
excongresistas: $3.000 millones a Name y $1.000 millones a Calle, entre
septiembre y octubre de 2023.
Según su relato, el dinero provendría de un contrato con presuntos sobrecostos
para la compra de 40 carrotanques destinados a abastecer de agua potable a
comunidades de La Guajira. Aunque el contrato fue firmado con fines
humanitarios, hoy la mayoría de esos vehículos se encuentra fuera de servicio,
mientras que los recursos habrían sido redireccionados para influir en el
trámite de reformas como la de salud y la pensional.
Pinilla también mencionó en sus declaraciones a otros altos funcionarios del
gobierno de la época, entre ellos Olmedo López, entonces director de la UNGRD;
Luis Fernando Velasco, exministro del Interior; y Sandra Ortiz, exconsejera para
las Regiones, quien también está detenida por este mismo escándalo.
Con esta captura, el llamado “carrusel de los carrotanques” pasa de ser un
escándalo administrativo a una trama político-judicial de alto calibre, que
podría marcar un antes y un después en la relación entre corrupción y poder en
Colombia. La justicia ahora tiene la palabra.
Así va el caso del presunto abusador de varios
niños en hogar infantil del ICBF
En un caso que ha conmocionado a Bogotá, Freddy Arley Castellanos Velasco, un
profesor de 36 años, enfrenta graves acusaciones por
presuntamente abusar sexualmente de al menos tres niños en el Hogar Infantil
Canadá, sede F, ubicado en el barrio Villa Javier de la localidad de San
Cristóbal. Los hechos, ocurridos entre marzo y abril de este año, han dejado a
familias destrozadas y han puesto en duda los protocolos de contratación del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Los padres de los menores afectados
comenzaron a notar cambios alarmantes en el comportamiento de sus hijos. Algunos
relataron que los pequeños mostraban miedo, rechazo al jardín infantil y
conductas que nunca antes habían manifestado. Fue una madre, Margie Espinel,
quien dio la voz de alarma después de que su hija
|
|
le contara detalles perturbadores: "Él jugaba a darle besos en la boca y
la acostaba en el baño", relató la mujer, visiblemente afectada.
Las denuncias se multiplicaron cuando otros padres compartieron experiencias
similares. Según testimonios recogidos por la Fiscalía, Castellanos aprovechó su
rol como cuidador para someter a los niños a "juegos" que en realidad eran actos
de abuso sexual. Los informes de Medicina Legal y los testimonios de psicólogos
que atendieron a las víctimas respaldan estas acusaciones.
Negligencia y desesperación de los padres
Lo más indignante para las familias fue la presunta indiferencia de las
directivas del hogar infantil. En videos difundidos en redes sociales, se
escucha a padres reclamar que el colegio "los evadió" y que, en lugar de actuar
con prontitud, intentó proteger al acusado. "Antes ayudan a sacar al profesor
que a escucharnos", denunció una madre con tres hijos en el centro.
Aunque el ICBF asegura que Castellanos no tenía antecedentes judiciales al
momento de su contratación, el caso ha encendido las alarmas sobre los filtros
de selección en instituciones que operan bajo convenio con el Estado. Astrid
Cáceres, directora del ICBF, admitió que "parece que la ruta de verificación se
surtió", pero confirmó que se investiga si hubo fallas en el proceso.
Uno de los aspectos más escalofriantes del caso es la posibilidad de que
Castellanos haya contagiado de VIH a algunos de los menores. Margie Espinel
aseguró que dos niños resultaron infectados, según le habrían confirmado otros
padres. Sin embargo, el ICBF y las autoridades aclararon que aún no hay
resultados concluyentes de Medicina Legal y que la información se maneja con
reserva.
Justicia en marcha, pero el dolor persiste
El pasado martes, un juez envió a Castellanos a la cárcel mientras avanza la
investigación. La Fiscalía lo imputó por acceso carnal abusivo y actos sexuales
con menores de 14 años, delitos que él negó pese a la evidencia en su contra.
Mientras tanto, la Procuraduría abrió una indagación disciplinaria contra los
responsables de supervisar el jardín infantil.
Para los padres, sin embargo, la batalla apenas comienza. "Nuestros hijos
tendrán que vivir con esto toda su vida", lamentó una de las madres. El caso no
solo ha revelado un posible fallo en el sistema de protección a la infancia,
sino que ha dejado una herida profunda en una comunidad que hoy exige respuestas
y justicia.
Mientras Bogotá espera que se esclarezca la verdad, una pregunta ronda en el
aire: ¿Cómo pudo pasar esto? La respuesta, cuando llegue, deberá venir
acompañada de acciones concretas para que nunca más un niño sufra en
un lugar que debería ser su refugio.
Capturado alias Búcaro, presunto extorsionista del
Tren de Aragua
En una operación liderada por la Policía Metropolitana de Cúcuta, fue capturado
alias Búcaro, señalado de ser uno de los principales articuladores financieros
del Tren de Aragua en Norte de Santander. Su rol dentro de esta estructura
criminal, considerada una de las más peligrosas del continente, habría sido
clave en la ejecución de extorsiones, desplazamientos forzados y homicidios
selectivos en la ciudad.
La detención se llevó a cabo en la capital nortesantandereana
tras una orden judicial emitida por el delito de extorsión agravada. Alias
Búcaro operaba principalmente en los barrios Colinas del Tunal y Seis de Reyes,
donde, según la investigación, exigía pagos mensuales que oscilaban entre 10 y
20 millones de pesos
|
|
a comerciantes y ganaderos bajo amenazas de violencia. Incluso, ordenaba
disparos contra fachadas de negocios que se negaban a pagar las extorsiones.
El coronel Edgar Andrés Correa Tobón, subcomandante de la Policía Metropolitana
de Cúcuta, aseguró que este hombre “era el encargado de dinamizar las
extorsiones y coordinar ataques directos para infundir miedo y controlar el
territorio”.
Lo sorprendente del caso es que alias Búcaro ya se encontraba bajo medida de
detención domiciliaria por porte ilegal de armas, pero continuaba presuntamente
involucrado en actividades criminales. Además, las autoridades lo vinculan con
un homicidio cometido en 2023 en la misma ciudad.
Tras su captura, fue trasladado a la URI de la Fiscalía y posteriormente un juez
le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. La operación hizo parte
de la estrategia “Unidos Avanzamos por Cúcuta, un Territorio Seguro”, enfocada
en combatir estructuras como el Tren de Aragua que amenazan la tranquilidad
ciudadana.
Esta captura se suma a otro importante golpe contra redes del crimen organizado:
la reciente detención de Luis Albert Cambindo, alias Chocó, presunto aliado del
Tren de Aragua y cabecilla del narcotráfico transnacional. Cambindo,
extraditable y solicitado por la Corte del Distrito Sur de Florida, contaminaba
vuelos comerciales con cargamentos de droga adquiridos en laboratorios del
Cauca.
Ambos golpes, según las autoridades, representan un avance en la lucha contra
estructuras criminales con alta capacidad de violencia y operaciones
internacionales.
Golpe al microtráfico y porte ilegal de armas en
Pereira y Dosquebradas
En una ofensiva contra el crimen que avanza con fuerza en el área metropolitana
de Pereira, la Policía Nacional logró en los últimos días la captura de seis
presuntos actores criminales en el marco del plan 90H. Las operaciones,
desarrolladas tanto en la capital risaraldense como en el municipio de
Dosquebradas, permitieron incautar armas de fuego, municiones y varias dosis de
estupefacientes.
Uno de los hechos más destacados ocurrió en el barrio San Joaquín de Pereira,
donde fue detenido un hombre conocido con el alias de "Puerta". Gracias a una
llamada ciudadana a la línea 123, las autoridades ubicaron al sujeto justo
frente al conjunto residencial Torres del Campo. Durante el registro, le fue
hallada un arma de fuego ilegal junto a su respectiva munición. La información
suministrada por los vecinos fue clave para su captura.
En el mismo sector, otros tres individuos conocidos como “Benítez”, “Giraldo” y
“Calero” fueron sorprendidos con estupefacientes listos para su
comercialización. Según las investigaciones preliminares, estarían implicados en
la venta de drogas en ese barrio y zonas cercanas, lo que ha generado
preocupación entre los habitantes por el aumento de hechos violentos en la zona.
Por su parte, en el barrio La Soledad de Dosquebradas, la Unidad Nacional de
Intervención Policial y Antiterrorismo logró detener a otros dos hombres de 24 y
28 años. Uno portaba un revólver sin permiso legal, mientras que el otro tenía
en su poder varias dosis de bazuco. Las autoridades aseguran que uno fungía como
“campanero” y el otro se encargaba del expendio de los alucinógenos.
Estos resultados hacen parte de una estrategia para devolverle la tranquilidad a
los barrios de Pereira y Dosquebradas. La Policía reiteró el llamado a la
ciudadanía para que siga denunciando a través de la línea 123 o los números de
inteligencia e investigación criminal, clave en la lucha contra la delincuencia.
|
